El hartazgo social por la inseguridad
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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
El hartazgo social por la inseguridad
Hoy la videovigilancia y las cámaras de empresas, vecinos y dispositivos celulares exhiben más que nunca los delitos y las fallas sistemáticas de los órganos de seguridad y de procuración de justicia.
Por Adriana Rico Villanueva
20 de junio, 2022
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Es amplia la lista de creaciones cinematográficas, televisivas o literarias donde el protagonista, al ser víctima de un acto infame, inicia una cruzada para dar castigo a quienes le ocasionaron daño. Hacia el desenlace se habrá hecho justicia, pero no en todos los casos el personaje principal recobrará lo que ha perdido: un hijo, una esposa, un patrimonio y mucho menos la tranquilidad. Las autoridades pueden intervenir o no, pueden ayudar u obstaculizar la misión, pero el mensaje es claro: el personaje decide hacer justicia por su cuenta.

Por más recurrente que resulte esta historia, los justicieros, héroes o antihéroes no figuran en la ley. La Constitución Mexicana establece en el artículo 17 que Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, también detalla que los tribunales administrarán la justicia de manera pronta, imparcial y gratuita.

Pese a este precepto constitucional, los casos de justicia por propia mano se presentan, incluso se justifican. En diversas mediciones la aprobación a ejercer justicia por cuenta propia el porcentaje cambia notablemente, por ejemplo, en el Barómetro de las Américas los ciudadanos que la apoyan representan en promedio el 30% hasta 2014 (en años previos también fluctuó entre el 20% y 30%).

En la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional el apoyo a este tipo de conducta cuando las autoridades no actúan también ha tenido fluctuaciones: del 30% ha descendido a 20% y finalmente ha superado el 30% en 2016. (aunque el porcentaje puede llegar al 46% si se considera aquellos que dan apoyo total y parcial). La ENCOVE 2017 indica un apoyo que llega al 50%. En 2019 la encuesta Cultura de la Legalidad en México del Centro de Opinión Pública de UVM 39% indicaba que es preferible que las personas hagan justicia por su propia mano cuando el sistema de justicia no castiga a los criminales.

Aunque la mayor parte de los entrevistados en las distintas mediciones desaprueban que un ciudadano tome por su cuenta la justicia, no deja de ser un foco el porcentaje de quienes justifican o entienden esta práctica. Igual alarma causa que esas fluctuaciones puedan superar el cuarenta por ciento. ¿Qué envuelve esta postura del ciudadano? Lleva consigo hartazgo social por la situación de inseguridad, decepción por la actuación de las autoridades e instituciones, una atmósfera de impunidad donde el reclamo unánime es justicia, la necesidad de saber que se castigará al culpable y un cuestionable Estado de derecho.

La ciudadanía no percibe acciones eficientes de las autoridades para castigar delincuentes y de existir no ocurren en la misma proporción en que se presentan los actos delictivos. Al menos no ocurre así por lo que vemos en medios de comunicación, en redes sociales y en las cámaras de videovigilancia que facilitan imágenes de distintos delitos, entre los que destacan el robo a transeúntes, robo a negocios y robo en el transporte público colectivo. Este último aparece con más frecuencia, aunque los casos expuestos son menores a los registradas; solo en este año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta a abril 4264 robos en transporte colectivo a nivel nacional de los cuales 64.6% fueron con violencia, porcentaje inferior a los años previos (aunque esta cifra es de un cuatrimestre). La ciudadanía, ávida de castigar al infractor y de contener la situación de inseguridad, ha emprendido en solitario o en colectividad acciones contra los delincuentes

Es frecuente ver en medios de comunicación o encontrar en redes sociales videos donde un ciudadano desarma, neutraliza y da una golpiza a la persona que estaba despojándolo de sus pertenencias en el transporte o negocio. Estos videos suelen recibir en redes sociales y plataformas de videos comentarios como: “Excelente, muy grande la justicia por mano propia así es como deben ser ejecutados”, “da tanta felicidad y alegría, larga vida a esos mexicanos valientes que hicieron patria”, “se arriesgaron mucho, pero ya los ciudadanos estamos cansados”, “los ciudadanos tenemos que hacer el trabajo que la policía no hace”, “nos cansamos de esperar justicia y los ciudadanos comenzamos a buscarla por nuestra cuenta”.

En calles de la ciudad pueden leerse advertencias dirigidas a ladrones que de ser atrapados serán linchados, quemados, algunos incluso enfatizan que no llamarán a la policía. Aunque resulta complicado establecer el número de actos de linchamiento o linchamientos, estudios académicos tomados por la CNDH refieren 222 casos entre 1991 y 2003 (18 actos por año); 403 acciones de linchamiento de 2000 a 2011, es decir, 33.5 hechos en promedio al año y 336 casos de 2015 a 2018.

De manera individual o colectiva se emprenden acciones defensivas o reactivas para resguardarse de una amenaza, desencadenando con ello una serie de actos anómicos: el presunto delincuente se convierte en víctima y la víctima en victimario; la presunción de inocencia y otros derechos, entre ellos un juicio justo, queda sometido a un enjuiciamiento comunitario, es sentenciado y ejecutado, es así como la violación a la ley es bilateral, ambas partes olvidan los derechos del otro y ambas partes esperan salir sin castigo.

Aunque la Constitución establece que serán los tribunales los encargados de administrar justicia de manera pronta, a ojos de la ciudadanía esa justicia no llega, no castiga; hoy la videovigilancia y las cámaras colocadas por las empresas, por los vecinos, y en los ojos vigilantes en cada dispositivo celular exhiben más que nunca los delitos y lamentablemente, también las fallas sistemáticas de los órganos de seguridad y de procuración de justicia.

* Adriana Rico Villanueva es socióloga egresada de la UNAM, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (@CopUVM).

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