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Las justicias transicionales en la era de la 4T
¿Qué se debe hacer con una historia reciente repleta de víctimas, perpetradores, cuerpos enterrados en secreto, miedo penetrante y negación oficial?
Por Rodolfo Gamiño
2 de noviembre, 2021
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Cuando López Obrador era candidato a la Presidencia de la República se comprometió a reunirse entre los meses de julio y diciembre de 2018 con múltiples actores internacionales, miembros del Consejo de las Naciones Unidas, de la Corte Interamericana y de la Corte Penal Internacional. Incluso, sostuvo que convocaría a Jorge Mario Bergoglio o Papa Francisco, así como a activistas, padres de familiares de desaparecidos, víctimas, periodistas, sociedad civil, intelectuales y académicos mexicanos. El objetivo, elaborar un plan de acción para implementar la Justicia Transicional en México.

El 14 de septiembre de 2018 se celebró, en el Centro Cultural Tlatelolco, el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y Justicia, López Obrador era ya el presidente electo de México.

En ese diálogo estuvieron presentes, además del presidente electo, Alejandro Encinas, nombrado subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Olga Sánchez Cordero, asignada a la Secretaria de Gobernación; el poeta y activista Javier Sicilia; María Irinea, integrante del Observatorio Nacional contra el Feminicidio; Mirna Nereida, representando a Rastreadoras del Fuerte; Aracely Magdalena Rodríguez, del Colectivo Colibrí; Yolanda Morales, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México; Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, y Lucia Díaz del Colectivo Solecito.

En esa reunión se establecería el marco y la metodología del modelo mexicano de Justicia Transicional para cumplir las demandas y asignaturas pendientes en materia de memoria, verdad, justicia y reparación del daño, así como establecer las garantías de no repetición.

Para alcanzar ese objetivo, el diálogo estaría regido por cinco temas: el marco general de la Justicia Transicional, la creación de una Comisión de la Verdad, establecer un mecanismo internacional contra la impunidad, elaborar instrumentos para la reparación del daño, y establecer mecanismos de protección a víctimas y testigos.

Una de las demandas de los familiares de feminicidios y desaparición que asistieron al segundo Diálogo celebrado en el Centro Cultural Tlatelolco se hizo escuchar cuando el poeta y activista Javier Sicilia solicitó a las y los asistentes un minuto de silencio para las víctimas, en tropel los familiares respondieron que eso no era posible, que no callarían más, que no harían más silencios.

Entre gritos y exhortaciones demandaron el incumplimiento del gobierno electo en cuanto a las reuniones con las víctimas se refiere, la falta de compromisos establecidos desde el primer diálogo, que era dar continuidad al modelo de justicia mexicano. Reclamaron que el gobierno electo haya asignado a la Secretaría de Seguridad Pública como interlocutor con los familiares de víctimas y no fuera la Secretaría de Gobernación como inicialmente se estableció. Los familiares sostuvieron que era una contradicción que la Secretaría de Seguridad Pública no podría asegurar la paz ni la justicia, no era la dependencia con la cual ellos deseaban establecer diálogo.

Una mujer del público se levantó y sentenció al presidente electo que si la 4T no establecía la Justicia Transicional o Postransicional no habría transformación y, al no haber transformación, el fracaso de este proyecto sería caer en el infierno.

Después de restablecer la calma, el protocolo pudo seguir. Una de las mujeres que representan a los colectivos aleccionó al presidente electo y al gabinete que lo acompañaba para establecer un mecanismo propio para alcanzar la anhelada Justicia Transicional.

Cada una de estas mujeres subrayó -desde su más profunda esperanza- por qué era importante establecer una Comisión de la Verdad en México para cambiar al orden actual, alcanzar la paz, ejercer justicia, que se identifique y sancione a los perpetradores, establecer la verdad, que expliquen a la sociedad por qué y cómo hicieron las atrocidades, establecer principios de memoria y la promesa de no repetición.

Las mujeres participaron activamente, fue difícil seguir el protocolo programado para el diálogo. Se impuso la catarsis de los nunca escuchados, nunca vistos, los doblemente desaparecidos, los doblemente asesinados. Los familiares gritaban consignas, demandaron al presidente electo y a su gabinete, lo interpelaban de frente al templete, le mostraban fotografías, expedientes, casos. Los familiares gritaban no creer ya en las instituciones, en la ley, en sus protocolos de búsqueda, en su burocracia y su proceder, pero asumían que daban el beneficio de la duda al gobierno de la 4T.

Otros gritaban que no querían más diálogos, que lo que realmente querían era encontrar a sus familiares, que las instituciones trabajen y los encuentren; muchos más gritaban: “no les crean nada, les van a dar atole con el dedo”.

Durante la reunión del presidente electo con los familiares de víctimas en el Centro Cultural Tlatelolco los gritos, los llantos y las demandas de las y los familiares no cesaron, el protocolo del evento se suspendió, durante algunos minutos la gente buscaba acercarse al templete, donde estaba el presidente electo y su gabinete, querían presentarle sus casos, solicitar su apoyo, exigirle justicia.

Todos querían hablar, demandar, desahogarse, ser escuchados, mientras Olga Sánchez Cordero intentaba tomar los micrófonos, le fue imposible; no podía hablar, no podía dar su mensaje. No pudo dar su mensaje, la nueva secretaria de Gobernación era una espectadora más del agravio, del dolor acumulado, la rabia y la frustración de las madres y padres ahí congregados; no pudo hablar, se quedó en silencio.

Los ánimos menguaron cuando el presidente electo hizo uso de la palabra para clausurar el evento. Los mensajes del mandatario electo fueron nuevamente contradictorios e, incluso, desalentadores. No es pesimista la lectura de su discurso, su discurso fue lapidario, a través de él se puede percibir una entonación de abandono de parte de la presidencia a los familiares de las víctimas.

López Obrador sostuvo que el diálogo había sido conmovedor, más para los que sufren, que son ustedes -el presidente electo comenzó a dictar su cátedra de historia y a repetir lo que tantas veces anunció durante su campaña política- Hay una explicación dijo, no la trataré a fondo, “sólo diré que la violencia en México se desató porque desde hace algún tiempo, hace 30 años, se apostó por un modelo económico neoliberal, un gobierno que benefició a un pequeño grupo, esto ha generado toda esta violencia. Afortunadamente, la mayoría de los mexicanos ya decidió buscar un cambio verdadero, una transformación, eso nos tiene aquí, vamos a sacar entre todos a nuestro querido México de esta profunda crisis. Vamos a terminar con esta pesadilla, con este dolor”.

“Yo les aseguro que va a haber cambios, que no será lo mismo, no les voy a fallar, cumpliré todos mis compromisos. Siempre estaré al servicio del pueblo ¡va a haber justicia! Vamos a cambiar las cosas, no se repetirá lo mismo, cambiará lo política económica, se va a distribuir con justicia la riqueza de México, el presupuesto va a llegar a todos. Atenderemos las causas que originaron la violencia, atenderemos a los jóvenes, daremos becas, aseguraremos su ingreso a la escuela, se les va a dar trabajo a los jóvenes como aprendices para que no sean presa fácil de la delincuencia”.

“Habrá dinero para las víctimas, vamos a bajar el sueldo a funcionarios, no habrá más pensiones millonarias a expresidentes”. Incluso, dijo que el avión presidencial sería vendido y que el dinero que se obtenga sería destinado a la justicia. “La Secretaría de Gobernación atenderá sus demandas. Olga, la futura secretaria de Gobernación estará con ustedes; Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se encargará de la justicia, se encargará de encontrar a los desaparecidos”.

Por si esta desalentadora arenga no fuera suficiente, el presidente electo reconoció la ayuda de los familiares cuando ellos buscan a sus seres queridos, dijo que eso era una gran ayuda, pero que si querían ayudar más, les pedía que se unieran, que haya unidad, que se organizaran.

Señaló que si se reunían sería más fácil, pues no atendería de objetivo en objetivo a los familiares y sus colectivos, “no me daré abasto”, sentenció. Solicitó le ayuden con la organización y haya unidad, como si se tratara de un sindicato de dolientes, como si el dolor y las demandas fueran las mismas. López Obrador clamó por la democratización del dolor de las y los familiares reunidos ahí con representantes de más de 50 organizaciones.

A manera de cierre, el presidente electo sostuvo que buscaría la forma de que los mexicanos se reconcilien, buscaría la manera de conseguir la paz con justicia y con dignidad, todos deben hacer un gran esfuerzo para lograrlo. López Obrador dijo que entendía a las y los padres, que entendía su dolor, que comprendía lo difícil que había sido para ellos no estar con sus seres queridos, que entendía el amor de los padres a sus hijos, que ese era el amor más sublime, pero que, a diferencia de ellos, “a diferencia de ustedes, yo sí perdono”, sostuvo temerariamente.

Las y los asistentes chiflaron, gritaron y emplazaron al presidente electo para que retirara lo dicho, argumentaron no era lo mismo, que a él no le había asesinado, desaparecido a ningún hijo, que él no sabía, ni idea tenía de ese dolor, que no podía obligarlos a perdonar, que ellas y ellos nunca perdonarían.

López Obrador reiteró que en eso si disentía de ellos, que él sí perdonaba, pero para tratar de suavizar los ánimos, matizar lo dicho, sentenció: “eso sí, perdonar sí, pero olvidar no. Perdón sí, olvido no”.  Ese fue su planteamiento, si bien dijo respetar a las y los que dicen que no al perdón ni al olvido, “los entiendo, los comprendo, yo tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo”.

López Obrador cerró el segundo y último diálogo con las y los familiares de víctimas sosteniendo que no les iba a fallar, que les iba a cumplir, que no estaban solos, que su gobierno estará a su servicio y, como lo sostuvo en su extensa campaña electoral: “el nuevo gobierno va a ser del pueblo, con el pueblo y para el pueblo”.

Después de este segundo diálogo no hubo otro acercamiento, otra reunión ni otra conversación entre López Obrador y los familiares de las víctimas. El distanciamiento se ensanchó y encargó a Encinas la relación con los familiares de víctimas. En poco tiempo, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación centró su atención y diálogo con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, olvidando el acuerdo tomado con los representantes de, al menos, 50 colectivos de familiares y víctimas.

Ante la violencia perpetrada en el presente, el régimen de la 4T lanzó una convocatoria para que la ciudadanía participe en el fortalecimiento del proyecto llamado “Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas”. El objetivo de este proyecto consistió en involucrar las voces de la sociedad civil y la ciudadanía en la construcción de instrumentos, políticas públicas y procedimientos para la búsqueda, identificación y localización de personas desaparecidas y no localizadas, para que colaboren con la Comisión en la elaboración del Protocolo. Las autoridades sostuvieron que era una buena oportunidad para generar espacios de diálogo y retroalimentación. Aun cuando este proyecto se echó a andar y se convocaron reuniones nacionales con representantes institucionales y de la sociedad, los tiempos burocráticos, el ritmo de las instituciones encomendadas para afinar la metodología y el aparato legal, así como las demandas de los colectivos y familiares de víctimas no se empalmaron, los tiempos fueron disímbolos y pocos los avances en esa materia.

La tramitación que el gobierno de la 4T hizo en torno al pasado, sus víctimas y sobrevivientes de las atrocidades de los años 70 y 80, se dio a través de una orden presidencial: abrir al público los espacios en los que se cometieron detenciones clandestinas, tortura y desaparición forzada de personas; esta respuesta había sido ya implementada por el PAN durante su segundo sexenio en el poder.

Con la inauguración del Circular de Morelia 8 en la Colonia Roma norte, comenzó la política gubernamental de memoria. El Circular de Morelia fue el primer intento de tramitación que el gobierno del cambio implementó en relación con la denominada Guerra Sucia.

Optar por la medida memorística sin ningún tipo de justicia simbólica o restaurativa se convierte en una práctica política hueca, vacía de todo contenido. Así sucedió después de la primera transición o alternancia, ante las omisiones de Justicia Transicional, se optó por establecer el Museo Memorial 68 y, paralelamente, la apertura para la consulta pública de los archivos que por décadas estuvieron en las galeras secretas del Estado.

La Iniciativa Política de Verdad y Memoria continuó su curso, la Secretaría de Gobernación instituyó una página oficial llamada “Sitios de Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”. En esta página fue colocado el primer informe de actividades del Circular de Memoria 8, videos conmemorativos del Circular de Morelia con testimonios de sobrevivientes e hijos de desaparecidos, testimonios sobre la represión del Estado en el jueves de corpus o Halconazo, un documental intitulado “La herencia más dolorosa” en el cual se compilan testimonios de sobrevivientes de la Guerra Sucia, así como notificaciones sobre el derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia, reparación y a la no repetición.

La 4T y sus nuevos burócratas y especialistas obvian que el fenómeno tiene más de tres décadas de ser abordado y que uno de los dilemas más importantes en la agenda política de estos estudios no es la revisión o la validación, sino responderse al menos tres cuestionamientos: ¿qué recordar, para qué recordar y cómo recordar?

En esta segunda alternancia o transición política seguimos manteniendo el mismo dilema propuesto por Priscilla Hayner desde hace más de una década, la misma encrucijada en torno al pasado, al pasado presente y el presente: ¿qué se debe hacer con una historia reciente repleta de víctimas, perpetradores, cuerpos enterrados en secreto, miedo penetrante y negación oficial? ¿Acaso ese pasado debe de ser exhumado, preservado, reconocido y objeto de disculpas? ¿Cómo puede una nación de enemigos volver a reunirse y reconciliar a antiguos adversarios en el contexto de una historia violenta que muestra heridas con frecuencia terribles y aún sangrantes? ¿Qué hay que hacer con los cientos de miles de asesinos que siguen en libertad? ¿Cómo puede un nuevo gobierno evitar que esas atrocidades se repitan en el futuro? y ¿puede una sociedad construir un futuro democrático sobre la base de una historia cegada, negada u olvidada?

Hipotéticamente, se puede contestar nuevamente no. No hemos logrado responder estos cuestionamientos ni establecer un sistema de justicia adecuado a la añeja y nueva realidad mexicana, no a través de las disposiciones que el gobierno de la 4T ha implementado para enfrentar los legados de violencia, horror y dolor de los regímenes del pasado.

Vivimos en un presente en el que el proceso transicional se abrió nuevamente con la llegada de la 4T, pero se percibe en el horizonte una lejana posibilidad de concretar una transición acompañada de una justicia prolongada o definitiva. Los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado y en el presente parecen ser minúsculos ante el incremento del conflicto y la ascendente violencia que ha vulnerado sistemáticamente el estado de derecho de los mexicanos ante una justicia siempre ausente. La justicia ha sido y es una asignatura pendiente ante la impunidad y las violencias que persisten con pocas variaciones.

Tanto en el pasado como en el presente se ha pretendido tramitar el pasado desde una perspectiva monetarista de la justicia basada en el reparto equitativo de los recursos económicos. Los gobiernos transicionales o postransicionales en México han apostado por conformar un corporativismo del olvido, una forzada organización o unidad, como si se tratara de un sindicato de dolientes: se anhela democratizar su dolor y ejercer una justicia monetaria y corporativa.

Estas estrategias han romantizado también el camino a la verdad, se le aleja de todo interés político y jurídico, la experiencia de la ausencia se negocia y disemina como demanda en los espacios públicos, se descolectivizan las demandas, se individualiza a través de una excesiva monetarización.

Las tramitaciones del pasado siguen siendo un lastre para la justicia transicional y postransicional, los debates se han cerrado una y otra vez, mientras se conmina la creación de organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles para consolidar mediadores del dolor, en la que la fórmula para solucionar las demandas prioriza el papel del Estado, los mediadores civiles o no gubernamentales y el recurso económico otorgado a los familiares de las víctimas.

Esta medida económica de resarcimiento eliminará a mediano y largo plazo la categoría de desaparecido, ponderará la categoría de víctima y forjará la ilusión de una justicia a través del corporativismo del olvido. Así se va preparando el camino para consolidar un perdón sufragado.

A tres años de gobierno, el ejecutivo ordenó crear otra Comisión de la Verdad para tramitar de una vez por todas las violaciones cometidas por el Estado mexicano durante el periodo de la Guerra Sucia. Múltiples preguntas quedan en el aíre: ¿Qué hará la nueva Comisión de la Verdad para establecer justicia en el caso de la Guerra Sucia? ¿Construir otra verdad histórica? ¿Confirmará la ya establecida? ¿Retomará los debates normativos de la Justicia Transicional y Postransicional? ¿Establecerá un modelo propio, el anhelado modelo de Justicia Transicional mexicano pregonado por el presidente López Obrador? ¿Tendrá el tiempo suficiente? ¿Será esta Comisión una más de las múltiples e inconclusas Justicias Transicionales de la 4T?

* Rodolfo Gamiño es académico del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Contacto: [email protected].

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