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Mactumactzá-Ayotzinapa: el horror latente
La represión contra las normales rurales ha arreciado en los últimos años, máxime cuando sus modelos educativos de enfoque social, colectivo, democrático y autogestivo diseñado para estudiantes rurales, indígenas y campesinos de escasos recursos han sido percibidos como añejos, obsoletos.
Por Rodolfo Gamiño Muñoz
7 de junio, 2021
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La represión contra las normales rurales ha arreciado en los últimos años, máxime cuando sus modelos educativos de enfoque social, colectivo, democrático y autogestivo diseñado para estudiantes rurales, indígenas y campesinos de escasos recursos han sido percibidos como añejos, obsoletos y antagónicos a los proyectos educativos neoliberales anclados en las lógicas del individualismo institucional y la educación basada en “competencias”.

Los planes, programas y proyectos educativos de las normales rurales han sido, por múltiples vías, reducidos. Destaca el recorte presupuestal, la disminución de las cuotas de inscripción, escasa inversión en la infraestructura, entre otros. Por ello, cada movilización de estudiantes normalistas representa un foco rojo para las autoridades municipales, estatales y para el gobierno federal; anticipadamente activan protocolos para inhibir, intimidar y reprimir las manifestaciones de inconformidad. En el despliegue de las fuerzas del orden podemos encontrar indicios de los patrones usados previamente antes de la persecución, represión, tortura, agresión sexual, ejecución extrajudicial y la desaparición forzada. Patrones que fueron deliberadamente activados aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Los cuales, como presenciamos el pasado 18 de mayo, fueron nuevamente activados en la estrategia represiva contra los normalistas de Mactumactzá, Chiapas, quienes realizaban una toma de caseta, para exigir que la convocatoria de nuevo ingreso de examen profesional fuese de manera presencial en el estado.

Haciendo historia, el primero de estos patrones lo podemos identificar el 12 de diciembre de 2012 en la Autopista del Sol, México-Acapulco, a la altura de Chilpancingo. Los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa tomaron la caseta de cobro para presionar una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, ya que les había postergado la reunión al menos en cuatro ocasiones. Entonces, los alumnos exigían el reinicio de las clases, que se habían suspendido desde el dos de noviembre debido a que algunos maestros y directivos se empeñaban en imponer como director a Eugenio Hernández García, a quien los alumnos lo identificaban como un sujeto susceptible a la utilización de métodos represivos. “Otras de las peticiones de los alumnos era que se aumentara la matrícula escolar de 140 a 170 plazas por el ciclo escolar 2011-2012 y que los aspirantes que tengan promedio de siete de calificación puedan realizar examen de admisión”, así como la realización de múltiples reparaciones al plantel escolar.

Al tomar la caseta, los alumnos se percataron de la presencia de unos 300 efectivos policiales, tanto federales como estatales. Éstos últimos al mando del general Ramón Arreola Ibarra, subsecretario de seguridad de Guerrero. Posteriormente, arribaron al sitio agentes ministeriales.

Los cuerpos policiales comenzaron a desalojar a los estudiantes violentamente, éstos respondieron con piedras la agresión del “desalojo”. Algunos de los agentes comenzaron a disparar al “aire”, conjuntamente las bombas despachadoras de combustible comenzaron a incendiarse, ello por los disparos realizados por los cuerpos policiales, -aunque hay periódicos que sostienen que la bomba despachadora de combustible no se incendió por los disparos de la policía, sino que fue incendiada por un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa (La Jornada, Excelsior, El Universal)- mientras a unos 50 metros se encontraban apostados decenas de policías estatales encabezados por el general Arreola, así como varios policías vestidos de civil, los cuales -según testimonios de algunos jóvenes- gritaron: “órale cabrones”, arengando a varios agentes para que enfrentaran a los estudiantes de Ayotzinapa.

De esta forma, los estudiantes fueron atacados por dos frentes, de norte a sur de la Autopista del Sol y por el puente del río Huacapa, donde estaban apostados los policías vestidos de civil, según reportaba la prensa:

Un grupo de alumnos intentó resguardarse en uno de los camiones, y otro tanto intentó repeler el ataque de los policías con cohetones y piedras, pero no lo logró, por el contrario, los balazos se intensificaron. Los cristales de los autobuses quedaron destrozados y las carrocerías con impactos de bala. Atónitos y nerviosos, choferes de automóviles particulares, autobuses y tráileres, que atestiguaban los hechos en cambio de carriles, huían para protegerse de los disparos. Ahí el chofer del tráiler con placas 249-DC-5 del servicio público recibió un rozón de bala en la cara, y un anciano que se protegía en el tráiler fue detenido por los elementos policíacos; hasta ahora se desconoce su paradero.

También fue detenido el reportero Erick Escobar del semanario Trinchera de Chilpancingo, al poco tiempo fue liberado por las demandas realizadas de manera pública por diversos reporteros locales. Fue liberado no sin antes haber sido golpeado profusamente. A las 12:20 hrs. el fuego se incrementó y fue asesinado el estudiante Gabriel Echeverría de Jesús, minutos después fue abatido también su compañero Jorge Alexis Herrera.

Algunos estudiantes se replegaron y huyeron hacía los cerros ubicados en ambos lados de la carretera, de ahí se trasladaron a la Normal Isidro Burgos. Otros optaron por dirigirse al municipio de Petaquillas que se encuentra a unos cinco kilómetros del lugar del desalojo. Unos más se dirigieron hacía el municipio de Tierra Colorada, a 45 kilómetros de distancia del lugar de los hechos, “según la versión de los propios estudiantes, dos de sus compañeros iban heridos”.

Es paradigmático que después de que cesaron los disparos, “cerca de las 12:35, arribaron al lugar tres camionetas del ejército mexicano, las cuales permanecieron en el lugar aproximadamente media hora, retirándose posteriormente rumbo al poblado de Petaquillas. Los policías municipales seguían en la búsqueda de los normalistas refugiados en los cerros, la búsqueda se prolongó hasta las 16:00 horas.

Entrevistado después del violento desalojo, el general Arreola, con manchas de sangre en la cara, comentó:

…. debíamos desalojar a esta gente, nosotros tenemos personal antimotines, y nos recibieron a golpes, con fuego, y el personal de la Policía Federal intervino.

Señor, ¡hay dos jóvenes muertos que están ahí tirados!, se le dijo.

No tengo conocimiento, no sé quién disparó, nosotros no traemos armas-.

¿Fue orden del gobernador (Ángel Aguirre) el desalojo?

La orden del gobernador es que se restablezca la paz aquí. El personal de policía estatal trae equipo antimotines y viene desarmado completamente.

¿Restablecer la paz con dos estudiantes muertos?

Establecer la paz con 800 seudoestudiantes que están tapando el paso– respondió molesto.

Mientras discurría el general Arreola respondía a la prensa, alrededor de los cuerpos de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis había casquillos de bala calibre 7.62 para rifle G-3.

Ante estos sucesos es importante subrayar cuáles fueron los cuerpos policiales que intervinieron en los hechos. Confluyeron policías federales, policías estatales y policías ministeriales, así como un grupo de civiles armados. En la escena intervinieron también las fuerzas militares, que se apostaron en el lugar de los hechos tiempo después que los disparos habían cesado y algunos estudiantes se había retirado del lugar con rumbo a los cerros aledaños a la carretera, hacía Petaquillas y otros hacía Tierra Colorada.

Es sintomático que, hasta el día de hoy, ninguna investigación ha demostrado que alguna de las tres patrullas militares que arribaron al lugar de los hechos se hubiese trasladado al municipio de Petaquilla y haya solicitado información sobre algunos jóvenes heridos que pudiesen haber sido atendidos en algún nosocomio de la localidad. También es importante considerar que a pesar de que el general Arreola negara la existencia de una orden superior para el ataque, éste efectivamente fue accionado, después de una llamada de mandos del gobierno, a través de un enlace por radio fue accionada la primer ráfaga de tiros al “aire” hecha por policías federales.

La segunda ráfaga fue percutida por la policía ministerial mientras las granadas de humo aventadas por los policías estatales –con uniforme antimotines- seguían activas y obstaculizaban en buena medida la visibilidad. Posteriormente, cuando el humo comenzó a dispersarse los policías federales y ministeriales que estaban armados se retiraron de la escena dejando sólo a los policías estatales resguardar y acordonar la zona. Por tal motivo, el general Arreola arguyó que él no sabía quién había disparado, que ellos no tenían armas, que el cuerpo de policías estatales –bajo su dirección- únicamente llevaba equipo antimotines para realizar el desalojo y regresar la paz, según fue la indicación del gobernador del Estado.

Posteriormente, Arreola explicó que “el gobernador (Ángel Aguirre) le había ordenado limpiar la carretera, y la carretera está limpia”, según se relata en el libro Ayotzinapa. La travesía de las tortugas. La vida de los normalistas antes del 26 de septiembre de 2014, editado por Proceso, (2015, p. 30).

Según un comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) la madrugada del 12 de noviembre de 2012 en un autobús Estrella Roja viajaban normalistas de Ayotzinapa por la carretera Acapulco-Chilpancingo, después de asistir a una marcha. Fueron interceptados por varias camionetas tripuladas por hombres fuertemente armados y encapuchados que les marcaron el alto. Para obligarlos a detener el autobús dispararon varias veces al aíre, posteriormente, algunos de estos hombres abordaron la unidad. Los sujetos encapuchados les hicieron reclamos por sus movilizaciones, les dijeron que no siguieran de “vándalos” . Que si seguían protestando -les advirtieron- los iban a “quemar vivos”, según se refiere en el mismo libro Ayotzinapa, anteriormente citado (Proceso, 2015, p.50).

El 12 de diciembre de 2012 aproximadamente 1,500 personas, entre familiares de los jóvenes asesinados un año antes en la Autopista del Sol, estudiantes de la Normal y ciudadanía marcharon y celebraron una misa en el lugar de los hechos. Posteriormente, el contingente se trasladó al Palacio de Gobierno para exigir justicia: “Ahí los familiares de los Normalistas asesinados reprocharon a las autoridades de la procuración de justicia los nulos avances de la investigación y la falta de castigo para los autores intelectuales y materiales del desalojo violento del cual se derivó la muerte de tres personas”.

Después de estos sucesos, la protesta social, incluida la movilización desarrollada por los normalistas de Ayotzinapa fue criminalizada, se desató un excesivo uso de armas de fuego, fuerza policial desmedida y violaciones a los derechos humanos en la región. Aun así, los normalistas siguieron conmemorando la muerte de sus compañeros en los siguientes meses, con fuerte presencia policial y esporádicas detonaciones de armadas de fuego. Estos sucesos motivaron a que el Procurador de Justicia, Iñaki Blanco, pusiera en marcha una serie de averiguaciones previas contra 50 normalistas a los cuales se les acusaba de “obstruir vías generales de comunicación”, “robo” y “disturbios”. El Procurador sentenció que las autoridades actuarían con apego y rigor contra todos los “actos vandálicos” provocados por los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Estas promesas públicas se fueron cumpliendo gradualmente. Algunos meses después -11 y 12 de diciembre de 2013- y pasada la conmemoración del aniversario de sus compañeros asesinados, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados nuevamente por policías de Guerrero y golpeados por policías estatales, los cuales pretendían evitar que tomaran autobuses de la Central Camionera de Iguala.

Para tener un panorama más amplio del contexto de violencia social y política y de los actores inmiscuidos en su activación y propagación en el estado de Guerrero, previó a la noche del 26 de septiembre del 2014, es necesario remitirnos al 19 informe de actividades del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, documentado entre julio de 2012 y mayo de 2013. Este informe ayuda a establecer las lógicas de la violencia y los actores que las ejecutan y las posibles implicaciones de ésta en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En primera instancia, Tlachinollan alerta la existencia de una profunda crisis de seguridad que prevalece en el Estado:

… las corporaciones policíacas, el Ejército y la Marina han claudicado en su responsabilidad de velar y proteger la vida, la seguridad, la integridad física y el patrimonio de ciudadanos y ciudadana. Las autoridades civiles y militares han defraudado la confianza de la gente y han enlodado su imagen al sucumbir ante los poderes fácticos que han hecho del crimen la empresa más exitosa del Estado. La Marina y el Ejército mantienen una estrategia guerrista que busca contener la organización de los pueblos y generar terror en la sociedad civil a un costo muy alto, por elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Nada ni nadie detiene las acciones de fuerzas propiciadas por el Ejército, la Marina y los policías federales y estatales, quienes se justifican con el argumento de que no tienen otra alternativa que enfrentar con las armas a los grupos delincuenciales (pp.14-18).

Además de evidenciar el incremento de organizaciones criminales en el Estado, la claudicación de las responsabilidades de las fuerzas del orden y el descrédito de esas corporaciones en la sociedad confirma la colusión existente entre ellas, situación que ha incrementado el número de violaciones graves a los derechos humanos:

La colusión de autoridades municipales, directores de seguridad, comandantes, policías y miembros del Ejército con algún mando de la delincuencia organizada está llevando al paredón a niños, jóvenes y mujeres que son privados de la vida, sin que las autoridades hagan algo para contener esta jauría que sólo tiene desarrollado el instinto de matar. Los corredores de la muerte están ampliado sus dominios y los grupos de criminales que los controlan están actuando con mayor sadismo. Tienen las vías terrestres y el campo libre para matar e improvisar fosas clandestinas. Cada grupo cuenta no sólo con su armamento y su flota de vehículos para trasladar a las víctimas, sino también cuentan con sus centros de tortura, casas de seguridad, sus trincheras, madrigueras, campamentos, sistemas de acopio de alimentos, suministro de droga, alcohol, armamento y parque, así como peonaje para las fosas clandestinas… El protagonismo castrense suplanta a las autoridades civiles y toma decisiones que están fuera de su competencia. No actúan para garantizar la seguridad ciudadana sino para mantener intocado el sistema de seguridad del Estado y los intereses económicos de las elites. Su sistema de inteligencia está focalizado hacía los movimientos sociales y organismos de la sociedad civil. Tienen identificadas a las organizaciones que para ellos son catalogadas como un peligro para el régimen imperante. Siguen tratando a los organismos defensores de derechos humanos como defensores de delincuentes y como comparsas del crimen organizado y de la guerrilla. El monitoreo de los grupos de la delincuencia lo hacen en la medida que proporcionan información relacionada con los temas de seguridad nacional (pp.18-19).

La lógica de la seguridad implementada en el estado de Guerrero ha propiciado que múltiples familias –acusadas de cobijar a guerrilleros, secuestradores o criminales- tengan que salir de sus comunidades por miedo a perder sus vidas. Los desplazamientos internos forzados se han centrado en regiones como La Laguna, Municipio de Coyuca de Catalán, en la parte serrana de la tierra caliente, donde las y los pobladores han sido “víctimas de despojos, agresiones, persecuciones, amenazas y asesinatos por parte de las corporaciones policiacas del estado y elementos del Ejército y de grupos coludidos con la delincuencia organizada”, relata el mismo informe de Tlachinollan.  Esta táctica de coacción se ha extendido también a periodistas y a los defensores de los derechos humanos.

Esta estrategia de “seguridad” puede entenderse mejor si leemos las declaraciones de algunos funcionarios públicos, comenzando por el gobernador Ángel Aguirre, quien ordenó al general Arreola –ante la presencia de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en la Autopista del Sol- “limpiar la carretera”, acto seguido después de que Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera fueron asesinados y el resto de los estudiantes se dispersaron- éste le comunicó “la carretera está limpia”. Es célebre también el mensaje del Jesús Cortés Jiménez, Secretario de Seguridad Pública de Acapulco, quien confirmó que los asesinatos en la región habían disminuido ya que sólo “matan a los que tiene que matar”.

La posición del Procurador de Justicia, Iñaki Blanco, no podría ser disonante al contexto previo a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Iñaki Blanco puso en marcha averiguaciones previas contra 50 normalistas a los cuales se les acusaba de “obstruir vías generales de comunicación”, “robo” y “disturbios”. Sentenció que las autoridades actuarán con apego y rigor contra todos los “actos vandálicos. Es importante tomar en cuenta que, dentro de esta lógica, el propio gobierno de Enrique Peña Nieto consideró que la movilización de los estudiantes de las escuelas Normales Rurales, pero particularmente los de Ayotzinapa, eran un tema prioritario en la “agenda de seguridad nacional”.

Un año después esta promesa fue cumplida a través de acciones que rebasan el horror que puede guardar una amenaza de este tipo. Acciones que rebasaron la firme intención de quien decide actuar con “apego y rigor” contra todo acto “vandálico” cometido por los estudiantes de Ayotzinapa. Los resultados de ello fue la concreción de un espacio de excepción en el que suspendieron las garantías constitucionales de la población, un espacio parcialmente delineado en el que se perpetró la desaparición de los jóvenes de la Escuela Normal Rural. Empresa que sería llevada a cabo por múltiples actores y a través de patrones “comunes” como el “levantón”, “arrastre” o “limpieza”. Este pequeño espacio fue configurado en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.

La creación de estos espacios de excepción es algo enteramente flexible, pueden ubicarse en un lugar y posteriormente en otro sitio, son la antesala de la violencia política extralegal y la desaparición forzada. La construcción de estos pequeños espacios de excepción ha sido frecuente durante las manifestaciones de las Normales Rurales en el país, ha sido un patrón que los gobiernos locales y el gobierno federal han legitimado bajo el discurso de la distención de la disidencia, rebeldía, vandalismo, delincuencia o la resistencia civil.

Mactumactzá es una muestra más de la latencia de ese horror, una alarma de la repetición de la trágica historia. Es una evidencia más de la promesa incumplida de todos los regímenes de transición o alternancia y reiterado patrón de actuación de las instituciones del sector seguridad en México, quienes discursivamente dicen estar a favor y pugnar porque el Nunca Más sea una realidad.

* Rodolfo Gamiño Muñoz es académico del Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Contacto: [email protected].

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