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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Lo que preocupa es la regularidad de la ilegalidad
Nadie importó de otro país a los policías de México. No llegó al puerto de Veracruz proveniente de Groenlandia un contenedor repleto de servidores públicos o políticos. Así no ocurrió. Debemos reconocer que es nuestra sociedad la que atraviesa una profunda crisis y que cualquier medida a corto plazo para conjurar el problema es cuanto menos, ingenua.
Por Insyde
31 de agosto, 2015
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Por: Rodrigo Cepeda Viloria

Las problemáticas asociadas al crimen, las violencias y la inseguridad han escalado en poco tiempo hasta el punto más alto del ranking regional de preocupaciones ciudadanas; México no es la excepción. En la más reciente versión de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública “ENVIPE” se puede dimensionar el tamaño del problema, y es que para seis de cada diez mexicanos mayores de 18 años, el asunto que más les preocupa es la inseguridad, por encima de preocupaciones tradicionales como el desempleo y el aumento en los precios de los productos de primera necesidad.

Esta preocupación ha sido magistralmente capitalizada por los políticos de nuestro tiempo, ya que habiendo entendido lo electoralmente redituable que resulta plantear medidas que respondan de manera unidireccional a esta sensación de miedo e incertidumbre generalizada, lograron renovar una conexión que habían perdido con su electorado. Este hecho es ampliamente desarrollado en un documental de la BBC titulado “El Poder de las Pesadillas y el Ascenso de la Política del Miedo”. En los primeros segundos de éste, una voz en off acierta al sentenciar: “…En el pasado, los políticos prometían crear un mundo mejor. Tenían distintas formas de lograrlo. Pero su poder y su autoridad surgía de la visión optimista que ofrecían al pueblo. Esos sueños fracasaron. (…) Pero ahora han descubierto un nuevo rol que restaura su poder y su autoridad. En vez de repartir sueños, ahora los políticos prometen protegernos de las pesadillas”.

Ahora sabemos que la visión que dominó el diseño, la implementación y la medición del impacto de políticas en materia de seguridad pública es absolutamente perfectible; que tipificar como delito conductas que antes no lo eran, o agravar significativamente las penas con las que estas eran sancionadas, son medidas ineficaces tanto para mejorar las condiciones objetivas de seguridad, como para aliviar la creciente sensación de inseguridad en la ciudadanía. Hemos aprendido con dolor que el debido proceso es una garantía a favor de la sociedad y no solo para el presunto responsable de un delito, que el ejercicio del ius puniendi debe instrumentar también medidas que permitan aliviar las secuelas de los delitos en el tejido social de nuestras sociedades. Todas estas dolorosas lecciones nos enfrentan impostergablemente a dejar atrás el discurso belicista que impusieron los erariodependientes de elección popular; necesitamos reconstruir, redefinir y apropiar de forma colectiva una nueva definición de seguridad, pero esta vez edificada desde el ciudadano, desde sus necesidades y derechos, una visión antropocéntrica de la seguridad.

Las violencias y la delincuencia son manifestaciones dinámicas y altamente complejas como las sociedades en las que estas se enmarcan. Es cierto que no existe una solución particular que permita conjurar tales flagelos, sin embargo, mientras las iniciativas que se emprendan para este fin sean articuladas desde el desconocimiento de la heterogeneidad y multicausalidad de los factores que determinan su manifestación, todas las propuestas para hacerles frente serán (al menos en lo formal) igualmente válidas e inútiles, ya que sin un diagnóstico adecuado, cualquier tratamiento parece correcto.

Al igual que ha pasado en los demás países de la región, esta incapacidad de estructurar una respuesta institucional, efectiva y sistémica a las manifestaciones de las violencias y la delincuencia ha puesto una carga adicional en las expectativas con que se emprende la implementación de sistemas de justicia penal de corte acusatorio. México es en la región uno de los últimos países que transita a un sistema de enjuiciamiento de este tipo, y al igual que ha pasado en la mayoría de países de la región, este tránsito no solucionará por sí mismo ninguna de las condiciones adversas que motivaron su implementación. Los sistemas de justicia penal son en estricto sentido una manera de impartir justicia y, por lo tanto, la eficacia, eficiencia y efectividad de este nuevo sistema será directamente proporcional a las capacidades de quienes lo instrumentan.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal de México será tan transparente como lo sean sus ministerios públicos; tan científico, profesional y técnico como lo sean sus policías; tan expedito como lo sean sus defensores de oficio y tan ecuánime y justo como lo sean sus jueces.

Es necesario que cuanto antes humanicemos el debate. Cuando hablamos de altísimos niveles de corrupción en tal o cual institución exiliamos del debate a las personas que integran estas instituciones; es momento de establecer un debate en el que los altísimos niveles de corrupción e impunidad ya no sean analizados en “abstracto” sino en concreto, un debate que nos enfrente a una cruda realidad, y es que al final se trata de personas reales como usted y como yo. No se trata de una crisis aislada en las policías, ni en los partidos políticos, ni en los ministerios públicos, ni en el gremio docente; el problema subyace en el centro de nuestra sociedad, ya que todos ellos son nuestros vecinos, son nuestros amigos, son nuestros hermanos y familiares, somos nosotros mismos. Nadie importó de otro país los policías de México, no llegó al puerto de Veracruz proveniente de Groenlandia un contenedor repleto de servidores públicos o políticos, así no ocurrió. Debemos reconocer que es nuestra sociedad la que atraviesa una profunda crisis y que cualquier medida a corto plazo para conjurar el problema es cuanto menos, ingenua.

El problema que subyace a una ilegalidad tan cotidiana como la que padecemos es que además de las múltiples adversidades planteadas en las líneas precedentes, además de la aberrante impunidad y la rampante corrupción, esta forma cotidiana en que nos relacionamos con la ilegalidad se inserta a tal punto en nuestro día a día que empieza a ser invisible, no genera rechazo en la sociedad y tampoco en las autoridades. ¿Acaso no estamos violando disposiciones de los códigos de tránsito y vialidad cuando nos estacionamos en doble fila en plena vía pública? ¿No habrá un concurso heterogéneo de delitos cuando los gobernadores dilapidan recurso público en sus informes anuales de “gestión” y utilizan estos como instrumento de posicionamiento de imagen? ¿No se tratará de una violación grosera a los más elementales Derechos Humanos (sí, con mayúsculas) cuando se incomunica de forma ilegal por días y semanas a un “indiciado”? ¿No incurrió en el delito de intervención ilegal de conversaciones telefónicas quien filtró a los medios un audio en el que un servidor público hablaba de las Crónicas Marcianas del INE? ¿No estaremos frente a una violación institucional de los más elementales preceptos de debido proceso y presunción de inocencia, cuando sin haber iniciado un proceso y sin expectativas de una sentencia condenatoria las autoridades exhiben públicamente a los “presuntos” responsables de un delito?

Seguramente usted también tendrá un dossier de tópicos que agregar a esta lista, conductas cotidianas que encuadrando perfectamente en disposiciones penales no reciben sanción alguna, una dinámica de surrealismo normativo. Hace unos días una buena amiga que trabaja en la UNAM, en medio de un coloquio de Derechos Humanos, afirmaba que lo que le preocupa de la situación por la que atravesamos es la regularidad de la ilegalidad. A mí en cambio lo que me angustia es la incapacidad de la autoridad y nuestra indolencia como sociedad.

 

* Rodrigo Cepeda Viloria es colaborador de la DIAP de @InsydeMx.

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