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Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Mirar detrás de las rejas
Es preciso configurar una política social que atraviese todo el sistema penitenciario pues lo que está en juego es la posibilidad de dotar a las personas de herramientas que les permitan reincorporarse en condiciones confiables a la sociedad, en contrasentido de la noción generalizada de que las cárceles son “escuelas del delito”.
Por Anayanci Fregoso
27 de enero, 2020
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Fue cuando llegó ya mi proceso de madurez, según yo.

O no según yo, la verdad sí he madurado mucho.

A mi lo que me ayudó fue la prepa.

Es que los maestros siempre traen un mensaje.

Cada maestro hablaba contigo y te hacen más abierto a las cosas,

piensas más las cosas,

comienzas a razonar más, te haces más educado,

tienes todo, todo, todo va de la mano.

Y fue cuando comencé yo a cambiar esa parte,

de ya no hacer las cosas por impulso.

Omar

 

El posible acto criminal que lleva a la detención de las personas no les quita la condición de sujetos de derecho, por lo tanto, el Estado sigue estando obligado a garantizar sus derechos, pues el único que se les sanciona es el de la libertad ambulatoria, y el derecho a votar cuando tienen sentencia condenatoria (cuatro de cada diez personas privadas de libertad aún no reciben sentencia, con lo cual son presuntamente inocentes y tienen derecho al sufragio). Es primordial decir entonces que si bien la privación de libertad es considerada un castigo justificado, esto no debe traer consigo la negación de la dignidad de la persona.

Entre las discusiones fundamentales que deben darse sobre lo que ocurre en las prisiones está la que gira en torno a la educación como un derecho que la institución está obligada a garantizar porque, además, es un derecho llave que permite abrir el conocimiento de otros derechos y construir espacios de comunicación y reflexión que den lugar a procesos de inflexión donde se conciben transformaciones en la propia existencia y (nuevos) proyectos de vida.

El conocimiento sistematizado sobre la educación muestra precariedad y evidencia que la educación aún se presenta como un derecho incumplido. De manera específica, a lo largo de los últimos 20 años se han producido investigaciones académicas que revelan el impacto positivo de la educación en la reinserción a la sociedad de las personas que estuvieron en la cárcel. Estos estudios demuestran un vínculo directo entre su nivel educativo y las probabilidad de reincidir en actos delictivos.

Según el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el objetivo del sistema penitenciario del país es “lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”. De acuerdo con el INEGI (2014),en México en 2012 la reincidencia delictiva fue de 13%. Porcentaje que parecería ser bajo, pero que merece ser tomado con tiento a la luz de la realidad de que no todos los delitos que se cometen son denunciados.

Conforme a la presentación de resultados generales del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales (INEGI, 2019), al cierre del 2018 existían en México 176 mil 819 personas privadas de libertad en centros penitenciarios y 1 mil 587 en centros de tratamiento y/o internamiento para adolescentes. Estos mismos resultados indican que el 34.5% de las personas privadas de libertad en un Centro de Readaptación Social tiene un promedio de edad de 18 a 29 años, 32.4% de 30 a 39 años, 20.6% de 40 a 49 años, y el 11.2% de 50 años en adelante. De este universo 91% sabe leer y escribir, 32.4% de la población carcelaria cuenta con educación preescolar o primaria, 37.7% tiene un nivel de escolaridad de secundaria, 14.7% de preparatoria, 2.9% de licenciatura, 3.1% cuenta con una carrera técnica o comercial y sólo el 0.1% obtuvo un posgrado.

Es evidente que México debe construir una política de reinserción social que transcienda las iniciativas generadas a discreción en cada centro penitenciario sin el debido sustento y en condiciones precarias; es preciso, entonces, configurar una política social que atraviese todo el sistema penitenciario pues lo que está en juego es la posibilidad de dotar a las personas de herramientas que les permitan reincorporarse en condiciones confiables a la sociedad, en contrasentido de la noción generalizada de que las cárceles son “escuelas del delito”.

La educación en contextos de encierro reduce las condiciones de vulnerabilidad social y cultural de las personas privadas de libertad; restituye o les vuelve tangible su condición humana luego de atravesar un proceso –durante su detención y tránsito a la prisión— en el que estuvo desdibujada o se vio fuertemente cuestionada; renueva la convivencia entre pares, familiares, custodios y trabajadores de la institución, y fomenta el desarrollo de condiciones profesionales y laborales que faciliten la participación social una vez que salgan libres. Considerar hacer efectivo el derecho a la educación en las cárceles obliga necesariamente a analizar –para reconocer los obstáculos que habría que franquear y, en este sentido, el esfuerzo que significa— la convivencia en un campo de tensiones entre una institución –la escuela— y otra –la prisión— que se piensa que son incompatibles. Ambas instituciones coinciden en el disciplinamiento como característica constitutiva de su historia, pero entrañan preceptos fundacionales diferentes que en estos escenarios se acentúan; en la primera, la racionalidad del desarrollo integral de los sujetos, y en la segunda, la del encierro y el castigo.

Si bien es importante que la educación que pueda ofrecerse intramuros abrace el interés en que se traduzca en posibilidades laborales post cárcel, por debajo de esto, en la base de la política educativa que pueda configurarse, debe estar el sentido de la educación como un bien social que aliente el despliegue individual y colectivo a través de programas educativos específicos que permitan el acceso a información y conocimiento, que promuevan la actividad intelectual reflexiva, y la formación en valores humanos que sostengan la defensa de la vida y los derechos de las personas. Siguiendo a Nuñez (1999), el trabajo educativo busca promover la emergencia de nuevos intereses y conectarlos con posibles formas de realización social, se ocupa de que aquellos implicados puedan encauzar sus intereses en modos pausibles socialmente, legitimando los gustos y curiosidades de las personas a través de proporcionarles bienes culturales para que puedan llegar a un desarrollo valioso para ellos y sus comunidades.

Desde su nacimiento la cárcel ha sido edificada sobre la base de prácticas discursivas que la definen como espacio de castigo y disciplinamiento entre cuyos objetivos está resocializar y readaptar a las poblaciones concebidas como peligrosas –grupos humanos que han sido atravesados históricamente por múltiples pobrezas—. No obstante a lo largo de sus más de 200 años de vida no se han visto cumplidos los propósitos para los que fue constituida, pervive un imaginario punitivo que promueve la idea de que no sólo hay que castigar a los criminales sino que, en tanto tales, no merecen consideración alguna. Obviando los fundamentos legales que señalan que incluso en reclusión las personas deben tener garantizado el acceso a la educación. La lógica del castigo adscrita a este imaginario atenta contra la justicia y la reparación del daño y, por el contrario, clausura la consideración de segundas oportunidades, desconociendo los alcances que en la vida de las personas y sus familias implica estar privado de libertad.

En todo caso lo que se sabe que ocurre en las cárceles es la reproducción intramuros de las particularidades de la sociedad que las engendra. Por tanto, las prisiones mexicanas –como ocurre en toda la región— condensan la desigualdad social, la discriminación, el abuso de poder, la violencia, la negación de derechos y la pobreza. Y desde la investigación académica autores como Wacquant (2004) aseguran que la institución carcelaria es un espacio de contención de aquellas personas que no tienen –y no han tenido– lugar en la sociedad, por lo que el encierro resulta conveniente en tanto son considerados parias sin pertenencia social. En este contexto la educación cobra un sentido de urgencia pues supone, por principio, la restitución de lo humano como una noción casi inexistente en las prisiones, y porque puede ser concebida como parte de un programa nacional de educación para la paz con el que el Estado se comprometa y, por tanto, haga posible las condiciones para su habilitación y sostenimiento en el tiempo.

Llevar la escuela a la cárcel significa para las personas privadas de libertad salir del ensimismamiento y la rutina para pensar en lo social de manera (auto)crítica; es una convocatoria a la construcción de saberes que contengan posibilidades, sentidos y prácticas que se encaminen a la restitución de la dignidad humana a través del conocimiento. Como lo han dicho Herrera y Fretjman (2010), “pensar y hacer educación en una cárcel es romper las rejas de adentro, las que están dentro de nosotros mismos, en nuestros modos de pensar, de sentir, de vincularnos, de ver y habitar el mundo. Es desmontar los lugares comunes, cuestionar los conceptos y los procedimientos, resignificar sentidos, es nombrar de nuevo la confianza, es intentar escuchar desde el lado de adentro”.

* Anayanci Fregoso (@anacotidiano) es doctora en antropología social, profesora e investigadora del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara, donde desde hace tres años sostiene un proyecto de educación en cárceles.

 

Referencias:

Herrera, P. y V. Frejtman (2010). Pensar la educación en contextos de encierro: primeras aproximaciones a un campo en tensión. Buenos Aires: Ministerior de Educación.

Nuñez, V. (1999). Cartas para navegar en el nuevo milenio. Madrid: Santillana.

Wacquant, L. (2004). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.

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