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Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Organizaciones criminales, sociedad y violencia en tiempos de COVID-19
En la medida en que aumentan las condiciones de informalidad laboral y decrecen los mecanismos de seguridad social, se fortalece el posicionamiento e influencia de actores criminales.
Por Rodrigo Cepeda
18 de enero, 2021
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La mitad de la población mundial vive actualmente bajo restricciones de movilidadi; el cierre de comercios y giros empresariales no esenciales viene reduciendo drásticamente las actividades económicas y las fuentes legítimas de empleo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social proyecta que 70 millones de mexicanos estarán en incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas como consecuencia de esta pandemia por COVID-19. Las estimaciones más conservadoras auguran que México sufrirá una contracción económica de al menos 10% mientras las economías latinoamericanas registrarán en promedio una contracción del 5%. Una de las consecuencias de este decrecimiento será el aumento en cuatro puntos porcentuales del número de latinoamericanos que viven por debajo del umbral de pobreza (en la actualidad es del 30% ).

La perdida de empleos elevará las condiciones de desigualdad y pobreza que desde hace mucho tiempo vienen favorecido la proliferación de negocios ilícitos y el control territorial de grupos criminales. En la medida en que aumentan las condiciones de informalidad laboral y decrecen los mecanismos de seguridad social, se fortalece el posicionamiento e influencia de actores criminales. Solo por poner un ejemplo: una encuesta publicada en 2017 en El Salvador reflejó que 7 de cada 10 pandilleros provenían de hogares con ingresos inferiores a 250 dólares al mes y 8 de cada 10 nunca había trabajado de forma regular en el mercado laboral fuera este formal o informal.ii

Estudiar la delincuencia no es una tarea fácil, dicha actividad entraña en sí misma el propósito de no ser detectada, sin embargo, lo que sí ha quedado en evidencia es la capacidad de los grupos criminales para adaptar sus modelos de operación a las nuevas condiciones de confinamiento. Algunos grupos de delincuencia organizada optaron por suspender temporalmente el cobro de extorsiones a transportistas y giros empresariales afectados por las nuevas medidas de movilidad; otras organizaciones han optado por robar medicamentos y abarrotes a establecimientos formalmente establecidos para luego ser “donados” a grupos vulnerables y ganarse así la buena voluntad de los habitantes en su área de influencia.

Según el reporte “Violencia a prueba de virus: crimen y COVID-19 en México y el Triángulo Norte” de International Crisis Group, hay indicios de que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas han empezado a explotar la creciente precarización en el ingreso de las familias para mejorar su imagen mediante la prestación de servicios. En ciudades de El Salvador como Santa Ana e incluso en la capital de ese país centroamericano, son las pandillas y no la policía las encargadas de regular las dinámicas de confinamiento y de implementar sanciones a los infractores. En la medida en que crece la dependencia de las comunidades vulnerables a estos actores ilegales, su influencia se va encontrando legitimada.

La diversificación de su modelo de operación llevó a estas organizaciones a utilizar negocios de giros lícitos para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. No pocas veces la violencia y las amenazas son el instrumento que utilizan para hacerse del control de dichos establecimientos. Este creciente nivel de influencia los ha llevado cooptar espacios democráticos, mediante el apoyo de candidatos que simpatizan con sus causas, pasan de la colusión con la autoridad municipal o estatal a ser la autoridad legítima y constitucional, allanando así, la poca institucionalidad que hemos construido desde nuestras democracias.

Optar por estrategias de “mano dura” que enfocan sus esfuerzos en el delincuente y no en el delito ha mostrado su pobre efectividad para contener la espiral de violencia en nuestros países, en su lugar, ha sido -al menos en parte- el combustible. Luego de trece años de iniciada la llamada guerra contra el narco en México, se ha registrado la muerte de al menos 250.000 personas. Solo por ofrecer un elemento de comparación, el conflicto civil armado en Colombia ha generado un número de muertes similar, no obstante ello, el conflicto en ese país suramericano se ha extendido por mas de medio siglo. Dicho de otro modo, la crisis de inseguridad y violencia en México condensa en poco mas de una década, el número de muertes de un conflicto armado que se ha extendido más de 53 años. De ese tamaño es la tragedia.

Los colombianos aprendimos del rigor de la guerra que la premisa de “neutralizar” a los líderes de las organizaciones delictivas (Kingpin Strategy), que impulsó la DEA para hacer frente a los carteles de Cali y Medellín, no necesariamente se traduce en el desmantelamiento, en la reducción de la violencia o del volumen de droga que producían y exportaban mayoritariamente hacia los Estados Unidos. Por el contrario, la atomización de esas macro organizaciones criminales recrudeció los niveles de violencia. En la lucha por el control de rutas, cultivos y territorios, estas facciones incrementaron ostensiblemente sus volúmenes de producción y exportación para robustecer su accionar bélico y prevalecer sobre sus adversarios.

Para hacer frente a estas y otras muy diversas consecuencias de la pandemia, el gobierno de López Obrador optó por desmantelar el ecosistema de agencias estatales. Los ahorros que se consiguen con esta estrategia se orientan -dice- a la asistencia directa de beneficiarios de programas sociales; aunque esta pareciera una medida razonable para hacer frente a la profunda crisis que se avecina a toda prisa, no existe hasta ahora -o al menos no se ha compartido- una metodología que de forma clara permita inferir la manera en que tales esfuerzos generarán los efectos deseados.

Sería deseable que dicha metodología desarrollara criterios de intervención que priorice el fortalecimiento de las capacidades institucionales de seguridad y justicia en las zonas con mayores índices de violencia y las más altas condiciones de vulnerabilidad. Las medidas policiales de contención y disuasión deberían articularse con programas que combatan la corrupción, la impunidad y ofrezcan alternativas económicas para jóvenes en riesgo, sin embargo, la supresión del Presupuesto de Egresos de la Federación de programas como FORTASEG que financiaba la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública, confirma una apuesta desde el ejecutivo para concentrar competencias y renunciar tácitamente a la consolidación de instituciones civiles de seguridad pública. Si lo que hemos vivido hasta ahora ha sido una profunda tragedia, las múltiples y muy variadas consecuencias derivadas de esta pandemia y el mal manejo de la misma nos enfrentará, me temo, a un auténtico holocausto.

* Rodrigo Cepeda (@Rod_Cepeda) es consultor del Instituto para la Seguridad y la Democracia en los procesos CERTIPOL y es Director de Análisis y Atención del Centro de Integración Ciudadana.

 

 

i COVID-19 y la Cadena de Suministros de Drogas: de la Producción y el Tráfico al Consumo. Primer Informe de la Red Global de Investigación de la UNODC, 26 de junio de 2020. Consultar aquí.

ii José Miguel Cruz, Jonathan D. Rosen, Luis Enrique Amaya and Yulia Vorobyeva, “La nueva cara de las pandillas callejeras: el fenómeno de las pandillas en El Salvador”, Centro Kimberly Green para América Latina y el Caribe; Instituto Jack D. Gordon para Políticas Públicas, Universidad Internacional de la Florida; Fundación Nacional para el Desarrollo, marzo de 2017.

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