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Huella indeleble: jóvenes en conflicto con la ley
Es insostenible que continuemos considerando como única alternativa para los problemas de seguridad la prisión o la muerte, sin haber hecho antes un esfuerzo importante por pugnar por la prevención terciaria, dirigida a víctimas y a personas que ya cometieron delitos.
Por Paulo Gutiérrez Pérez
22 de junio, 2020
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El 4 de mayo Giovanni López Ramírez fue detenido con lujo de violencia por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, un municipio del área metropolitana de Guadalajara; horas más tarde, Giovanni fue asesinado a golpes por los agentes que lo detuvieron. El caso cobró relevancia un mes después, en el contexto de las protestas alrededor del mundo por el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Indianapolis.

La violencia letal de los policías de Ixtlahuacán provocó manifestaciones que culminaron a su vez en un número importante de violaciones a los derechos humanos, pues una veintena de manifestantes fueron golpeados y detenidos —y quienes luego se manifestaron por las detenciones, sufrieron privación ilegal de la libertad por parte de agentes de la Fiscalía estatal—, también hubo policías heridos, uno de ellos por quemaduras infringidas por un manifestante.

El caso de Giovanni es muy relevante porque muestra diversas aristas que desafortunadamente constituyen un patrón reconocible, como es el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías, así como la posibilidad de que agentes municipales estén al servicio del crimen organizado para ajustes de cuentas y tareas de vigilancia.

Sin embargo, un aspecto que interesa retomar aquí del caso de Giovanni es el tratamiento que dieron las autoridades de seguridad y justicia, particularmente las declaraciones que ofreció el Fiscal a los medios, sobre los antecedentes penales de Giovanni.

El Fiscal estatal detalló que Giovanni tenía seis antecedentes penales, dos de delitos federales, dos de fuero común y dos restantes que no especificó. Aunque insistió en que el historial delictivo no sería una condición que minimizaría el interés por hacer justicia, lo cierto es que en la práctica decir que muertos y desaparecidos “tenían antecedentes penales”, “que en algo andaban”, o que “se ajustician entre ellos”, es una forma de descargar al Estado y a la sociedad en su conjunto por el destino inevitable “de los malos”.

Algunos medios comprometidos con la causa de los desaparecidos y la sociedad civil organizada han hecho evidente esta estrategia y han combatido esta práctica apelando a la presunción de inocencia y al argumento de la victimización secundaria. 1 Sin embargo, con cada nuevo caso que involucra delitos de esa naturaleza la tentación institucional por deslizar los antecedentes penales como contexto ayuda a reforzar la indolencia social e institucional y apresura el carpetazo.

Una alternativa posible para erradicar el “lavado de manos” sociológico de actores institucionales (“su contexto los llevó a ese final”), es emplear también una fórmula sociológica y más humanitaria que nos permita decir colectivamente: no importa “si en algo andaban” o si tenían antecedentes penales, esa posibilidad no exime al Estado ni a la sociedad de esclarecer los hechos, vigilar que se dicte una sentencia transparente para los responsables y que la pena sea proporcional al daño que causaron.

No es la intención afirmar que en todos los casos de homicidios dolosos, desapariciones forzadas y víctimas de agentes del Estado existe la precondición de los antecedentes penales o el reconocimiento tácito de que esas víctimas en “algo andaban”, sino más bien apela aquí a la madurez colectiva para reconocer el derecho a la justicia de quienes pudieron haber cometido delitos o que tenían conflictos con la ley. Es decir: los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley o, como comúnmente se les llama, “los derechos de los malos”.

Para ahondar en el perfil de quienes, al morir o desaparecer en condiciones violentas, son sujetos de una respuesta institucional que consiste en relativizar la gravedad del hecho por sus antecedentes penales, ofrezco la experiencia de un trabajo de investigación con hombres jóvenes que cometieron delitos de alto impacto, la cual me permitió constatar de primera mano lo que otras investigaciones mostraron ya: que los hombres jóvenes que cuentan con antecedentes penales terminan sus días víctimas de asesinatos, desaparecidos, o en el mejor de los casos, confinados en prisiones.

Aunque muchos de ellos experimentaron atrocidades desde la infancia, no se les confiere fácilmente el estatus de víctimas. Estos hombres jóvenes, urbanos, de clase social media y baja, muy similares al perfil de Giovanni, que en gran medida no alcanzan a tener la secundaria terminada, enfrentan serias dificultades para vivir dentro del marco de la ley y para “andar por la dere”, como ellos dicen.

Además de la deserción escolar, los caracteriza la paternidad temprana, un fenómeno equiparable al del embarazo adolescente, pero del que poco se habla. En muchos casos el estigma social y el prejuicio por consumo de sustancias les impide insertarse y aspirar a los factores protectores que brindan la sociedad y el Estado. No enternecen, más bien atemorizan.

Sus trayectorias de vida incluyen delitos contra la salud, robos con violencia u homicidios dolosos. En prisión ocupan su tiempo en el ejercicio físico (jugar futbol y hacer fibra) y en la devoción, ya sea de la Santa Muerte o de cualquier religión que vaya a ofrecer sus servicios espirituales.

Cuando cumplen su condena, vuelven a contextos familiares y comunitarios que son caldo de cultivo para la reincidencia. No cuentan con habilidades elementales para la vida, como es el cumplimiento de acuerdos, el apego a horarios, la permanencia laboral y la retribución de deudas.

La falta de políticas eficaces de reinserción social se conecta con la frustración por la imposibilidad de solventar gastos básicos de manutención, lo que causa episodios de iras o de franca violencia que culmina en reincidencia. Quienes logran mantenerse alejados de los conflictos con la ley, enfrentan grandes dificultades para reinsertarse socialmente y acceder a una ciudadanía medianamente aceptable.

Las condiciones de vida de estos hombres con antecedentes penales harían dudar a cualquiera que cree que el cambio está en uno mismo. Hablar con ellos obliga a pensar en determinantes estructurales, en el mal manejo de emociones e impulsos y en una gestión perniciosa de la desigualdad.

La cara del Estado que mejor conocen es la del sistema de seguridad y de justicia. Por eso no es raro que conozcan y tengan familiaridad con agentes de la policía (en el caso de Giovanni, llegaron directamente hacia él y llevaban ya a siete más en la patrulla). Haber cumplido una sentencia es una marca que les acompañará de forma indeleble el resto de sus días y, por lo visto, en su muerte.

Para nadie es un secreto que estar en prisión aceita los mecanismos para cometer delitos nuevamente y en ocasiones de mayor gravedad. Las historias de los hombres con antecedentes penales comparten un sinúmero de condiciones y circunstancias. En el contexto actual de México, corren con mucha suerte si no son recluidos nuevamente.

La descarga de responsabilidad social e institucional que está cifrada en la afirmación de los “antecedentes penales” de quien muere o desaparece, debiera servir para que los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación y las instituciones de seguridad y justicia establecieran una agenda común por los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley.

Si queremos alcanzar una reducción inteligente y pacífica de las violencias y el delito, y comenzar a sentar las bases para la mitigar la pandemia de homicidios y desapariciones, es necesario discutir el papel de la sociedad y de los medios de comunicación sobre apropiación social sobre la justicia por propia mano y la justicia extrajudicial. El derecho a la reinserción de toda persona que cumple una sentencia y el derecho al reconocimiento de sus posibilidades de desarrollo no deben estar negadas para nadie. En ese plano, la justicia restaurativa, la justicia penal y de la proporcionalidad de las penas en el caso de jóvenes en conflicto con la ley en México es una deuda pendiente.

Es insostenible que continuemos considerando como única alternativa para los problemas de seguridad la prisión o la muerte, sin haber hecho antes un esfuerzo importante por pugnar por la prevención terciaria, dirigida a víctimas y a personas que ya cometieron delitos. En ese sentido, como recurso emocional del activismo y de las víctimas indirectas es adecuado afirmar que no debe haber perdón ni olvido, pero para el resto, para los medios de comunicación y para las instituciones, esa ruta impide reconocer que los victimarios pueden ser también víctimas.

Si queremos erradicar en el futuro el recurso de atenuar la importancia de los homicidios dolosos y de las desapariciones porque “tenían antecedentes penales” es necesario poner en el centro de la agenda de seguridad ciudadana la prevención y la reinserción. Para lograrlo, hace falta no sólo voluntad política y social, sino la convicción de que es necesario discutir cuáles son las formas de justicia que realmente se imparten y en manos de quiénes están. Debemos vigilar celosamente quién malversa la exigencia colectiva del “ni perdón ni olvido”, pues es posible que estemos procurando males adicionales y que la justicia que esperamos se vuelva una imposibilidad.

* Paulo Gutiérrez Pérez es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y actualmente Director Académico del Programa Ciudad Tranquila y Ordenada del Gobierno Municipal de Guadalajara, Jalisco.

 

 

1 Aunque el término que comúnmente emplean medios y activistas es el de revictimización lo que sucede en realidad es un proceso de victimización secundaria por parte de las instituciones de justicia, puesto que la revictimización implica sufrir dos veces el mismo agravio (p.e. una joven que sufrió violación en la infancia y que en la adolescencia vuelve a ser víctima de violación).

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