La Guardia Nacional y su uso político-militar - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
La Guardia Nacional y su uso político-militar
Por Erubiel Tirado
6 de julio, 2020
Comparte

Me fijé en un hombrecillo retorcido y claudicante que llevaba con mucho brío sus diversas deformidades…”.

La Egolatría, relato (Gog). Giovanni Papini

 

 

Aunque ha habido un notable esfuerzo por minimizar el cúmulo de argumentos contrarios a la militarización que dominaron el debate público el último tercio del sexenio pasado en que se entronizó la función policial castrense (expresada en la extinta Ley de Seguridad Interior), su vigencia se renueva en la medida que el gobierno actual finca su estabilidad en su peculiar militarismo populista. La celebración formal del primer aniversario de la Guardia Nacional (30 de junio) y el regodeo presidencialista del triunfo electoral de 2018, dan pauta para identificar las señas de identidad de un cuerpo militar extendido y forjado bajo la tutela del ejército con definiciones que corresponden en esencia a un cuerpo civil.

El discurso de AMLO: confusión retórica y ausencia. Con un presidencialismo ya instalado en los recursos de imagen y propaganda (el Campo Marte como escenario militar por excelencia para celebrar a una institución civil de seguridad pública), la retórica del gobierno impone su versión sobre el origen de la Guardia Nacional con las habituales dicotomías del “antes y ahora”. De modo falsario el presidente (quien sigue sin recordar el ya no tan nuevo nombre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC), afirmó que había una imposibilidad constitucional de usar las fuerzas armadas que maniataba al gobierno federal para destinarlas a la seguridad pública y que sólo tenía como recurso a la policía federal (que por añadidura era “corrupta e ineficiente”).

Con la confusión inducida por los militares mexicanos de equiparar la función de defensa con la seguridad nacional el presidente, por un lado, justificó la reforma constitucional para la nueva intromisión militar en una función pública civil y, por otro, omite en forma deliberada la actuación militar en los dos sexenios precedentes y para los cuales, la taxativa constitucional y de derecho internacional no impidieron sacar al ejército y la Marina a las calles con el resultado que todos conocemos. De igual forma, el presidente ignora la experiencia que significó para los militares el logro de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en 2017 y que la Suprema Corte declaró inconstitucional un año después, justo antes del inicio de su gestión.

A diferencia de las habituales referencias históricas a las que recurre el presidente, en el aniversario de la Guardia Nacional destaca la ausencia de estos señalamientos que son comunes en las instituciones de seguridad y defensa. Pero es más relevante una reiterada ausencia en la retórica presidencial: la ley y su observancia como guía de comportamiento y su papel en la conformación eficaz de un Estado de Derecho. Tanto en el discurso inaugural (2019) como en la celebración del primer aniversario, no se encuentran estos referentes y sí, en cambio, las alusiones enfáticas a las virtudes subjetivas que predominan en sus dichos.

La importancia de esta caracterización negativa por las omisiones, radica en el impacto subyacente del mensaje que transmite a los integrantes de la Guardia Nacional y en la prioridad que para este gobierno tiene la palabra presidencial respecto de sus convicciones subjetivas, antes que las leyes y su observancia como guía institucional. La única alusión legal que hace, apunta a la Constitución pero, incluso, es denigrante (y grave si nos atenemos al origen de quien la hace) al señalar que era un obstáculo para él (quien, por cierto, antes de ser presidente se oponía al uso militar en tareas civiles de seguridad), por lo cual, era necesario doblegarla con una mayoría calificada en el Congreso que se logró con promesas que, hoy por hoy, no se han cumplido (como el apoyo a las policías estatales y municipales). Esta caracterización es preocupante a la luz de las afirmaciones de lealtad solo al presidente y su gobierno por parte del responsable operativo de la Guardia Nacional, la lealtad a las leyes no figura en esta ecuación institucional.

Graduación y alegorías tétricas: San Miguel de los Jagüeyes. La corta memoria política y periodística en nuestro país no ha reparado en la memoria dormida de la guerra sucia en la que el ejército jugó un papel preponderante en el asesinato de opositores políticos al régimen. Precisamente, hay que recordarlo, en un marco ideológico de lealtad incondicional al presidente y su gobierno en turno (los rasgos actuales de la administración de Andrés Manuel López Obrador dibujan ese contorno deformado de la investidura presidencial). Justo en el contexto de las instalaciones militares que le están dando presencia física a la institución “civil” de seguridad a lo largo y ancho del país, el presidente festinó una graduación y premiación a miembros de la Guardia Nacional en San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México. El lugar es relevante (junto con San Juan Teotihuacán) por su carga simbólica del uso de exterminio a cargo del ejército donde se realizaban ejecuciones extrajudiciales de civiles y que la opinión pública conoció, de modo excepcional e indirecto, por la deserción de un soldado que solicitó refugio en Canadá (donde no existe la figura de asilo para los perseguidos políticos de otros países). Los detalles de su actividad, “por instrucciones superiores”, como parte de las brigadas de ajusticiamiento matando civiles provenientes de las celdas del Campo Militar número 1, fueron conocidas en el proceso legal para que se le concediese refugio político. El exterminio de opositores por parte del ejército, según se describió por el soldado desertor, no se limitaba a operativos entre el entonces Distrito Federal y el Estado de México sino comprendía todo el país (ver Libros de Proceso, Obligado a matar. Fusilamientos de civiles en México, 1993).

San Miguel de los Jagüeyes fue el escenario para la graduación (19 de junio) de 2 mil 740 egresados del curso de formación inicial que imparte la Sedena a los reclutas que la propia dependencia ingresa primero en sus filas orgánicamente, para después transferirlos administrativamente a la Guardia Nacional. Vale anotar que, de este modo, no sorprende la cifra mágica (porque el presupuesto actual de la SSPC no contempla la creación de plazas) de 96 mil integrantes que ahora se presume para contrastarla con los cerca de 40 mil que tuvo en su momento la Policía Federal (pero cuyos parámetros de ingreso en términos cualitativos y de requisitos eran distintos al tamiz militar). En esa ocasión el presidente pidió a los integrantes de la Guardia Nacional resistir “propuestas indecorosas y no caer en la corrupción” (en el aniversario estableció que deben “combatir el mal haciendo el bien y la paz”). Tampoco hubo referencias al orden legal y su estricta observancia. Llama la atención que el nuevo cuerpo armado en los encuentros con el presidente, la discursiva se mezcla en las referencias a estimular la buena conducta con elementos ideológicos vinculados directamente con el credo presidencial de su gobierno: de la Guardia Nacional depende el triunfo de la Cuarta Transformación.

Como cuerpo de seguridad militar en tareas de seguridad pública, la Guardia Nacional no ha mostrado más que un crecimiento paquidérmico que no se ve reflejado en una disminución clara de la violencia criminal del país. Las cifras de disminución en el discurso oficial tanto del presidente como del titular de la SSPC y el comandante de la Guardia Nacional, refieren de modo tramposo y genérico a los delitos federales que, en su conjunto, representan menos del 10 por ciento de la incidencia de los delitos del fuero común a cargo de las policías estatales y municipales del país. Si en términos de eficiencia institucional, para lo que se dijo que fue creada, pese a sus números de reclutamiento, la institución no muestra resultados, la discursiva presidencial y las alegorías escenográficas de su emplazamiento en el territorio nacional, puede que nos estén dando algo más que indicios para lo que sí va a servir. Es cuestión de tiempo y del desencuentro del presidente con la realidad.

* Erubiel Tirado es coordinador del Diplomado “Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos” de la Universidad Iberoamericana.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.