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Los “experimentos” de paz en Colombia: entre la imaginación y la incertidumbre
Uno de los principales desafíos consiste no sólo en generar espacios de veeduría ciudadana y apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz, sino en una ciudadanía más apropiada y movilizada por todo aquello que implica la paz.
Por Jefferson Jaramillo Marín
13 de enero, 2020
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Colombia es uno de los países donde más “experimentos” de paz han tenido lugar. Algunos de ellos se tradujeron en procesos, otros en acercamientos y otros más en diálogos, realizados entre los gobiernos de turno y diversos grupos armados. Entre 1953 y 2018, el país pasó por trece de estos experimentos, algunos exitosos, otros fallidos. Entre los más recientes es pueden anotar los siguientes: el proceso de negociación en San Vicente del Caguán (1998-2002): los acercamientos de diálogo y proceso de paz del gobierno de Pastrana con el ELN (1998-2002); los diálogos entre el gobierno de Uribe y el ELN (2005-2008); el proceso de paz con las Autodefensas Unidad de Colombia (2003-2006); el proceso de paz con las FARC-EP (2012-2016) y diálogos con el ELN (2016-2018). Todos ellos, vistos en retrospectiva, representaron oportunidades políticas innegables no solo para silenciar las armas, que es indispensable, sino también para comenzar a construir escenarios donde se apalabre y desescale la violencia y se conjure la polarización y el estigma.

No pueden obviarse, de cara a lo anterior, los múltiples esfuerzos ciudadanos (organizativos y comunitarios) cuya intención ha sido la de avanzar en la paz desde otras orillas. Algunos académicos han identificado diversidad de “experiencias ciudadanas” que van desde iniciativas hasta acciones colectivas por la paz, cuyas cifras también resultan significativas. Por ejemplo, en un estudio realizado por la Universidad de los Andes y publicado en 2017, se identificaron 1900 iniciativas entre 1985 y 2016 (Rettberg, Angelika y Rafael Camilo Quishpe, 2017). Por su parte, la base de datos más completa que existe en el país sobre Paz (Datapaz-Cinep) consigna 4000 Acciones Colectivas por la Paz.

Un proceso de paz implica diversas prácticas, agendas e institucionalidades, así como rutas de ensayo y error en su trámite o gestión de los pasados y presentes violentos de un país. También demanda la administración de las diversas consecuencias, efectos y secuelas que un conflicto armado, político y social puede tener en poblaciones y territorios. Todo “ensayo de paz” corresponde o está en consonancia con unos arreglos y unas estrategias de transición. Para el caso de Colombia, estos diversos “laboratorios transicionales” dejaron en el camino muchas promesas y desafíos.

Los expertos en el tema, por ejemplo Vicent Fisas, argumentan sobre la necesidad de comprender los procesos de paz como “una secuencia de acontecimientos políticos, sociales, jurídicos, que se producen en el tiempo como pretexto para terminar una confrontación armada de años, y que a veces toman un período de tiempo muy dilatado, pero en otras ocasiones, muy escasas, eso sí, se pueden llevar a cabo en tiempos exprés”(1). Los expertos dicen, además, que estos toman un período de tiempo muy dilatado, porque lo normal es que las negociaciones lleven años y requieran de mediación externa, porque siempre hay crisis, vaivenes, fracturas y recomposiciones.

Los procesos de paz tienen ciclos de conversaciones, diálogos exploratorios, construcción de agendas de negociación y modelos de terminación. Uno de los momentos decisivos es cuando se firma un acuerdo general, que para ser más precisos es el principio del comienzo y no del fin. Es decir, ahí realmente empieza el viacrucis social para un país, porque el rosario político ya se ha rezado con la negociación. Es allí -cuando nos dicen los expertos- vienen las preguntas incómodas, las conversaciones difíciles: ¿cómo lo ponemos en marcha?, ¿cómo implementamos los acuerdos firmados sobre un papel?, ¿cuánto nos va a costar hacer la paz?

Los procesos de paz también son arenas públicas y sociales para posibilitar la imaginación social y cultural de país. Y la imaginación va más allá de la ventana técnica y política que estos abren, según lo ha recordado otro experto en estos temas, Jean Paul Lederach. En el caso colombiano, es innegable que el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Santos y las Farc-Ep en el 2016, posibilitó agenciar en los últimos 65 años, ciertas esperanzas para “imaginar” con un grupo no pequeño de guerreros, que entraron en proceso de desmovilización y reincorporación ciudadana, un país distinto. Una de estas formas de imaginación que abrió fue el de un tipo de institucionalidad estatal distinta en procura de profundizar, amplificar y radicalizar “otros” proyectos de democracia para el país.

Sin embargo, en un proceso de paz siempre se va a evidenciar la tensión o la brecha irresoluble entre la imaginación social y la incertidumbre frente a la implementación de lo pactado. Y este último proceso de paz es bastante diciente en esto. Según cifras de la Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación de los Acuerdos de Paz (STCSIVI, 2019) en este último proceso de paz, de seis puntos pactados, los mayores avances en la implementación se encuentran en uno solo.

El punto 6, relacionado con los mecanismos de implementación, verificación y refrendación, tiene según esta Secretaria, un 54% de implementación. Por su parte aquellos en donde es más evidente una implementación nula o incipiente son el punto 1, el de la reforma rural integral, el punto 2, el de participación política y el punto 4, el de la solución al problema de las drogas ilícitas.

A propósito del punto 5 relacionado con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición se pueden ver algunos avances significativos, asociados principalmente a la implementación de las tres instancias: la Unidad de Búsqueda para personas dadas por desaparecidas, la Justicia Especial para la Paz y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Sumado a ello, están las medidas y disposiciones establecidas en el Acuerdo final cuya intención es la prevención de las violencias hacia las mujeres y la población LGBTI.

Actualmente son múltiples las dificultades a las que se enfrenta este proceso de paz, en su fase de implementación. Las razones de ello son diversas. Unas están vinculadas a la falta de voluntad política del actual gobierno para llevarlos a cabo. Otras están asociadas a la reconfiguración de las dinámicas de una nueva fase del conflicto armado en diversos territorios del país, al acceso real a la participación política de la oposición y a las disputas entre diversos grupos armados ilegales por el control territorial.

Una de las mayores dificultades para este proceso está siendo el tema de seguridad y protección de la vida de las poblaciones. Según cifras de Indepaz, desde el primero de enero de 2016 hasta el 20 de mayo de 2019, fueron asesinados en Colombia 837 líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc (El Tiempo, 2019). Entre la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 y mayo de 2019 , 129 excombatientes fueron asesinados (The New York Times, 2019). Solo durante 2019 fueron asesinados 250 líderes (El Tiempo, 2019).

Hoy, uno de los principales desafíos consiste no sólo en generar espacios de veeduría ciudadana y apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz, sino en una ciudadanía más apropiada y movilizada por todo aquello que implica la paz, en general. En esa dirección vale destacar la movilización social que desató el “No” en el plebiscito de octubre de 2016. Pero también el “Paro Nacional”, iniciado el 21 de noviembre del año pasado, también lo que el gobierno nacional ha llamado la “conversación nacional” y el pliego de petición propuesto desde el Comité del Paro. ¿Y por qué hablar de esto en relación con el Acuerdo de Paz? Porque ello es una muestra de que el silenciamiento de las armas no basta, que tampoco basta la reincorporación de un grupo armado como lo son las Farc. Sigue siendo necesario la potencialización de las acciones colectivas en las calles y en otras arenas de decisión pública, frente a problemas que siguen sin resolverse en el país.

* Jefferson Jaramillo Marín es Profesor titular del departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Doctor en Investigación en Ciencias Sociales (Flacso, México).

 

Referencias

Ponencia de Fisas presentada en el Primer Foro Colombiano en Construcción de Paz, Marzo 10 de 2011, realizado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá.

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