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Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Guardia Nacional y militarismo populista
La materialización del deseo presidencial para crear la Guardia Nacional se antepuso al cumplimiento de las formas constitucionales y legales propias de un régimen respetuoso del Estado de Derecho y a las obligaciones internacionales en una democracia debidamente establecida.
Por Erubiel Tirado Cervantes
23 de septiembre, 2019
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Yo les pido que no olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el (sic) que llevemos a cabo entre todos los mexicanos, la Cuarta Transformación.

                                Presidente Andrés Manuel López Obrador,

Ceremonia de Inauguración de la Guardia Nacional, Campo Marte,

30 de junio de 2019

 

México transita a una etapa abierta de participación política de los militares como instrumento ideológico de dominio social del actual gobierno y con afanes transexenales. De este modo se apartan aun más de sus definiciones históricas y tradicionales de defensa y seguridad como fueron trazadas luego del proceso posrevolucionario del siglo pasado. No es casual la reiteración de clichés nacionalistas, remanentes del viejo nacionalismo revolucionario priista tradicional y de los orígenes populares de la nueva fuerza armada (Guardia Nacional) impulsada por el presidente López Obrador. El nuevo ente se erige hoy como una organización paramilitar de hegemonía ideológica antes que de seguridad pública o ciudadana y con un uso evidente de control político. La Guardia Nacional, de acuerdo con las formas políticas y las definiciones constitucionales y legales ya vigentes, conforma -como se anunció el 14 de noviembre de 2018- una extensión de la función militar, con disfraz civil, bajo la tutela de las cúpulas militares de la Sedena y Marina coincidentes con el nuevo arreglo político ofrecido por el liderazgo presidencial.

Nuevas formas… de viejo cuño autoritario

Imágenes y palabras del presidente en las diversas y reiteradas ocasiones en que ha abordado el tema de la seguridad y de su relación con las fuerzas armadas, no dejan duda sobre la nueva realidad del populismo militarista que encabeza. La misma presentación inaugural (segunda, al menos formal) de la Guardia Nacional en el Campo Marte, espacio castrense presidencial por excelencia, en donde el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana -de quien el presidente no termina de aprenderse la denominación oficial plasmada en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que él mismo introdujo- se encuentra detrás del Ejecutivo y de los Secretarios de Defensa y de Marina.

Un poco más reciente, en la ceremonia previa al desfile militar de la Independencia, el secretario civil de Seguridad, y jefe político administrativo de la Guardia Nacional, mostró la misma posición ante el presidente y los mandos castrenses. En un gobierno que le ha dado suma importancia a los símbolos de poder que proyecta (el presidente que recorre sin funcionarios e invitados los pasillos de Palacio Nacional para su arenga republicana de independencia, por ejemplo), el empequeñecimiento del Secretario de Seguridad no es un asunto menor en términos de sometimiento militar a la autoridad civil y la manipulación política presidencial, tanto a la clase política que encabeza como a los militares que lo siguen en su aventura ideológica.

El escudo de la Guardia lopezobradorista también transita por el terreno de las señales autoritarias por el sello personal de aludir al símbolo presidencial juarista, obsesión manifiesta desde su pretendida “toma de posesión” luego de su derrota electoral de 2006. Ello sin importar la violación clara a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, cuyas últimas reformas y adiciones introducidas ya por el Congreso dominado por el partido del presidente, fueron publicadas el 5 y 30 de noviembre pasados y que no abordaron la descripción excepcional que domina la identidad del nuevo cuerpo armado.

El entramado de fondo: legalidad flexible y/o simulada

En noviembre pasado, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación sepultaba a una efímera y severamente cuestionada Ley de Seguridad Interior por su clara inconstitucionalidad en el empoderamiento militar, que le daba “un marco de actuación legal adecuado” para el desempeño de tareas de seguridad pública, el entonces presidente electo lanzaba su propio Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. En él anunciaba, como el eje último de su supuesta estrategia del gobierno por venir, los términos militares de la creación de la Guardia Nacional como estructura armada de presencia permanente en las tareas “civiles” de seguridad pública, investigación y persecución de delitos. Es decir, todo aquello que precisamente acababa la Corte de decir que no se debía hacer por militares.

Las reformas constitucionales y las leyes secundarias relacionadas con el nuevo esquema, aprobadas al vapor durante el primer semestre del año y a contrapelo de un despliegue y emplazamiento en el país de la Guardia Nacional a cargo de la Sedena: así se anunció desde el 1º de diciembre y en enero pasado se inició el reclutamiento en forma irregular. Es decir, la materialización del deseo presidencial se antepuso al cumplimiento de las formas constitucionales y legales propias de un régimen respetuoso del Estado de Derecho y a las obligaciones internacionales en una democracia debidamente establecida. Mal comienzo para la supuesta instancia legal de protección a la ciudadanía y la población del país.

La oposición y la opinión pública no alineada al gobierno advirtió, desde la formulación de la iniciativa de reformas constitucionales, la gravedad de las implicaciones del avasallamiento militar que se conformaba con la creación de la Guardia Nacional. Baste mencionar, primero, los planteamientos claros y críticos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia bajo el ataque ideológico del presidente que negó muy pronto su ofrecimiento retórico de respeto irrestricto a los derechos humanos y a las instituciones garantes de los mismos. No menos importantes fueron los señalamientos hechos el 11 de diciembre de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos:1

  1. “En materia de derechos humanos, el recibir una orden de cometer una violación de derechos humanos no es una excusa, ni exime de responsabilidad a quien la comete. Violaciones de derechos humanos cometidas en México por los integrantes de las fuerzas armadas, es poco probable que sean resultado de órdenes directas de autoridades civiles; más bien son resultado de la lógica militar como tal, de la falta de capacitación, del abuso de poder y de la falta de rendición de cuentas”.
  2. “Es poco convincente la caracterización de policías federales como malos y de los militares como buenos. Una decisión de reemplazar una corporación federal civil por una nueva corporación de carácter militar -además, a través de un cambio constitucional- podría ser prácticamente irreversible”.
  3. “¿De qué alternativa en materia de seguridad del orden civil dispondrá el Estado mexicano ante un eventual descalabro en la estrategia de seguridad que se pretende instaurar de corte militarizado?”.

Vale la pena destacar hacia donde apuntaron los argumentos de Naciones Unidas, cuyo representante días después entregara a los legisladores un estudio puntual sobre los riesgos de los cambios que se avecinaban. Por un lado, la retórica militar-lopezobradorista otorgó, por recomendaciones de sus incondicionales castrenses, un salvoconducto al pasado represivo e impune de los militares bajo el expediente fácil que se hizo bajo órdenes de los gobernantes civiles del pasado. Por otro, la premisa de inevitabilidad militarista en la seguridad pública por la ineficiencia y corrupción policial (por ende, del sistema nacional) que ignora convenientemente que los oficiales y marinos son parte del fracaso de los últimos veinte años sobre el que se regodea el presidente para denostar a las policías del país, empezando por la Policía Federal. En efecto, se omite considerar la responsabilidad castrense en su participación orgánica a nivel federal y estatal en las tareas de seguridad pública en las instituciones que se corrompieron y/o no funcionaron correctamente. No menos importante es la premisa errónea presidencial de que la Policía Federal “fue creada hace 20 años para suplir la labor de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia”.2 El lapsus del gobernante deja entrever ya la nueva intencionalidad militarista justificada a priori y desconociendo las evidencias de las que había echado mano para criticar al Ejército en su ruta hacia la presidencia.

Dominio político civilista y faccioso, ¿RIP democrático?

El nuevo arreglo político militar es el resultado de una coincidencia de la decisión castrense de fortalecer capacidades de vigilancia y operatividad en las funciones de la llamada policía militar. Esto ocurría desde el sexenio pasado, al igual que en el de Calderón se recurrió en exceso a los infantes de marina, cuando se visualizó con la pretensión de la Ley de Seguridad Interior, tener presencia militar en tareas de seguridad pública sin que ello significase el desgaste operativo y políticos para las fuerzas regulares de la institución armada. El resultado fue la conveniencia de la necesidad del nuevo presidente de asegurarse el poder político con una nueva fuerza armada, formada, entrenada y bajo la tutela militarista al servicio de un aparato ideológico: 266 coordinaciones regionales casi son coincidentes con los 300 distritos electorales del país. Esto, junto con las atribuciones legales de prevención, investigación y persecución de delitos, se da paso a los nuevos comisarios que encajarán perfectamente con una maquinaria política de control y sometimiento social. Todo ello con una estructura de inteligencia-espionaje que se encuentra en proceso de deformación ideológica desde la instancia que de protección ciudadana solo tiene el nombre.

Parte del nuevo arreglo de “la paz” que garantizarán los militares es aprovechar el exceso de generales y oficiales de alto rango que, hasta antes de la Ley de la Guardia Nacional, ejercían mando sin tropa gracias a nuevas normas a la medida. Ello no resuelve las deformaciones estructurales de la función de defensa mexicana que, hoy por hoy, es uno de los ejércitos con mayor número de altos mandos del planeta y que no responde a criterios propios de su dimensión y desempeño.

La nueva arquitectura legal de la Guardia Nacional, cuyo proceso legislativo adquirió matices de regímenes totalitarios por su opacidad, reintroduce diversas atribuciones en materia de inteligencia e investigación, supuestamente dirigidas a la prevención y persecución de delitos, pero que en su significado y alcances son idénticas a las de la Ley de Seguridad Interior que echó abajo la Suprema Corte por su clara vulneración a las garantías ciudadanas y a los derechos humanos. Las implicaciones de esta confección de índole militar, data de las fallidas reformas calderonistas a la Ley de Seguridad Nacional de 2009 y se plasmaron en la Ley de Seguridad Interior. El tercer intento quedó ya firme en el nuevo marco legal de la Guardia Nacional y se ha abordado escasamente en la opinión pública.

A la luz de la persistencia de la crisis de violencia en el país y de que, hasta ahora el desempeño operativo de la Guardia Nacional fue atender las exigencias de contención y represión migratoria de los Estados Unidos, resulta más que pertinente retomar el cuestionamiento de Naciones Unidas sobre el eventual fracaso de la estrategia de seguridad que no tiene plan alternativo civil. Los militares salieron de los cuarteles y no regresarán, menos ahora.

* Erubiel Tirado Cervantes es coordinador del Diplomado Seguridad Nacional e Inteligencia en México. Implicaciones para los Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

 

1 Veáse Naciones Unidas (2018): Palabras de Jan Jarab, Representante en México de la ONU-DH, durante la Audiencia sobre Estrategia de Seguridad (Guardia Nacional), martes 11 de diciembre. Disponible aquí.

2 Véase el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, presentado por Andrés Manuel López Obrador como presidente electo el 14 de noviembre de 2018.

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