close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
La reforma constitucional en México y los cambios en la gobernanza migratoria ¿Será real?
Las leyes mexicanas en teoría garantizan los derechos humanos de las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, desde hace ya casi una década, sus estrategias de gestión se basan en la detención y deportación sistemática de personas migrantes indocumentadas.
Por Alessio Mirra
21 de octubre, 2019
Comparte

El Estado mexicano tiene obligaciones claras frente a la comunidad internacional de proteger cualquier persona que se encuentra en su esfera jurisdiccional. En este sentido, la obligación de garantizar el respecto y la protección de los derechos humanos no solo es una cuestión que hace referencia a la mejora del entorno legislativo o a la ratificación de tratados internacionales, sino más bien es un conjunto de medidas positivas y proactivas que, a través de la acción de todos los niveles de gobierno, debe de ser capaz de garantizar de manera efectiva el respecto irrestricto de los derechos humanos de toda persona en el territorio nacional o, en su caso, de mejorar las condiciones de vida de una población en específico, con respecto a problemáticas peculiares detectadas.

Se trata, en pocas palabras, de generar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, algo que quizás puede ser definido como el gran ausente de las últimas administraciones en México. La pretensión de ser capaces de generar políticas públicas a raíz de supuestos basados en las necesidades que los funcionarios percibían en la población objetivo ha hecho que -en el mejor de los casos- éstas tuvieran un impacto muy bajo y, en muchos otros, que hasta fueran contra productivas y generaran daños, en lugar de beneficios para la población. Como menciona París Pombo (2016), las leyes mexicanas “en teoría” garantizan los derechos humanos de las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, desde hace ya casi una década, sus estrategias de gestión se basan en la detención y deportación sistemática de personas migrantes indocumentadas (p. 85).

Transito. Tenosique, Tabasco, 2016. Foto: Joaquín Urrutia Partida

Por lo general la implementación de las estrategias de políticas públicas en temas de gestión migratoria en México es incompatible con las obligaciones en materia de derechos humanos que incumben a la administración de ese país. Si bien tradicionalmente México ha sido un país de asilo para personas perseguidas por sus ideales políticos (Palma, 2006; Jensen y Nakelevich, 2007), a partir de la implementación de la Iniciativa Mérida entre 2008 y 2015 (París Palombo, 2016: 92), se vio de manera abierta la vinculación del gobierno de México a las políticas de los Estados Unidos en materia migratoria, en laceando la recepción de financiamientos para el fortalecimiento de su maquinaria securitaria a las peticiones relacionadas con la detención y el desaliento de la migración en tránsito por y hacia México (Calleros Alarcón, 2010).

Durante el transcurso de los años, el Plan Integral Frontera Sur ha creado una enorme barrera entre los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz, con el único objetivo de prevenir los flujos migratorios que proceden de los Estados del norte de Centroamérica. Considerando los perfiles de las personas que son parte de estos flujos, estas políticas públicas afectan de manera dramática a las personas con necesidad de protección internacional, como demuestra el incremento exponencial en el número de detenciones y deportaciones en los Estados en el sur de la República. Es justamente la vinculación entre seguridad nacional y migración descrita por Calleros (2010), que ha caracterizado y caracteriza las estrategias de gestión migratoria en México: en último, la dotación a la nueva Guardia Nacional de facultades de verificación migratoria representa el dulcis in fundo de esta estrategia, que se concluye entonces con una militarización de la gestión migratoria.

La furia de los inmigrantes que hablan sobre la violencia en México. Guadalajara, Jalisco, 2017. Foto: Joaquín Urrutia Partida.

En este aspecto es importante operar un análisis conceptual de estas estrategias, que procede directamente de la influencia política que el gobierno de los Estados Unidos está ejerciendo en México. El enfoque en la seguridad nacional, en lugar que en la seguridad humana, hace entender que el centro de las políticas públicas no está (en contraposición con los dictámenes de la Magna Carta) en la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en los procesos migratorios, sino más bien en la detención de un fenómeno visto y narrado como un problema y una amenaza para el Estado-nación, que debe de ser alentado, sectorizado, prevenido y finalmente detenido.

De hecho, el uso de fuerzas militares para taras de seguridad es contrario a los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en sus recomendaciones emitidas en 2015 a raíz de la última visita a México, ha aclarado ampliamente cómo el uso de fuerzas militares no debe de ser una constante en el control del orden público, es decir en tareas así mencionadas de “seguridad ciudadana”. Es por esta razón que resulta interesante el marco teórico que justifica la acción de la Guardia Nacional en tareas de control migratorio: según las últimas interpretaciones, la migración es un problema que debe detenerse y regularse al mínimo y una amenaza hacia los equilibrios de la nación.

Obviamente la posibilidad de reinterpretar y revisar las disposiciones del art.1 constitucional derivan al mismo tiempo de áreas de oportunidad evidentes en el marco del sistema de protección a los derechos humanos en México. A partir de la debilidad en términos ratione temporis de los juicios de amparo, pasando por el golpe del Juicio de Amparo 193/2012 y la poca efectividad en el largo plazo de las recomendaciones de la CNDH y terminando así con la sistemática negación de graves violaciones a los derechos humanos ante organismos internacionales y la inatención de sus recomendaciones, en México la ruptura entre defensa de los derechos humanos y respeto del marco normativo nacional e internacional es siempre más evidente.

Mirada ante su historia. Tenosique, Tabasco, 2017. Foto: Joaquín Urrutia Partida.

De Lucas (2002), ha afirmado que, en los debates públicos sobre migración, las categorías más invisibilizadas son justamente aquellas que involucran las diferentes poblaciones en el contexto de movilidad, cuyos derechos en este momento no solo están siendo tropezados, sino ignorados por el Estado mexicano. La cuestión de la desprotección y criminalización de las personas migrantes frente a las políticas públicas en México, así como de las organizaciones y personas defensoras de sus derechos, representa una cuestión estructural que responde tanto a las exigencias políticas de satisfacer los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, así como de una estrategia dirigida a la definición de la migración como un problema por resolverse y no como un fenómeno que necesita ser entendido y finalmente, regulado con base a las exigencias de todas las partes.

Aquí el punto final y que sirva como un punto de inicio para posibles futuras reflexiones que permitan transitar de una visión sobre el fenómeno migración que se concentra en investigar la naturaleza de las estrategias de seguridad necesarias en México, hacia una visión que se pregunte de inicio, ¿son las migraciones un asunto de seguridad?

* Alessio Mirra (@alessiomirra1) es defensor de Derechos Humanos y Coordinador de Operaciones del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C.

Referencias:

Calleros Alarcón, Juan Carlos (2010). “El vínculo entre seguridad nacional y migración en México” en Revista mexicana de política exterior, Núm. 88, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, pp. 9-43.

De Lucas, Javier (2002). “La herida original de las políticas de inmigración. A propósito del lugar de los derechos humanos en las políticas de inmigración” en Isegoría Revista de Filosofía Moral y Política, Núm. 26, Consejo Superior de Invetigaciones Científicas, España, pp. 59-84.

Jensen, Silvina y Pablo Yankelevich (2007). “Una aproximación cuantitativa para el estudio del exilio político argentino en México y Cataluña (1974-1983)”, en Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 22, núm 2, mayo-agosto, El Colegio de México, pp 399-442.

Pala Mora, Mónica (2006). De tierras extrañas. Un estudio de la integración en México. 1950-1990, DGE/Ediciones INAH, México.

París Pombo, María Dolores (2016). “Políticas migratorias restrictivas y violencia institucional contra los migrantes”, en Ecuador Debate, Núm. 97, Centro Andino de Acción Popular, Ecuador, pp. 47-66.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.