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Panorama de las organizaciones y grupos criminales en México
En lo que va del actual gobierno se ha detectado la existencia de por lo menos 9 organizaciones criminales importantes, que son en la mayoría de los casos remanentes de las organizaciones que operaron durante los mandatos de Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, el panorama es más adverso que en las administraciones pasadas.
Por Ulises Vargas Gutiérrez
11 de octubre, 2021
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Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas ilegales han experimentado cambios profundos y vertiginosos, sobre todo en los últimos 14 años. De ser en sus orígenes grupos compactos sujetos al control (relativo) del Estado, en los cuales el uso de la violencia, aunque presente, era más o menos esporádico, en poco más de una década se han convertido en organizaciones criminales que a través del uso sistemático de la violencia controlan porciones importantes del territorio nacional y ponen en duda la autoridad del Estado mexicano.

Los rasgos actuales de las organizaciones y grupos de narcotráfico son, en gran medida, fruto de las consecuencias no previstas de las estrategias de seguridad que se implementaron durante los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En lo que se refiere al mandato de Calderón, el aumento de los homicidios en algunas entidades de la República, pero especialmente la visibilidad de la violencia relacionada con el narcotráfico, fueron factores determinantes para que a finales del 2006 comenzara a operar una estrategia de seguridad marcadamente punitiva que buscó, mediante la movilización de la fuerza pública, recuperar la autoridad del Estado en aquellas zonas del país controladas por las organizaciones criminales.

Los resultados de la estrategia de seguridad de Calderón fueron negativos, ya que la estrategia no sólo contribuyó significativamente al deterioro general de las condiciones de seguridad, sino que provocó cambios acelerados en las organizaciones y grupos criminales que terminaron por enredar más al mundo criminal. La agregación del Estado al conflicto entre narcotraficantes, que venía desarrollándose paulatinamente desde finales de los 90, causó la multiplicación (en 2006 se contabilizaban entre 4 y 6 organizaciones, en 2012 alrededor de 10), la fragmentación (prácticamente todas las organizaciones de tráfico importantes sufrieron conflictos internos) y la dispersión (aumentó la presencia de las organizaciones criminales en distintos estados de la República) de las mismas (Guerrero, 2012).

Al priorizar las capturas y/o abatimientos de los principales líderes de las organizaciones y grupos criminales, la estrategia de seguridad precipitó sus procesos de fragmentación internos. Nuevos y variados liderazgos en las organizaciones y los grupos de narcotraficantes surgieron de la noche a la mañana, nuevas disputas, rivalidades y alianzas precarias se establecieron en el cada vez más complejo mundo del crimen organizado.

Durante su mandato, Peña Nieto intentó reducir la importancia del problema de inseguridad. Discursivamente el foco de atención se trasladó a las reformas estructurales. Si bien la estrategia discursiva del priista pareció funcionar momentáneamente, los casos de Tlatlaya y el de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, reposicionaron el tema de seguridad en el grado más alto de las prioridades del gobierno. Entre los problemas más importantes que se sucedieron en el periodo de Peña Nieto están los numerosos casos de corrupción, y de manera especial el ascenso de la violencia homicida (entre los años 2015 y 2018), consecuencia, esto último, de los desajustes que ocurrieron en las organizaciones y grupos criminales, acentuados por la estrategia de seguridad implementada en el sexenio anterior.

Como lo fue en el caso de su antecesor, en el gobierno de Peña Nieto predominó el enfoque punitivo de la seguridad. Las capturas y/o abatimientos de los principales líderes de las organizaciones y grupos criminales siguieron e incluso, aumentaron. Si en el sexenio de Felipe Calderón se reportó la captura y/o abatimiento de 25 líderes criminales (de una lista de 37) (Rodríguez, 2012), en el de Peña Nieto se contabilizaron un total de 110 (de una lista de 122) (Dittmar, 2018). La continuidad en la estrategia de seguridad resultó en el incremento de los procesos de fragmentación y dispersión de las organizaciones criminales de tráfico de drogas. Estos procesos fueron acelerados a tal grado que algunos análisis sugieren que efectivamente se logró reducir la capacidad operativa de la mayoría de las organizaciones criminales importantes (Beittel, 2020). La reducción operativa y el consecuente debilitamiento se hizo patente (en diversos grados) en las organizaciones de Sinaloa, Beltrán Leyva, Tijuana, Juárez, del Golfo, Los Zetas, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, que si bien en términos generales se debilitaron y en algunos casos prácticamente se extinguieron, pronto dieron pie a la conformación de nuevos grupos criminales más compactos pero no por eso menos violentos. Mención aparte merece el caso de la organización criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que durante este mismo periodo en el que las organizaciones criminales más importantes sufrían un declive relativo, ésta creció exponencialmente.

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, poco ha cambiado el problema de inseguridad en el país. En lo que va de su mandato no han sido pocos los casos que muestran la degradación de la seguridad y el incremento del poder de algunas organizaciones y grupos de narcotráfico. En ese sentido, habría que recordar al menos: el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán López en octubre de 2019, uno de los actuales líderes de la organización criminal de Sinaloa; la masacre de 9 integrantes de la familia LeBarón en noviembre de 2019, cuyos perpetradores presuntamente eran parte del grupo criminal de La Línea; el atentado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020, llevado a cabo por integrantes del CJNG; el asesinato, en junio de 2020, del juez federal Uriel Villegas Ortiz, perpetrado por sicarios del CJNG, y el asesinato, en diciembre de 2020, del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, presuntamente operado por personas vinculadas al CJNG. Además, a este breve recuento tendría que agregarse la exacerbación de la violencia homicida en algunas regiones de los estados de Michoacán y Guanajuato, que hoy en día registran casi de manera cotidiana episodios de violencia relacionados con las actividades de las organizaciones y grupos criminales, por mencionar dos de los casos más notorios.

En lo que va del periodo lopezobradorista otros problemas de seguridad han cobrado nuevas dimensiones. La actual administración ha estimado que en México están reportadas como desaparecidas o no localizadas más de 73,000 personas, de las cuales más de 71,000 desaparecieron entre los años 2006 y 2020. Asimismo, en el periodo 2006-2020, se localizaron cerca de 4,000 fosas clandestinas en el país (Secretaría de Gobernación, 2020). Un reporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) concluyó que en México, entre los años de 2006 y 2019, han sido victimas de desplazamiento interno forzado (abandono de hogar o lugar de residencia por inseguridad) al menos 346,945 personas (CMDPDH, 2020). Otros problemas tales como el asesinato de periodistas, que del año 2000 hasta agosto de 2021 suman 142, de acuerdo con la organización independiente Artículo 19 (Artículo 19, 2021) o la violencia que marcó los procesos electorales de 2018 y 2021, en donde se reportaron cientos de casos de agresiones y decenas de políticos asesinados (García, 2021), dibujan un escenario cada vez más adverso en lo relativo a la seguridad.

Cálculos hechos a partir de las cifras oficiales que dan cuenta de los homicidios en el país muestran que en los primeros dos años de la administración de López Obrador las tasas de defunción por homicidio a nivel nacional aunque se han estabilizado (en poco menos de 30 por cada 100 mil habitantes entre 2019 y 2020) éstas son las más altas registradas en México en por lo menos los últimos 30 años (INEGI, 2021). Esos niveles de violencia en el país se deben en su mayor parte a las actividades, operaciones y enfrentamientos de y entre las organizaciones y grupos de narcotráfico. Un reporte sobre la violencia en México ha estimado que del total de los homicidios dolosos ocurridos en el país durante el 2019, entre el 44% (en su porcentaje más bajo) y el 80% (en su porcentaje más alto) por sus características pueden ser razonablemente atribuidos a las organizaciones criminales (Justice in Mexico, 2020, p.12).

En lo que va del actual gobierno se ha detectado que existen por lo menos 9 organizaciones criminales importantes, que son en la mayoría de los casos remanentes de las organizaciones que operaron durante los mandatos de Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, el panorama de las organizaciones de narcotráfico cambió, ya que se fortalecieron en unos casos y se conformaron en otros, grupos de tráfico de drogas más compactos pero con capacidad de control territorial efectivo, a través del uso de la violencia en el nivel local. Algunas estimaciones apuntan que estos grupos criminales más compactos con fuerte influencia local y regional, en su cifra más alta, pueden llegar a ser hasta 200 (Beittel, 2020, p.16). Por si esto fuera poco, información de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos proyectó que para el año 2018, los grupos de narcotraficantes controlaban cerca del 20% del territorio mexicano (Sheridan, 2020).

La profundización de algunos aspectos del modelo de militarización de la seguridad pública por un lado, y la inyección de recursos a programas sociales por el otro, han sido las dos piezas más importantes de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de López Obrador. La creación de la Guardia Nacional en 2019 (que puede comprenderse como un cuerpo de seguridad híbrido con organización y disciplina militar pero con mando civil) mostró las pocas alternativas que el gobierno mexicano tiene para combatir a las organizaciones y grupos criminales. No obstante de esta profundización de la militarización, es de destacar que en el actual gobierno las fuerzas de seguridad se han replegado (Guerrero, 2021), y en proporción con las administraciones pasadas, el uso de la fuerza que se observa en los niveles de letalidad de las fuerzas armadas, ha disminuido (Brewer, 2021). Ahora bien, en lo que se refiere a los programas sociales, el énfasis discursivo de la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador está en “atacar las causas de la inseguridad”, que en términos concretos se ha traducido en la creación de programas sociales que tienen el objetivo de mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables de la población. Aún es pronto para hacer una evaluación del impacto de la política social en la inseguridad, sobre todo en lo relativo a la violencia homicida, pero al observar las cifras de las defunciones por homicidio resulta evidente que la violencia no ha declinado. E incluso, como hipótesis de trabajo, se podría poner a prueba el argumento de que este breve periodo de estabilidad en las cifras de las defunciones por homicidio, que ha prevalecido en lo que va del actual gobierno, se debe más al repliegue de las fuerzas armadas que al debilitamiento efectivo de los nuevos y en apariencia más numerosos grupos criminales.

El gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” no obstante haber heredado una situación en materia de seguridad muy complicada, pocos resultados positivos ha tenido. En lo que se refiere a las organizaciones criminales de tráfico de drogas el panorama actual es más adverso que en las administraciones pasadas; hay más grupos criminales que operan y controlan más territorio a través del uso sistemático de la violencia. El aparente repliegue de las fuerzas de seguridad deja en una condición de vulnerabilidad (todavía mayor) a poblaciones enteras. Habrá que esperar, para saber con mayores márgenes de certeza, si la supuesta orientación preventiva de la estrategia de seguridad del gobierno tiene efectos positivos. Por lo pronto, distintos elementos, tales como la proliferación de grupos criminales, la pérdida de control territorial por parte del Estado, los altos niveles de violencia homicida, así como los acuciantes problemas de las desapariciones y los desplazamientos internos forzados evidencian, preliminarmente, resultados negativos.

* Ulises Vargas Gutiérrez es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara y académico especialista en temas de seguridad.

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