Los desafíos de la sociedad civil en contextos de violencia. Lecciones desde Michoacán. Parte I - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Los desafíos de la sociedad civil en contextos de violencia. Lecciones desde Michoacán. Parte I
En Michoacán, los vínculos y cohesión social se han fracturado a nivel comunitario de forma dramática, exacerbando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad de las víctimas.
Por Salvador Maldonado Aranda
5 de octubre, 2020
Comparte

En México estamos transitando por tiempos muy contradictorios relacionados con la violencia y la manera de hacerle frente a la inseguridad. Si en el pasado inmediato las exigencias por justicia y garantías de protección para organizaciones civiles, activistas y líderes locales no eran tomadas en cuenta, actualmente la situación parece empeorar. La falta de apoyos para colectivos de familiares de víctimas, organizaciones contra la violencia de género, programas de protección a periodistas y activistas, falta de garantías para numerosas organizaciones que trabajan contra el feminicidio son algunas cuestiones que deberían formar parte de una política integral para revertir los efectos crónicos de la violencia y el crimen. Sin embargo, las expectativas que se habían formado muchas organizaciones civiles están derrumbándose por innumerables recortes, falta de política pública, reformas a la justicia y por la propia polarización exacerbada desde algunas esferas del gobierno, aduciendo clientelismos y corrupción.

En este espacio quiero reconstruir parte de la situación que viven algunas organizaciones locales frente a la reproducción de la violencia, con la esperanza de comprender en qué circunstancias diversos colectivos y asociaciones participan y se enfrentan a situaciones difíciles. Este texto forma parte de los resultados de un retador proyecto de investigación interinstitucional e interdisciplinario que tuvo como objetivo evaluar las capacidades de las organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos en contextos de violencia, durante los años 2016-2019. Nos interesó contextualizar e identificar iniciativas ciudadanas que demostraran cierto potencial para interrumpir la insistente reproducción de la injusticia y reorientar las prioridades y estrategias de las instituciones para una mayor atención a las problemáticas relacionadas con la violencia e inseguridad. Al ver que las políticas de las propias instituciones oficiales y organizaciones civiles nacionales e internacionales han tenido un efecto limitado, quisimos entender y evaluar las iniciativas que surgen desde dentro de las propias regiones y sus localidades, a donde la violencia toma lugar y cuerpo.

La investigación se llevó a cabo en seis regiones de Michoacán de diversas características socioeconómicas y políticas, después de intervenciones oficiales de pacificación por la violencia del crimen organizado y el levantamiento armado de autodefensas. En una de ellas que trabajé con otro colega: Morelia y zona conurbada, concentrándonos en cómo organizaciones civiles han combinado tácticamente la movilización sociolegal y política con el uso del espacio público para promover sus objetivos. El foco aquí está en las experiencias de organizaciones que enfrentan formas muy diversas de vulnerabilidad a la violencia. Estas incluyen esfuerzos para buscar alguna forma de justicia en relación con las desapariciones forzadas, violencia de género (VG) con un enfoque en la violencia contra mujeres y niñas (VGMN), y vulnerabilidades específicas al abuso físico que enfrentan trabajadoras sexuales.

Esta contribución está dividida en dos partes. En la primera presentaremos un breve contexto y las organizaciones con que trabajamos por cerca de un año; en la segunda parte se realizará una evaluación general con recomendaciones específicas sobre la importancia de seguir trabajando desde la sociedad civil para empujar procesos de cambio.

Rasgos claves de la violencia en Michoacán

La violencia en Michoacán tiene su forma más expresiva en forma de desapariciones forzadas, secuestros, torturas y violencia física y sexual. La protección contra la violencia y el acceso a la justicia es inalcanzable para la mayoría de las víctimas, tal como podemos observar en el siguiente cuadro sobre la Cadena de Impunidad en el estado. La violencia está arraigada en legados más amplios de agitación política e institucional y en la economía agroindustrial y minera regional. Esto, a su vez, interactúa con economías ilícitas, incluido el tráfico de drogas y actividades delictivas relacionadas, creando patrones únicos de interconexión entre el crimen organizado y la captura y penetración del poder político, los mecanismos de justicia y seguridad a nivel estatal. Los vínculos y cohesión social se han fracturado a nivel comunitario de forma dramática, exacerbando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad de las víctimas.

Fuente: Elaboración propia con base en el Índice Global de Impunidad IGI-México 2018.

Historias de cambio: movilización sociolegal en respuesta a la violencia

En este contexto, los tres grupos analizados aquí (familiares de víctimas de desapariciones forzadas, sobrevivientes de VG y trabajadoras sexuales) han recurrido a diversas formas de movilización sociolegal y política encaminadas a buscar reparación, protección o reconocimiento de la vulnerabilidad pasada y actual a la violencia. Tales estrategias son la expresión de la agencia tanto individual como colectiva, a veces conducidas como una de múltiples estrategias, y a menudo como actos impulsados ​​por la desesperación más que por grandes esperanzas de éxito.

1. Familiares de víctimas de desapariciones forzadas

Michoacán tiene una larga historia de desapariciones forzadas. Estos incluyen desapariciones resultantes de ciclos más antiguos de violencia política y casos más recientes a manos del crimen organizado. Familiares de víctimas de desapariciones forzadas utilizan varios medios de movilización sociolegal, incluida la colaboración con los cuerpos de seguridad, que a veces dan lugar a la activación de procesos de investigación, perseverancia en las investigaciones judiciales, establecimiento de redes entre las asociaciones locales de familias de víctimas a nivel estatal, con organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, trabajando con iniciativas destinadas a alterar la condición jurídica de las personas desaparecidas y los procedimientos de investigación relacionados.

Los esfuerzos de movilización varían en su sofisticación organizacional, que van desde acciones más estructuradas basadas ​​en las experiencias de justicia transicional hasta menos esfuerzos organizados para encontrar a sus familiares. Sin embargo, comparten objetivos similares. Ante todo, les impulsa la necesidad de encontrar familiares desaparecidos, con suerte vivos, pero si no al menos localizar el cuerpo de la víctima. En segundo lugar, existe la aspiración de lograr alguna forma de justicia estableciendo el reconocimiento oficial a través de procesos judiciales de la violencia cometida y responsabilidad de los perpetradores. En tercer lugar, existe el deseo de dar visibilidad a la injusticia y denunciar la ineficacia de las autoridades gubernamentales, judiciales y policiales.

Los familiares de las víctimas buscan reparación y el establecimiento de la verdad, pero generalmente con pocas expectativas de éxito. También se encuentran con múltiples obstáculos, que van desde la estigmatización hasta las tácticas deliberadas de ocultamiento por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley involucrados en procedimientos judiciales y de investigación. El efecto de la complicidad de todo el sistema, combinado con las brechas de capacidad básica en la provisión de justicia y seguridad, es silenciar a las familias y, en la práctica, los esfuerzos de movilización han tenido que funcionar de manera clandestina, incluso para abordar los riesgos de represalias y la mayor vulnerabilidad de los miembros de la familia.

2. Organizaciones que abordan la VG y la VGMN

Los niveles de feminicidio y desapariciones forzadas entre mujeres son extremadamente altos. La experiencia de género de la violencia relacionada con el crimen da como resultado patrones particulares de vulnerabilidad de mujeres y niñas al feminicidio y la violencia interpersonal. Esto está relacionado con desigualdades de género profundamente arraigadas y normas sociales discriminatorias. Varias organizaciones en Michoacán están trabajando para abordar diversas formas de VG y VGMN a través de estrategias legales y otras formas de movilización relativamente bien establecidas. Las estrategias de movilización sociolegal incluyen brindar seguridad y refugio a sobrevivientes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad; acompañan a sobrevivientes de violencia de género; invierten en capacidades y sistemas de denuncia independientes y gestión de datos sobre el feminicidio y la violencia de pareja íntima; monitorean y rastrean la progresión del caso a través del sistema de justicia; brindan apoyo a los procesos de cambio legal, incluso mediante el cabildeo político y la sensibilización, y el apoyo a la cadena de justicia para mejorar las capacidades de los órganos de enjuiciamiento, justicia y aplicación de la ley; además, acompañan evaluaciones legales para reconocer y distinguir explícitamente entre varias formas de VG y establecer las correspondientes medidas punitivas contra los perpetradores.

Los objetivos compartidos entre varias organizaciones incluyen transformar las normas sociales que sostienen y reproducen las prácticas de VG y las creencias sobre su aceptabilidad; poner fin a la impunidad, tanto de los autores como de los funcionarios cómplices de seguridad y justicia; mejorar la calidad de la protección y la justicia para las sobrevivientes que de otro modo sería hostil, incluso mediante formas directas de protección a las mujeres en riesgo. Estos esfuerzos enfrentan desafíos y limitaciones similares a los que enfrentan los familiares de víctimas de desapariciones forzadas. Aparentemente, hay una ofuscación menos deliberada de la gestión de casos en relación con la VGMN, pero la resiliencia de las normas sociales que militan en contra de tomarse en serio la VGMN es un problema difícil, exacerbado por una cultura de masculinidad dentro de los grupos del crimen organizado que es altamente permisiva con la VGMN.

3. Empoderamiento legal de las trabajadoras sexuales

Las trabajadoras sexuales situadas en Morelia son altamente vulnerables a la extorsión, clientelismo, detención arbitraria por parte de la policía y la violencia a manos de clientes y cuerpos de seguridad. Estos riesgos se ven agravados por las horas de trabajo que mantienen, el trabajo en sí y las normas sociales imperantes en torno a su trabajo. Sus derechos sociales y laborales no se reconocen, lo que las hace aún menos seguras. Las trabajadoras sexuales han estado organizadas durante casi 15 años. Sus estrategias de movilización sociolegal recurren a discursos de derechos humanos y el uso directo de representación y asesoría legal profesional para protegerse. Sus objetivos se centran en obtener reconocimiento legal de su condición de trabajadoras y, por tanto, su derecho a prestaciones sociales; garantizar la seguridad de no extorsión y la protección de la policía y la violencia de los clientes, así como poner fin a las detenciones arbitrarias. Por tanto, sus reclamos también son una cuestión de derechos laborales. Los logros han sido modestos pero concretos, incluida la obtención de la identidad legal como asociación de trabajadoras. Esto ha permitido que la asociación se convierta en un interlocutor reconocido con la policía, junto con un mejor acceso a los servicios sociales, como la provisión de alimentos del Ayuntamiento de Morelia en tiempos electorales.

Como se puede desprender de esta breve contextualización de los principales logros y limitaciones de las organizaciones civiles es que, a pesar de innumerables obstáculos en torno al acceso a la justicia, éstas siguen trabajando incansablemente por un reconocimiento del derecho a tener derechos en una época de profunda precariedad jurídica y social hacia el ciudadano común. 

* Salvador Maldonado Aranda es Profesor investigador de El Colegio de Michoacán. Especialista en temas de violencia, seguridad y crimen.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.