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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
La violencia que controla el territorio
Los datos presentados por la ENVIPE para el caso tamaulipeco confirman que las estrategias implementadas por la delincuencia organizada para garantizar los intereses de sus negocios ilícitos a través de infundir miedo entre la población y coaccionar al gobierno, realmente funciona.
Por Miguel Garza y Araceli Avila
28 de junio, 2021
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Es temprano en la mañana y una familia camina rumbo a la casa de la abuela para visitarla. De pronto, una camioneta con personas armadas comienza a disparar hacia el lugar en donde se encuentran. Piensan que tal vez pasan por el mismo lugar que algún sicario decidió tomar como camino esa mañana y que contra él se dirige el ataque. Pero no, esta vez no es así, no hay ninguna persona cerca, las armas del comando apuntan de forma intencional hacia la familia, así nada más, sin razón aparente. La situación que se describió es un caso hipotético, pero algo muy parecido ocurrió apenas el 19 de junio en Reynosa, cuando al menos 15 personas perdieron la vida a manos de la delincuencia organizada.

Este tipo de ataques sin razón aparente en realidad son parte de las estrategias de la delincuencia organizada para mantener el control de sus zonas de influencia. En el Código Penal Federal son clasificados como actos de terrorismo (Art. 139) el hacer uso de “armas de fuego (…) en contra de la integridad física, emocional o la vida de las personas que produzcan alarma, temor, o terror en la población (…) para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a este a que tome una determinación”. Javier Dondé Matute define el terrorismo perpetrado por la delincuencia organizada, en el caso mexicano, como actos de violencia de alto impacto (homicidios, secuestros, extorsiones, tortura, entre otros) que buscan generar terror entre los miembros de las propias organizaciones (propias o diversas) y en la población civil, o con el objetivo de coaccionar al gobierno en la defensa de sus negocios ilícitos.

El ataque perpetrado el 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, durante el festejo del Grito de Independencia en el centro de la ciudad, cuando varias granadas de fragmentación fueron arrojadas sobre las y los asistentes y dos de ellas explotaron dejando un saldo de 8 personas que perdieron la vida y más de 130 lesionadas, es otro ejemplo de este tipo de ataques. De hecho, la orden de aprehensión y el auto de formal prisión dictados por el juez sexto de distrito de Guadalajara fueron por terrorismo y delincuencia organizada, aunque los procesados interpusieron un juicio de amparo y el caso siguió únicamente como homicidio calificado y lesiones calificadas.

Más reciente es el caso de la detención fallida de Ovidio Guzmán, en Culiacán,  cuando sicarios de la organización criminal Cártel de Sinaloa bloquearon las calles de la ciudad, tomaron como rehenes a algunos soldados y atacaron edificios de unidades habitacionales en donde viven familiares del personal militar. El terror provocado por el Cártel presionó al Gobierno Federal para dar instrucciones de hacer alto al operativo policial y liberar al narcotraficante.

Uno de los eventos más trágicos de la región latinoamericana con el fin de infundir un nivel de terror sin precedentes ocurrió en Colombia el 27 de noviembre de 1989. El vuelo 203 de Avianca con 107 ocupantes explotó en el aire después de 4 minutos de haber despegado, por una bomba colocada en la cabina muy cerca del tanque de gasolina del aeronave.

Pero regresemos a Tamaulipas, ahora sabemos que el ataque armado causó la muerte de por lo menos dos taxistas, un estudiante, un ciudadano nicaragüense y una familia. El fiscal del estado, Irving Barrios Mojica, señaló que la línea de investigación que tiene más fuerza refiere que distintas fracciones del Cártel del Golfo (posiblemente los Ciclones y Escorpiones), con sede en Matamoros y Río Bravo, pelean por el control territorial de la zona, ya que es estratégica por la cercanía del Puente Internacional Pharr. En otros comentarios, el fiscal dijo que el motivo de tan lamentables hechos era “calentar la plaza” para causar problemas al bando contrario. De ser cierta la hipótesis estamos ante un escenario lamentable, donde el control del territorio se ejerce a partir del temor que se infunde sobre las y los habitantes del lugar.

El miedo que controla el territorio es el que provoca que las personas cambien sus hábitos y dejen de salir a las calles en horarios determinados. Aquí algunos datos de la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) 2020: ocho de cada diez personas en Tamaulipas se sienten inseguras y los lugares que consideran más inseguros son los cajeros automáticos (73.8%), la calle (70.6%), la carretera (68.4%), el banco (60.7%) y el transporte público (58.8%); las  conductas delictivas o antisociales más frecuentes atestiguadas por las personas tamaulipecas son el consumo de alcohol en la calle, consumo de droga y disparos frecuentes. Con relación al cambio de comportamiento debido al miedo, siete de cada diez personas en Tamaulipas dejaron de permitir que sus hijas e hijos menores salieran al espacio público, y seis de cada diez dejaron de salir de noche. Dos resultados especialmente graves en la encuesta son que el 44.3% de las personas ya no visita parientes o amigos, y el 40.4% decide ya no salir a caminar.

Los datos presentados por la ENVIPE para el caso tamaulipeco confirman que las estrategias implementadas por la delincuencia organizada para garantizar los intereses de sus negocios ilícitos a través de infundir miedo entre la población y coaccionar al gobierno, realmente funciona.

Uno de los riesgos más graves de que las comunidades tengan temor es la fractura del tejido social. En la medida que las personas tienen miedo se alejan unas de otras, ya no se hablan, ya no interactúan en el espacio público y ese aislamiento facilita la ocurrencia de delitos. Así que las organizaciones de la delincuencia organizada crean las circunstancias óptimas en el espacio público para que incrementen los delitos como robo a las personas, robo en el transporte público, robo a comercio, robo a casa habitación, entre otros que afectan la seguridad ciudadana.

La respuesta comunitaria también tiene variantes, cada vez son más las noticias acerca de movimientos ciudadanos armados que bien pueden catalogarse como autodefensas, pero en esta ocasión queremos proponer otro camino, el de la resistencia civil.

En el texto “Bogotá: anatomía de una transformación”, de Gerard Martin y Miguel Ceballos, se relata la definición que hace el exalcalde mayor de Bogotá, Antanas Mokus, sobre el concepto resistencia civil: “Un conjunto de actitudes y acciones por medio de las cuales los miembros de la sociedad no aceptan someterse, ni ceden ante la presión de los violentos y hacia actos que amenazan la vida de las personas y las obras e instalaciones importantes para la ciudad”. Mokus adelantó una campaña de resistencia civil en 2002 a raíz de los ataques a bienes vitales para las y los habitantes de la ciudad, con el propósito de proteger la vida y responder a la violencia de manera pacífica.

Para institucionalizar la iniciativa, se creó en Bogotá el Comité Distrital de Resistencia Civil el cual se activaría cuando sucediera algún evento terrorista. La resistencia civil promovida por la alcaldía estaba basada en cuatro principios:

  1. Regulación sobre los medios que usamos para alcanzar nuestros fines: el fin no justifica los medios. Este principio rechaza a la cultura del atajo y promueve que los medios usados para cumplir los objetivos personales o de las empresas deben ser lícitos.
  2. Monopolio estatal de las armas y de la administración de la justicia: la justicia no se puede ejercer por mano propia y no debe ser un bien al alcance de quien pueda pagar más. Este principio señala que no debe haber justicia privada porque un gobierno no puede cumplir su deber constitucional de garantizar la seguridad para la ciudadanía si no cuenta con la cooperación voluntaria de todas las personas.
  3. Fomentar el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Este principio señala que ningún Estado y ninguna sociedad es viable si la ciudadanía deja de cumplir sus deberes y obligaciones, por ejemplo el pago de impuestos, ejercer su derecho al voto y participación activa en asuntos públicos.
  4. Promoción de la acción política no violenta. La ciudadanía podría expresar su rechazo e inconformidad con las conductas delictivas mediante tres modalidades de no violencia: demostraciones públicas y simbólicas, campañas de rechazo social contra quienes apoyan conductas delictivas y finalmente, acción directa (no cooperación y no obediencia frente a las represalias y amenazas que puedan usar quienes emprenden conductas delictivas).

Muchas de las acciones promovidas desde el gobierno para la resistencia civil tenían como trasfondo concientizar a la población en general y a los grupos armados en particular sobre las consecuencias de los actos terroristas en el bienestar de sus habitantes, y hacer un llamado directo por el respeto a la vida, los derechos y la integridad de las personas. Algunas de las estrategias incluyeron la señalización de bienes civiles fundamentales y marchas para pedir la libertad de las niñas y niños secuestrados por grupos armados o delincuentes comunes.

Las estrategias de resistencia civil no violenta -como la impulsada por Mokus, dirigidas a promover la cultura de la legalidad- son de largo aliento y requieren el compromiso de los gobiernos a lo largo del tiempo. Además, este tipo de actividades, fomentadas desde la autoridad o desde la sociedad civil organizada, no deben considerarse como sustitutos de otras estrategias. De hecho, es recomendable que vayan acompañadas del fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad, de acciones estratégicas coordinadas entre instancias de seguridad y del fortalecimiento de las instancias de justicia así como de mecanismos alternos a la solución de conflictos.

A inicios de mes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló que daría  una “lección sobre cuantas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar contra las autoridades, cuantas acciones de resistencia civil pacífica, lo que tiene que ver con la no violencia con la forma de lucha”. Lo hizo después de exhortar a las y los manifestantes que exigían la liberación de estudiantes detenidos de la Normal Rural de Mactumatzá realizaran las manifestaciones sin violencia. En repetidas ocasiones escuchamos discursos del presidente de abrazos no balazos, pero acciones contradictorias al entregar la seguridad ciudadana a un cuerpo militarizado.

El caso de Bogotá y las acciones específicas promovidas por Mokus son ejemplo de que es posible generar estrategias serias e institucionalizadas para promover la resistencia civil no violenta.  Las respuestas desarticuladas y la falta de autocrítica sobre la estrategia unilateral que mantiene un estado de guerra contra el crimen organizado en México ha dejado un sin número de víctimas civiles, ya sea como parte de las estrategias para infundir miedo y coaccionar al gobierno por parte de los grupos armados o como víctimas a manos de las fuerzas armadas del estado.  Para el caso mexicano, es urgente plantear soluciones alternativas, integrales y serias desde la no violencia.

* Miguel Garza (@mgarzaf) es Director de Investigación Aplicada y Araceli Avila (@Regaenelycanix) es investigadora, ambos en @InsydeMx.

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