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Los desafíos de la sociedad civil en contextos de violencia. Lecciones desde Michoacán. Parte II
El caso de Michoacán proporciona evidencia para que las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales apoyen con evidencia empírica y realista el fortalecimiento de las capacidades sociales frente a formas extremas de violencia.
Por Salvador Maldonado Aranda
12 de octubre, 2020
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En la primera parte publicada la semana pasada en este espacio, presentamos los principales logros y limitaciones de organizaciones civiles que, a pesar de innumerables obstáculos en torno al acceso a la justicia, siguen trabajando incansablemente por un reconocimiento del derecho a tener derechos en una época de profunda precariedad jurídica y social hacia el ciudadano común. En esta sección queremos realizar una evaluación general de las lecciones que podemos aprehender de muchas organizaciones civiles locales, su expertise adquirido en medio de la violencia del crimen e institucional, con el fin de sensibilizarnos de las grandes hazañas y logros que, aunque pequeños, muchas organizaciones están brindándonos en un momento en que se necesita de profunda empatía si queremos que las cosas cambien aunque sea un poco.

Logros de la movilización sociolegal

Tal como hemos visto en la parte I, organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas, violencia de género y trabajadoras sexuales han venido trabajando en pequeños pero significativos proyectos e iniciativas que contribuyan a obtener un poco de justicia. En un contexto de violencia estructural e institucional, ausencia de un Estado de Derecho e impunidad arraigada, es muy poco probable que se produzcan avances sustantivos en la protección de los derechos, la rendición de cuentas y la reducción de la violencia. No obstante, las experiencias de las estrategias de movilización sociolegal contienen lecciones importantes sobre cómo los logros modestos, pero importantes son posibles frente a la adversidad y las formas extremas de violencia. Estos son igualmente relevantes para entornos afectados por conflictos y por altos niveles de delitos violentos. Podemos resumir algunas experiencias compartidas de varias organizaciones civiles que actúan cotidianamente enfrentando muchos obstáculos en sus anhelos de justicia.

  • Se ha avanzado en la visibilidad de experiencias específicas de violencia, la impunidad y la complicidad en mayor escala, lo que ha creado ciertas solidaridades entre organizaciones de escala regional y nacional.
  • Cuando se realizan esfuerzos deliberados para negar las situaciones de violencia, lograr cualquier reconocimiento de ello y de la difícil situación de los sobrevivientes en su diálogo con las burocracias estatales o los funcionarios de justicia y seguridad, puede en sí mismo constituir un empoderamiento. La movilización sociolegal ayuda a dar contenido al ejercicio de al menos alguna forma de voz legal y pública.
  • Una mayor visibilidad de las culturas de impunidad puede crear desafíos para la reputación de los funcionarios gubernamentales y estatales. Esto puede ayudar a establecer restricciones y controles en el ejercicio de los cargos públicos, incluso en ausencia de garantías y compromisos institucionales para abordar la violencia y el acceso a la justicia.
  • Los cambios concretos en las reglas del juego que distinguen la impunidad e injusticia contribuyen a reformular las narrativas sociales de la violencia, la injusticia y la discriminación, y ayudan a exponer una impunidad que de otro modo quedaría incuestionable. Un mejor registro de las desapariciones forzadas, iniciativas de declaración de ausencia, declaraciones oficiales de Alerta de Violencia de Género en municipios específicos, un mejor seguimiento y tipificación del feminicidio y una mayor conciencia sobre la violencia de género, además de las medidas para prevenir el arresto arbitrario y la extorsión de las trabajadoras sexuales constituyen un progreso fragmentario pero significativo.
  • Estos logros a su vez abren canales de comunicación con burocracias estatales previamente cerradas, creando en algunos momentos de espacios de diálogo, negociación y contestación de prácticas que atentan contra el acceso a la justicia.

Habilidades y capacidades

Estos logros no pueden explicarse a través de la lente de los enfoques normativos para promover el cambio legal formal, o la sensibilización en torno a los derechos formales. Más bien, la eficacia de las estrategias de movilización sociolegal depende del grado en que estén ancladas en una amplia gama de habilidades y capacidades, y cómo utilizan las oportunidades que presenta el contexto específico.

  • La movilización sociolegal es efectiva cuando se sustenta en modos políticamente estratégicos de compromiso con las estructuras de poder. Esto incluye la capacidad de implementar enfoques tácticos para cabildear y negociar con agentes de poder, identificar a los defensores del cambio y desarrollar coaliciones, redes y asociaciones estratégicas. Esto requiere un conocimiento profundo de las personalidades e intereses de los actores políticos en un contexto dado que las organizaciones han desarrollado para sus fines.
  • El recurso táctico al discurso de los derechos humanos por parte de organizaciones de base, incluso mediante alianzas estratégicas con redes regionales, nacionales e internacionales, puede ayudar a desafiar las normas sociales imperantes que reproducen la estigmatización, la exclusión social y la discriminación y perpetúan la violencia y la vulnerabilidad.
  • El conocimiento técnico importa. Esto incluye comprender, no solo la ley formal y los mecanismos procesales, sino también las reglas informales que gobiernan las complejas capas de la burocracia y las habilidades para navegar por ellas y negociar los resultados.
  • Esto es importante precisamente porque los esfuerzos para proteger la impunidad son especialmente hábiles en el uso de la confusión y la obstrucción burocráticas. El conocimiento de las diferentes formas de recopilación y análisis de datos contribuye al potencial empoderamiento de las estrategias de movilización sociolegal.

Los límites de la movilización sociolegal

En la práctica, es importante mantener bajo control las expectativas de lo que se puede lograr mediante la movilización sociolegal, y dentro de lo que es políticamente posible dadas las asimetrías de poder e intereses prevalecientes. Las limitaciones señaladas aquí reflejan estas barreras estructurales para el cambio a través de la voz y las agencias sociolegales de abajo hacia arriba. Otras limitaciones tienen que ver con la falta de redes organizativas internacionales, dado que pocas organizaciones locales tienen acceso a ellas.

  • Un desafío clave radica en la fragmentación de intereses entre los actores sociales estudiados, a pesar de que enfrentan niveles similares de violencia. Esto limita su capacidad para hacer un uso eficaz de las estrategias de movilización sociolegal.
  • La insuficiencia de recursos, tiempo y experiencia socavan las perspectivas de un activismo sociolegal sostenido y eficaz.
  • El cambio es desigual y susceptible de retrocesos y no se puede suponer un progreso acumulativo. Más bien, las culturas dominantes de impunidad y las estructuras de interés asociadas reducen el alcance de la denuncia para alterar fundamentalmente los incentivos o cambiar el comportamiento.
  • Finalmente, el progreso en la voz jurídica, las habilidades políticas o el conocimiento técnico de las organizaciones en cuestión corre el riesgo de desencadenar nuevas tácticas de obstrucción y enredos burocráticos en la cadena de justicia. Estos deben ser previstos y anticipados.

Recomendaciones

A medida que la comunidad nacional e internacional defiende la necesidad de tomar en serio enfoques “centrados en las personas” para abordar la violencia y de evitar organizaciones paraguas que invisibilizan los verdaderos esfuerzos de líderes y asociaciones locales que cotidianamente se enfrentan a riesgos de obtener acceso a la justicia, es necesario construir bases de pruebas sobre el papel de las estrategias de movilización sociolegal, sus méritos y limitaciones, como uno de los muchos otros recursos que tienen las víctimas, sobrevivientes y comunidades vulnerables. El conocimiento permanece aislado en los contextos de conflicto y violencia criminal, de la misma forma en que las evidencias forenses y jurídicas se pierden en la inmensidad de los trámites burocráticos, por lo que es necesario construir documentaciones, así sea para conservarlos en lugares privados mientras esperan mejores momentos para la memoria histórica.

El caso de Michoacán proporciona evidencia para que las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales apoyen con evidencia empírica y realista el fortalecimiento de las capacidades sociales frente a formas extremas de violencia. Podemos resumir unas cuantas recomendaciones que arrojó un estudio cercano e íntimo con diversas organizaciones civiles que buscan enfrentar y cambiar sus entornos de vulnerabilidad.

  • El apoyo debe apuntar a reforzar las fortalezas organizacionales y las capacidades estratégicas de las respuestas orgánicas existentes a la violencia relacionada con el crimen y la violencia institucional, en lugar de crear nuevas ONG´s u organizaciones de la sociedad civil, basando sus esfuerzos en un conocimiento profundo de las economías políticas regionales de la violencia.
  • Los esfuerzos para fortalecer la seguridad y protección de los grupos e individuos vulnerables pueden tomar varias formas, que incluyen: proporcionar acompañamiento básico y reconocimiento, incluso a través de plataformas internacionales estratégicas y cabildeo, para maximizar la visibilidad de la violencia, el riesgo y la vulnerabilidad, y la provisión de protección.
  • Facilitar y apoyar redes estratégicas entre organizaciones de base y redes de la sociedad civil y trabajar a través de líneas subnacionales, urbanas / rurales. Esto incluye dar espacio para que las organizaciones de base y las poblaciones afectadas establezcan prioridades y agendas, de manera que se adapte a la diversidad, al tiempo que incentiva los objetivos compartidos y las estrategias comunes para contrarrestar la violencia y la captura y complicidad del estado.
  • Facilitar, en la medida de lo posible, coaliciones estratégicas con defensores de la reforma en diferentes niveles del estado, cuerpos de aplicación de la ley y organismos de cambio legal.
  • Priorizar el monitoreo continuo de las condiciones de violencia y vulnerabilidad (que a menudo cambian rápidamente) para garantizar que las intervenciones no puedan causar daño y reducir los riesgos de represalias y reacciones violentas.
  • El apoyo debe permitir capacidades y agendas con base local, no sofocar el trabajo de movilización sociolegal a través de respuestas predefinidas basadas en soluciones.
  • Se debe apoyar el conocimiento y la documentación de experiencias producidas localmente. Esto sigue siendo una debilidad importante en los esfuerzos internacionales y nacionales para apoyar la movilización sociolegal, que siguen siendo de arriba hacia abajo y excesivamente normativos.

La lección central de esta investigación sobre la violencia a ras de suelo es que muchas organizaciones civiles contra la violencia están trabajando incansablemente por cambiar la situación actual, pero sería más rápido y efectivo si el poder público se pusiera de su lado y no estigmatizara sus esfuerzos incansables. Es necesario aprehender de sus esfuerzos, contradicciones y experiencias si no queremos seguir reproduciendo el círculo vicioso de la impunidad en nombre de la justicia.

* Salvador Maldonado Aranda es Profesor investigador de El Colegio de Michoacán. Especialista en temas de violencia, seguridad y crimen.

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