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Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
La seguridad está en campaña
En este período de discusión sobre propuestas para abordar la crisis de inseguridad siguen eligiéndose los mismos temas básicos a atender: recuperar la confianza en la policía, promover la colaboración con la comunidad, fortalecer decididamente la prevención y brindar servicios para que la gente tenga acceso a la justicia, bajo un nuevo modelo de seguridad para las personas y con las personas. Sin embargo, requieren de un abordaje radicalmente distinto.
Por Daniel Quintanar y Héctor Castañón
24 de mayo, 2021
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Vivir en paz es un deseo y un propósito colectivo que dio origen al Estado. Garantizar la seguridad es, por tanto, uno de los primeros mandatos que tiene que observar un gobernante.

Desde este punto de vista, la paz es un derecho y, al mismo tiempo, el resultado de un acuerdo social. La seguridad es así, una construcción en la que participamos las personas, las comunidades, las organizaciones, los actores económicos y las instituciones en su conjunto.

Dentro de este arreglo social, la policía es un elemento central y se debe garantizar que sirva y rinda cuentas a la sociedad. Pero por sí sola la policía no puede garantizar todos los principios de civilidad, convivencia y legalidad en el territorio. Sometida a una enorme presión pública y política, sin los recursos humanos, materiales y técnicos suficientes, la policía ha quedado lejos de la ciudadanía.

En este período de discusión sobre propuestas para abordar la crisis de inseguridad siguen eligiéndose los mismos temas básicos a atender: recuperar la confianza en la policía, promover la colaboración con la comunidad, fortalecer decididamente la prevención y brindar servicios para que la gente tenga acceso a la justicia, bajo un nuevo modelo de seguridad para las personas y con las personas. Sin embargo, requieren de un abordaje radicalmente distinto.

La política del pasado

Durante muchos años las administraciones se han empecinado en mantener un modelo de seguridad pública que no ha funcionado, y que por el contrario, ha incrementado la inseguridad, la violencia y la desconfianza, por las siguientes razones:

Elaboración propia.

1. La clase política mantiene un férreo control sobre la policía para así administrar la impunidad, lo que a su vez les reditúa otro tipo de controles políticos y sociales. Por eso la policía, como organización, responde más a los intereses de los políticos que a los de las personas.

2. El modelo de seguridad pública se ha centrado en incrementar las capacidades operativas con más policías, más vehículos o más cámaras, descuidando el resto de los factores de los que depende la seguridad y la paz. Se premia por igual lo que funciona y lo que no, porque no se hacen evaluaciones de resultados o impacto, ni hay rutinas de rendición de cuentas a la sociedad.

3. El despliegue de recursos para la seguridad ocurre con base en el privilegio de los grupos sociales que tienen la capacidad de gestionarlos políticamente, pagarlos o corromperlos, al tiempo que se mantienen las rutinas de represión selectiva dirigida a barrios y juventudes segregadas, fuera del marco constitucional de protección a los derechos humanos.

4. La mayor parte de las conductas antisociales, lo mismo en expresiones de delito que de violencia, se mantienen al margen de las instituciones. Las personas se quedan con su daño, su dolor y, en algunos casos, a merced de los ciclos de escalamiento del conflicto y venganza.

5. La atención desde las instituciones de seguridad y procuración de justicia carece de perspectiva de género e infancia. La respuesta gubernamental a estas violencias carga en las víctimas la responsabilidad de su seguridad: que se desvinculen emocional y económicamente de su agresor; que elaboren un plan de seguridad y que pidan auxilio cuando su vida esté en peligro.

6. La estigmatización social y gubernamental de las juventudes marginadas les carga de violencia institucional y hay un déficit importante de políticas públicas y presupuesto que les integren socialmente y les brinden oportunidades de desarrollo que les protejan de la violencia homicida en la que se encuentran.

Luego de la alternancia partidista de 1997 – 2000, México no ha desarrollado las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia para un sistema democrático. Aunque en 2008 el país inició la transición a un sistema penal acusatorio, basado en la presunción de inocencia, no sólo la reforma quedó en orfandad política sino que se omitió una planeación adecuada que permitiera una transición gradual acompañada del desarrollo de capacidades institucionales, particularmente, las relacionadas con la investigación criminal. Más aún, estamos dando pasos en reversa con la reciente ampliación del catálogo de delitos que establecen prisión preventiva oficiosa.

El hoy diversificado crimen organizado encuentra contrapesos, en algunos lugares y en algunos momentos, por la vía de las balas -de la autoridad o de propios- pero no por la vía de las sentencias condenatorias. En consecuencia, sus estructuras son más o menos estables en el tiempo.

A falta de instituciones, por lado se ha construido un discurso a partir de viejos conflictos sociales (por clase social, etnia, género) que criminaliza a las víctimas y, por otro, las arengas gubernamentales se centran principalmente en los delitos patrimoniales que, se nos presume, van a la baja según los datos de incidencia delictiva, mientras la victimización y la percepción de inseguridad se mantienen igual.

A esto se le suma un jaloneo discursivo respecto a qué otro gobierno le tocan esos delitos (el de otro orden de gobierno, el de otro territorio) y qué otro gobierno no está haciendo su tarea.

Una política de seguridad para mirar hacia el futuro

Aunque existe la percepción de que las competencias en el ámbito municipal son limitadas en materia de seguridad, ésta se debe más a un discurso que por muchos años se ha repetido, buscando eludir responsabilidades: no sólo el municipio tiene competencias en los temas de persecución, investigación, recepción de denuncia, prevención y búsqueda de personas desaparecidas, sino que tiene además un mandato constitucional y democrático para generar condiciones de seguridad, en coordinación con los otros órdenes de gobierno.

Elaboración propia.

Por ello, hoy queremos compartir con las y los lectores estas ocho recomendaciones para pensar en los modelos de seguridad local, se basan en el marco jurídico y tienen el objetivo de consolidar la estrategia de seguridad, justicia y paz con una perspectiva de cadena de valor.

1. Articular a toda la administración municipal en torno a la tarea de generar condiciones ambientales y sociales para la convivencia pacífica y la seguridad, estableciendo la seguridad ciudadana como un objetivo transversal para que todas las áreas municipales abonen a este fin, con indicadores concretos que se establezcan en los planes de desarrollo. El trabajo en territorio con las comunidades, permite detectar y mitigar procesos de descomposición social y crear participativamente estrategias de seguridad bajo un modelo horizontal y de consensos, que permitan el aprendizaje colectivo a partir de lo que funciona y lo que no funciona. Más seguridad requiere de más presencia del Estado (a través de los gobiernos).

2. Generar un entorno profesional digno, con controles democráticos ciudadanos, que le permita a cualquier policía nada más y nada menos que ser un buen policía. Establecer, en serio, la carrera policial con criterios claros de estabilidad, mérito y ascenso. Un área de asuntos internos independiente y con recursos suficientes para detectar y sancionar las actuaciones fuera de norma. Garantizar los derechos de quienes cuidan derechos, mediante una defensoría profesional, respeto a los derechos laborales, contención y atención psicológica personal y familiar, espacios deportivos y culturales, entre otros.

3. A contrario sensu de la narrativa dominante, la prevención no tiene que esperar el paso de los años “para dar frutos”. Puede interrumpir directa e inmediatamente las conductas violentas y delictivas actuando en tres niveles -símplemente, como lo plantea la Ley General-:

  • Sobre los contextos sociales y comunitarios con oportunidades de desarrollo, garantía de derechos, atención de factores que generan conflictos comunitarios y promoción de cultura de paz.
  • Para grupos con factores de riesgo alto y sus necesidades, como niñas, niños y adolescentes, que requieren acompañamiento para el autocuidado, la integración a redes positivas y el desarrollo.
  • Dirigida a romper ciclos de violencia en jóvenes y adolescentes vulnerables, infractores o en conflicto con la ley, a través de la atención terapéutica – que genere habilidades de autocontrol de la conducta impulsiva y adictiva-, deslegitimación del crimen, la construcción de proyectos de vida y la mitigación de los ciclos de venganza entre grupos barriales.

4. Ampliar las capacidades tecnológicas y de coordinación para articular todos los procesos policiales a través de plataformas que integren información, den certeza jurídica a la actuación policial, mitiguen errores y mejoren los tiempos de respuesta a la ciudadanía. Facilitar la prevención, contención e investigación de los delitos al incrementar la capacidad de videovigilancia con la incorporación de recursos de negocios particulares, instituciones educativas y centros comerciales, a través de protocolos transparentes establecidos con los centros de coordinación, comando y control, comunicaciones y cómputo (de acuerdo a las capacidades instaladas localmente).

5. En armonía con el Artículo 21 Constitucional, el Artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Modelo de Policía y Justicia Cívica, generar las competencias de una policía científica, con capacidades técnicas y materiales para recibir denuncias penales y realizar investigación, bajo la conducción del Ministerio Público. Este paso tan relevante, requiere de un entendimiento y coordinación con la Fiscalía estatal, las policías estatal y la metropolitana, con énfasis en las zonas limítrofes municipales.

6. En armonía con la Ley General de Víctimas, habilitar una red de centros de justicia comunitaria que ofrezcan servicios de orientación legal, defensoría pública y atención integral a víctimas -con énfasis en las violencias y delitos con mayor impacto humano-, a fin de facilitar a la gente el acceso a la justicia y reducir la impunidad, como garantía de no repetición. En el mismo sentido, migrar de la justicia municipal tradicional al modelo de justicia cívica para que las personas infractoras, en lugar de pagar una multa o pasar 36 horas bajo arresto, reciban atención terapéutica, servicios reeducativos, realicen trabajo a favor de la comunidad o inicien procesos de mediación -que desescalar conflictos comunitarios-.

7. Poner a salvo a las víctimas de violencia por razón de género a través de la emisión y seguimiento de órdenes de protección, desde las propias instituciones municipales, como lo mandatan las leyes de Acceso a una Vida Libre de violencia. Ampliar las capacidades operativas de las unidades policiales con enfoque de género, a partir de la selección de los perfiles adecuados y su capacitación, y de protocolos adecuados para el tamizaje y la mitigación del riesgo feminicida, que partan de la disuasión y atención a personas agresoras -de forma obligatoria, cuando la normatividad local lo permite- y el empoderamiento de las víctimas.

8. Incrementar sustancialmente las capacidades de los grupos municipales de búsqueda de personas desaparecidas, eficientando la coordinación con los gobiernos estatal y federal, y particularmente con las organizaciones de familiares. Las acciones de búsqueda se deberán articular también con programas para la prevención de la trata de personas y el registro y acompañamiento de jornaleras migrantes.

No hay una “bala de plata” o solución mágica: la seguridad y la paz se logran con diversas acciones, bien implementadas, coordinadas, desde diferentes instituciones públicas que comparten una estrategia clara y actúan en esquemas de colaboración.

* Daniel Quintanar y Héctor Castañón son asesores en seguridad y desarrollo para Futuro Jalisco.

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