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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
La militarización y la construcción de paz en México
La ola de violencias que experimentamos es producto de la acumulación regional de violencias sociopolíticas no controladas o producidas, en ocasiones, por élites económicas y políticas productoras de desigualdad, en el final del régimen electoral autoritario.
Por José Alfredo Zavaleta Betancourt
23 de marzo, 2020
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¿Cómo contribuir a la construcción de paz y justicia transicional en México? ¿Cómo salvaguardar las libertades constitucionales mediante la gradual desmilitarización del control de la violencia? Estas preguntas suponen que mientras el debate público y la acción colectiva son deseables para alcanzar la paz, la militarización de la seguridad pública restringe las libertades civiles y políticas.

Es un axioma generacional –por experiencia propia y también la compartida por exiliados suramericanos– que los militares, además de desempeñar loables tareas de rescate o control de desastres, han sido utilizados en actividades políticas para las cuales no están autorizados constitucionalmente, sobre todo desde 2007, año desde el cual el reclutamiento acelerado ha obstaculizado la capacitación y el número de deserciones resulta significativo.

Para nuestra generación es inverosímil la retórica moderna de la libertad sólo como resultado de la función de los militares y policías que protegen a la población, porque históricamente, en ciclos de final de régimen, los militares han constituido un eventual obstáculo para el cambio en la desigualdad, e incluso un aparato para el control de los opositores. La pregunta: “¿Qué tipo de Ejército queremos?”, formulada en México por Marcos Pablo Moloeznik, adquiere un matiz singular en contextos de violencia adonde se oponen el polo libertario, que rechaza la participación de militares en la seguridad, y el polo securitario, que repele cualquier control civil en tareas de seguridad ciudadana.

En Mexico, cuyo conflicto interno dista de un escenario de guerra civil –aunque en regiones de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Veracruz, la intensidad del conflicto sea mayor–, la extensión progresista de la militarización de la seguridad pública constituye un mecanismo de reproducción de capitales globales y nacionales.

La desigualdad de nuestro capitalismo semiperiférico requiere, para su reproducción, de un dispositivo de control militar y policial. En este contexto, ¿es realista la demanda de construcción de paz y desmilitarizacion gradual del control de la violencia? ¿Puede prescindir el Estado mexicano de la extensión militar del actual gobierno federal, sin las presiones de las instituciones regionales y hemisféricas de seguridad? ¿Es deseable que dada la crisis de violencia e instituciones de seguridad y justicia se repliegue al Ejército a sus cuarteles, tal como demandan organizaciones civiles o como las élites del actual gobierno ofrecieron en campaña? ¿Esto aplicaría para todas las regiones?

En esta colaboración sostenemos que la agenda de construcción de paz debería ser una demanda prioritaria de los actores sociales y políticos que se oponen al progresismo del nuevo gobierno federal y a la extensión progresista de la militarización, puesto que existen élites geopolíticas que deciden regionalmente tal estrategia y que la desmilitarización de la seguridad pública debe ser gradual, parte de una estrategia de desmilitarización por regiones, en tanto se avanza en la construcción de la paz sustantiva. Es posible que en las ciudades nos fascinen las defensas comunitarias de entornos rurales e indígenas, porque en las zonas metropolitanas sólo podemos imaginarlas y resulta muy complicado replicarlas.

Para coadyuvar a la comprensión de nuestro conflicto interno es útil contextualizar nuestro caso como interregno. La cuarta transformación (4T) es un proyecto en fase inicial y la extensión progresista de la militarización se encuentra en un ciclo instituyente, aún no institucionalizado, pleno de incertidumbre, que puede resultar un fracaso, o bien, significar una transformación irreversible del régimen electoral autoritario y del Estado mexicano. Para el debate público, sería conveniente no referir esos procesos como si estuviesen acabados, se construyeran como macrosujeto o dependieran sólo del Presidente. Es imprescindible que, en el debate público, dejemos de esperar que el centralismo presidencialista lo resuelva todo, al tiempo que criticamos que haya centralización presidencialista.

Debemos tomar en cuenta que la demanda pública al Estado mexicano depende de nuestra caracterización del conflicto interno. El conflicto mexicano no puede caracterizarse, mediante la filosofía contractualista clásica, como guerra o, tal cual proponen autores contemporáneos, como campo de guerra o guerra civil de otra generación o como metáfora gastada en medios del gatopardismo, sin un dejo de exageración literaria o fuga de la realidad. Estas formas de imaginar el conflicto pueden conducirnos a una salida estatal imaginaria tan normativa, que resulte improbable.

El conflicto interno, por lo contrario, puede conceptuarse como una multiplicidad de violencias cuyas expresiones límite son los feminicidios, las desapariciones forzadas y las ejecuciones, pero -sobre todo- como el momento del declive de las instituciones sociales y políticas autoritarias. La crisis del régimen político-electoral autoritario es inexplicable sin la crisis de la familia autoritaria, de la escuela nacionalista, los barrios de esquinas y los espacios “públicos”, tampoco sin el proceso de contrucción de paz, que requiere no sólo la desmilitarización gradual y la construcción de policías civiles, sino también la reconstrucción de nuestras instituciones de socialización primaria y secundaria.

La ola de violencias que experimentamos –nuestra inseguridad– es producto de la acumulación regional de violencias sociopolíticas no controladas o producidas, en ocasiones, por élites económicas y políticas productoras de desigualdad, en el final del régimen electoral autoritario. Es evidente que esta ola no desaparecerá completamente, pero con seguridad se reducirá, tal como ha sucedido con otras olas de inseguridad previas, para luego iniciar una nueva cresta. Ninguna sociedad tolera la insoportable gravedad de la violencia durante tantos años.

Ahora bien, ¿en realidad pensamos que la sociedad mexicana puede reproducirse armónicamente en la desigualdad, sin conflictos que se transformen en violencias? ¿En realidad esperamos que durante el actual gobierno federal disminuya radicalmente o desaparezca la violencia? Es improbable que ello suceda. Ni desaparecerá ni descenderá a niveles históricos durante este gobierno; pero es posible que en este periodo gubernamental, durante el interregno, la clave predominante sea la contención. La violencia no desaparece, porque es intrínseca a la construcción social de la desigualdad; lo que deseamos es que los niveles de violencia y desigualdad sean mínimos y no afecten la convivencia social, pero no tenemos idea, salvo los profetas y eventualmente –en su limitada validez formal- un modelo matemático, sobre cuánto durará esta ola.

La verdad es que no sabemos cuándo ocurrirán ni, en su caso, si los posibles cambios serían atribuibles a las acciones instituyentes del actual gobierno o a las presiones de la oposición derrotada en las últimas elecciones presidenciales. Por lo contrario, la oposición clasista –racista en algunos casos– podría estar contribuyendo a la extensión de la ola y a una militarización mayor en el próximo gobierno.

A diferencia de lo que frecuentemente se argumenta en medios de comunicación, podemos sostener que no estamos en el peor ciclo de violencia postrevolucionario y que, aun cuando se invisibilice, hay una estrategia de seguridad cuyas tácticas son bloqueadas por la oposición clasista en diferentes escalas gubernamentales; debemos reconocer, asimismo, que, en su componente preventivo, esta estrategia ha sido pospuesta, inacabada o abandonada por el gobierno, ante las presiones de la oposición beligerante, lo que resulta en la extensión progresista de la militarización de la seguridad pública.

En este escenario de polarización política, hay riesgo de que nos habituemos a llamar seguridad ciudadana a la militarización de la seguridad pública, al tiempo que actuamos como si en el fondo deseáramos que el gobierno federal fracasara, como si deseáramos que actuara con la letalidad con que lo hicieron los gobiernos del régimen electoral autoritario. ¿Qué estamos haciendo para evitar estos riesgos?

Es verdad que la generación actual no ha experimentado nada peor y que grupos de generaciones previas son aún partidarios de la mano dura, pero el ciclo actual de violencia expresa la crisis de una sociedad nacional cuyo Estado se encuentra en reparación, mientras prevalece una nostalgia por el viejo régimen, bajo la máscara democrática que oculta la desigualdad social.

Desde hace décadas y bajo coacción, ahora sabemos que, en un doble juego, las élites militares y policiales rehicieron selectivamente el monopolio de la violencia legítima en algunas regiones del país, mediante un conjunto de reformas legales e institucionales que el actual gobierno recupera y complementa, también selectivamente, sin el control civil que se requiere para salvaguardar las libertades civiles y políticas.

Debemos recordar que los últimos gobiernos del régimen electoral autoritario reformaron el código militar para evitar deserciones y resistieron, hasta el final, que se doblara el fuero militar para quienes participan de tareas de seguridad; aprobaron la reforma al artículo 29, que posibilita el estado de emergencia condicionado; espiaron a líderes sociales y políticos de oposición mediante software; impulsaron el mando único, una efímera política de prevención, la reforma de la justicia penal y, en última instancia, bajo presión internacional y nacional, las leyes de víctimas, que aún no posibilitan una debida atención a los familiares.

En la practica, tales reformas produjeron la rápida renovación de la tropa; el incremento del índice de letalidad; las resistencias a la reforma penal, bajo argumento de las puertas giratorias que redes policiales y judiciales del viejo régimen han utilizado hasta ahora para bloquear la reforma y el abandono de toda iniciativa de prevención efectiva.

En cuanto a la élite del actual gobierno –cuyo discurso electoral ofreció una estrategia integral contra la violencia– desapareció el Estado Mayor Presidencial; despareció al legendario Centro de Investigación en Seguridad Nacional (cisen); reposicionó a militares, redistribuyendo fuerzas a una nueva institución: la Guardia Nacional (gn), pero desestimando los componentes de construcción de paz y justicia transicional.

Resulta útil, por supuesto, buscar en el pasado las características de este proyecto institucional, a condición de no olvidar la especificidad de la actual coyuntura. Puede inferirse que el actual gobierno aceptó, con base en análisis de inteligencia militar y geopolítica, que no tenía más opción que la extension progresista de la militarización de la seguridad pública – incluso si enfrentase un golpe de Estado–, mientras impulsaba un debate sobre las funciones de contención de los militares y la gn, pero debe aceptarse también que no puedan dejar de ser prioritariamente atendidos los reclamos de desmilitarización en la zona zapatista, la crisis humanitaria de las víctimas ni el control migratorio en la frontera sur.

Para ser justos, debemos reconocer que hay continuidad y ruptura en la estrategia de seguridad del actual gobierno con respecto a los del régimen electoral autoritario. La militarización persiste, pero no perduran los índices de letalidad ni la contención que ejerce es de carácter represivo. Ahora sabemos que el Ejército es una variable del régimen, que quien gobierna no puede desechar; que la Policía Federal Preventiva (pfp), al igual otras policías estatales y municipales implicadas en ilegalismos, no podía constituir el basamento del monopolio de la violencia legítima del nuevo gobierno; que hay corrientes al interior de éste deseando la recuperación del viejo modelo penal –que no dejó de operar del todo, como han demostrado especialistas en las regiones– y, por supuesto, que en el esquema de austeridad cuya política social se orienta a la prevención del delito, se abandonó la agenda inicial de construcción de paz.

¿Estamos en condiciones de edificar una política de prevención social de la violencia, funcionalmente diferenciada de la política social? ¿Hay voluntad politica y cívica para encauzar, por un lado, la despenalización, amnistía, realización de juicios excepcionales y reparación de daños, como mecanismos de justicia transicional, y, por otro, el retorno gradual de los militares a sus cuarteles? En el inventario del breve ciclo de prevención inmediato y del desastroso trato a las víctimas, deberíamos concentrarnos en recuperar reflexivamente lo que funcionó e incluirlo en la agenda compensatoria de lo que demandamos al Estado mexicano.

Es probable que la dinámica de control territorial de los mercados delictivos en los márgenes estatales sólo permita al gobierno federal la relocalización de sus agentes, según las contingencias. Por otra parte, ¿en realidad debe sorprendernos que el gobierno federal haya planificado, si fuese el caso, la intersección de política social y juridicciones de la Guardia Nacional? ¿Qué gobierno federal no lo haría actualmente?

En estas circunstancias, ¿qué logramos con la negación de la estrategia mínima y el señalamiento de la acción ininteligente del gobierno federal contra la violencia? ¿Por qué no reconducir nuestras demandas públicas hacia el control civil de las nuevas instituciones de inteligencia, la desmilitarización gradual, planificada; el reconocimiento de libertades, el respeto de derechos y la rendición de cuentas? ¿No sería mejor que los medios, las universidades y las organizaciones civiles contribuyéramos y presionaramos al gobierno para la construcción de la paz prometida en las regiones, mediante laboratorios de paz gestionados por actores locales, políticos y sociales?

Quizá se logre más en la salvaguarda de las libertades si focalizamos la observación en la retórica de los hechos, en lugar de prestar atención a la retórica de las conferencias matinales, con las tintas cargadas por lo que el Presidente dice o no dice. No sabemos casi nada acerca de lo siguiente: ¿El gobierno civil temía la rebelión de una corriente militar durante la alternancia gubernamental morenista? ¿Por qué le concede centralidad al Ejército, mientras lo acota en la acción? ¿Por qué deja fluir la iniciativa de una contrareforma penal para luego detenerla? ¿Por qué se rechaza una corresponsabilidad con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad u otros colectivos; por qué se les subordina mediante la creación de otras oficinas y el control de la cndh? ¿Por qué no han recuperado los Acuerdos de San Andrés Larráinzair?

En esta coyuntura de inseguridad, es posible que el ejercicio del gobierno federal no acelere la agenda de recuperación de lo omitido, antes de las elecciones intermedias. El diseño institucional inicial, en un periodo de polarización cada vez mayor, no cambiará mucho por autorreforma sin la presión de los ciudadanos, al margen de las élites de oposición clasista, atrincheradas en los viejos y nuevos partidos políticos. Actualmente, la posibilidad de rendición de cuentas de todo agente federal o estatal y la consolidación de la reforma de la justicia penal dependen menos del gobierno y mas de la acción colectiva. ¿Las fuerzas y los fondos recibidos están alineados en la lógica de la accountability o quedarán atrapados en el juego de intereses de las élites que reproducen la desigualdad, incluso por mecanismos neoextractivistas?

* José Alfredo Zavaleta Betancourt es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Co-coordinador del Grupo de Trabajo “Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

 

Referencias

Agudo Sanchíz, Alejandro y Estrada Saavedra, Marco, 2011 Transformaciones del Estado en los márgenes de Latinoamérica (México: Colmex-UIA).

Bernúz, Benitez et al. 2015 Después de la violencia. Memoria y justicia (Bogotá: she-eafit).

González y González, Fernán 2015 Poder y violencia en Colombia (Bogotá: Universidad Javeriana).

Kalivas, Sthathis 2006 La lógica de la violencia en la guerra civil (Madrid: Akal).

Schedler, Andreas 2016 La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios (México: FCE).

Schedler, Andreas 2015 En la niebla de la guerra (México: CIDE).

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