Por: Ernesto López Portillo Vargas (@ErnestoLPV)

El Instituto para la Seguridad y Democracia A.C., Insyde, desarrolla diversos proyectos de investigación e intervención encaminados a evaluar y promover la mejora del servicio policial en el marco de la reforma penal. Estas actividades incluyen la interlocución diaria con la policía y otros operadores del sistema de justicia penal. Los siguientes veinte hallazgos constituyen prácticas policiales encontradas de manera regular y cuyas implicaciones desafían la reforma penal. Estas prácticas desde luego no caracterizan la totalidad del trabajo policial, pero representan algunos de los aprendizajes recientes más relevantes, así identificados por los consultores del instituto entrevistados y por el propio Insyde. Los siguientes enunciados se dan a conocer para estimular el debate en torno a la reforma penal y fortalecer sus oportunidades.

1. La calidad de las actividades de investigación de la policía está afectada de manera estructural por las condiciones de trabajo y la violación sistemática a los derechos humanos de los propios policías;
2. Las actividades de la policía de investigación están organizadas principalmente en torno al número de detenciones en flagrancia;
3. Este indicador es promovido en cadena de mando y tiene efectos devastadores, entre otros, en materia de violaciones a los Derechos Humanos;
4. Mediante criterios informales, la policía selecciona los casos más sencillos, sobre otros que requieren mayores esfuerzos de investigación;
5. No se observan incentivos eficaces para la policía que estimulen investigaciones de calidad, excepción hecha de los asuntos con alto perfil mediático y sujetos a presiones políticas y sociales;
6. En los asuntos de alto perfil la policía recibe la instrucción de “hacer todo lo que sea necesario” para resolver el caso y con ello se construyen indagatorias ágiles que a la vez producen resultados e incluyen múltiples rutinas ilegales para extraer información;
7. La debilidad de las tareas de investigación de la policía traslada la carga a las víctimas, quienes, cuando cuentan con la voluntad y los recursos, terminan siendo el factor determinante para que haya indagaciones y acusaciones;
8. Las nuevas cargas de trabajo que la reforma penal impone a la policía son administradas por rutinas de simulación (ejemplos: firma de actas sobre actuaciones de otra persona o firma de actas preparadas de machote);
9. Las consecuencias en juicio producto de la debilidad de la investigación policial no han sido aún dimensionadas (“ésto no ha reventado porque no tenemos juicios o porque no los estamos monitoreando”);
10. La policía realiza tareas que alinean los resultados de aparentes investigaciones con instrucciones previas para presentar detenidos;
11. No hay sistemas formales eficaces de monitoreo y control sobre las personas detenidas por la policía;
12. Mediante la violencia que va desde el maltrato hasta la tortura, la policía utiliza la detención como espacio de negociación para extraer rentas;
13. La recepción de denuncias por parte de la policía ha generado válvulas de control policial que abren o cierran el paso a casos en función de negociaciones para la extracción de rentas;
14. Entre las diversas modalidades de extracción de rentas a cargo de la policía aparecen redes de complicidad criminal cuyas dimensiones y capacidad de influencia fuera y dentro del juicio están al margen de todo registro;
15. La policía percibe a la reforma penal como “más papeleo”, “más trabajo”, “más formatos”, pero no como mejores reglas para la investigación;
16. La policía percibe la capacitación en materia de reforma penal como teórica y lejana con respecto a las necesidades y las prácticas policiales de la calle (“lo que se enseña en el aula se queda en el aula”);
17. Incluso en las mejores experiencias de capacitación en aulas, la ausencia de controles sobre la policía en la calle deja a los mandos en función de tutores quienes colocan su saber práctico en el centro de la enseñanza;
18. En entidades federativas calificadas como avanzadas en la reforma, se han encontrado mandos policiales que jamás han leído sus funciones en el Código Nacional de Procedimientos Penales;
19. La reforma se percibe como “un nuevo sistema en una vieja infraestructura”;
20. La tarea policial está contaminada por labores de protección a funcionarios, actividad que ha derivado en fenómenos de extorsión sobre los propios servidores públicos.

* Ernesto López Portillo Vargas es Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., Insyde.

 Ernesto Cárdenas Villarello, Héctor Pérez Rivas, Ibett Estrada Gazga, Isabel Martínez Álvarez, Mónica Gutiérrez Díaz y Oscar Soto Velázquez.