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México: entre la crisis forense y las personas fallecidas por COVID-19
Ante el aumento de personas fallecidas por COVID-19, por otras enfermedades o como víctimas de algún delito, la mala gestión de los cuerpos de las personas fallecidas puede constituir una violación de sus derechos y los de sus familiares.
Por María Teresa Menéndez Taboada
25 de mayo, 2020
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La pandemia de COVID-19 está azotando un país ya de por sí afectado por una crisis forense. En México, desde hace más de 10 años vivimos en un verdadero estado de emergencia producto de otras pandemias como la de homicidios dolosos y desaparición de personas.

En el Informe del Sistema Nacional de Búsqueda, presentado en conferencia el pasado 24 de junio de 2019, las autoridades del actual gobierno reconocieron la muy severa emergencia forense que atraviesa el país. A la fecha, no sólo han aumentado los homicidios y las personas desaparecidas, también los cadáveres sin identificar. En esta conferencia, la secretaria de Gobernación, Olga Cordero, reconoció que hay miles de cuerpos sin identificar; además, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, recalcó que “se cometió una práctica deleznable con un gran número de cuerpos a los que no se les practicó la necropsia de ley y fueron inhumados indebidamente en distintas fosas comunes bajo el argumento de que existía una sobrecarga de trabajo”.

Según cifras oficiales, que por lo regular distan de las reales, cerca de 40,000 cuerpos permanecen sin identificar en nuestro país, además de un sinnúmero de restos óseos. Muchos de ellos han sido enviados a fosas comunes, de por sí ya saturadas; algunos incluso fueron enviados por error, como en el caso de Oliver Navarrete en Tetelcingo, Morelos, que sacó a la luz la inhumación clandestina de 119 cadáveres en esa misma fosa, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo que intervenir y emitir una serie de recomendaciones. Tan sólo en Jalisco, según reporta la BBC, fueron incinerados más de 1,500 cuerpos de manera irregular por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; en este mismo estado también se encontraron cientos de cuerpos amontonados en cajas de tráileres sin refrigeración, abandonadas en colonias populares. En consecuencia, la CNDH recomendó a la Fiscalía General del Estado y al IJCF, construir o adquirir depósitos o cámaras dotados con sistemas óptimos de refrigeración para cadáveres o restos humanos que se tengan en custodia y guarda y no estén en posibilidad de ser inhumados, además de dotar de los recursos para el cumplimiento de ese punto.

Al enfrentarnos ahora a la pandemia de COVID-19, Nueva York nos enseñó que es posible usar los tráileres refrigerantes para resguardar de forma digna los cientos o miles de cuerpos que se encuentran en espera de ser recogidos por las funerarias del estado —como nos explica New York Times—, justo como ha sugerido el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y como ya ocurría, desde hace unos años, en otras cinco ciudades mexicanas: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Xalapa y Alvarado, En contraste, en esta misma ciudad estadounidense, los cuerpos que no han sido identificados, reclamados o que sus familiares no pueden pagar los servicios funerarios, han sido enviados a una fosa común en la Isla Hart; en el video difundido por Washington Post se aprecia cómo se sepultan decenas de ataúdes sin seguir aparentemente los lineamientos que señala CICR para la gestión de cadáveres en situación de desastre, complicando así la tarea de identificar posteriormente a una persona y exhumarla para ser entregada a sus familiares, en especial, considerando que podrían tratarse de personas migrantes, provenientes de nuestro país o de cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, México también podría servir como un buen ejemplo, ya que, acatando las recomendaciones de la ONU, Guerrero fue el primer estado en adoptar el modelo de cementerio ministerial, lo cual facilita la identificación posterior de las víctimas, su exhumación y su entrega digna. Si bien en los últimos días la Secretaría de Salud del Estado de México dispuso 16 tráileres refrigerantes para tratar de solventar la saturación de las morgues en los nosocomios, es necesario que esta medida se extienda no sólo a otros hospitales en la República Mexicana, sino también a las instituciones forenses que aún no cuentan con esta alternativa. Además de tomar medidas hacia su institucionalización a nivel nacional, es necesario vigilar de cerca su implementación para evitar que ocurran violaciones a los derechos humanos, como sucedió en Jalisco y otros estados.

Ante el aumento de personas fallecidas por COVID-19, por otras enfermedades o como víctimas de algún delito, la mala gestión de los cuerpos de las personas fallecidas puede constituir una violación de sus derechos y los de sus familiares. En fechas recientes han salido a la luz las historias de quienes han experimentado el difícil proceso de la identificación de sus seres queridos, y que comparto aquí para invitar a la reflexión y a la búsqueda de soluciones para esta delicada problemática que enfrenta nuestro país.

El pasado 19 de abril, el juarense Manuel Dávila compartió en su cuenta de Facebook una estremecedora imagen sobre lo que él mismo llamó “el proceso de reconocer el cuerpo de su madre”, un suceso que lo hizo sentir que estaba “viviendo una película de terror” en el Hospital General Regional No. 66 del IMSS, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En medio del miedo, la desesperación, la frustración, la tristeza y el llanto, como él mismo describe, capturó en una fotografía el momento exacto en que personal de la funeraria que contrató le muestra, a varios metros de distancia (él calcula más de 20), una cinta adhesiva con el nombre ilegible de su madre, Concepción Díaz, quien había fallecido por insuficiencia respiratoria, posiblemente debida a COVID-19.

En una conversación que entablé con Manuel, vía Facebook, detalló que cuando falleció su mamá, el viernes 17 de abril, en aquel hospital entregarían 10 cuerpos, de los cuales Concepción sería la última. Mientras esperaba su turno pudo observar el proceso: los familiares se acercaban a las ventanas que se aprecian en la fotografía para leer una cinta de identificación que, según les dijeron, habían desprendido previamente del pecho de su familiar fallecido, para luego entregar el cuerpo en una bolsa al personal de las funerarias; Manuel señala que “nunca las abrieron (las bolsas), realmente los familiares no reconocieron los cuerpos”; después del noveno cuerpo el proceso de entrega se detuvo, ya no pudo recibir a su madre. Al siguiente día, alrededor de las 13:00 horas, le informaron que el procedimiento había cambiado: él tendría que estar a una distancia mucho mayor y gritarían a lo lejos el nombre de su madre, ya que los pasillos estaban infectados.

“Personal de la funeraria mostrando el nombre de mi madre, Concepción Díaz”, foto: Manuel Dávila.

La pesadilla para otras familias fue aún peor. Gracias al trabajo periodístico de Miriam Moreno para Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, el 23 de abril se dio a conocer otra historia de horror. El cuerpo de Don Ángel Dorado Salinas no aparecía. Su esposa e hija, junto con familiares y amistades del señor de 55 años que había fallecido dos días antes, protestaban entre lágrimas y pancartas afuera del Hospital General Doctor Liceaga para que les entregaran el cuerpo de quien originalmente había ingresado por una falla renal pero, según el acta de defunción, murió por “neumonía atípica, posible COVID-19”. Teresa Padrón, su esposa, comentó para Imagen Noticias que cuando el personal de la funeraria ingresó al hospital les indicaron llevarse un cuerpo asociado a un nombre diferente; a pesar de la insistencia de los trabajadores del hospital, el personal de la funeraria no aceptó llevárselo y decidió tomar una fotografía del rostro de la persona que les estaban entregando para mostrársela a Teresa, quien de inmediato confirmó que no era su esposo. Pasaron las horas y las autoridades del hospital no les daban respuesta, por lo que en medio de la protesta y delante de las cámaras que grababan este difícil momento, el compadre del finado logró comunicarse con Gerardo Reséndiz, Jefe de Medicina Legal de dicho hospital, quien afirmó que se trataba de una situación que “los agarró desprevenidos”. A pesar de esto, ese día tampoco pudieron entregarle a su ser querido; hasta el día siguiente, autoridades del hospital resolvieron que el cuerpo de Don Ángel había sido entregado a otra familia y que ya había sido incinerado. Aquella familia reconoció por error el cuerpo de Don Ángel como si fuera su familiar y, aunque posteriormente ellos pudieron recuperar el cuerpo correcto, a la señora Teresa le devolvieron los restos mortales ya incinerados y, como ella misma expresó, nada le garantizaba que se tratara de su esposo.

Los errores se repiten en casos como el de Gregorio y Armando, recogido por El Financiero, donde ambos, fallecidos en el Hospital de Zona No. 5 del IMSS en Zacatepec, Morelos, fueron entregados a la familia equivocada y no fue sino hasta que se preparaba el entierro de Armando que sus dolientes notaron la confusión: habían velado a Gregorio y Armando ya se encontraba bajo tierra. Algo similar ocurrió en el Hospital General Regional La Perla en Nezahualcóyotl, Estado de México, cuyas autoridades inicialmente trataron de culpar a las funerarias y desentenderse del problema.

Historias como estas, por desgracia, son comunes en el ámbito forense. Los responsables suelen culpar a las familias, quienes están atravesando por un estado de shock o de sumo dolor, donde además tienen que mirar rostros sin vida o partes de cuerpos, cuyo aspecto puede variar por diversos factores (deshidratación, descomposición, exposición térmica, etc.) e incluso pueden encontrarse irreconocibles, producto del evento traumático que le quitó la vida. También pueden presentarse dos o más personas fallecidas con características físicas similares; por lo tanto, los especialistas y todo el personal involucrado con el manejo de cadáveres, ya sea en el ámbito hospitalario o forense, tiene la obligación de garantizar el trato digno y el derecho a la identidad que tienen las personas fallecidas y sus familias. ¡Sí, los cadáveres también tienen derechos!

“Sería bueno que se lograran implementar otros mecanismos para el reconocimiento de los cuerpos de nuestros familiares, para tener así nosotros la certeza y también ellos (personal de los hospitales), ya que en medio de este caos que se vive adentro de los hospitales, pueden existir errores, pero yo quiero pensar que no existió ningún error y que sí me entregaron el cuerpo de mi madre”, nos dice Manuel Dávila.

Siguiendo todas las medidas de sanidad y seguridad, “si la familia del paciente desea ver el cuerpo después de su extracción de la sala de aislamiento o área relacionada, se le puede permitir hacerlo” y cumplir de esta manera, con los “principios de sensibilidad cultural” que establece la Organización Panamericana de la Salud. Cuando el cuerpo de la persona fallecida sale del hospital, y antes de ingresarlo a la carroza fúnebre, puede pasar a través de una carpa de vinil donde, a través de una ventana plástica, la bolsa sea abierta a nivel del rostro y los familiares puedan reconocer a su difunto, manteniendo siempre la desinfección ambiental. También pueden adquirirse bolsas mortuorias con ventanas e instalar túneles sanitizantes. Aún así, existe la posibilidad de reconocer a la persona incorrecta, pero si se corrobora con cuidado la identidad de la persona fallecida conforme va pasando de un área a otra (de la cama del hospital a la morgue, de la morgue a la carroza, de la carroza a la funeraria) puede reducirse considerablemente el riesgo de cometer este tipo de errores.

Lo que sí es seguro es que, si se sigue un protocolo de despedida —totalmente apegado a las normas de bioseguridad, como el que propone EQUITAS— el sufrimiento disminuye y, con ello, se hace menos complicado el duelo. Esta organización colombiana propone también impulsar programas de capacitación sobre buenas prácticas para el manejo, registro y documentación de personas identificadas, no identificadas e identificadas sin reclamar, tomando en cuenta que, a partir de ahora, no todas las personas fallecidas por COVID-19 son pacientes sintomáticos, por lo que deberán tomarse las mismas precauciones en todas las defunciones.

En medio de esta pandemia el comisionado nacional de Bioética, Manuel Ruiz de Chávez, renunció a su cargo el miércoles 15 de abril del presente año, abonando a la incertidumbre en los derechos de las personas fallecidas. Es por esto que, en primer lugar, es urgente que se nombre una nueva comisionada o comisionado, para que, entre otras cosas, se implemente un plan de gestión de los cuerpos de las personas fallecidas con enfoque interseccional. Para ello es necesario tomar en cuenta a las autoridades en todos los niveles de gobierno, especialistas independientes, asociaciones civiles, empresas privadas, entre otros organismos. En segundo lugar, y de cumplirse con lo anterior, es necesario que la Comisión Nacional de Bioética deje de estar relegada en último plano —tal y como estaba antes de la renuncia de Ruiz de Chávez— durante este crítico periodo que estamos atravesando, donde sus funciones son de vital importancia.

Agradezco infinitamente la colaboración de Manuel Dávila, que a pesar de la tragedia que está viviendo aceptó compartir más detalles de su historia para esta nota. También agradezco a periodistas como Miriam Moreno, que si no fuera por el trabajo que realizó en los lugares en donde nadie quiere estar, los hospitales, y sabiendo que el riesgo de contagiarse era muy alto, tal y como ocurrió posteriormente, no conoceríamos historias como las de Don Ángel y su familia.

* María Teresa Menéndez Taboada (@TeresaMenendez) es consultora externa en INSYDE, doctoranda del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Barra Interamericana de Abogados.

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