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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Gobernar las cifras
Las personas en muchos sitios de México no pueden aspirar a la plenitud, a la paz, pues factores fuera de su control, que amenazan su vida y su patrimonio, se los impiden.
Por Augusto Chacón
20 de abril, 2020
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En los tiempos en que la ciencia era brote minúsculo en el tronco robusto y venerable de la teología, el dato más contundente para explicar lo intrincado de ciertos conceptos de aquélla, cabía en la frase: es un misterio. Ahora, cuando la ciencia es retoño breve en el saguaro añejo y erizado del gobierno, el dato más contundente para desestimar la percepción de inseguridad que aqueja a la población está en los dichos de los gobernantes: hacen lo que pueden e informan que lo hacen muy bien, pero la gente insiste en sentirse insegura, lo que representa un misterio, para ellos.

Solemos distraernos del problema originario. Ante la escalada de hechos violentos por “la guerra contra el narcotráfico” que declaró el presidente Felipe Calderón, coleccionar datos cobró más importancia, parecía buen punto de arranque para conocer el estado de la inseguridad y desde ahí, poner remedio, porque ante el alud de crímenes que experimentó la gente en el país, la sensación de miedo, desamparo y peligro se instaló. A la aprehensión de la gente respecto a los hechos de los criminales, especialmente los homicidios dolosos, el gobierno de la República respondió con lo que pretendió fuera explicación inapelable: se matan entre ellos; simplismo que socavó más al estado de derecho. Para qué investigar, perseguir y sancionar si morir asesinado es atributo únicamente de malhechores; de paso condenaron al anonimato a las víctimas, lo que, junto con renunciar a la acción de la justicia, tuvo una secuela: la mala calidad de los datos; por ejemplo, dejamos de conocer, por la vía oficial, la cantidad de muertos que la estrategia para combatir al narco propició.

Después la tal guerra fue desmentida por el presidente, a pesar de que la cifra de muertos y de la cantidad de territorio dominado por fuerzas extralegales la confirmaran cotidianamente. El Comandante Supremo la declaró, está documentado y hubo movimiento de tropas, primero a Michoacán, pero si nos atenemos al su viraje discursivo, la interrumpió unilateralmente, porque, está a la vista, la siguieron los malvivientes por su cuenta, imparables hasta hoy. Si aceptamos la especie, seguimos sin resolver: que se maten entre ellos no es el problema originario, lo es que se matan entre nosotros.

Este nosotros contra el que los responsables de las instituciones de seguridad suelen parapetarse, detrás del muro que representa la estadística de la incidencia delictiva. Nosotros contiene a las personas del común que habitan un círculo vicioso: del miedo a la adaptación y luego, porque la inseguridad no cesa, otra vez al miedo y a readaptarse. Nosotros en el que asimismo están las víctimas, directas e indirectas, que sólo en homicidios dolosos y desaparecidas y desaparecidos, se cuentan por decenas de miles: en enero, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aceptó que en México había, hace tres meses, 61,637 personas desaparecidas, acumuladas desde los años sesenta, aunque la mayoría corresponden, dijo, al periodo que va de 2006 a 2019, y en cuanto a homicidios dolosos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNASP) reportó que en 2019 hubo 34,582.

Los números son mero reflejo y subjetivación de la realidad, no al revés: la realidad eco de las benditas cifras, a las que las autoridades convierten, cómodamente, en el problema: los maliciosos guarismos son los que dañan, así que infligirles una merma debe festinarse; una décima de punto porcentual que le riñan es un logro.

El presidente López Obrador reconoció el 4 de abril pasado que, en homicidios (sin especificar si sólo los dolosos o incluidos los culposos), de enero a marzo de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019, hubo una disminución de 0.3%, y matizó: no es lo que quieren, sin embargo, lo consideró “avance”; y cómo no, 0.3% es más que cero. Esa cantidad, u otra, es apenas la mirilla para atisbar el panorama entero: los magros resultados de la Guardia Nacional, la casi nula coordinación entre órdenes de gobierno, el tráfico de armas, la impunidad, la poca capacidad de las instancias de seguridad pública… eso que conforma al problema, que no se constriñe a su expresión matemática. Si la fuente de los datos mana de la gente, la actitud de las autoridades varía. En diciembre de 2019, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, 72.9% de los mayores de 18 años, en 69 ciudades, declararon sentirse inseguros.

Quienes proponemos, Jalisco Cómo Vamos (JCV), que lo que la gente opina importa, no afirmamos que el dato de percepción de inseguridad pública se torne indicador absoluto, sino que complemente para comprender el fenómeno de la inseguridad y a sus sujetos, mujeres y hombres. En el estudio ENSU que el INEGI presentó en enero, la percepción sobre la inseguridad en el municipio de Guadalajara abarcó a 82.3% de sus habitantes; que ocho de cada diez se sientan en peligro y susceptibles de sufrir un daño, describe, si tomamos el porcentaje de manera superficial, una ciudad a punto de la parálisis, con gente atemorizada yendo de su trabajo a su casa; la ocupación y el uso de restaurantes, de los espacios públicos, estadios deportivos y centros comerciales desmienten esa conclusión.

En 2018, JCV hizo su sexta encuesta sobre calidad de vida en el área metropolitana de Guadalajara (es bianual, la siguiente se aplicará entre septiembre y octubre de 2020). 57.5% de la muestra en el municipio capital respondió que “vivir en esta ciudad” es poco o nada seguro. ENSU del INEGI correspondiente a un periodo similar a de la de JCV, octubre-diciembre arrojó que 86.8% de los residentes de la demarcación se sentían inseguros.

La diferencia estriba en que mientras el estudio del INEGI es monotemático, seguridad, el de JCV indaga sobre diversos aspectos de la vida de las personas, educación, salud, desarrollo urbano, felicidad, ciudadanía, etc., por lo que, nos parece, el rango que adquiere la sensación de alarma, de riesgo, toma otra dimensión; no obstante, el problema no pierde tanta insidia si seis, no ocho, de cada diez opinan que su ciudad es insegura. Algo va mal y no son las cifras; la danza de porcentajes no es la meta, nomás revela: las personas en Guadalajara, y en muchos sitios de México, no pueden aspirar a la plenitud, a la paz, pues factores fuera de su control, que amenazan su vida y su patrimonio, o al menos así les parece a ellas, se los impiden. Esto es lo que está después de los datos, y también antes.

No es un misterio, las autoridades se enfadan porque las y los ciudadanos se declaren asustados y porque pocos aprecien sus éxitos, ni la teología ni la ciencia han ayudado a paliar su contrariedad; queda parafrasear al poeta Pedro Salinas: ¡Qué alegría más alta: / vivir en la estadística!

* Augusto Chacón es director del Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida, Jalisco Cómo Vamos.

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