La Guardia Nacional, militarización y huachicoleo en México - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
La Guardia Nacional, militarización y huachicoleo en México
El papel que ha desempeñado hasta ahora la GN ha sido poco más que accesorio para las Fuerzas Armadas en cada una de las tareas en las que actúan de manera conjunta, y en vez de buscar la desmilitarización de la seguridad pública ha tendido a lo contrario.
Por Mario Pavel Díaz Román
27 de octubre, 2020
Comparte

Corrupción, inseguridad, militarización y violación de los derechos humanos son algunos de los principales problemas con los que se ha enfrentado la administración de López Obrador. Desde la contienda por la presidencia, Andrés Manuel enunció que su gobierno sería distinto a los anteriores, al menos en cuanto a los anteriores puntos se refiere. Sin embargo, a dos años de su toma de protesta, los discursos y las prácticas se han ido separando paulatinamente. Analizando el combate a la extracción ilegal de hidrocarburos, y al papel que han ido desempeñando los cuerpos de seguridad, podemos darnos cuenta de ello.

El 27 de diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex, es decir, un plan para evitar el robo de combustible, actividad que en México se le ha denominado como “huachicoleo”. En él, se dijo, estarían involucradas 15 dependencias e instituciones del Gobierno Federal, entre las que destacan la Secretaría de Gobernación, de Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República, entre otras, dado que se trata de un plan estratégico e integral en cuanto a fuga de recursos públicos. Dicho Plan Conjunto había sido puesto en marcha 7 días antes de su presentación, con la intervención, desde el 20 de diciembre, del sistema de monitoreo y control de los ductos de PEMEX, esto con el fin de cuantificar las cantidades de hidrocarburos extraídos. Según el diagnóstico brindado por la presidencia, el robo diario hacia el mercado ilícito había disminuido de manera considerable desde la puesta en vigor del Plan Conjunto.

Por otra parte, se enfatizó en las elevadas cantidades de extracción ilegal sufrida por PEMEX durante los últimos años. Según datos ofrecidos, del año 2016 al 2018 las pérdidas experimentadas por el robo de combustible alcanzarían un total de 147.2 miles de millones de pesos. Ante tales cifras, se hizo hincapié en que cantidades tan exorbitantes de pérdidas por huachicoleo no podrían ser posibles únicamente por la ordeña clandestina de ductos, sino que se trataba de una actividad mucho más estructurada y parte de un plan operado con la complicidad de las autoridades.

En dicha presentación, el secretario de la Defensa Nacional, el General Luis Crescencio Sandoval, señaló que las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR) estarían coordinadas con PEMEX para establecer los sistemas de seguridad en 73 instalaciones donde actualmente tienen presencia. Además, las Fuerzas Armadas (FA) brindarían seguridad periférica a las instalaciones antes mencionadas, lo cual sería un claro ejemplo de la continuidad que tendrían las FA en cuanto a funciones de seguridad pública, a pesar de que uno de sus principales discursos durante la contienda presidencial sería la pacificación del país a través del regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, así como de un proceso de paz y reconciliación nacional mediante una amnistía.

A poco menos de un mes de haber entrado en vigor el Plan Conjunto para Combatir el Robo de Hidrocarburos, el 18 de enero de 2019 se suscitó una experiencia lamentable que pondría en el centro de la discusión nacional el problema del robo de hidrocarburos: la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, Hidalgo. Este incidente dejó un saldo de 137 personas fallecidas, y en su control intervinieron elementos de la SEDENA y de la entonces Gendarmería Nacional1. Según se dijo, el ejército en aquella ocasión no actuó con la brutalidad usual con la que habían venido procediendo en sexenios anteriores, en particular desde que con la guerra contra las drogas de Felipe Calderón asumieron tareas de seguridad pública o, incluso, se dijo que las FA habían sido superadas por la población y, para evitar un enfrentamiento entre civiles y militares, éstos últimos habían preferido replegarse.

Desde la campaña electoral, López Obrador hizo del combate a la corrupción un estandarte con el que pretende renovar instituciones y dependencias. En ese sentido, dos elementos de la política presidencial convergen en la ofensiva contra el huachicol. Días antes de la presentación del Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, el 14 de diciembre, el presidente de la república haría público el Plan Nacional de Paz y Seguridad, donde, entre otras cosas, propondría de manera formal la creación de un nuevo cuerpo de seguridad que trabajaría junto a las FA, para dar respuesta a los altos índices delictivos presentes en el país desde las últimas décadas: la Guardia Nacional (GN). En la reforma constitucional que permitió la formación de este nuevo organismo, y en particular en el artículo 21, se estableció que la GN tendría un mando civil, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al mando de Alfonso Durazo.

Acusando tanto a la Policía Federal (PF)2 como a las policías municipales y estatales, así como a los agentes ministeriales, de ser instituciones indisciplinadas, incapaces y poco profesionales, dominadas en muchas ocasiones por la delincuencia y movidas por la corrupción e intereses propios, fue que se propuso la creación de un nuevo aparato para garantizar la seguridad del país. Sin embargo, ante los altos índices delictivos, y la descomposición e ineficacia de las instituciones policiales, el presidente, una vez en el cargo, expresó que resultaría adverso separar a las Fuerzas Armadas de su encomienda en materia de seguridad pública. Los agentes que conforman al nuevo aparato de seguridad provienen directamente de efectivos tanto de la SEDENA como de la SEMAR; incluso en lo que va del año 2020, 14,148 agentes para la GN han sido reclutados directamente por las Fuerzas Armadas.

Desde su presentación como proyecto para combatir la violencia y delincuencia en el país, académicos e intelectuales manifestaron su preocupación porque la GN continuara con la militarización de la seguridad pública, impulsada principalmente desde el sexenio de Felipe Calderón cuando las fuerzas armadas fueron extraídas de los cuarteles y puestas en las calles para combatir al crimen organizado, mediante los Operativos Conjuntos de la llamada Guerra contra las drogas. Esta situación permanecería prácticamente inmutable durante el mandato de Peña Nieto y dejó, entre otras cosas, serias violaciones a los derechos humanos. Simplemente del 2007 (año en que se pusieron en vigor los Operativos Conjuntos de Calderón) al 2017 fueron dirigidas 140 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las Fuerzas Armadas, 109 para la SEDENA y 31 para la SEMAR.

Tras su formación, la Guardia Nacional ha hecho, prácticamente, de todo un poco. Desde la contención del flujo de migrantes que buscaban entrar en caravana al territorio mexicano por la frontera sur, pasando por el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre denominado PLAN DN-III-E, brindando atención a la emergencia sanitaria del Covid-19, hasta operativos conjuntos para combatir organizaciones traficantes de drogas.

Así pues, en la Ley de la Guardia Nacional (2019) se enuncia como una de sus tareas el salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, que contempla el combate al robo de hidrocarburos como una de sus principales cuestiones; labor en la cual ha participado a través de las Operaciones para el Combate al Mercado Ilícito de Combustible, con un total de 2,773 efectivos designados a las siguientes gestiones:

  • Seguridad y vigilancia a instalaciones estratégicas de PEMEX
  • Seguridad a ductos prioritarios de PEMEX (establecimiento de bases de operaciones cada 20 Kms. y reconocimientos terrestres)
  • Vigilancia aérea de instalaciones y ductos de PEMEX

No obstante, el papel que ha desempeñado hasta ahora la GN ha sido poco más que accesorio para las Fuerzas Armadas en cada una de las tareas en las que actúan de manera conjunta, y en vez de buscar la desmilitarización de la seguridad pública -entre lo que se encuentra el combate al robo de hidrocarburos- ha tendido a lo contrario, otorgándole cada vez mas poder al ejército. Esta situación se ha vuelto evidente al pasar de un supuesto mando civil a depender directamente de la SEDENA, esto ante la salida de Durazo al frente de la SSPC.

Discursivamente, tanto el combate a la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales, como la pacificación del país, han continuado siendo pilares de la política presidencial; sin embargo, hay evidencia que apunta a que no se ha logrado contener la corrupción al interior de PEMEX, ni la pacificación resultará de un proceso de desmilitarización de la seguridad pública.  Así pues, la Guardia Nacional se perfila cada vez más como una institución que no sólo dará continuidad, sino también, profundizará el paradigma militar en torno de la seguridad que ha afectado al país durante los últimos sexenios. El control operativo de la Guardia Nacional que se le ha otorgado a la SEDENA puede ser muestra de ello de cara al 2021, año en cual se tiene contemplado un aumento presupuestal para las Fuerzas Armadas del 15.7% para la SEDENA y 2.2% a la SEMAR, lo que representa cerca de 148 mil millones de pesos. Todo lo anterior de cara a la detención del ex titular de la SEDENA en el sexenio pasado.

* Mario Pavel Díaz Román (@MarioPavelDazR2) es Doctor en Ciencias Sociales por el El Colegio de México. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Especialista en estudios sobre violencia y delincuencia.

 

 

1 Peña Nieto, como parte de su estrategia de seguridad nacional, creó una división dentro de la PF, la Gendarmería Nacional, la cual se podría describir, precisamente, como un intento por militarizar a la policía, siendo una especie de boceto inacabado de lo que sería la Guardia Nacional.

2 Creada durante la presidencia de Felipe Calderón el 21 de octubre del 2008, tras la propuesta Federal de desintegrar a la Policía Federal Preventiva (PFP), reestructurarla y finalmente sustituirla por un nuevo organismo, la Policía Federal (PF).

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.