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Nayib Bukele y su “Plan” de Control Territorial
El Plan Control Territorial de Bukele consiste en medidas que el presidente anuncia por Twitter y en la consecuente exigencia de fondos para financiarlas.
Por Edgar Baltazar Landeros
6 de abril, 2020
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Nayib Armando Bukele Ortez (NABO), joven político de derecha, presidente de El Salvador desde el primero de junio de 2019, ha tomado notoriedad internacional por su uso intensivo de las redes sociales, con un estilo que le ha redituado en una alta aprobación. Ante la pandemia del COVID-19, el gobierno salvadoreño ha optado por extremar medidas de prevención, cerrando fronteras, privilegiando el control poblacional por medio de las fuerzas de seguridad, decretando estado de excepción, cuarentena domiciliar obligatoria, detenciones arbitrarias contra quien viole las medidas (mismas que ya suman más de 700), además del internamiento en “centros de contención” donde existe riesgo de contagio.

Hasta el 3 de abril, El Salvador registra oficialmente 56 casos y tres muertes por COVID-19. Una de las medidas del gobierno de NABO que mayor trascendencia internacional ha tenido, es la de otorgar un apoyo económico de 300 dólares para las familias más desfavorecidas por la cuarentena obligatoria. La medida fue aplaudida, pero su ejecución ha sido improvisada, desatando descontento entre la población necesitada que aún no ha podido realizar el cobro. Ante la impericia demostrada por el gobierno, actores sociales altamente organizados, quienes sí tienen un efectivo control poblacional y territorial en gran parte de El Salvador, han hecho ya llamados amenazantes para que la población acate las medidas excepcionales: las pandillas.

Según fuentes policiales1, la extorsión y el narcomenudeo son las dos principales actividades delictivas que efectúan las maras o pandillas a partir del control territorial que ejercen en amplias zonas del país. Monopolizando, por ejemplo, el control sobre el comercio informal en el Centro Histórico de San Salvador y la extorsión generalizada (renta) sobre los comercios establecidos. En 2014, la Policía Nacional Civil (PNC) estimó que el 90% de las extorsiones ocurridas en el país eran efectuadas por pandillas, quienes, al extorsionar a alrededor del 60% de los micro y pequeños empresarios a nivel nacional, obtenían un ingreso anual estimado de 249 millones de dólares.

Desde 2013, la PNC ya identificaba la participación mayoritaria de las pandillas en la venta de drogas a nivel nacional; aún no las identificaban como carteles transnacionales involucrados en la exportación a gran escala, pero sí como los grupos en control del mercado local. En 2015, en el marco de un trabajo de graduación para el grado de Inspector Jefe de la PNC, oficiales policiales entrevistaron a altos mandos de las Divisiones Antinarcóticos y de Inteligencia Antipandillas de la PNC, a agentes de INTERPOL, así como a personal judicial y de la Fiscalía General de la República (FGR). Todos ellos coincidieron en que las pandillas han desplazado a antiguos grupos locales dedicados al narcomenudeo y prestan servicios a los grandes carteles de la droga, principalmente seguridad de cargamentos, reabastecimiento de combustible para el transporte marítimo y, en menor medida, sicariato y tráfico terrestre. Coincidieron en que ello era posible debido al control territorial ejercido por las pandillas y advirtieron sobre la factible evolución criminal de estos grupos para convertirse en un futuro en organizaciones de crimen organizado transnacional.

Al poco tiempo de tomar posesión del cargo, en su primera reunión de Consejo de Ministros, NABO reconoció el control territorial ejercido por las pandillas y manifestó su compromiso por revertirlo. Sin embargo, las acciones del gobierno salvadoreño para recuperar el control territorial perdido no están articuladas dentro de una estrategia pública con objetivos, metas o indicadores; no se conocen plazos ni existe documento alguno con forma de política pública. Lo que existe hasta el momento es una campaña propagandística denominada “Plan Control Territorial”. NABO ha tomado directamente la batuta del supuesto Plan, pero cuando lo solicité vía transparencia a Casa Presidencial (CAPRES), ésta se declaró incompetente para proporcionarlo2; me indicaron que la solicitud debía formularla al Ministerio de Justicia y Seguridad; desde hace meses espero la respuesta.

El Plan Control Territorial consiste en medidas que el presidente anuncia por Twitter y en la consecuente exigencia de fondos para financiarlas. NABO ha anunciado que el “Plan” consta de seis fases, pero tres de ellas son aún sorpresa. Las tres que ya se han anunciado son: 1) “Control Territorial”, que ha consistido en la intensificación del despliegue policial y militar, es decir, el apuntalamiento de una medida tomada por todos los gobiernos salvadoreños desde las políticas de “mano dura”; 2) “Oportunidad”, que consiste en una lista de compras para equipamientos deportivos y culturales que servirán para “reconstruir el tejido social”, no se conocen acciones articuladas en un plan de prevención, y 3) “Modernización”, que incluye la compra de equipamiento para la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC), sin conocerse aún planes de profesionalización ni mejora institucional.

Para efectuar la compra de equipos de la “Fase tres”, NABO busca obtener un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 109 millones de dólares. El recurso se ocuparía para la compra de drones, cámaras de videovigilancia y dispositivos tecnológicos que, curiosamente, son los que venden empresas de seguridad privada asentadas en México, cuyos dueños son, en un caso un allegado al presidente, y en otro el patrocinador de al menos un vuelo privado para Osiris Luna, político emanado del partido ultraderechista que prestó su registro a NABO para competir por la presidencia, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Luna funge como Director General de Centros Penales, con un protagonismo mediático superior al de su jefe, el Ministro de Justicia y Seguridad, escenificando operativos de requisa y disciplina en las prisiones ampliamente difundidos en redes sociales.

NABO gobierna con las encuestas de opinión en la mano. Cuando su gobierno se encontraba en medio de una crisis de credibilidad por proveer de agua sucia a miles de salvadoreños y atender con impericia el problema, Bukele decidió dar un paso contundente para posicionar otro tema en la agenda pública: el linchamiento mediático contra las y los diputados, quienes son los actores políticos con menor aprobación popular. El 9 de febrero pasado, NABO escenificó un remedo de golpe de Estado contra el poder legislativo, evento conocido popularmente en El Salvador como el “Bukelazo” y en las redes sociales como el “#9F”.

Convocando ilegalmente a una sesión extraordinaria para que la Asamblea Legislativa aprobase el crédito para las compras de la “Fase tres” del plan que no es plan, Bukele convocó a la insurrección contra el legislativo. En vehículos oficiales, se trasladó a personal público y a militantes de su naciente partido (Nuevas Ideas) a las afueras de una Asamblea Legislativa resguardada por militares y policías, se ordenó el retiro de la seguridad personal a las y los diputados, se colocaron francotiradores en edificios aledaños y una tarima para que NABO pudiese dirigirse a sus seguidores. Escoltado de militares con armas de guerra, en un hecho inédito en la historia salvadoreña, NABO irrumpió en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, se sentó en la silla destinada al presidente del parlamento, realizó una oración en silencio y salió del lugar, sin antes dejar en claro a los diputados presentes (diputados de derecha de los partidos ARENA, PCN y GANA que sí asistieron al llamado): “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”. De vuelta con sus seguidores y empleados gubernamentales, NABO relató que pudo hablar con Dios, quien le pidió paciencia; por ello no disolvió la Asamblea, pero sí lanzó un ultimátum más a los diputados “sinvergüenzas” para la aprobación de más fondos destinados al “Plan” Control Territorial.

Paradójicamente, sin tener un plan convencional de seguridad (público, con acciones claras) y repitiendo las acciones de gobiernos precedentes (mayor militarización, mayor control carcelario), los homicidios han bajado notoriamente durante la administración Bukele. Mientras en 2018 la tasa de homicidios por 100 mil habitantes fue de 51, en 2019 esta cifra bajó a 35.8. Aunque las extorsiones aumentaron un 17% durante el mismo periodo. Varios de los meses del gobierno de NABO han registrado las cifras de homicidios más bajas desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, incluso se han registrado varios días con cero homicidios, situación inédita en el país centroamericano. Al desconocerse el “antídoto” salvadoreño para contener la violencia homicida, el “Plan” Control Territorial adquiere condiciones de mito. Según la RAE, un mito es una “narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico”. Siguiendo esa definición, el relato bukeliano es mitológico, con policías y militares que son héroes capaces de salvar a la población del control pandilleril, de una pandemia o de cualquier amenaza, aún sin contar con nuevas directrices, haciendo lo que han hecho siempre.

El “Plan” es un mito porque, no se sabe cómo, pero funciona. Ante ello, surgen especulaciones sobre nuevos pactos entre pandillas y otros relatos que surgen por la falta de transparencia del supuesto plan. Esto contraviniendo las mejores prácticas internacionales en materia de gestión pública y rendición de cuentas, que no implican poner en riesgo la seguridad de las personas y las instituciones, tampoco revelar información sensible, sino difundir la información relevante y útil que que en todos los países medianamente democráticos permite ejercicios de evaluación de la función pública: mínimamente, conocer el plan.

* Edgar Baltazar Landeros (@ebaltazzar) es Doctorando en Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

 

 

1 Agradezco a los directivos de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en funciones en septiembre de 2018, quienes me facilitaron el acceso al acervo del Centro de Investigación Científica (CINC), donde pude consultar trabajos de graduación de oficiales policiales. Ahí fue posible leer las siguientes trabajos de graduación de los que derivan los datos mencionados: El impacto que la actividad delincuencial realizada por las pandillas causa al comercio formal, informal y población transeúnte del Centro Histórico de San Salvador durante el período 2009-2013 (Garay, Arana y Rodríguez, 2013); La extorsión en El Salvador (Padilla, Ayala y Genovez, 2014); El narcomenudeo en El Salvador y su expansión (Lima, Carranza y Romero, 2013); El impacto de las pandillas y maras en el narcotráfico en El Salvador (Vigil, Orellana y Perla, 2015)

2 Presidencia de la República de El Salvador, Unidad de Acceso a la Información Pública Ref. UAIP 472-2019.

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