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La silenciosa y preocupante militarización de las policías estatales en México
Apostar por militares y marinos para que dirijan las instituciones de seguridad pública estatal contribuye a que sus policías desarrollen formas de operación semejantes a las de las fuerzas armadas e incrementa el riesgo de violación a los derechos humanos
Por Sergio Padilla Oñate
30 de noviembre, 2020
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La estrecha relación que ha mostrado el presidente de la República con las fuerzas armadas en lo que va de su gobierno, ha generado que el debate en torno a la militarización de la seguridad pública se centre en el nivel federal. La creación de la Guardia Nacional contribuyó a generar las modificaciones legales que permitieron a las fuerzas armadas regularizar su participación en tareas de seguridad pública hasta prácticamente el final del sexenio de López Obrador. A su vez, se ha podido constatar que el control de facto de la Guardia Nacional corre a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esas dos medidas se cierra la pinza que permite a las Fuerzas Armadas, y principalmente al Ejército, colocarse como la institución dominante en el campo de la seguridad pública a nivel federal.

Mientras esos cambios se llevan a cabo, una estrategia de militarización mucho más discreta, impulsada en los estados, se ha fortalecido desde las últimas dos décadas; es decir, la militarización de las policías estatales. Esta implica la transformación hacia lógicas de equipamiento, formación y operación de tipo militar. Una de las formas en la que estos procesos pueden desarrollarse es a través de la ocupación de puestos directivos por parte de personal proveniente de las fuerzas armadas. Dirigir las instituciones de seguridad pública a nivel estatal permite a los titulares acceder a recursos económicos para la ejecución de las políticas de seguridad pública de la entidad, tener una policía con la cual poder ejecutar una política de seguridad propia y ejercer cierto control sobre los municipios a través de la dotación de recursos y apoyo en sus tareas.

Las policías estatales son instituciones encargadas de la seguridad de los estados, cuyo desarrollo ha sido caótico puesto que han ido creciendo conforme a las necesidades de la población. Se han convertido en un instrumento de los gobiernos estatales para desplegar su propia estrategia de seguridad y distinguirse tanto de la federación como de los municipios, desarrollando capacidades muy disímiles (Alvarado y Padilla, en prensa)1.

Después de algunos años de la declaración de la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, algunas investigaciones advirtieron el arribo de militares a puestos directivos de las policías municipales y estatales señalando el avance en los procesos de militarización de estas instituciones (Alvarado  y  Zaverucha, 2010Barrachina  y  Hernández, 2012; Moloeznik  y  Suárez, 2012; Grayson, 2013). Dos sexenios más tarde resulta pertinente hacer una revisión del tema para dimensionar el avance de la influencia de las fuerzas armadas en las policías estatales.

A través de solicitudes de información realicé un rastreo de las personas que han estado al frente de las Secretarías de Seguridad Pública Estatal u homólogas, verificando si su procedencia era civil o militar y cuánto tiempo habían estado ejerciendo el cargo. Las respuestas obtenidas fueron variadas e inconsistentes. Con base en la información disponible, el periodo de análisis que permitió realizar un comparativo entre la mayor cantidad de entidades fue de 2004 a 2019. Se obtuvo respuesta satisfactoria en 28 entidades. Los estados que no proporcionaron información fueron: Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Colima2.

Acorde con lo anterior, para este análisis se consideran como indicadores de militarización el número de personas procedentes de las fuerzas armadas que han ocupado el cargo Secretario de Seguridad Pública y su tiempo de duración en el cargo.

El cuadro 1 muestra que durante los quince años analizados han estado al frente de las secretarías de seguridad pública estatal como mínimo 46 militares y 14 marinos. Cuatro de cada cinco de esas instituciones han sido ocupadas, al menos una vez, por una persona proveniente de las fuerzas armadas. Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Colima y Veracruz son las entidades que han estado dirigidas por militares más veces. Por el contrario, Baja California, Sonora y Yucatán no presentan rasgos de militarización con estos indicadores.

El número de personas procedentes de las fuerzas armadas que han sido Secretarios de Seguridad Pública permite dar cuenta de qué tan recurrente ha sido la apuesta de los gobernadores por delegar la responsabilidad de la seguridad pública en una autoridad castrense. A su vez, resulta relevante determinar en qué medida los militares que han arribado a esos cargos han logrado influenciar a las instituciones que dirigieron. Para ello, se presenta su duración en el cargo por entidad federativa.

Las entidades en color negro de la gráfica 2 tuvieron periodos con secretarios provenientes de las fuerzas armadas, pero interrumpidos por periodos de mandos civiles. Dicho esto, no existió ninguna entidad que haya estado dirigida por personal proveniente de las fuerzas armadas durante todo el período de análisis. Sin embargo, la apuesta por los mandos militares es muy clara en las entidades de Aguascalientes, Nuevo Léon y Zacatecas, y en mayor medida en Guerrero, que supera la década de Secretarios de procedencia militar. Esta permanencia en los cargos por varios años permite la militarización de las policías.

Dos son las consecuencias preocupantes de este proceso. Por un lado, el arribo de militares a puestos directivos trae consigo la llegada de más militares a puestos de menor escala dentro de las instituciones. Ejemplos de esta tendencia son las entidades de Tamaulipas y Sinaloa, donde varias de las direcciones de sus Secretarías han sido ocupadas por militares y marinos. La llegada de más personal con formación y experiencia militar a las instituciones de seguridad pública evidencia un desplazamiento de los civiles y dificulta la posibilidad de desarrollar políticas de seguridad que puedan atender las demandas ciudadanas. Por otro lado, apostar por militares y marinos para que dirijan las instituciones de seguridad pública estatal contribuye a que sus policías desarrollen formas de operación semejantes a las de las fuerzas armadas e incrementa el riesgo de violación a los derechos humanos, como muestran Flores-Macías y Zarkin (2019), Magaloni y Rodríguez (2020), Silva y Padilla (2020).

Los datos presentados sugieren que el avance de las fuerzas armadas en el campo de la seguridad pública es abrumador: están consolidando su presencia y ejerciendo su influencia, desplazando a los civiles de puestos clave para el diseño y la ejecución de políticas de seguridad ciudadana y transformando a las policías hacia esquemas de operación proclives a violar los derechos humanos, a nivel federal y estatal. Acorde con lo anterior, es necesario desechar la idea del “fortalecimiento” de las policías y construir alternativas para su profesionalización, pero desde una perspectiva civil.

* Sergio Padilla Oñate es candidato a Doctor en Sociología por el Colegio de México. Investigador de INSYDE.

 

 

1 Veáse Alvarado, Arturo y Sergio Padilla (2021), “Organización policial y debilidad institucional: balance de las capacidades de las policías estatales”, Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 90, año 42, enero-junio de 2021; pp. 151-44.

2 Para Colima se consideraron datos parciales provenientes de fuentes hemerográficas solo para el periodo (2015 -2019) debido a su evidente proceso de militarización actual.

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