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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
La policía en México: la herida que supura sin cesar
En el sistema de seguridad pública del país hay una subcultura policial al margen de lo que los reglamentos y la cultura institucional dictan. En este otro lenguaje de las organizaciones policiales, los significados del reconocimiento, la obediencia y el acatamiento no pasan por la interiorización de una ética profesional de lo que significa ser buen policía, sino por la decodificación de las pautas secretas de la institución, que los policías deben develar y asimilar para convertirse en miembros plenos de la comunidad.
Por Insyde
16 de febrero, 2015
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Por: María Eugenia Suárez de Garay

El problema de inseguridad, violencia y criminalidad tan agudo que vivimos hoy en México no debe ser abandonado a las prédicas conservadoras y autoritarias que ofrecen como solución mayor represión, menos garantías y penas más severas. Por el contrario, cambiar la situación presente es una condición necesaria y urgente para el ejercicio pleno de la ciudadanía y especialmente para [email protected] que más sufren con este contexto. En efecto, el aumento de la conflictividad acentúa las iniquidades entre quienes gozan de más fuerza física, más recursos económicos o mejores vínculos con el poder y “los [email protected] de a pie” (que somos la mayoría), quienes no cuentan con relaciones aceitadas con el poder, con recursos para financiarse servicios privados de seguridad, son quienes más necesitan una acción estatal para defender su derecho a la vida y a la seguridad.

El crecimiento y la magnitud de las expresiones de violencia y crimen en México se ha encontrado con un sistema de seguridad y policial cuya estructura, modo de operación y calidad de recursos técnicos y humanos están muy lejos de alcanzar el nivel mínimo necesario para enfrentarlo. Aunado al cuadro de corrupción y delincuencia que caracteriza la vida interna de las fuerzas destinadas a la seguridad, múltiples y constantes han sido y son los hechos delictivos en que cotidianamente vemos inmiscuidos a policías. Para muestra recordemos a los policías estatales secuestradores de Tlaxcala, el policía secuestrador de la Delegación de la PGR en Jalisco, a los policías presuntos homicidas de estudiantes en Iguala, a los policías federales vinculados con robo en 2014 o a los 13 policías federales que en 2013 fueron detenidos por dedicarse a secuestrar en Acapulco, Guerrero.

Esta dimensión de impunidad, delito y corrupción al interior de las instituciones policiales no es una cara distinta de la crisis de seguridad pública, ni obra exclusivamente de la naturaleza individual de los policías delincuentes, sino expresión, causa y consecuencia de la debilidad institucional que ha caracterizado a todo el sistema de seguridad pública en México durante décadas. Mundo de traiciones, complicidades, indolencias, desviaciones e ineficacias –hoy en el foco de atención de la opinión pública- que ha aumentado la tradicional desconfianza y la distancia en la relación ciudadano-gobierno, así como la crisis de confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia.

Ese otro orden subterráneo caracterizado por un poder punitivo al margen de cualquier legalidad y control institucional ha sido y es uno de los rasgos más dramáticos del sistema policial vigente. Nos habla de una subcultura policial al margen de lo que los reglamentos y la otra cultura institucional dictan. En este otro lenguaje de las organizaciones policiales, los significados del reconocimiento, la obediencia y el acatamiento no pasan tanto por la asunción o interiorización de una deontología o ética profesional de lo que significa ser buen policía, sino por la decodificación de las pautas secretas pero archiconocidas en la institución, que policías -en general- deben develar y asimilar para convertirse en miembros plenos de la comunidad. La presencia de esta cultura policial informal/ilegal es la que ha posibilitado justamente ese deslizamiento continuo de los policías entre el combate al delito y la comisión del mismo. Deslizamiento que parte de ese principio rector de actuación policial que ha sido la autonomía para decidir qué y cuándo es aceptable, excusable, viable, operable y apropiado, desde esa moralidad secularizada del profesionalismo, echar mano del uso (i)legal de la fuerza.

Sin embargo -seamos contundentes- este contexto policial delictivo también es una clara y recurrente expresión no sólo de la impericia política a la hora de reformar y refundar institucionalmente a la policía, institución que se ha convertido en una fuente de abusos e ilicitudes más que en una instancia de protección ciudadana. Han prevalecido y prevalecen desde el poder político orientaciones autoritarias que proclaman y demandan con vehemencia los poderes discrecionales de la policía, hasta reivindican el uso de la fuerza extralegal como modalidad predominante y legítima de actuación policial y sustentan la ilusión de que un cambio legal es suficiente para encarrilar la complejidad policial. En el fondo todo nos indica que mientras continúe ese añejo ejercicio no democrático del poder, donde la impunidad y la corrupción se definen como los pilares centrales de nuestro contrato social, la policía seguirá siendo lo que es o mejor dicho, -como concluíamos hace unos días una amiga querida y conocedora también del mundo policial mexicano y yo-, seguirá siendo esa herida que supura sin cesar y sin ninguna posibilidad real de cicatrizar como para reinventarse democráticamente.

 

* María Eugenia Suárez de Garay es integrante de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía y Justicia Penal (DIAP) de Insyde.

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