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La fisura y la violencia en México
Las narrativas del poder han presentado la violencia política como un fenómeno anómalo, discontinuo, atemporal y vaciado de todo contenido político. Estos relatos han impedido establecer vínculos interpretativos entre el pasado y el presente, omitiendo la latencia de esta violencia.
Por Rodolfo Gamiño Muñoz
7 de septiembre, 2020
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Del enemigo caudillista en los años 30, de la disidencia electoral en los 40 y del movimiento obrero o de masas opositor al sindicalismo oficial a finales de los años 50, el Estado mexicano cimentó la ingeniería represiva contra la “conjura internacional” de los movimientos estudiantiles de los años 60 y, posteriormente, contra las organizaciones armadas socialistas de los años 70 y 80. Esta economía de la violencia política o de Estado permitió consolidar un imaginario público e institucional del “enemigo interno”, el cual fue aniquilado excepcionalmente. Desde entonces, las técnicas de la violencia ejecutadas desde el Estado han escalado su accionar hasta configurar un modelo único en su tipo, una técnica que ha sobrevivido al neoliberalismo y persiste hasta nuestros días. ¿Cómo resanar la fisura en las que la violencia nos ha sido presentada? ¿Cómo reconstruir el entendimiento que tenemos de la violencia de Estado y su latencia para comprendernos en el presente? ¿Cómo leer en clave histórica la violencia de Estado para replantear hoy las demandas de justicia y los amontonamientos de las memorias que sobre ella existen?

Las narrativas del poder han presentado la violencia política o de Estado en México como una fisura, esto es, como un fenómeno anómalo, discontinuo, atemporal y vaciado de todo contenido político. Estos relatos han impedido establecer vínculos interpretativos entre el pasado y el presente, la latencia de la violencia ha sido omitida.

Algunos presupuestos han sostenido que la violencia política en México ha variado según las características del régimen: presidencial semiautoritario, democrático o neoliberal (Montemayor, 2010; Calveriro, 2019; Aguayo, 2015; Illades y De Santiago, 2015; Fazio, 2016, entre otros). Estos argumentos, aunque profundos, se han quedado en un campo explicativo superficial, develan un análisis de un tiempo histórico determinado, estático, fijo, clausurado. Como se mostrará en las siguientes líneas, la violencia política ha tenido técnicas y patrones operativos persistentes desde hace al menos setenta años. Anticipadamente, se puede afirmar que la violencia política ha sido una actividad consensuada tácitamente por el Estado, un acuerdo no escrito a través del cual se ha administrado la democracia.

Forjando los patrones

La violencia política del presente fue fraguada durante el periodo posrevolucionario y ejecutada contra los enemigos de la estabilidad del régimen, los caudillos excluidos del nuevo arreglo de poder político construido por las facciones triunfadoras y dominantes. La desobediencia caudillista fue considerada una traición a los principios nacionales de la revolución mexicana. El traidor tenía que ser exterminado, la pedagogía del ajusticiamiento solía ser consumada por pistoleros del Estado o por las fuerzas armadas regulares. El asesinato de Saturnino Cedillo, general militar que luchó contra la insurrección cristera y considerado el último rebelde del periodo revolucionario, en el año de 1939, fue el modelo paradigmático. La centralidad del orden, la cohesión y la violencia estaba fincada en la voluntad presidencial.

El orden impuesto por el gobierno posrevolucionario no admitió tampoco la disidencia de partidos, las candidaturas independientes no estaban permitidas en la partitura del concierto electoral, las disonancias políticas eran castigadas por actores civiles armados que, con la aquiescencia del gobierno intimidaba, perseguía y baleaba a todos los que se movieran y ondearan estandartes antagónicos al partido de Estado, otrora el Partido Nacional Revolucionario (PNR), luego el PRI. Juan Andreu Almazán, militar, político y empresario que en el año de 1940 buscó presentarse como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN) fue la advertencia para todo actor político que pretendiera oponerse o corregir el renglón del Estado posrevolucionario. Medidas intimidantes contra sus adeptos y seguidores. El día de las elecciones el partido de Estado desplegó ejércitos de hombres armados para robar urnas, tirar los votos para Almazán y, posteriormente, llenarlas con sufragios a favor del candidato oficial, Ávila Camacho. Desataron balaceras, llevaron a cabo detenciones. Más de 100 seguidores y miembros del PRUN fueron ultimados por los pistoleros del gobierno cardenista. Obviamente, el triunfo electoral fue concedido al candidato del presidente. El nacionalismo también enfrentó la disidencia sindical y de masas con modelos combinados de represión. Como se puede ver, el delito de disolución social fue una palanca legal diseñada para inhibir, por las buenas o por las malas la movilización a través del encarcelamiento, también los grupos de fuerza del Estado encomendados de paralizar y exterminar las movilizaciones se incrementaron e hibridaron su accionar.

El Estado mexicano ante la disidencia de las masas trabajadoras a finales de los años cincuenta encomendó redoblar los esfuerzos de inteligencia a organismos parapoliciales como el Servicio Secreto y desde la Secretaria de Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Sucesivamente devino la amenaza y el incremento de las detenciones extrajudiciales, la tortura en casas de seguridad, cárceles clandestinas establecidas regularmente en zonas militares y, con todo ello, las desapariciones temporales y permanentes.

Contra la insurgencia socialista

La movilización armada sostenida por el Grupo Popular Guerrillero en Chihuahua en el año de 1965, inauguró la etapa del Estado mexicano contra la movilización armada socialista. Ante la movilización armada de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en el estado de Guerrero a finales de los sesenta e inicios de los años setenta, la contrainsurgencia se afianzó, adquirió nuevas estrategias, otras dimensiones. Los militares implementaron operaciones graduales en la región como rastrilleo -supervisión realizada de amplios territorios, detenciones extrajudiciales de presuntos sospechosos y los traslado a cárceles clandestinas o zonas militares para su interrogación-, fuego amigo -concentración poblacional en zonas específicas para vigilar y detener a la posible base de apoyo del movimiento armado, emboscadas fantasma entre militares vestidos de civil y militares vestidos de campesinos e indígenas enviados a campaña camuflada-, luciérnaga -estrategia de contrainsurgencia directa, los militares cumplen funciones policiales, persiguen, detienen e interrogan, intimidan y ello se extiende a los familiares y amigos de los militantes armados clandestinos-, y telaraña -desaparición temporal y permanente de personas se vuelve una política de Estado; el detenido es considerado un paquete, se le archiva para obtener “información” relevante para el exterminio de la guerrilla rural-. Estas maniobras contrainsurgentes fortalecieron aún más la administración de la violencia y la represión en el poder ejecutivo y sus aparatos estatales. Las fuerzas castrenses comandaron la lucha en la que la desaparición forzada de personas se configuró como política de Estado, los vuelos de la muerte, la concentración poblacional, la tortura, los desplazamientos forzados, las detenciones y ejecuciones extrajudiciales en las zonas indígenas y marginadas de Guerrero fue su característica.

A la muerte de los líderes guerrilleros, la represión en la región se transformó, el modelo se combinó, los militares dejaron de ser el actor público y delegaron la vigilancia, detención y ajusticiamiento a guardias blancas, pistoleros vestidos de civil que usan bases militares para torturar a los “sospechosos” y someter cualquier indicio de rebelión. La represión tuvo la característica de ser abierta -extendida a la población- de baja intensidad y publica, los despliegues militares “exitosos” fueron profusamente difundidos en la prensa nacional y estatal.

Las estrategias de exterminio del movimiento estudiantil del 68 fueron un modelo posteriormente replicado durante la contrainsurgencia en Guerrero y, con ciertos ajustes, contra la movilización estudiantil y juvenil del 71. Antes de ser exterminado el movimiento del 68 fue sometido a una lógica de intimidación, mediación por parte de actores e instituciones y, ante la declinación de los dirigentes por ceder al chantaje del Estado, fue implementada posteriormente la violencia como una norma. El exterminio del movimiento estudiantil fue efectuado por actores gubernamentales que ya habían desplegado acciones contrainsurgentes.

Los costos sociales y políticos de la represión del 68 fueron aquilatados en el próximo sexenio. Las evidencias fílmicas y fotográficas que el propio gobierno de Díaz Ordaz registró sobre los hechos, -que se conocieron parcialmente tres décadas después, en el año 2000- permitió al gobierno de Luis Echeverría reconfigurar la represión contra los estudiantes que se manifestaron el 10 de junio de 1971.

La represión contra esta movilización tuvo ciertas continuidades, fue ejecutada por un escuadrón civil con entrenamiento parapolicial y de choque, después conocido como los Halcones, así como francotiradores apostados en lugares específicos. Se replicó la consolidación de un pequeño espacio geográfico para suspender las garantías y se utilizaron las mismas estrategias de persecución, detención extrajudicial, tortura y desaparición temporal. A diferencia del 68, esta represión fue focalizada, de baja intensidad y, sobre todo, semipública. La estrategia de invisibilidad y programación del olvido por parte del Estado en complicidad con los medios, se había forjado.

La estrategia de violencia y represión focalizada, de baja intensidad y semipública fue expandida durante los años setenta y ochenta, cuando el Estado mexicano enfrentó a los múltiples movimientos armados socialistas urbanos. La desaparición forzada como estrategia de contrainsurgencia se consolidó como política de Estado, aunque en la actualidad se argumente que esta violencia ha sido perpetrada principalmente por particulares.

La fisura

Después de la descentralización de la administración de la violencia por parte del Estado a finales de los años ochenta y principalmente con la inauguración de la etapa neoliberal, el Estado delegó el control y administración de la violencia a los gobiernos locales. Esta fragmentación en el control y administración del complejo mundo del narcotráfico rompió la politización de los carteles, facilitando el incremento de la violencia interna y externa del mundo de las drogas. Desde entonces, el narcotráfico y posteriormente el crimen organizado fue considerado enemigo del Estado.

El Estado mexicano abandonó la centralidad de su poder sobre el narcotráfico y crimen organizado y creó una administración y control diverso y ramificado en los espacios geográficos, -los cuales, a finales del año 2006, se volvieron más urbanos- la venta de protección y la compra de favores fueron la base de la impunidad recíproca en esta “relación” siempre tensa. Una relación ambigua entre ambas partes, tanto de las fuerzas del orden como de los grupos del narcotráfico. En otras palabras, el Estado optó por mantener el control del narco de forma fragmentada. La “Paz Narca” se había impuesto.

Las relaciones entre el Estado y el narcotráfico se rompieron a partir de la descentralización del Estado y, por ende, de la debilidad institucional, particularmente en los estados y municipios, pero sus evidencias parecen más una prueba de la reconfiguración en las relaciones Estado-narco a nivel local. La desagregación del poder del Estado propició la emergencia de una violencia en apariencia inédita, pero no es más que una combinación de los vínculos operativos de las fuerzas legales del Estado con fuerzas ilegales en los ámbitos locales. Esta violencia fue ejercida ya no contra un enemigo ideológico y político, sino contra una sociedad fragmentada, pero organizada que cuestionó los propósitos del neoliberalismo y sus políticas extractivitas en los ámbitos estatales.

La desagregación de poder consiste en la consolidación de un grupo o grupos intermediarios entre el gobierno local y la sociedad. Sectores armados que operan conjuntamente y de manera ambigua en los espacios locales para asegurar la administración y, sobre todo, la ejecución de la violencia contra bandas de la delincuencia común que pretenden operar libremente o contra activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y disidentes sociales y políticos. Es importante observar las consecuencias de este actuar, puesto que en los ámbitos locales se configuraron escenarios de violencia exacerbada, violencia ambigua operada tanto por las fuerzas regulares del orden, como por grupos armados que actúan ilegalmente pero con la aquiescencia y apoyo de los gobiernos locales y del gobierno federal.

Esta estrategia de control social, territorial y la administración de la violencia ha deslindado a los gobiernos locales y federal de la responsabilidad ante los asesinatos y la desaparición de personas, este fenómeno ha sido únicamente endilgado a los grupos del “narcotráfico y al crimen organizado”, que, en afán de extender su poder, conquistar o defender la “plaza” desbordan la violencia.

A manera de cierre, es importante subrayar la urgencia de un estudio sistematizado que dé cuenta de los patrones de la violencia política ejercida en los años ochenta y noventa, de esa violencia perpetrada por y desde el Estado a los miembros de la izquierda partidista del Partido de la Revolución Democrática (PRD), defensores de derechos humanos, indígenas, ambientalistas, homosexuales, periodistas, etc. Es prioridad la elaboración de un análisis integral de esta violencia para conocer esa otra guerra sucia sostenida por el Estado contra la sociedad fragmentada, pero organizada. El estudio de esa fisura permitirá tender un puente interpretativo con la violencia actual, en la que el caso Ayotzinapa se nos presenta como el modelo paradigmático de una violencia fraguada hace al menos setena años, hoy mucho más burocratizada y compartimentada a través de la excesiva militarización en la era de la Cuarta Transformación. Una militarización cubierta de graves violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. Durante los últimos meses del año 2019 fueron asesinadas cuatro personas cada hora. Un joven gobierno en el que, además de haber más de 122 mil 223 muertos, hay 9 mil 910 personas desaparecidas, una cifra mayor a la registrada durante el mismo periodo de los sexenios anteriores.

Ante la fragilidad institucional mexicana se ha impuesto la militarización del país, con una base legal sin precedentes. La militarización en la era de la Cuarta Transformación no tiene parangón, pues 151 mil 731 soldados y marinos están fuera de sus cuarteles, sin contar los elementos de la Guardia Nacional. Contrariamente, para el ejecutivo, los marinos, militares y, sobre todo, la Guardia Nacional, son un cuerpo de paz, de proximidad con la población, están en todo el país. La Guardia Nacional está conformada por 97 mil elementos, bien equipados y formados, nos dicen. Incluso, el presidente ha presumido el establecimiento de 79 cuarteles distribuidos en el territorio nacional y 34 más que están en construcción. El objetivo es llegar a 248 cuarteles, los cuales entrarán en operaciones a finales de 2021.

Como el lector o lectora puede apreciar, la narrativa de la Cuarta Transformación nos presenta, de nueva cuenta la violencia de Estado como una fisura, primero como un fenómeno heredado y, posteriormente, como un suceso discontinuo, atemporal y vaciado de todo contenido político, un accidente ocasionado por interés de grupos que operan ilegalmente. La violencia política sigue siendo la actividad consensuada tácitamente por el Estado, un acuerdo no escrito a través del cual se administra la democracia. Mientras tanto, hoy como ayer, el infierno se sigue ensanchando.

* Rodolfo Gamiño Muñoz es académico e investigador del Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Contacto r[email protected].

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