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Los derechos humanos, ¿fueron algún día “humanos”?
En el fondo no hemos superado el planeamiento, más o menos confuso, de la Declaración francesa: los derechos son del hombre (podríamos extenderlo al ser humano) en tanto que ciudadano, nacional del país.
Por Francesc Guillén Lasierra
15 de junio, 2020
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Tradicionalmente, la mayoría de les declaraciones de derechos elaboradas en diversos momentos revolucionarios tuvieron pretensión de universalidad. Así, la declaración de derechos de Virginia en el año 1776, (que luego inspiró las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América del Norte, que constituyen su declaración de derechos), así como la declaración de derechos del hombre y del ciudadano aprobada por la asamblea francesa en 1789, situaban al “hombre” como especie, como titular de los derechos en ellas reconocidas. Todas ellas eran “iusnaturalistas”, los derechos eran preexistentes y, por lo tanto, las asambleas correspondientes no los creaban, sino que los declaraban, se hacían eco de algo ya existente e inherente a la naturaleza humana.

Es cierto que el “hombre” al que hacían referencia todos esos textos en la práctica no se refería a la especie humana, sino a los “hombres”, quedando las mujeres excluidas, sino de todos al menos de parte de los derechos en ellas reconocidos. En todo caso la realidad social hacia impensable un ejercicio efectivo de tales derechos o de la igualdad proclamada por parte de las mujeres. Siglo y medio después en el año 1948, una vez concluida la flagrante y masiva violación de derechos que significó la segunda guerra mundial y algunos regímenes que la precedieron, la Declaración de Derechos de Naciones Unidas intentó clarificar este ámbito utilizando términos como “seres humanos” o “toda persona” como sujetos de los derechos allí reconocidos, con lo que la inclusión de las mujeres era evidente (al menos teóricamente). Este texto, además, añadió el adjetivo “universal” a estos derechos para poner aún más énfasis en el rechazo a cualquier limitación territorial, étnica o nacional a los mismos.

El amplio movimiento pro derechos que se impulsa en la segunda postguerra intentó promover esta idea de universalidad. Aunque el texto no era un tratado internacional en sentido jurídico y no obligaba a todos los ordenamientos jurídicos de los estados miembros, sí que establecía un vínculo político, un objetivo a conseguir. Así, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, aprobado en Roma el año 1950, sigue este planteamiento ecuménico de los derechos en él reconocidos, obligando, este sí, a los estados adheridos a su garantía y protección. Utiliza el término “persona” como titular de los derechos, incluyendo así tanto el género masculino como el femenino y cualquier nacionalidad o étnica posible. Siempre que el infractor sea un estado miembro del Convenio, la nacionalidad de la víctima es irrelevante. No se aplica únicamente a los ciudadanos de los estados miembros sino a cualquier persona. La misma línea fue seguida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) el año 1969. Los derechos seguían siendo de titularidad de la “persona” y no del “Hombre” ni de los “ciudadanos” (terminología frecuentemente utilizada para designar a los titulares de derechos políticos en un país determinado (los nacionales).

La idea de la existencia de unos derechos universales fue un argumento mundialmente utilizado en campañas internacionales tanto de apoyo o de condena a regímenes particulares como para intervenciones militares o de organizaciones internacionales. A nivel más interno, todo el proceso de reconocimiento de derechos civiles en los Estados Unidos de América estaba inspirado en el carácter ecuménico de los derechos. En el ámbito internacional, podríamos citar el caso de la dictadura de Pinochet en Chile, la persistente campaña anti-Cuba en los EEUU, el movimiento contra el Apartheid en Sudáfrica, la crítica a la intervención de los Estados Unidos en Vietnam, el derrocamiento del Sha de Persia o más tarde la intervención incluso militar en los múltiples conflictos en los Balcanes (antigua Yugoslavia). Lo mismo ocurrió en el creciente apoyo internacional a la lucha contra determinados grupos terroristas, tipo ETA, IRA o Sendero Luminoso. Estos grupos eran condenables formalmente porque no respetaban los derechos humanos y no por sus objetivos políticos.

Es cierto que en muchos de los casos citados no faltaban los que ponían sobre la mesa que los derechos humanos sólo eran la excusa para influir en determinados espacios geopolíticos alterando los equilibrios preexistentes. El caso más claro era el de los Balcanes, en que la Unión Europea y los Estados Unidos de América deseaban recuperar esferas de influencia occidental en perjuicio de la presencia rusa. Evidente fue también el enorme apoyo armamentístico de los EEUU a los rebeldes afganos en su lucha contra el invasor soviético en los años ochenta. Se invocaba el derecho de resistencia al invasor para justificar el apoyo, cuando en realidad había una lucha geoestratégica de carácter político. En todo caso, la utilización del argumento de los derechos humanos, aunque fuera interesada, mantenía el argumento teórico del carácter ecuménico de los derechos.

Las posteriores emigraciones masivas han comenzado ya a poner en la picota la internacionalización de los derechos. Cada vez más numerosas personas, sin rechazar el término “derechos humanos”, sólo se plantean en la práctica su aplicación a los nacionales. Los movimientos migratorios que se generalizaron en las últimas décadas del siglo pasado cambiaron el paisaje de muchas ciudades de todos los continentes. En un tiempo muy corto ciertos espacios de las grandes ciudades pasaron a ser ocupados casi mayoritariamente por personas pertenecientes a otras culturas, religiones, nacionalidades y etnias. En la inmensa mayoría de los casos, se trataba de inmigración económica, de personas con pocos recursos que emigraban en busca de un futuro mejor porque vivían en realidades con recursos muy precarios.

En un primer momento, ya hubo personas que tuvieron dificultad para digerir la mutación poblacional de sus lugares “de siempre”, que les implicaba un sentimiento de extrañeza en los que ellos consideraban su casa y que les obligaba a convivir con otros hábitos y maneras de hacer las cosas. Rápidamente llegaron las tradicionales acusaciones contra los emigrantes: ser la causa de cualquier incremento de la criminalidad. De todas maneras, la bonanza económica, que atraía a la inmigración, más el discurso institucional, frecuentemente integrador, facilitó que los conflictos no rebasaran los límites de la convivencia posible.

Con el tiempo, la revolución tecnológica, la deuda de los estados y las crisis económicas sacaron de la situación de confort a los nacionales en posiciones más vulnerables, llevándoles incluso a situaciones de necesidad y se encontraron con la competencia de los emigrantes a la hora de recibir apoyo del Estado. No porque se tratara de emigrantes, sino porque muchos de estos estaban en una situación económica más precaria y, por razones de justicia, tenían que pasar por delante de ellos a la hora de recibir el apoyo del Estado. Los factores mencionados provocaron recortes en los servicios públicos, tanto de salud como educativos, con lo que una parte de estos servicios dejaron de prestarse por parte del poder público y pasaron al sector privado o bien se organizaron colas de espera tan largas que hacían recomendable buscar vías alternativas, aunque resultaran más costosas. De nuevo los emigrantes, económicamente en situación más precaria eran los que eran atendidos por las escuelas y los hospitales públicos.

Las recientes crisis políticas en Siria y algunos países africanos no han hecho sino complicar la situación al provocar una gran masa de desplazados en busca de refugio político básicamente en Europa. Todo esto ha facilitado que en diferentes lugares progresivamente se alzaran voces que pidieran denegar el acceso a ciertos derechos por parte de los no nacionales e incluso que exigieran el cierre de fronteras y que implícitamente apoyaran el trato discriminatorio y vejatorio contra miembros digamos de etnias extranjeras (las agresiones a extranjeros no han sido infrecuentes en algunos países euroeos). Se ha escrito mucho argumentando que este fenómeno lo han provocado grupos de extrema derecha para obtener rédito político y empezar un proceso de regresión al autoritarismo. Seguramente es verdad, pero si esto ha sucedido es porque en el subconsciente de mucha ciudadanía está presente la idea de que los derechos deben existir, sí, pero para los “nuestros”, para los miembros de nuestra comunidad. Como mucho los “externos” pueden acceder a ellos si quedan recursos, nunca por delante de los “de casa”. Por ejemplo, si un nacional necesita un servicio sanitario en ningún caso debe pasar por delante un inmigrante por mucho que esté en una situación de mayor necesidad y le correspondiera en justicia. Uno se puede quedar sorprendido oyendo este argumento en personas de un nivel cultural digno y que en otros ámbitos tienen ideas que se pueden calificar como “abiertas” o “progresistas”. Por desgracia, todo este fenómeno de negación de derechos del extraño no es propiedad exclusiva de ningún país o grupo social. Ciudadanos cuyos nacionales han sido discriminados en el extranjero (o en el mismo país) excluyen a los venidos de fuera (encontramos ejemplos de ello en España, Italia, Sudáfrica o México). Es decir, si las ideas excluyentes triunfan es porque, en el fondo, el concepto universal de derechos humanos no es nada más que un concepto abstracto, teórico, que sobre el papel es aceptable (porque es difícil rebatirlo), pero no cuenta con la interiorización de buena parte de la población.

La pandemia actual del Covid19 posiblemente va a fortalecer esta perspectiva, ya que el virus (excepto en el caso de China) viene de fuera, y como medida protectora prácticamente todos los estados han cerrado sus fronteras a la entrada de extranjeros. Aunque sanitariamente está justificado, promueve la idea de que hay que proteger a los de dentro de los externos.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que la idea de “derechos humanos” es mucho mas un desiderátum que una realidad. Bien, para muchos no es ni un desiderátum, sino una idea reprochable que nos vuelve vulnerables con los ajenos al grupo que se pueden considerar iguales a nosotros. Por lo tanto, tendríamos que ser conscientes que el concepto que sí que tiene más interiorización es el de “derechos de los ciudadanos”, entendiendo por tales los derechos de los nacionales del país. Es decir, en el fondo no hemos superado el planeamiento, más o menos confuso, de la Declaración francesa, los derechos son del hombre (podríamos extenderlo al ser humano) en tanto que ciudadano, nacional del país. Los que no tienen esta cualidad tienen un estatuto muchísimo más disminuido y, en todo caso, sujeto a muchos condicionamientos. Como especie humana no hemos avanzado tanto, algo más como ciudadanos. Los derechos humanos siguen siendo un objetivo lejano. Tengámoslo presente.

* Francesc Guillén Lasierra es jurista, criminólogo y estudioso de las políticas públicas. Profesor-investigador de la Universitat Autonòma de Barcelona y la Universitat Oberta de Catalunya.

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