close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Menos Torquemada y más Sherlock Holmes…
El dictamen de los diputados sobre la Ley contra la Tortura tiene tantas fugas, desviaciones y obstrucciones que al final queda apenas un diminuto resquicio para prevenirla y sancionarla.
Por Insyde
13 de febrero, 2017
Comparte

Por: Silvano Cantú (@silvanocantu)

El veto a la tortura podría incluirse en un check list de lo que es una democracia moderna. Torturar es casi sinónimo de lo medieval y antónimo de investigar científicamente el delito; la mejor amiga del inquisidor Torquemada y la némesis del detective Sherlock Holmes; la opción de quien quiere un culpable, el que sea, ahora, sin verdad ni justicia ni autoridad ni derecho. Por ello, su prohibición constituye un caso de ius cogens: derecho absoluto que no admite pacto en contrario, es decir, ninguna autoridad o norma del mundo pueden decidir algo diverso, sin excepción.

En México, pese a esta venerable tradición de maldecir la tortura siempre, nunca pasa nada si alguien incurre en ella. Es, para usar la expresión de Ernesto López Portillo, una “tortura indolora”. Bajo ese signo, los primeros ocho años de la “guerra contra la delincuencia” vieron apilarse 4,055 denuncias en el fuero federal, iniciando con 23 en 2006 y terminando con 2403 en 2014, de las cuales 1622 se investigaron (67 %), 119 se consignaron (5 %) y se ejecutaron sólo 2 sentencias (0.08 %). El año pasado las denuncias sumaron 4713, 38 % de ellas activas.

Entre las causas diagnosticadas de estas asimetrías figuran: mal diseño de tipos penales; ausencia de controles en el uso de la fuerza, especialmente en el marco de la “guerra” y la militarización de la seguridad pública; falta de registro de detenciones en tiempo real; escasez de recursos, técnica e independencia en las investigaciones; descontrol judicial… Tales déficits quieren colmarse mediante la emisión de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura, discutida en el Congreso desde 2014. La mala noticia es que en diciembre pasado las comisiones de justicia y derechos humanos de la Cámara de Diputados distorsionaron una minuta pasable que venía del Senado, la cual había prosperado tras largos debates entre legisladores, sociedad civil e instancias gubernamentales. El proceso se congeló.

Opino que el dictamen de Diputados hace que la plomería que va del hecho a su condena tenga tantas fugas, desviaciones y obstrucciones que al final quede apenas un diminuto resquicio por el cual el proceso fluya sólo con suerte o presión excepcionales. Vista así, la norma prohíbe y fomenta la tortura al mismo tiempo. Ofrezco cinco ejemplos, no exhaustivos pero sí apremiantes.

El primer ejemplo consiste en la descontextualización que sufre el fenómeno de la tortura, que cede el paso a una versión light que la pretende aislada, excéntrica, obra de arranques patológicos de agentes que actúan en solitario; combinado con lo anterior, todos los que quedan fuera de la investigación pueden meter las manos en ella. Artículos como el 16 permiten que unos funcionarios – principalmente los que forman parte de la misma institución señalada e incluso del mismo caso – cubran a otros y tengan acceso a las pesquisas hasta en tanto no se les vincule a proceso. Ya vimos las cifras: ello técnicamente no ocurre, y esto es así en buena medida por el alto grado de contaminación de las investigaciones, así que los diputados alimentan el círculo vicioso. Una buena medida cautelar para separar de funciones a quienes estuvieran señalados o directamente vinculados a los hechos habría bastado. No la incluyen y menos la responsabilidad de superiores jerárquicos omisos o negligentes en la prevención de los hechos.

Otro peligroso disolvente de la efectividad investigadora aparece en el artículo 33, en el cual se subvierte la regla interamericana de perseguir de oficio este delito, dada su extrema gravedad, y se la sustituye por un régimen híbrido en el cual la tortura puede investigarse “de oficio o a petición de parte”, pero en ese último caso, sólo para ciertas torturas “especiales”, por ejemplo, de las que “den visto” las autoridades judiciales, o el ombudsman, o bien – dice el texto – “cuando haya indicios” de que los hechos se consumaron. El embudo se contrae todavía más: cuando se trate de hechos denunciados por la autoridad judicial, ésta debe contar con “elementos objetivos o evidencia razonable” de que pudieron haber ocurrido, y más estrecho aún: deben ser indicios físicos (desestimando por completo la huella psicológica de los hechos, advertible – por ejemplo – en entrevistas con la víctima). De pronto no habrá ya víctimas de tortura en el país, pero por las razones equivocadas.

Ahora bien, además de restringir a quién investigar, quién puede pedir que se investigue y cuándo, el tercer ejemplo es otra bofetada al ius cogens, que desinstala la que podría ser la mejor herramienta para disuadir al uso de la tortura: la regla de exclusión de prueba ilícita. El artículo 50 del dictamen propone que éstas se anulen “excepto en los casos en los que el descubrimiento de dicha prueba fuera inevitable, se hubiera obtenido de fuente independiente o el vínculo de su ilicitud estuviere atenuado”.

Estas excepciones son simplemente inadmisibles. De nada sirve invocar el voto concurrente de cierto ministro en el Amparo directo en revisión 3669/2014, como hicieron los diputados en la exposición de motivos del dictamen, donde defienden que es buena idea incorporar estas excepciones “de derecho comparado” invocando una tesis aislada – CCCXXVI/2015 (10a.) – que se refiere a los límites a todo tipo de prueba ilícita. Indistintamente del debate que abre una lectura tan permisiva de hacer trampa en la investigación, en lo que nos ocupa (la prueba obtenida mediante tortura) no hay vuelta de hoja: esta tesis aislada no puede considerarse como aplicable a estos casos porque ninguno de ellos pasaría el test de proporcionalidad entre la restricción del derecho y el fin perseguido, ni el principio pro personae que exige la Constitución para aplicar siempre a toda persona la norma que más proteja sus derechos, ni la interpretación conforme a las normas de derechos humanos en la Constitución y los tratados internacionales. Tampoco pasa el test del sentido común.

¿Habrá “torturas válidas” porque de todos modos se habría dado tal hallazgo independientemente de la confesión obtenida con violencia? ¿Podrá justificarse que se torture – suponiendo que se le presuma alguna efectividad a la conducta – cuando después de hacerlo el mismo Ministerio Público argumente la validez de la prueba porque era inevitable dar con la información por otros medios? ¿Un acto de tortura que además debe presentarse como totalmente innecesario tendrá menores consecuencias procesales que otros? ¿Cómo podría atenuarse el vínculo entre la tortura y su ilicitud si está absolutamente prohibida, es decir, no se admite ni en estado de guerra ni bajo suspensión de garantías, su prohibición es, se repite, a-b-s-o-l-u-t-a? Los diputados no lo responden, sólo se limitan a decir que la Suprema Corte se refiere a estas figuras en un voto concurrente de una tesis aislada, es decir, desplazaron una norma de ius cogens por un comentario en un voto concurrente que se refiere a una tesis aislada que no puede aplicarse a pruebas obtenidas mediante tortura.

Cuarto síntoma de inadecuación: el insatisfactorio diseño del Registro que propone el artículo 82. En vez de fortalecer lo existente (los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública y principalmente el Registro Nacional de Víctimas, que hasta ahora se encuentra marginado porque no hay fuentes que lo alimenten ni interconectividad ni innovación tecnológica), los legisladores proponen un nuevo registro exclusivamente para hechos constitutivos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, el cual deberán replicar los estados. Cada uno de los “nuevos” treinta y tres registros serán verosímilmente gobernados por las procuradurías de justicia correspondientes.

No habrá registro 2.0: se omiten mecanismos de vigilancia o criterios para cubrir aspectos vitales en la prevención de la tortura, como la geolocalización o mecanismo de “cadena de custodia de personas detenidas”, para saber el detalle de sitios y autoridades por los que pasaron, el acceso público en línea y la inscripción de detenciones en tiempo real. Sin estos componentes el registro se concentra en indicar lo que fue – en el mejor de los casos – pero se precariza al máximo su potencial preventivo.

Y quinto: la legislación carece de medidas especiales para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño en casos de tortura con contenidos sexuales así como de perspectiva de género o enfoque diferencial y especializado, de tal modo que es inocua frente a agravios cometidos por – o agravados debido a – el concurso de la discriminación o la vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes, desplazadas o extranjeras, que no entienden el español, con discapacidad o LGBTTTI.

Este fallido dictamen enciende por enésima vez los focos rojos ante el accidentado camino que ha seguido esta ley, lleno de trucos e intentonas de fraude a los estándares. Parecería que entre los debates infundados y el tiempo que tomará publicar la legislación e implementarla a nivel local, el principal mérito de la ley será que no pueda aplicarse a casos ocurridos durante este sexenio, el cual – por cierto – persiste en dar como “reforma estructural” de cierre la perpetuación de la “guerra contra la delincuencia” y sus amplias licencias en el uso de la fuerza a través de la impresentable Ley de Seguridad Interior.

Si la urgencia para emitir esta norma pronto y bajo la única premisa aceptable – prevenir que la tortura ocurra por todos los medios – era ya de primer orden cuando entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, las complicaciones de nuestros problemas de seguridad obligan a colocar este vergonzoso pendiente nacional en el primerísimo sitio, junto a la también marginada ley general en materia de desapariciones. Pero no se toma nota de esto, el debate está desierto, como si la crisis de derechos humanos que vivimos no tuviera relación con la realidad, como si el problema fueran precisamente las soluciones, como si diera igual Sherlock Holmes que Torquemada.

 

* Silvano Cantú es consultor del @InsydeMx en materia de prevención de la tortura y Director Ejecutivo del Laboratorio de Innovación para la Paz.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.