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Migración y COVID 19 en México: del discurso humanitario al trato inhumano
Estamos ante una política migratoria que durante decenios de años ha operado con la lógica de contención migratoria desde una perspectiva de seguridad nacional o como moneda de cambio ante las presiones socioeconómicas de Estado Unidos
Por Araceli Avila
17 de mayo, 2021
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A mediados de marzo de 2021 se hicieron públicas las medidas que serían tomadas para prevenir los contagios por COVID 19 en México, conocidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia, las cuales incluían, entre otras, medidas de distanciamiento social y las políticas de confinamiento, directrices que llegaron en un contexto complejo para las personas migrantes en México. Para entenderlo, debemos retroceder a 2018.

En 2018, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, declaró que habría una política de brazos abiertos para las personas migrantes. En su gira de agradecimiento señaló que “no se puede estar enfrentando este problema solo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, hay que garantizar los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida, a buscarse la vida, el derecho a ir a trabajar honradamente, mitigar el hambre y la pobreza”: asimismo, pidió ser solidarios y aplicar el refrán mexicano de que “donde come uno, comen dos”. Las promesas incluían promover un plan de desarrollo para los países centroamericanos como una solución a los problemas de raíz que expulsan a miles de migrantes de la región, así como ofrecer empleo a esta población en los proyectos de infraestructura planeados para su gobierno. Y mientras el discurso de México parecía dar un giro radical a la política migratoria, el entonces presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, insistía en la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México y su discurso antiinmigrante.

Al mismo tiempo, entre 2018 y 2019 el fenómeno de las caravanas migrantes creció rápidamente. Alfredo Islas Colín hizo un recuento: entre el 13 de octubre de 2018 y hasta el 10 de abril de 2019 contabilizó nueve caravanas de migrantes y solicitantes de protección internacional que pasaron por la frontera sur de México, principalmente Chiapas y Tabasco. El número de integrantes de las caravanas fueron calculados entre los doscientos hasta los siete mil aproximadamente, provenientes de Centroamérica en su mayoría y cuyo destino principalmente eran los Estados Unidos de Norteamérica.

El 30 de mayo de 2019 Donald Trump anunció que aplicaría aranceles del 5% a todas las importaciones mexicanas de forma inmediata y subiría gradualmente hasta llegar al 25% mientras no percibiera un mejor control migratorio por parte de México. La respuesta express del gobierno fue comisionar al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para negociar. Lejos de ofrecer el Plan de Desarrollo como estrategia de contención a la migración y de negociar a partir de él, México aceptó disminuir en 45 días el número de migrantes centroamericanos que llegaban a la frontera norteamericana, así como el uso estratégico de la Guardia Nacional (un grupo militarizado pensado como bastión de la estrategia de seguridad del gobierno contra el crimen organizado) para la contención migratoria.

A partir de junio de 2019, las imágenes de la Guardia Nacional haciendo uso excesivo de la fuerza contra las personas migrantes (incluso contra niñas, niños y adolescentes) se volvieron recurrentes. Circulan imágenes y testimonios donde este cuerpo con equipamiento y formación militar no sólo trata de evitar el ingreso de las personas migrantes en la frontera sur de México, sino también trata de evitar que crucen a Estados Unidos.

Además, en el mismo año fueron proclamados los Migrant Protection Protocols, mejor conocido como “MPP” o “Quédate en México”, una política migratoria del gobierno de los Estados Unidos vigente desde enero de 2019 hasta febrero de 2021, que obligó a las personas que ingresaron a EUA (sin importar cómo entraron al país) y aquellas que manifestaron interés en pedir asilo, a esperar en México todo lo que duraba su proceso en la corte de inmigración estadounidense.

Es en este contexto de contención migratoria y con un bagaje de prácticas institucionales violatorias a los derechos de las personas migrantes, en específico el derecho al acceso a la salud, que en marzo de 2020 la pandemia por COVID 19 alcanzó a las personas migrantes y a las solicitantes de protección internacional en México.

El 17 de marzo de 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) “implementar medidas cautelares para salvaguardar la integridad física, psicológica, estado de salud y la vida, de personas migrantes alojadas en estaciones migratorias, estancias provisionales y albergues de ese instituto” ante el COVID 19. El mismo día, el INM respondió señalando que el Instituto “tiene una capacidad para alojar 6 mil 728 personas extranjeras en estaciones y estancias migratorias y, a la fecha, la ocupación es de 3 mil 59, lo que representa un 45.46 por ciento; ninguno de los recintos migratorios del Instituto registra hacinamiento de personas extranjeras” (INM. 17 de marzo de 2020). Señalaron incluso que desde enero habían tomado medidas para prevenir los contagios en las estaciones migratorias.

Sin embargo, la incertidumbre entre las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en México creció y en las siguientes semanas toda respuesta que obtuvieron por parte del gobierno mexicano estaba lejos de las promesas de trabajo, planes de desarrollo, brazos abiertos y “donde come uno, comen dos”. Al anuncio de la Jornada Nacional de Sana Distancia siguieron al menos tres protestas al interior de las estaciones migratorias del INM durante el mes de marzo de 2020 en Tapachula, Villahermosa y Tenosique, todas reprimidas por la Guardia Nacional. Además, en la protesta de Tenosique un hombre de origen guatemalteco falleció y al menos 14 personas resultaron heridas ya que agentes de la Guardia Nacional impidieron la evacuación de las personas para escapar del incendio al interior del centro de detención.

Los reclamos de la población migrante fueron legítimos. Mientras el gobierno hacía un llamado a la sana distancia y a maximizar las medidas de higiene, en los centros de detención migratoria seguían las condiciones insalubres que imperan desde hace años. Aunque el INM aseguraba públicamente que tomaba las acciones necesarias para prevenir los contagios entre la población migrante en detención, las carencias del Instituto y su despreocupación por garantizar el derecho a la salud para las personas migrantes se hicieron más evidentes que nunca.

En abril de 2020, el INM anunció que ya contaba con un Protocolo de actuación en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales para minimizar el riesgo de contagio del COVID-19, avalado por la Secretaría de Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Lo que no rindió fue cuentas sobre la aplicación de este protocolo durante la pandemia.

Los siguientes meses, organizaciones de la sociedad civil en México interpusieron ocho juicios de amparo en seis ciudades de la República (Tenosique, Tabasco; Tapachula, Chiapas; Acayucan, Veracruz; Monterrey, Nuevo León; Ciudad de México y Tijuana, Baja California). Como se señala en el Informe sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas, en la mayor parte de los casos, la actuación del poder judicial no fue satisfactoria, emitiéndose medidas limitadas y, en algunos casos, ineficaces para resolver a favor de la población migrante y solicitante de protección internacional privada de libertad en los centros de detención migratoria.

Las cifras presentadas por la Unidad de Política Migratoria muestran que el ritmo de la detención migratoria incrementó ferozmente los siguientes meses pese a la pandemia. De hecho, solo en los meses de abril, mayo y junio de 2020 se reportó una baja sustantiva en las detenciones migratorias (Figura 1). El primer trimestre de 2021 es el que más detenciones migratorias ha reportado el INM en los últimos cuatro años, con un total de 36,148 detenciones, pese a que en diciembre de 2020 y enero de 2021 México experimentó un incremento sostenido en los casos confirmados por COVID 19.

Figura 1. Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria avance mensual de enero de 2020 a marzo de 2021.

Elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en marzo 2021 el estado de Nuevo León no presentó los datos de detenciones, por lo que el registro para este mes está subestimado.

El 21 de febrero de 2021, el gobierno federal reportó durante una de las conferencias de prensa COVID 19, que al 31 de diciembre de 2020 se habían identificado 3,863 casos de personas migrantes con sospecha de COVID 19, de los cuales fueron confirmados 984 casos y 50 defunciones (originarios principalmente de EUA). Señaló también que, al 15 de febrero de 2021, se registraron 4,869 personas migrantes sospechosas de COVID 19, de las cuales fueron confirmados 1,208 casos, reportaron también 55 defunciones confirmadas de personas migrantes los primeros 45 días del año. Sin embargo, durante la conferencia, hicieron hincapié en que consideran migrante a cualquier persona que ha cambiado de residencia por cualquier motivo y que se encuentra en territorio mexicano, ya sea con estatus migratorio regular o irregular. Por lo que los datos presentados no dan luz sobre la condición migratoria de las personas ni los datos específicos para la población migrante en tránsito o en detención migratoria, sin mencionar que las personas migrantes indocumentadas podrían optar por no acudir a un centro de salud por temor a ser deportados, lo que los deja en un estado de mayor vulnerabilidad a sufrir las consecuencias del COVID 19 y otras enfermedades en silencio.

Durante la misma conferencia, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, afirmó que las personas migrantes están contempladas en el programa de vacunación y que, sin importar su estatus migratorio, podrán acceder a la vacuna cuando lleguen al municipio de su residencia según el esquema de vacunación por edades y profesiones. Sin embargo, en los siguientes días fue reportado el caso de Cuajimalpa, alcaldía donde se colocaron letreros para advertir que no vacunarían a personas extranjeras ni siquiera aquellas con FM2, el formato que les acredita como residentes documentados en el país. Aunque el gobierno mantiene un discurso formal pro derechos humanos, no proporciona información específica sobre la forma en que las personas migrantes van a acceder a la vacuna. De hecho, portales como el de la Ciudad de México señalan que será necesario acudir al centro de vacunación con CURP y comprobante de domicilio, dos documentos que las personas migrantes indocumentadas no tienen.

Estamos ante una política migratoria que durante decenios de años ha operado con la lógica de contención migratoria desde una perspectiva de seguridad nacional o como moneda de cambio ante las presiones socioeconómicas de Estado Unidos, una política que se ha valido cada vez más de cuerpos militarizados para realizar esa contención y que en el proceso viola múltiples derechos de las personas en movilidad y los deja en contextos de mayor vulnerabilidad ante el crimen organizado, autoridades corruptas o corruptibles y ahora, ante el COVID 19. Las respuestas proporcionadas por el INM, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación sobre las acciones concretas para garantizar los derechos de las personas migrantes ante la pandemia y sobre las posibilidades de que sean vacunadas, son aún insuficientes. Un verdadero compromiso debe incluir reportes más específicos sobre las acciones que se han tomado durante el último año para atender a las personas migrantes en detención migratoria y en tránsito por México, así como un plan claro para que esta población sea vacunada y un cese a las detenciones migratorias.

* Araceli Avila (@RegaeneLycaniX) es investigadora en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (@InsydeMx).

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