Medir la seguridad desde lo local - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Medir la seguridad desde lo local
Contrario a lo recomendado en materia de seguridad, el enfoque que aún prevalece es diseñar desde lo nacional y desdibujar las particularidades de los espacios locales.
Por Jorge Francisco García Castro
16 de agosto, 2021
Comparte

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible como un plan de acción global para que los países y sus ciudades se comprometieran a contribuir con acciones específicas hacia la mejora de la calidad de vida de las personas de todo el mundo. En la agenda se definieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o SDG por sus siglas en inglés), que incluyen desde el fin de la pobreza y el hambre, hasta la educación de calidad, la igualdad de género, la producción responsable, el trabajo decente, la innovación, las acciones por el clima y la seguridad e impartición de justicia.

Para su seguimiento, las Naciones Unidas crearon el “SDG Tracker”, con el cual se hacía posible el monitoreo de los datos estadísticos correspondientes a los 17 ODS, sus 169 metas, y los 232 indicadores únicos que se utilizan para la medición del avance y cumplimiento de los compromisos globales.

No obstante, de manera particular, en México se desarrolló el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS) como resultado de un trabajo conjunto entre la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En este sistema se realizaron algunos ajustes al planteamiento inicial de las Naciones Unidas, y se definieron en total sólo 129 indicadores (uno de ellos duplicado para medir el avance de dos metas). Este ajuste que hizo México, no fue en estricto sentido el resultado de una adecuación pertinente al contexto del país, sino que pareciera más bien que consideraron solo aquellas variables de las cuales sistemáticamente se recababan datos en los censos.

En materia de seguridad, el ajuste también fue significativo. Si bien la propuesta federal incorporaba 2 metas más a las 12 definidas por las Naciones Unidas (referentes a la seguridad integral y el acceso a la justicia), en el plano de los indicadores se pasó de los 23 considerados de manera inicial, a un total de 14 (dos de ellos como propuesta alternativa a los indicadores de las Naciones Unidas).

Desde la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la seguridad se situó en el apartado número 16, cuyo propósito consiste en Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Con ello, el número total de indicadores para el monitoreo de la seguridad, se desagrega en seis categorías: comisión de delitos, percepción de inseguridad, corrupción y confianza en las autoridades, rendición de cuentas, discriminación, y gobernanza mundial.

Es preciso señalar que ninguno de los indicadores del ODS 16 tiene definida una meta para el cumplimiento de la agenda 2030, algo que parece ser acertado dado que es a partir de las condiciones locales que tenga cada país y comunidad en particular, que esto habría de definirse y contabilizarse de manera acertada. No obstante tampoco existen metas definidas para el contexto de México en el SIODS, delegando estos valores a los documentos de gobernanza y desarrollo nacional y sub nacionales, cuyo enfoque es completamente distinto.

Por otro lado, a pesar de que en el SIODS se hayan considerado diversas categorías para el desglose de los datos (marco global-G, marco nacional-N, por entidad federativa-E, por entidad federativa y municipio-EM, y por entidad federativa y principales ciudades-EC), en el apartado de seguridad no existe desglose municipal ni recuento por principales ciudades, solo por entidad federativa para el caso de 6 indicadores, ya que el resto se reportan como exclusivos de marco nacional o de marco global.

Esta situación obliga a colocar la mirada en los instrumentos de monitoreo de las entidades federativas para conocer más sobre los contextos locales. A pesar de que diversos autores han recalcado sobre la importancia de trabajar los datos de seguridad de manera inductiva, pasando de pequeñas localidades a ciudades, después a entidades y finalmente a marcos nacionales, el enfoque que aún prevalece es el contrario: diseñar desde lo nacional y desdibujar las particularidades de los espacios locales.

Este problema se acentúa cuando en los instrumentos estatales ocurre la misma situación, es decir, poco desglose en los datos que son monitoreados en lo referente a la seguridad y a los demás temas de la agenda. Difícilmente en la escala municipal se cuenta con instrumentos de seguimiento riguroso para el cumplimiento de los compromisos globales adquiridos.

Salvo aquellos ejercicios en los cuales la sociedad civil organizada y la academia se ven involucrados en la rendición de cuentas y monitoreo de acciones gubernamentales, la única fuente de consulta para el diagnóstico y la elaboración de políticas locales recae en los instrumentos de las entidades estatales, lo que significa que nuestra visión de la seguridad es más un bosquejo que un retrato realista.

Para el caso de Jalisco, se desarrolló un instrumento de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo denominado “MIDE”, el cual da seguimiento puntual y periódico a los 280 indicadores vinculados con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) vigente. Esto significa que no hay una reflexión consistente con los compromisos de la agenda mundial, y que tampoco se realiza un ejercicio de adecuación de dichos indicadores para responder a las necesidades locales del contexto inmediato, sino que hay una serie de objetivos políticos en la escala estatal que son alineados, en ocasiones de manera forzada, a las metas de las Naciones Unidas.

Desde el instrumento de MIDE pueden observarse los avances y el cumplimiento de los objetivos del PEGD mediante 7 principales ejes: 1) Seguridad, justicia y Estado de derecho, 2) Desarrollo social, 3) Desarrollo económico, 4) Desarrollo sostenible del territorio, 5) Gobierno efectivo e integridad pública, 6) Temáticas Transversales, y 7) Temáticas Especiales.  En este instrumento, la seguridad es ponderada mediante 40 indicadores referentes a comisión de delitos, percepción de inseguridad, corrupción y confianza en las autoridades, rendición de cuentas, impartición de justicia, resolución de conflictos, y protección civil. De todos ellos, solo 5 vinculados claramente con la agenda de las Naciones Unidas, tienen desglose municipal, como puede verse en la tabla de indicadores para el monitoreo de la seguridad, elaborada para ilustrar la reflexión de este artículo.

Para subsanar esta opacidad, en un esfuerzo por aterrizar de manera colaborativa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en ámbitos subnacionales y municipales, las Naciones Unidas desarrollaron una plataforma en red para el intercambio de conocimiento entre actores locales de todo el mundo denominada “Local2030”. Este ejercicio se realizó con la finalidad de que países, estados y ciudades, compartieran algunas de las acciones puestas en marcha desde sus contextos inmediatos, para contribuir en el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030.

No obstante, se trata de una dinámica voluntaria con poca participación nacional, menor participación estatal y nula presencia local. Si bien apenas tiene un par de años que se lanzó convocatoria abierta para que las ciudades también intervinieran, al menos en México esta invitación ha tenido muy baja participación. Aunado a ello, los Reportes Locales Voluntarios (VLR por sus siglas en inglés) emplean una retórica vanagloriosa más política que metodológica, es decir, son documentos similares a los informes de gobierno en los cuales se habla de lo mucho que se hace, pero muy poco sobre la medición de su impacto, del desarrollo de sus indicadores, del proceso de diseño de sus políticas, y de los errores o limitaciones que han encontrado en sus instrumentos. Característica que se repite en la mayoría de los documentos elaborados desde diferentes países.

Tampoco quiere decir que los gobiernos locales deban vincular sus políticas con los indicadores actuales impulsados por las Naciones Unidas, y menos aún cuando no formaron parte de las mesas de trabajo en las que se discutieron los contextos específicos de las localidades del mundo, desde los 17 ejes de atención. De hecho en la propuesta de los SDG, persiste un gran vacío en los indicadores de seguridad en materia de prevención.

Ninguno de los indicadores de seguridad de los instrumentos antes mencionados (SDG tracker, SIODS, MIDE y LOCAL2030) consideran la medición y monitoreo de los factores de riesgo y de protección. Tampoco se incluyen otras variables complementarias propias de un enfoque más amplio y sistémico de la seguridad: cohesión comunitaria, capital social, eficacia colectiva, calidad del entorno urbano, condiciones de movilidad y accesibilidad en entornos inmediatos y condiciones de las viviendas. Es decir, pareciera que la perspectiva de la seguridad ciudadana sigue estando rezagada también en estos espacios.

Corresponde a los gobiernos locales una implicación mayor en el diseño de los indicadores de seguridad, con base en insumos derivados de la proximidad y el reconocimiento de la importancia de la información desglosada, aunque esto les exija un mayor compromiso y trabajo colaborativo con los demás niveles de la administración pública. Toca también, que la seguridad sea abordada, medida y evaluada, desde enfoques más amplios con datos desglosados, y que las acciones de intervención cuenten con un registro histórico y una rigurosa evaluación de impacto. Toca, pues, finalmente, que nos ocupemos todos de la coproducción de la seguridad, pues el contexto mexicano así lo demanda.

* Jorge Francisco García Castro es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Especialista en política pública y gobierno, y consultor para Delibera A. C., asociación que desarrolla proyectos de investigación, intervención y evaluación en materia de prevención social de las violencias y el delito.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.