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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Guardia Nacional y Reforma Penal: la pinza perfecta para olvidarnos del cambio
Aún al interior del polimorfo campo de las Fuerzas Armadas, debería haber la precaución y el reconocimiento que los ejércitos modernos en lo general no están debidamente capacitados para actuar en intrincados escenarios de violencia urbana sin poner en riesgo a la población.
Por Othón Partido Lara
3 de febrero, 2020
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Partimos de tres premisas sobre las cuales podría haber cierto consenso. Uno, la estrategia de seguridad de Calderón fue una impostura que culminó en rotundo fracaso, cuyas contradicciones se harán cada vez más visibles y desconcertantes. Dos, su continuación con Peña Nieto profundizó la crisis de derechos humanos, dispersó esfuerzos y desperdició recursos públicos, con una espiral inédita de corrupción en la historia reciente. Tres, el triunfo de López Obrador en 2018 vivificó el sistema político mexicano y abrió expectativas de un abordaje distinto a la problemática de seguridad y justicia.

Vencida la ruta de profundizar la militarización a través de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la Ley de Seguridad Interior en 2018, quienes apostaron por una nueva orientación de seguridad humana tuvieron un respiro de sólo brevísimas horas. Pese a las luces tenues de esperanza de un cambio real por la vía de fortalecer las policías con un sentido civilista, la mayoría legislativa federal y los congresos estatales consumaron a toda velocidad una reforma constitucional para crear una Guardia Nacional, en contracorriente al sentido que esta figura tenía previsto en nuestra Carta Magna.

Hay abundante literatura para sustentar la afirmación de una grave transfiguración sobre la Guardia Nacional “histórica” (Solano, Jesús. IIS-UNAM-2012; Medina, Luis. FCE 2014; Hernández, Alicia. Colmex, 2012; Cap. Ruiz, Alan, ININVESTAM 2018). Según estas referencias, dicho organismo tenía tres características principales: 1) Estaba integrada por ciudadanos, no por soldados; 2) Era un cuerpo no permanente, con funciones que le diferenciaban del Ejército; 3) Respondía a los gobiernos estatales, aunque bajo la coordinación de la Federación.

La Guardia Nacional tuvo un tránsito azaroso al plantearse primero por el presidente José Mariano Salas en 1846 durante la invasión norteamericana y luego mediante una Ley Orgánica en 1848 por otro mandatario, José Joaquín de Herrera, cuando era apremiante reorganizar las defensas nacionales ante los múltiples peligros. En tal situación de fragilidad, había terribles incertidumbres y desafíos operativos que de un inicio complicaron sus funciones y su composición orgánica. No era equiparable con las milicias civiles encargadas del orden interno, al estar el reclutamiento bajo el control de las entidades connacionales de cada estado cuyas labores eran primordialmente civiles. Al encontrarse la fuerza militar en un estado crítico, la Guardia Nacional era un organismo suplementario al Ejército regular, con una ambigua función entre la seguridad interior y la defensa exterior.

Finalmente, los impulsos centralistas, primero de Santa Anna y luego de Porfirio Díaz, condenaron esta figura a su extinción, pues se veía con recelo que los poderes locales concentrasen un estado de fuerza que pudiera alimentar las innumerables rebeliones surgidas durante el siglo XIX. Pese a ello, la figura jurídica de Guardia Nacional se mencionó tanto en la Constitución de 1857 como la de 1917, prácticamente en los mismos términos: era obligación de los ciudadanos mexicanos alistarse a dicho cuerpo, el Presidente podía disponer de ella y el Congreso tenía la facultad de emitir toda la reglamentación respectiva. En el transcurso de nuestros dos siglos de vida independiente, la Guardia Nacional quedó en la indefinición y el desuso. El Ejército siguió una ruta de profesionalización aparte y lo mismo ocurrió con las policías estatales, municipales y la Federación.

En el México contemporáneo siempre hubo una idea bastante nebulosa sobre una pregunta central: ¿cómo encuadrar un modelo de seguridad y de defensa con suficiente solidez institucional y doctrinaria, así como definir de un modo poco menos que informal y casuístico, el delicado tema de las relaciones civiles-militares?

Un hecho no tan conocido en la República, pero muy significativo en la coyuntura de la época, es la masacre del 2 de enero de 1946 en la ciudad de León, Guanajuato, donde las Fuerzas Armadas atacaron directamente a una manifestación inconforme por los resultados electorales. Tal acontecimiento, como lo reseña Soledad Loaeza (Nexos, 2013), definió el retraimiento del sector militar del partido hegemónico. En tal grado la matanza de León cimbró el sistema político, que incluso las siglas del partido de la revolución tuvieron que cambiar de PRM a PRI, con el gradual retiro del sector militar de dicha institución política.

La trayectoria que siguió el PRI asentó la supremacía civil respecto a la conducción política del Estado, que sin embargo no fue obstáculo para que los presidentes (de Miguel Alemán en adelante) emplearan a las Fuerzas Armadas como recurso extraordinario para reprimir diversos brotes de ingobernabilidad, desde la contrainsurgencia hasta las ocasionales persecuciones a miembros de las organizaciones criminales que se hicieron más frecuentes desde la década de los setenta. Son de sobra conocidos los intentos de atajar esta problemática, desde la Policía Federal Preventiva y los cuerpos especiales del Ejército con Zedillo, la Secretaría de Seguridad de Fox, la Policía Federal de Calderón y la Gendarmería Nacional con Peña Nieto.

López Obrador mantuvo en la ambigüedad sus definiciones respecto a la participación de militares en seguridad, aunque en los cables de Wikileaks filtrados después de 2006 se conoció que habría admitido la posibilidad de continuar por la misma ruta. En sus libros de campaña en 2018, el presidente fue más explícito en cómo funcionaría la Guardia Nacional, aunque no parecía una idea bien perfilada en las estrategias del gobierno de transición. Incluso el secretario Durazo reconoció que los cambios legales implicaban tal complejidad, que era factible no hacer grandes modificaciones y continuar con el entramado institucional realmente existente (Entrevista, Primero Noticias 15/08/2018).

Lo que ahora tiene descolocados a muchos estudiosos es que se utilizara el “cascarón” de la Guardia Nacinal histórica para consolidar una estructura de policía militarizada -que por el momento no es otra cosa- cuestión que se puede perpetuar con artículos transitorios por legislaturas que decidan continuar con la decisión de seguir evadiendo la responsabilidad civil de conducir la política de seguridad. El pragmatismo de la realpolitik como pésimo consejero.

Aún al interior del polimorfo campo de las Fuerzas Armadas, debería haber la precaución y el reconocimiento que los ejércitos modernos en lo general no están debidamente capacitados para actuar en intrincados escenarios de violencia urbana sin poner en riesgo a la población, como se demostró en Culiacán y en continuos casos de igual gravedad, pero con menor visibilidad mediática.

Por más que las vocerías oficiales y oficiosas traten de convencer que el ochenta por ciento de la estrategia de seguridad va por la vía de fortalecer la política social y de las juventudes, hay un radio inamovible de acción que es la capacidad coactiva del Estado, que no solo permanece en el limbo habitual, sino que es resistente a la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Aunque se pudiese confiar en cierta honorabilidad del Presidente, sienta mal precedente que el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia descansen tanto en cuestiones de voluntad y no de reglas. Es la expectativa infundada de que un milagro ocurra diario y para siempre.

La democratización no camina bien si va de la mano con continuar un proceso de militarización. Son conceptos incompatibles. Bien se pudo pensar en construir una estrategia de seguridad “desde abajo”, para lo cual es y será indispensable conjuntar a los actores locales y hacerlos copartícipes de procesos de construcción de paz. Para ello habría que descartar y así comunicar la idea, que no hay soluciones fáciles ni inmediatas a la crisis de inseguridad, así como tomar la palabra a los múltiples actores de la sociedad civil que tienen compromiso, trayectoria y conocimiento.

Semejante esfuerzo de construcción de gobernanza es imposible si desde el Poder Ejecutivo no hay un “saque de inicio” para el diálogo. Hace uno y dos sexenios, muchas organizaciones civiles serias de ninguna manera estaban calladas esperando pacientemente cómo la violencia desfiguraba el territorio. Por el contrario, había voces críticas que querían, podían aportar y que incluso impulsaron discusiones, leyes y mecanismos para reencauzar un Estado fragmentado por la inoperancia e incluso directamente por la colusión con intereses ilegales. La historia reciente de horror de nuestro país la relataron muchos activistas, periodistas y escritores valientes, no se debería olvidar.

De no proseguir con un esfuerzo colaborativo, no es de sorprender que sigan ganando terreno pulsiones autoritarias y draconianas contra los derechos humanos, precisamente por sectores gubernamentales cuyo propósito es entramparlos o debilitarlos. La Guardia Nacional descompuso el perfil civil necesario para las policías, esperemos que las nuevas propuestas para el sistema penal no terminen por derruir por completo el panorama.

* Othón Partido Lara es Doctor en Estudios Latinoamericanos-UNAM. Actualmente es coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública en la Universidad Iberoamericana León.

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