La peligrosa flexibilidad de la Ley Antiterrorista - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
La peligrosa flexibilidad de la Ley Antiterrorista
El ciudadano o ciudadana que se manifiesta pacíficamente en las calles buscando ejercer presión en la autoridad a través de la movilización con la finalidad de lograr llegar a una resolución benéfica, corre el riesgo de ser sospechoso de estar cometiendo actos terroristas por el simple hecho de que la ley no distingue los medios (violentos e intimidatorios) con los cuales generalmente operan las organizaciones terroristas.
Por Insyde
8 de diciembre, 2014
Comparte

Por: Adán Bustamante (@LeNefastofeles)

Susan Sontag en su obra Regarding the Pain of Others, subrayó la importancia de protestar contra el sufrimiento en vez de reconocerlo y así evitar que la sociedad se habitúe al horror y deje de conmocionarse con la atrocidad. En palabras de la escritora galardonada con el Premio Nobel de literatura: “Las fotografías trazan las rutas de referencia y sirven de tótem para las causas. Es más probable que los sentimientos cristalicen ante una fotografía que ante un lema”.

Las atinadas reflexiones de Sontag tomaron sentido en nuestro país por dos lamentables hechos. El primero de ellos fue la filtración de 19 imágenes en las que se observan los cadáveres de 22 personas, supuestos delincuentes, ejecutados por miembros del Ejercito Mexicano en una bodega de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya en el Estado de México. El hecho indignó a la sociedad y prendió los focos rojos tanto de organizaciones civiles y organismos internacionales, los que condenaron los excesos cometidos por las fuerzas armadas en contra de la población y evidenció el grado de impunidad con el que se conducen los cuerpos de seguridad del Estado.

Días mas tarde, México se estremeció por el brutal ataque perpetrado por policías municipales a estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, el cual dejó como resultado seis personas muertas, 25 heridas y 42 desaparecidas y, recientemente, confirmada la muerte de Alexander Mora Venancio, estudiante normalista de 19 años de quien fueron identificados sus restos. Entre los estudiantes fallecidos se encontró a Julio Cesar Mondragón, un joven del Distrito Federal que fue brutalmente torturado, ejecutado y desollado por agentes municipales que recurrieron a herramientas de intimidación similares a las utilizadas por organizaciones terroristas como Al Qaeda o grupos criminales como el otrora cártel de La Familia.

La meta de este aterrador suceso fue generar miedo ya que “lo espeluznante nos induce a ser meros espectadores, o cobardes”. No obstante, la sociedad mexicana secundó el clamor de justicia de los padres de los jóvenes desaparecidos al sumarse al clamor de “Los queremos vivos”, ante la negativa del Estado mexicano de dar con el paradero de miles de personas desaparecidas durante los últimos ocho años. Asimismo, el fragor generalizado disipó el animo para repudiar la complicidad entre la clase política, los cuerpos de seguridad y las organizaciones criminales transnacionales.

Un par de días previos a la marcha del 20 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto denunció que estas manifestaciones eran un “afán orquestado para desestabilizar al país, generar desorden social y atentar contra el proyecto de nación”. Las declaraciones del Ejecutivo lejos de acallar las sospechas de represión, dejaron al descubierto un discurso anquilosado muy proclive a criminalizar la protesta social y justificar el uso de la fuerza pública para salvaguardar el régimen y acallar las protestas en contra del proyecto peñanietista.

Como en los viejos tiempos, la cuarta jornada por Ayotzinapa fue reventada por las fuerzas de seguridad una vez que la violencia justificó el despliegue de fuerzas antimotines, quienes contuvieron el avance de encapuchados hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Asimismo, por la noche, la marcha multitudinaria que fue ejemplar por su organización, fue ensombrecida por un grupo reducido de anarquistas que prendieron fuego a la puerta de Palacio Nacional. Esta acción impulsiva justificó el despliegue de una fuerza coordinada entre la Policía Federal y la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, que se encargó de dispersar a los manifestantes con un evidente exceso en el uso de la fuerza y realizando detenciones arbitrarias de 11 de los asistentes, los cuales fueron acusados y trasladados a penales de alta seguridad por los supuestos delitos en un primer momento de motín, terrorismo y tentativa de homicidio.

Las tendenciosas acusaciones sobre terrorismo finalmente no encontraron un sustento para imputar cargos a los 11 jóvenes; no obstante es interesante revisar el fondo y la forma en que la Procuraduría General de la Republica buscó inculpar en actividades terroristas a simples manifestantes. Este hecho deja al descubierto el procedimiento bajo el que la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) recopiló las pruebas contra los detenidos, las cuales se sustentaron únicamente en las declaraciones rendidas por Policías Federales y capitalinos, quienes afirmaban que los detenidos habían incurrido en los delitos que les imputaban sin que se presentara prueba alguna.

Alex P. Schmidt considera que los países que no han confrontado el fenómeno del terrorismo, corren el riesgo de limitar peligrosamente el significado del concepto con lo cual su marco jurídico será ambiguo, flexible y limitado en alcances. En este sentido, la imprecisión conceptual abona al establecimiento de una definición legal imprecisa pero maleable, tal como se observa en la reforma al artículo 139 del Código Penal Federal presentada por la Presidencia de la República en febrero de 2014.

Hay que destacar que el Código Penal posee un concepto de terrorismo poco trabajado el cual considera a este fenómeno como “un medio violento, intencional, que atenta contra bienes públicos y privados, o en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a este para que tome una determinación”. En consecuencia, la definición únicamente se centra en mencionar que el fenómeno es de naturaleza violenta e intencional cuyo objetivo es generar terror entre la población o determinado grupo y generar presión “política” sobre una autoridad.

Generalmente se dice que la ambigüedad del concepto desafía su propia definición; es por ello que no existe consenso en cuanto a la precisión conceptual, la cual invariablemente restringe las políticas antiterroristas de un Estado. Aunque también esta ambigüedad permite la justificación de actos como intervenciones de comunicación, arrestos arbitrarios e incluso desapariciones forzadas.

El gatopardismo de la reforma al articulo 139 del Código Penal cae en repetitivas subjetividades que no permiten distinguir la diferencia entre manifestante y terrorista, y es precisamente esa ausencia de una clara definición la que posibilita que este delito sea imputado a cualquier persona que busque “presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a este para que tome una determinación”. En este sentido, el ciudadano o ciudadana que se manifiesta pacíficamente en las calles buscando ejercer presión en la autoridad a través de la movilización con la finalidad de lograr llegar a una resolución benéfica, corre el riesgo de ser sospechoso de estar cometiendo actos terroristas por el simple hecho de que la ley no distingue los medios (violentos e intimidatorios) con los cuales generalmente operan las organizaciones terroristas.

En el argumento falaz de la “desestabilización” del presidente Peña Nieto existe el riesgo de criminalizar la protesta social y recurrir a artículos como el 139 para suprimir la movilización pacifica y ordenada, lo cual implica una regresión política a un modelo de corte autoritario e imposibilitado al dialogo.

El reto de nuestro país es mejorar sus leyes antiterroristas con el objetivo de eliminar las intencionalidades subjetivas que abren la posibilidad de utilizar a los aparatos de seguridad e inteligencia para controlar a grupos de manifestantes. Pero sobre todo es indispensable que se determine una descripción legal del fenómeno que recoja objetivamente un amplio listado de situaciones casuísticas que puedan ser sancionadas por la ley.

En una visión general, el camino en nuestro país en materia de antiterrorismo es largo y posiblemente tortuoso, ya que el verdadero enemigo no es la sociedad sino son los grupos criminales, los cuales se han convertido en narco-insurgencias que han venido adoptando tácticas terroristas con el fin de contener a grupos rivales y al propio estado fuera de su zona de influencia. Basta recordar los lamentables sucesos en la plaza Melchor Ocampo durante la fiesta de independencia en 2008; el ataque con coche bomba a miembros de la Policía Federal en Ciudad Juárez en julio de 2010 y el ataque de infraestructura estratégica y 18 subestaciones de la Comisión Federal Electoral que afectó a 14 municipios y dejó sin energía a unas 420 mil personas.

Si el presidente Peña Nieto teme por su proyecto de nación, debe enfocarse en las capacidades de las organizaciones criminales, las cuales han creado estados paralelos y cuerpos paramilitares que presionan a autoridades locales a través de la violencia y causan terror en la población. Por ello debe apoyar sus decisiones en cuadros de analistas especializados en el tema que generen productos de inteligencia en los cuales distingan la obvia diferencia entre un narco-terrorista y un estudiante.

Que lo entienda el gobierno: ¡ellos son los terroristas, no lo somos nosotros!

 

* Adán Bustamante es colaborador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal de Insyde.

 

 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.

close
Información verificada del COVID-19 #CoronavirusFacts