La corrupción y sus raíces históricas
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La corrupción y sus raíces históricas
La ciudadanía tiene claro que la corrupción viene de ambas direcciones. Sabe que es grave (85% piensa que una mordida es grave, según la encuesta del COPUVM), no obstante sigue minimizando el daño que causa, justificando su ocurrencia y renegando de ella.
Por Adriana Rico Villanueva
31 de enero, 2022
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¿Qué tan grave es la corrupción que existe un día internacional dedicado a ella? Además de ser una fecha para concientizar sobre este problema, también pretende prevenirla y combatirla porque corroe cualquier rubro, institución o gobierno.

Al echar la mirada atrás escudriñando sobre la corrupción en nuestro país podemos encontrar actos y registros de distinta índole, venta de cargos, opacidad en la administración, dinero mal habido a cambio de no pagar impuestos, entre una larga serie de faltas cuantificables. Este mal es longevo; existen registros históricos de cantidades pagadas a comandantes de puertos, a inspectores y a soldados para que permitieran la entrada de mercancías sin pago de aranceles. En 1797 las importaciones ilegales solo por concepto de manta ascendían a más de 2 millones de pesos; bienes importados en secrecía superaban los cuatro millones de dólares anuales; cargos públicos comprados, gobiernos corrompidos en el México colonial, independiente, revolucionario, sin importar la época, la corrupción existe y coexiste en la sociedad.

La corrupción es señalada en diferentes estudios como uno de los principales problemas del país; también creemos que el mundo así ve a México, al menos 47% piensa que le adjudican esta característica desde el extranjero. La visión al interior del país está llena de contradicciones porque la corrupción nos causa molestia, indignación, evidenciamos a los corruptos, pero también justificamos esta práctica y la propiciamos. Muestra de lo anterior son los resultados del estudio Cultura de la Legalidad en México del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México: vemos un amplio rechazo a frases populares como El que no transa no avanza (está en desacuerdo 73%), La corrupción es un mal necesario (74%) y La corrupción es parte de la cultura de los mexicanos (64%). Estos porcentajes ilustran una primera inconsistencia, se considera que la corrupción no es necesaria en una sociedad y cualquiera que sea la meta u objetivo por cumplir no tienen que lograrse por medio de una “transa”, pero un porcentaje mayor coincide que la corrupción es parte de los mexicanos.

Es difícil no tener esta idea cuando encontramos casos o situaciones donde justificamos y avalamos la corrupción, por ejemplo, 38% está de acuerdo con “en algunas situaciones es válido dar una mordida”. En esa línea, 36% coincide que “dar una mordida no siempre es incorrecto”. Esta comprensión no solo se muestra en la generalidad, también hay empatía con aquellos ciudadanos que ante un apuro o urgencia tuvieron que recurrir a un soborno y se extiende hacia los funcionarios públicos: 56% justifica sus faltas si hay un beneficio para la población; 45% lo hace si el beneficio público es mayor que el daño y; 40% si nadie resulta dañado.

Esta percepción de “no hay daño” no podría ser más errónea. Los perjuicios existen, afectan la economía, los empleos, la productividad, el emprendimiento, la inversión, el bienestar, la seguridad, la confianza en las instituciones, autoridades y gobiernos, por mencionar algunas. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la corrupción cuesta a nivel mundial 5% del PIB, esto representaría $3.6 trillones de dólares. Esta cifra del 5% puede rondar el 10% en América Latina, lo que coincide con datos del Banco Mundial, el CEESP y la OEA para México, estimando costos de corrupción equivalentes entre el 9% y el 10% de PIB.

También el Foro Económico Mundial indica que los negocios y los individuos en el mundo pagan más de un billón de dólares en sobornos cada año. En cifras de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas ENCRIGE del INEGI, el costo para las unidades económicas por cometer un acto de corrupción en México se estimó en 887 millones de pesos en 2020 y un costo promedio por unidad económica de 7,419 pesos (cantidades menores a 1.6 mil millones y 14,535, respectivamente, reportadas en 2016).

Aterrizando la afectación causada por la corrupción en el bolsillo de los mexicanos, de acuerdo con el INEGI, el monto incrementó de $2,450 pesos en 2017 a $3,822 en 2019; este mal también afecta más a los hogares con menores ingresos donde dedican mayor porcentaje de los ingresos a pagos de “mordidas”.

Sea para realizar pagos, solicitudes, efectuar un trámite o agilizarlo, tratar con un funcionario, evitar multas, sanciones o librarse de un problema, la corrupción brota, ya sea por parte del ciudadano (29%) o del funcionario (23%), pero es un hecho que ambas partes la detonan (57%). La ciudadanía tiene claro que la corrupción viene de ambas direcciones, sabe que es grave (85% piensa que una mordida es grave, según la encuesta del COPUVM), no obstante sigue minimizando el daño que causa, justificando su ocurrencia y renegando de ella.

Si en el siglo XIX las preocupaciones por el contrabando implicaban una serie de problemáticas como el pago de sobornos a oficiales por no hacer su trabajo, pérdidas para la hacienda pública por 6 millones de pesos, comercio en condiciones injustas, afectaciones al comercio exterior, disputas con gobiernos extranjeros, es decir, una obra cubierta de ilegalidad e impunidad, donde la autoridad protegía delincuentes y actividades ilegales ante un gobierno que no tenía capacidad, ni leyes, ni un marco jurídico para frenar una situación que involucraba a autoridades y a la población, hoy escuchamos esas problemáticas decimonónicas y se tornan contemporáneas: población y funcionarios participando en actividades ilegales porque son consideradas provechosas; servidores públicos que visualizan en el ejercicio público un nicho para beneficio personal y enriquecimiento; autoridades al servicio de un círculo inmediato pero no de la gobernabilidad; funcionarios que aceptan sobornos porque sus salarios son bajos; el escrutinio internacional por ser un país corrupto; impunidad y falta de castigo.

A diferencia de ese convulsionado siglo, México hoy cuenta con más posibilidades de fortalecer sus instituciones. Mejor infraestructura, tecnología, y datos recientes han ido registrando ligeras disminuciones en aspectos como el número de sobornos por persona (pasó de 2.8 en 2019 a 2 en 2020). De las personas de 18 años o más que tuvieron contacto con una autoridad de seguridad pública, 46.6% sufrieron un acto de corrupción durante el segundo semestre de 2021; los semestres previos fueron de 46.8% y 47.9% (ENSU, cuarto trimestre 2021).

* Adriana Rico Villanueva es socióloga egresada de la UNAM, coordinadora del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (@CopUVM).

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