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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Observatorios de seguridad en México: ¿elefantes blancos?
Para las autoridades, los observatorios (en especial si se denominan ciudadanos) son vistos como mecanismos atractivos en términos de beneficios políticos, no estratégicos. Son buenos para la fotografía, pues. Sin embargo, cuando se trata de asumir las implicaciones institucionales, el proyecto se cae, queda en el limbo o ‘se le baja el perfil’.
Por Insyde
30 de junio, 2014
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Por: Alejandro Espriú Guerra (@alespriu)

En México, como en el resto de América Latina, el sustancial incremento de la violencia y la delincuencia ha traído como resultado la necesidad de desarrollar y poner en marcha nuevos recursos que ayuden a controlar el desbordamiento de estos fenómenos sociales y a mitigar el alcance y profundidad de sus efectos.

La cada vez más compleja dinámica de estos fenómenos sociales ha demandado el desarrollo de nuevos abordajes y herramientas que permitan combatirlos de manera más adecuada. Esto es: ante nuevas problemáticas (o el recrudecimiento de las ya conocidas), nuevos remedios (o, al menos, la sofisticación de los que hayan probado ser menos ineficaces).

Desde esta óptica, el surgimiento de nuevas plataformas conceptuales, como la seguridad ciudadana, los derechos humanos y la gobernabilidad democrática –cuyo denominador común estriba en colocar al ciudadano al centro de las políticas y acciones públicas– ha significado un importante impulso para la existencia de escenarios adecuados que permitan la implementación de mecanismos innovadores en el ejercicio de la coproducción de la seguridad.

La instauración de observatorios sociales –espacios multidisciplinarios donde se analiza información especializada, se da seguimiento a procesos sociales y se hacen propuestas de políticas públicas a problemas de interés general– ocurre dentro de esta dinámica constructiva. Surgen, sin duda, de la demanda de un mejor entendimiento y capacidad para analizar fenómenos cuya multicausalidad, multidimensionalidad y multifactorialidad han superado las respuestas provenientes de mecanismos tradicionales.

En la región latinoamericana, el establecimiento de observatorios se ha ido fortaleciendo en paralelo (como efecto quizás) al proceso de democratización de los regímenes políticos. México no ha sido la excepción. Comenzaron a surgir en el país a principios de la década pasada como resultado de la experiencia internacional (Observatorios Urbanos Locales de ONU-Hábitat por ejemplo), y en respuesta a estímulos determinantes en temáticas tan diversas como desarrollo urbano, transparencia, educación, migración, entre otras. Un estudio realizado por la Fundación Este País en 2007-2008 reveló que para ese último año nuestro país contaba con al menos 95 observatorios, de los cuales la gran mayoría abordaba temas como desarrollo urbano y vivienda; desarrollo económico, y protección al medio ambiente. Sólo 17 se enfocaban al tema de procuración y administración de justicia.

En el caso particular de los observatorios especializados en seguridad (desde sus diferentes enfoques), estos recibieron un importante impulso a partir de la grave crisis de inseguridad en la administración 2006-20012, que derivó –entre otras cosas– en la firma del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (2008). Una de las cláusulas incluidas en dicho Acuerdo implicaba “la creación de un Observatorio Ciudadano… plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad y que incluya a estudiosos del tema de seguridad y justicia, contando así con reconocimiento y liderazgo social”.

Adicionalmente, la (limitada) ‘estrategia de prevención’ de la administración Calderón se centró en el otorgamiento de subsidios a más de 200 municipios del país con altos índices delictivos a fin de llevar a cabo proyectos sociales participativos (programa SUBSEMUN), lo que, a partir del 2011, facilitó la implementación de observatorios ciudadanos de seguridad.

En los últimos años, la relevancia de este tema y la existencia de recursos etiquetados para la instauración de dichos observatorios han significado un importante estímulo para que una enorme variedad de actores, principalmente locales (organizaciones civiles, instituciones académicas, consultorías y empresarios), se interesen en sumarse al ámbito de la participación ciudadana a través de este tipo de mecanismos. La consecuencia natural de ello ha sido el fenómeno de la ‘observatoritis’: observatorios de seguridad han surgido al por mayor en municipios de prácticamente todos los estados de la República.

Como organización pivote de un ejercicio más amplio ─que el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) impulsa a nivel latinoamericano─, en abril de 2014 el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) inició un mapeo de observatorios de seguridad en México. En esta primera etapa se detectaron 72 observatorios asociados a la materia en 27 entidades del país (con distintas variantes como: violencia, prevención, justicia, gobernanza y seguridad, entre otros). Lo anterior quiere decir que en tan sólo 6 años, la cifra de 17 observatorios que encontró Este País en 2008 creció en un 420%. La cifra podría ser prometedora si se tuviera información acerca de cómo operan estos observatorios (si es que lo hacen), los productos que generan y, particularmente, el impacto que tienen (si es que se tiene). Desafortunadamente no es el caso.

En la experiencia de Insyde, la evidencia empírica sugiere que un considerable número de estos mecanismos pueden ser catalogados como ‘elefantes blancos’. Sí, aquella expresión que hace alusión a objetos (obras, instituciones, o como usted quiera llamarles) que requieren de una inversión onerosa y que en la realidad tienen mínimo o nulo resultado práctico. Esto sucede no porque los observatorios no representen en sí mismos una alternativa viable y efectiva para enfrentar las problemáticas de violencia e inseguridad (todo lo contrario, en Insyde estamos convencidos de que es así y por eso –aunque con mucha dificultad– impulsamos procesos para su instauración). El problema estriba en que –casi por regla– se ha intentado sembrar esta semilla en tierras que no son fértiles.

Los observatorios son mecanismos cuya principal herramienta de trabajo es la información: recopilación y construcción de datos claros, confiables, oportunos, consistentes y relevantes. No obstante, esta labor ha probado ser –por decir lo menos– cuesta arriba. Si bien es cierto que la labor del INEGI y de otros organismos ha sido absolutamente relevante en la última década, para nadie es sorpresa el grado de deficiencia que prevalece en la calidad, validez y actualización de la información en el país, particularmente cuando se trabaja con localidades (municipios). Lo común es encontrar que no existen bases de datos y, cuando las hay, funcionan en sistemas desactualizados, sin protocolos ni mecanismos de control. En estos casos donde la información es tan difícil de conseguir y procesar, las iniciativas decaen pues toma tiempo ponerlas en marcha, se pierde el interés (momentum) y se corre el riesgo de considerarlas experiencias fallida.

Pero eso no es todo. Aún superando los vaivenes de la información, los obstáculos a enfrentar son mayores. Factores como la falta de capacidad técnica instalada (tanto en las instituciones públicas como en la sociedad civil), la volatilidad política, la escaza apertura institucional, la dificultad para conseguir recursos y la poca competencia profesional en los operadores, han parecido mermar los esfuerzos y resultados de los muchos o pocos ejercicios emprendidos en la actualidad. El trasfondo es el mismo: ignorancia. Para las autoridades, los observatorios (en especial si se denominan ciudadanos) son vistos como mecanismos atractivos en términos de beneficios políticos, no estratégicos. Son buenos para la fotografía, pues. Sin embargo, cuando se trata de asumir las implicaciones institucionales, el proyecto se cae, queda en el limbo o ‘se le baja el perfil’.

Por otro lado, resulta fundamental advertir la ironía: hasta el momento no se ha realizado ningún estudio actualizado que permita develar el ‘estado del arte’ respecto al estatus e incidencia de los observatorios en México. A pesar de haber destinado importantes sumas de dinero a este rubro, el Gobierno Federal (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) no posee siquiera un registro que dé cuenta de los nombres, directores, estatus o productos de las iniciativas que ha apoyado. Así, resulta prácticamente imposible llevar a cabo un análisis integral respecto a lo que funciona y lo que no; evidente demostración de que nuestras autoridades no lo han hecho y, básicamente, no les importa.

A pesar de la existencia de observatorios que han logrado ir consolidando su incidencia, como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Benito Juárez (Quintana Roo), el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez (Chihuahua), el Observatorio Ciudadano de Puebla y el Observatorio Nacional Ciudadano, aún queda mucho por dialogar, comprender y proponer. Hasta el momento no ha habido una discusión seria y organizada a nivel nacional (donde participen también los tomadores de decisiones a nivel federal y local) que permita definir rutas de acción efectivas. Los lineamientos del SUBSEMUN al respecto han sido criticados por ineficientes e ineficaces.

En las próximas semanas el BID y las organizaciones que participamos en el mapeo de observatorios de seguridad de toda América Latina difundiremos un documento que da cuenta de los hallazgos obtenidos a partir de la información proporcionada por los mecanismos participantes. Existe también interés (entre observatorios y organizaciones que impulsamos su instauración) por generar una Red Nacional de Observatorios de Seguridad en México que permita aglutinar iniciativas de todas las entidades del país. Es un paso que debe darse y pronto. De no hacerlo, corremos el riesgo de que los observatorios sigan siendo elefantes blancos.

 

* Alejandro Espriú Guerra es investigador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal (DIAP) de Insyde.

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