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La multifacética pero debilitada policía municipal
Todas las funciones y responsabilidades que se asignan a las policías municipales para mejorar las condiciones de seguridad en el país, para disminuir la violencia contra las mujeres, para reducir la impunidad o solucionar problemas locales de seguridad, vienen acompañadas de debilidades institucionales que son y han sido evidentes a lo largo de los años.
Por Alejandro Fontecilla
26 de abril, 2021
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Hace algunos meses la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en donde se establecen obligaciones y responsabilidades para las policías municipales. Entre las más importantes, la de contar y garantizar la disponibilidad inmediata de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda de personas. La Policía Municipal de Zapopan, Jalisco, por ejemplo, ha creado una unidad especializada para estos fines. Esta nueva responsabilidad específica se suma a una lista muy larga de funciones que se están depositando sobre las policías municipales en el país, para las cuales coincidentemente se han cancelado recursos federales prioritarios para su fortalecimiento.

Para sumar a esta lista, se encuentra también lo relacionada al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica aprobado en Julio de 2019 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, y la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las Procuradurías o Fiscalías Generales. Sin embargo, el modelo sustenta la mayor parte de su funcionamiento en que las policías municipales adopten nuevas estrategias específicas, mientras que las policías estatales y la Guardia Nacional juegan un papel subsidiario para cuando los municipios no puedan llevar a cabo cabalmente sus tareas. El modelo se centra principalmente, en una primera estrategia relacionada con la proximidad social y la solución de problemas de seguridad y una segunda estrategia en la cual las policías municipales deben realizar actividades de investigación y análisis. Estas estrategias implican un cambio mayúsculo para las y los policías, no solamente respecto a sus procesos, sino que además, deben desarrollar funciones para las que la mayoría no están capacitados.

La proximidad social está relacionada con que la policía trabaje con la comunidad, por ejemplo, a través de reuniones vecinales o coordinándose con otras dependencias para dar respuestas a la ciudadanía; esto implica que deban desarrollar nuevas habilidades como las de gestión, comunicación efectiva, mediación y conciliación. La solución de problemas de seguridad se relaciona con una metodología utilizada en países desarrollados y conocida como SARA (por sus siglas en inglés) e implica que la policía recabe y aproveche información de los incidentes de seguridad para que ésta sea analizada y a partir de ello se diseñen, implemente y evalúen acciones para disminuir los incidentes de seguridad. Esto supone que las y los policías municipales deban desarrollar capacidades de análisis de datos, manejo e interpretación de estadísticas, diseño de indicadores e incorporación de procesos de innovación para el diseño de estrategias.

Respecto a la investigación y análisis, se pretende que las policías municipales además de recibir las denuncias por la probable comisión de delitos (están facultadas legalmente para hacerlo pero muy pocas policías municipales lo hacen principalmente por la falta de capacidad y la poca confianza de los fiscales sobre ellos), deben dar trámite y seguimiento de las denuncias, identificar patrones delictivos e incluso, integrar de forma inicial las carpetas de investigación. Estas funciones requieren evidentemente una capacitación y el desarrollo de nuevas habilidades especializadas para las y los policías municipales, mismas que incluso las policías de investigación adscritas a las fiscalías o procuradurías no han logrado desarrollar adecuadamente en muchos años.

Las nuevas funciones se suman un sin número más que ya vienen haciendo las policías municipales. Un  policía municipal desempeña habitualmente algunas funciones administrativas (por ejemplo, el llenado de reportes como el Informe Policial Homologado mismo que en algunas ocasiones implica 2 horas o más de trabajo), actividades de apoyo a otras autoridades (vigilancia de embargos, supervisión de medidas cautelares, ejecución de órdenes de aprehensión, ejecución de órdenes de protección, etc.), actividades de supervisión y vigilancia de lugares específicos (bancos, inmuebles gubernamentales, espacios públicos, escuelas, etc.), actividades de patrullaje disuasivo en las zonas asignadas, detenciones en flagrancia, así como la atención de reportes de emergencia, por nombrar solo algunas de las que van implícitas en su función. Se suman otras actividades extraordinarias como la atención de manifestaciones y disturbios civiles, preservación de lugares en donde probablemente se cometió un delito, atención a eventos masivos, operativos de reacción e incluso grupos especiales de policía turística en donde las y los policías deben desarrollar capacidades para atender a los turistas y se le requiere el dominio del inglés.

Destaca la demanda que tienen las policías municipales respecto a la atención de incidentes de violencia familiar dentro de domicilios. Aunque la información estadística disponible de las llamadas al 911 por este tipo de incidentes no es muy confiable (debido principalmente a la dificultad de encuadrar las llamadas en el tipo de incidente adecuado), se conoce que en algunos municipios este tipo de incidentes representan un alto porcentaje sobre el total de llamadas que se reciben en este número de emergencia. Inclusive se calcula que durante la pandemia por COVID-19 las llamadas por violencia familiar se incrementaron en un 23% en todo el país. Las policías municipales han intentado atender adecuadamente esta problemática con las limitadas capacidades que cuentan para hacerlo; se han integrado unidades especializadas para la atención inmediata de este tipo de incidentes las cuales han dado pocos resultados en la disminución y el nivel de violencia, sin embargo, este esfuerzo ha implicado capacitar al personal, por ejemplo, para el manejo de víctimas y la atención de personas en crisis.

Todas estas funciones y responsabilidades que se asignan a las policías municipales para mejorar las condiciones de seguridad en el país, para disminuir la violencia contra las mujeres, para reducir la impunidad o solucionar problemas locales de seguridad, vienen acompañadas de debilidades institucionales que son y han sido evidentes a lo largo de los años. La ENVIPE 2020 en su presentación nacional evidencia que las policías municipales en el país son a las autoridades que menos confianza le tiene la ciudadanía (solo por encima de las policías de tránsito), aunado a que la percepción de la sociedad sobre la corrupción en éstas también es de las más altas.

La profesionalización en las policías municipales tampoco es favorable como para delegar estas importantes funciones. Por ejemplo, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 registraba que solamente el 5.6% de las y los policías municipales contaban con un nivel de educación superior y el 60% de ellos ganaba menos de diez mil pesos al mes.

Gráfica 1. Nivel educativo en las organizaciones policiales municipales (Total Nacional)

Fuente: Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019.

 

Hay que sumar que los presupuestos para las policías municipales comúnmente son menores que los de las estatales (esto en relación a la población que atienden), así como también es menor el número de personal operativo y el sueldo que reciben cada uno de los policías. Las policías estatales se siguen beneficiando del FASP, que aunque se reduce año con año sigue siendo utilizado en el orden estatal para fortalecer al sistema penitenciario, fiscalías y secretarías de seguridad pública en cada estado, mientras que en 2021 el principal subsidio que se otorgaba a algunas policías municipales, el FORTASEG, desapareció. Este subsidio, anteriormente llamado SUBSEMUN, provenía de arcas federales y estaba destinado principalmente a la capacitación, homologación policial, mejora de condiciones laborales, equipamiento, infraestructura e implementación de sistema. Sin este recurso, probablemente las policías municipales se sigan debilitando y se venga abajo el esfuerzo nacional de más de 10 años por implementar un sistema de desarrollo policial homologado, así como también se pone en riesgo la implementación del ya mencionado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

Ante este escenario, quizás es necesario que antes de seguir haciendo responsables a las policías municipales de un sinnúmero de funciones, sea conveniente reorganizar, priorizar y delimitar su labor. Es evidente que se requiere otorgar de más recursos a las policías municipales como también es evidente que el perfil y las capacidades con las que cuentan el personal operativo que integra la mayoría de ellas no es el adecuado para desempeñar muchas de estas responsabilidades otorgadas. Delegar algunas de las funciones a otras dependencias municipales o estatales o distribuir adecuadamente las funciones entre la Guardia Nacional, policía estatal y policía municipal quizás sea una de las primeras alternativas que se deba valorar.

En cuanto a la mejor distribución de funciones, se pueden considerar experiencias interesantes como la del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Quebéc, Canadá, respecto a la repartición de servicios policiales entre el gobierno provincial y los municipios (Relations Avec les Municipalités). Desde 1997, el Ministerio de Seguridad Pública y los municipios han firmado acuerdos para que la policía provincial (Sûreté du Québec) apoye con servicios específicos a los municipios. En estos acuerdos se establece una nueva división de responsabilidades entre ambos órdenes de gobierno, se expresan compromisos y responsabilidades, así como también los acuerdos sirven como herramienta para mejorar la coordinación y colaboración. Adicionalmente, entre la Sûreté du Québec y los funcionarios electos en los municipios se elaboran planes específicos de organización de los recursos policiales en función de las características del territorio, las cargas de trabajo y las necesidades específicas.

Este ejemplo de lo posible nos muestra que para una mejor organización y distribución de funciones policiales no se requieren solamente recursos, sino fundamentalmente visión, voluntad y participación para alcanzar arreglos institucionales y modelos de gestión más efectivos y eficientes. Es decir, otra manera de comprender los problemas y por ende, resolverlos de manera inteligente, oportuna y colocando en el centro de toda la acción las necesidades y los derechos de la ciudadanía.

* Alejandro Fontecilla es consultor en temas de reforma policial y justicia penal de @InsydeMx.

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