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Los “ejércitos” de México hoy
El tratamiento gubernamental ante la criminalidad reducida a los “abrazos, no balazos” ha tenido tantas consecuencias que, incluso, están afectando gravemente la funcionalidad de las fuerzas armadas.
Por Erubiel Tirado
18 de octubre, 2021
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Para Harumi, por su aniversario tan

significativo como su confianza en el futuro.

 

Para Miguel Ángel Granados Chapa, a diez

años de ausencia… y de necesidad de su palabra.

 

 

En 1995 el gobierno de Ernesto Zedillo traicionó su palabra mientras efectuaba negociaciones con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que había encabezado una rebelión indígena significativa en el sureste mexicano un año antes. Mientras se afinaban los términos de un diálogo reservado solo entre ciertos interlocutores de la Secretaría de Gobernación (entonces a cargo del ahora embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma), el aparato de seguridad e inteligencia, tanto civil como castrense, hacían acopio de información y preparativos para un golpe de debilitamiento político y militar del EZLN en aras de contrarrestar la presencia mediática y legitimación que le había arrebatado la insurgencia al gobierno y a sus sectores de mano dura. Se trataba de desenmascarar al subcomandante Marcos (“Galeano”, desde 2014) junto con su identidad y trayectoria. Parte de esta estrategia comprendió una sigilosa e importante movilización de tropas en la selva chiapaneca, incluyendo la frontera con Guatemala y Belice, que tuvo como objetivo la recuperación y fortalecimiento de la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en zonas bajo el control y/o influencia zapatista.

La Sedena y la justificación soberanista (1995)

En aquel año, la propia Sedena expresó oficialmente que la movilización y nuevo emplazamiento de tropas en la “zona de conflicto” insurgente era en cumplimiento de su función constitucional de defensa y reivindicación de la “soberanía del territorio nacional” que se estaba perdiendo al permitir la coexistencia de un grupo armado que mantenía “control” parcial del país: la dimensión o extensión de dicho control era lo de menos, el punto medular de la justificación era la recuperación de dominio (soberano) con el instrumento de Estado por excelencia, el ejército. De esta manera, los sectores duros de la milicia cobraron, a su manera, su primera venganza sobre la humillación sufrida un año antes cuando les dieron la orden presidencial del repliegue y de no aniquilar a un levantamiento indígena mal armado y peor preparado militarmente (el resto de la venganza castrense adquirió características dictatoriales dos años después con la matanza de Acteal al permitir y/o armar grupos paramilitares).

En el subtexto de la narrativa militar de estos hechos, desde los días del levantamiento zapatista y el reconocimiento político y social que tuvo en sus señalamientos como “ejército”, estaba la ira de la Sedena que no disimulaba su enojo replicando, con cierta razón legal, que, como tal, (ejército) solo había uno en México.

La Sedena milenarista (2021)

La referencia al argumento de la soberanía en el contexto descrito es relevante ahora que, en el desarrollo de la transformación política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su impulso militarista, ha permitido a la Sedena emprender un ambicioso proceso de empoderamiento legal e institucional (13 de agosto) que hará difícil, sino es que imposible, el control civilista sobre ella y sus mandos castrenses. En las formas, como ya es costumbre ahora en el comportamiento ilegal de la Sedena que oficializa acciones o decisiones ex post (como el reclutamiento para la integración de la Guardia Nacional que comenzó en enero de 2019, varios meses antes de que se creara constitucionalmente el nuevo organismo de seguridad), desde la primavera de este año tanto los vehículos verde olivo de la dependencia como todo instrumento o material militar expuesto, fueron marcados anticipadamente con las señas de identidad que se formalizarían en el verano: “Ejército mexicano”.

En los hechos, con esta leyenda y en sus discursos retóricos, se reconoce de facto como una instancia militar oficial que, junto con la Marina, coexiste con otros entes armados. De modo involuntario la soberbia institucional de la Sedena da un salto retrógrado a sus propios señalamientos y convicciones públicas y políticas de 1994-95, negándose la función constitucional que por definición debe asumir. Antes, ejército solo era el de la Sedena (salvo la referencia genérica que no se acostumbra en esta latitud de diferenciar con la especificidad: ejercito de tierra, de aire y mar, o el tratamiento analítico de que la mención comprendía tanto a los soldados como a marinos).

Los otros

Como “ejército” del narco fue bautizado a los llamados Zetas cuando se dieron a conocer como brazo armado del Cártel del Golfo ya hace dos décadas. El señalamiento tenía vínculo directo por la naturaleza del núcleo de sicarios reclutados por el capo Osiel Cárdenas: era de origen militar y ha sido ampliamente documentado su evolución posterior como cártel una vez que se escindió de su papel secundario e introdujo una caracterización de violencia sistemática y de entrenamiento de cuadros criminales. El antecedente sirve para la descripción compleja de grupos armados que se manifiestan en diversas partes del país y que cohabitan en su funcionalidad de control territorial con el “ejército mexicano”. Se trata de los “otros ejércitos”. Una enumeración aproximada y somera nos asoma a una realidad que desborda cualquier estimación que se hubiese imaginado al finalizar el siglo pasado cuando se diferenciaba al ejército propiamente dicho de la insurgencia armada zapatista, luego las guerrillas emergentes de Oaxaca y Guerrero, respecto de las autodefensas chiapanecas patrocinadas por la Sedena. En este primer tramo del siglo XXI mexicano, la actitud de la Sedena de modo implícito trata como “ejércitos” a los llamados grupos de autodefensa, los que reivindican la lucha armada con un fin político y los pertenecientes al narcotráfico y crimen organizado.

En Chiapas, mientras el emblemático y diluido EZLN realiza campañas en el extranjero (pero que no ha renunciado a las armas) y los militares se dedican a tareas antiinmigrantes, han surgido en los últimos meses al menos cinco grupos de autodefensa y algunos con nomenclatura llamativa: “El Machete”, “Gente de la Selva”, “Fuerzas Armadas de Simojovel” y otros que simplemente se identifican con sus comunidades o regiones de origen tanto en Altamirano y en Chenalhó. En Guerrero se ha documentado la existencia de más de sesenta grupos armados entre las llamadas policías comunitarias (una parte de ellos aproximadamente con cierto reconocimiento oficial, pero con comportamientos poco claros en cuanto a su legalidad y una abierta indolencia de las autoridades de seguridad constitucionalmente establecidas: policía estatal, militares y marinos emplazados en la entidad), grupos civiles armados y que no responden a las categorías “comunitarias” y otra veintena de grupos criminales dispersos que se encuentran al servicio de cárteles nacionales. Más de la mitad de sus ochenta y un municipios están controlados por esta diversidad de grupos.

En Michoacán, donde el fenómeno adquirió tintes paramilitares en el sexenio pasado, han resurgido las manifestaciones de estos grupos en más de la mitad del estado y coexisten los retenes y controles territoriales en una rara armonía coordinada con las fuerzas militares (en especial de la Sedena), en particular en la llamada tierra caliente. Y en Veracruz, ya del lado del golfo, se cuenta de la existencia hasta hace un par de meses de siete grupos de autodefensas (además del puerto de Veracruz, en las Choapas, Cardel, Xalapa, Cosamaloapan, Minatitlán y en la región de Los Tuxtlas). La fenomenología de estos grupos va de la mano de la ausencia del control y autoridad de los gobiernos tanto locales como del federal y una estela de impunidad al no cumplir con el deber primario de proveer seguridad a la población. El caso de Michoacán muestra, además de la inexplicable coexistencia con las fuerzas armadas (que legalmente se trata de complicidad), la delgada línea entre el reclamo legítimo de seguridad con el riesgo siempre presente de terminar aliados con grupos criminales tomando partido en los antagonismos de lucha por controlar y consolidar zonas de influencia y dominio.

En otra dimensión y aunada a la ausencia señalada, las autodefensas han sido señaladas como parte de una respuesta ante los embates de las organizaciones del narcotráfico y del crimen organizado en su dinámica de disputas o reivindicaciones de dominio en toda manifestación de convivencia en las comunidades y regiones: social, económica y política. Se estima que en el país existen dieciséis cárteles criminales que se disputan buena parte del dominio del territorio nacional y su presencia no es tan focalizada como la de los autodefensas, sino que se puede extender más allá de su nomenclatura de origen y en el que destaca, por ejemplo, el Cartel Jalisco Nueva Generación. A este contexto de por sí ya problemático hay que añadir al menos la existencia latente de guerrilla, además de la zapatista en Chiapas, en los estados de Guerrero y Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario, EPR; y Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, ERPI).

De este modo, no es de extrañar la advertencia norteamericana, desde el Comando Norte del Pentágono, de que al menos una tercera parte de México no se encuentra bajo dominio de autoridad estatal (federal o local) alguna. Llama la atención el seguimiento atento de los Estados Unidos. Al comienzo del milenio, los estudios regionales del Pentágono y del Departamento de Estado apuntaban en el caso de Colombia una fenomenología de debilitamiento del Estado sudamericano al afirmar que dos terceras partes de su territorio estaban bajo el dominio ya sea del narcotráfico o las guerrillas. Los escenarios prospectivos, por el interés geoestratégico de Estados Unidos, concluían que era necesaria una estrategia de apuntalamiento para revertir tal situación y no enfrentar un caos regional. Esa fue la génesis del llamado Plan Colombia.

“Los ejércitos”

Es probable que mientras la miopía gubernamental se entretiene con el regodeo acompañante de las fuerzas armadas, en celebraciones como la del “Ejército Trigarante” y la consumación bicentenaria de la independencia del país, y la propia Sedena se dispone a presionar al Congreso para convalidar sus “transformaciones históricas” (la mayor en cuarenta años según la prensa oficial del gobierno), los tomadores de decisión no han advertido de las consecuencias del actual escenario mexicano a la luz de las políticas actuales: los “otros ejércitos” mexicanos, así descritos (al menos en lo que se refiere a los orígenes de los autodefensas), también están conformados por “pueblo uniformado” como los refiere el presidente. Los cárteles criminales, lo hemos visto desde hace años, han asumidos señas materiales de identidad no solo en los vehículos con los que mantienen zonas bajo su control, sino que visten de uniformes distintivos a sus “tropas” y que, bajo la narrativa gubernamental, también serían “pueblo uniformado”. El razonamiento detrás de esta hipótesis de trabajo no es una ocurrencia periodística ni académica. El tratamiento gubernamental ante la criminalidad reducida a los “abrazos, no balazos” ha tenido muchas consecuencias que, incluso, están afectando gravemente la funcionalidad de las fuerzas armadas.

En 2007, el premio nacional de literatura colombiano, Evelio Rosero, publicó hace casi quince años una breve pero intensa novela titulada “Los ejércitos” (Tusquets, 2007), que reflejó una realidad brutal experimentada por las poblaciones del interior de su país, atrapadas en los espacios territoriales de sus comunidades debido a la violencia y la intimidación que ocurría como en carrusel: de las fuerzas armadas, de los grupos guerrilleros, de los narcotraficantes y de las autodefensas. Simplemente no había salida ni huida posible para esos grupos humanos, ni siquiera el desplazamiento de huida les era concedido: minaban los alrededores de los pueblos. Algo similar ya se observa en nuestro país.

El México de hoy rebasa las peores previsiones imaginadas décadas atrás en cuanto a las posibilidades de restauración de la seguridad ciudadana para toda la población. La realidad es víctima de soluciones ingenuas (con la coartada de atacar las “causas sociales” del delito común y el narcotráfico) y de ambiciosos proyectos políticos sostenidos con los clavos de la violencia institucional que se dirige no hacia los delincuentes o los grupos armados sino hacia grupos sociales y personalidades que no son afines con el ideal político-militar del presidente y de su ejército. Encaminados en la deformación y la disfuncionalidad militar de la Sedena, quizá los generales deban aprovechar el chantaje que ya ejercen a los políticos del Congreso para que su leyenda de identidad quede como el “Ejército de López Obrador”… por ahora.

* Erubiel Tirado es coordinador del Diplomado Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y el Museo Memoria y Tolerancia.

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