Justicia penal: la receta ministerio público-poder ejecutivo - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Justicia penal: la receta ministerio público-poder ejecutivo
La modificación que se propone a los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales transgrede gravemente el principio de inmediación, pues ya no se obliga a que el juez esté presente para recibir los medios de prueba de la defensa. De esta manera, el ministerio público podrá tomar la decisión de incorporar o no a la carpeta de investigación los medios de prueba aportados por la defensa.
Por Insyde
16 de diciembre, 2014
Comparte

Por: Emilio Carranza Gallardo

En estos momentos en la Cámara de Diputados se debate realizar cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) -recién aprobado en marzo de 2014- con los cuales existe el riesgo de que las virtudes que tiene el sistema penal acusatorio en la procuración e impartición de justicia -como son el equilibrio entre las partes, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia- se diluyan, así como la demanda de justicia de cientos de miles de víctimas y de personas imputadas en el país.

Si bien cuando fue aprobado el CNPP se hizo ya con elementos que atentaron contra uno de los principios fundamentales del sistema penal acusatorio -el principio de publicidad- y a la transparencia a la que éste obliga, en el contexto actual los cambios propuestos terminan por atentar contra dos de sus principios: el de inmediación y el de contradicción.

El principio de inmediación obliga al juez a estar presente en las audiencias para recibir los datos, medios de prueba o pruebas, tanto del ministerio público como de la defensa, mientras que el principio de contradicción significa la garantía para las partes de debatir y controvertir los hechos y argumentos jurídicos que se desahogan durante las audiencias presididas por el juez.

Con espíritu contrario son los cambios al CNPP que se quieren aprobar en la Cámara de Diputados, en específico a los artículos 304, 314 y 315. En estas modificaciones lo que se denota es la lucha por el poder al interior de las instituciones de procuración e impartición de justicia, de la cual los legisladores del congreso son meros observadores. Así, detrás de esta reforma se identifica la fuerza política y coercitiva que en nuestro país tiene el ministerio público -y su dirección en el poder ejecutivo-, aún por encima de las autoridades judiciales.

En el artículo 304 se busca que los peritos también sean excepciones para aportar pruebas anticipadas, es decir, que los elementos con valor probatorio que los peritajes aportarán al proceso penal se desahoguen antes de la audiencia de juicio oral, lo que le impediría a la defensa ejercer el principio de contradicción, ya que hasta ese momento la investigación en la etapa intermedia no ha concluido, y ésta se verá en desventaja frente a la teoría del caso del ministerio público.

Por otra parte, los artículos 314 y 315 también fortalecen al ministerio público, ya que obligan a la defensa durante la audiencia inicial -en donde se decide si se vinculará a proceso o no a la persona imputada y si se le detendrá- a que los medios de prueba sólo los incorpore a la carpeta de investigación “a través del ministerio público”. Esta modificación transgrede gravemente el principio de inmediación, en donde ya no se obliga a que el juez esté presente para recibir los medios de prueba de la defensa. De esta manera, el ministerio público podrá tomar la decisión de incorporar o no a la carpeta de investigación los medios de prueba aportados por la defensa.

Esta contrarreforma evidencia la reticencia que tiene el ministerio público y las policías por realizar investigaciones penales garantes de los derechos humanos, bajo procedimientos científicos y criminológicos a través de la cadena de custodia. No es necio afirmar que con el sistema penal acusatorio el ministerio público y las policías lo pasarán mal.

Ante ello, al poder Ejecutivo le queda una disyuntiva: o cambiar de raíz la cultura punitiva y de la impunidad que caracteriza a ambas instituciones, profesionalizarlas, democratizarlas, acercarlas a la ciudadanía y cortar la dirección vertical sobre ellas; o abandonar la transformación del sistema penal acusatorio y afirmarse como un gobierno autoritario.

 

@InsydeMx

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.