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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Paridad de género en instituciones de seguridad y defensa: seis propuestas para su materialización
Una mayor presencia femenina en la toma de decisiones, el diseño de políticas y la ejecución de estrategias en materia de seguridad pública, ciudadana o nacional es necesaria para la restitución de la confianza comunitaria y la contribución al cambio cultural profundo que requiere el país.
Por Norma Deirdré Bazán Mayagoitia
22 de noviembre, 2021
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¿Son las instituciones de seguridad y defensa espacios que muestran avances en materia de paridad de género?, ¿es necesario hacer modificaciones culturales o institucionales para que estas dependencias se conviertan en áreas plurales, y en donde existan oportunidades reales para que las mujeres alcancen posiciones de toma de decisión? Este texto tiene como propósito plantear algunas propuestas que podrían sumarse a las necesarias respuestas que en esta materia deberían proporcionar tanto las autoridades de los tres niveles y órdenes de gobierno, como la ciudadanía, la academia y el sector privado.

En las últimas dos décadas, México ha implementado acciones importantes con el objetivo de que una mayor cantidad de mujeres encabece gobiernos, obtenga cargos públicos, dirija instituciones, o asuma posiciones de primer nivel jerárquico. Entre ellas, destacan la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en el 2001; la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2006; la reforma constitucional del artículo 41 en el año 2014, que elevó a rango constitucional la garantía de paridad en las candidaturas a los Congresos locales y de la Unión (INE), y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2020, que avaló la paridad en todos los cargos, y no solo en el ámbito legislativo.

Como efecto positivo de estas acciones, en la actualidad seis mujeres están al frente de los gobiernos de Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima y Tlaxcala, y otras siete son secretarias de Estado en áreas de economía, recursos naturales, energía, cultura, educación pública, trabajo y seguridad; en el Congreso de la Unión hay 62 senadoras y 250 diputadas; en los congresos locales, el 50.70% son legisladoras y en los ayuntamientos de todo el país el 65.86% son síndicas y el 51.36%, regidoras (INMUJERES).

Sin embargo, estos logros no necesariamente se han replicado en las Fuerzas Armadas o en las instituciones policiales, que prevalecen como espacios en los que sus titulares, las políticas y estrategias, el reclutamiento, la formación, el ascenso, el salario, el lenguaje y los apoyos, entre otros, están dominados por criterios, jerarquías y visiones masculinas. Los llamados techos de cristal se resisten a romperse en varios ámbitos de la vida pública del país, pero particularmente en las áreas de seguridad y defensa nacional.

Las mujeres en el ámbito de la seguridad

De acuerdo con la edición 2021 del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI (CNSPE), en México hay 224,923 personas que realizan funciones de seguridad a nivel estatal y municipal; de ellas, el 75.4% son varones y el 24.6%, mujeres (de las que únicamente el 0.8% tiene un nivel jerárquico alto). Las diferencias en cuanto a la proporción hombres-mujeres se observan marcadas en los niveles primario y secundario del escalafón y se equilibran un poco en el nivel terciario u operativo (87.4% hombres vs. 71.5% mujeres); sin embargo, la tendencia se revierte en la asignación de actividades administrativas (8.3% hombres vs. 25.4% mujeres) (CNGSPSPE).

A nivel federal, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se cuenta con 174,361 elementos desplegados a nivel operativo en todo el territorio nacional, incluyendo militares, marinos y guardias nacionales. Del total, el 88.1% son varones y solo el 11.9% es personal femenino Esta distribución es similar en la Marina, con un 83% versus un 17% (INMUJERES).

Debido a que la información estadística oficial y las investigaciones académicas disponibles en este tema aún son escasas, fue necesario hacer una revisión en las plataformas de transparencia y sitios web de los gobiernos estatales, con el propósito de conocer cuántas mujeres dirigen instituciones de seguridad pública o seguridad ciudadana. Los resultados no son alentadores, ya que esto solo ocurre en Campeche, Chiapas, Coahuila y Sonora. En el resto de los estados (salvo en los casos de Baja California y San Luis Potosí, en los que no se localizó información), los titulares son varones.

En cuanto al gabinete federal de seguridad, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el de la Secretaría de Marina (al igual que sus seis y cinco funcionarios de primer nivel, respectivamente), del Centro Nacional de Inteligencia y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son hombres. Sólo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es encabezada por una mujer; sin embargo, es de resaltar que las funciones operativas de la Guardia Nacional a su cargo, también las dirige un varón.

Otro dato contundente es que, al cierre del año 2019, en el Ejército Mexicano no había una sola General de División, ni de Brigada, y el 25% del personal femenino ocupaba los escalafones más bajos de la institución castrense; en la Marina, hasta el 2018 ninguna mujer había alcanzado los grados de almirante, vicealmirante, o contralmirante (INMUJERES).

Lo anterior refleja que en México aún hay trabajo pendiente en este rubro, pues prevalecen actitudes paternalistas o discriminatorias en el nivel operativo y disparidad de género en la toma de decisiones, lo que refuerza estereotipos negativos que deben eliminarse a la brevedad.

Es importante no perder de vista que las mujeres que laboran en las áreas policiales y militares enfrentan un triple reto. En primer lugar, el de la propia función policial/militar/naval con sus complejidades, descréditos, abandonos y riesgos a la integridad física, familiar y emocional. En segundo, el de laborar en espacios frecuentemente hostiles para el género femenino (y más aún para las diversidades sexo-genéricas), en donde en no pocos casos se mantiene la discriminación, el acoso, las violencias explícitas y simbólicas, y los micromachismos como elementos propios de la cultura institucional. A esto habrá que sumar la prevalencia de mitos sobre las habilidades, capacidades y voluntades operativas, y las dificultades propias de la maternidad y la crianza de los hijos. Finalmente, el tercer reto consiste en visibilizar las dificultades sistémicas para ascender a escalas jerárquicas de primer nivel. Más aún en estas dependencias en las que predominan la secrecía, la opacidad y la resistencia al escrutinio público, a la investigación académica, o al diálogo con la sociedad civil organizada.

Seis propuestas para la paridad de género en seguridad y defensa

Los mecanismos de protección institucional para las policías, soldadas y marinas son aún insuficientes, están centralizados y tienen poca capacidad de funcionamiento en las entidades federativas, lo que dificulta su aprovechamiento real. Los esfuerzos públicos están desarticulados y no hay una política rectora para las dependencias de seguridad y defensa en materia de paridad. La formación se limita en buena medida a lo operativo y reduce el tema del género (en sus diferentes dimensiones), a pláticas, talleres y cursos cortos en materia de igualdad sustantiva, no discriminación, y recientemente, nuevas masculinidades.

Paradójicamente son las policías municipales las que parecen contar con mayores avances en estos temas, pues muestran un poco más de apertura que las dependencias estatales o federales hacia la certificación ciudadana y la vinculación con instituciones sociales, educativas, o de investigación. Sin embargo, esto no corresponde con la asignación presupuestal, que suele ser proporcionalmente inversa, con lo cual se dificulta la obtención de mayores resultados.

Para atender las situaciones planteadas con anterioridad, entre otras acciones, se requiere del diseño e implementación de políticas inclusivas y equitativas que deriven en avances sustantivos en materia de paridad. Para ello, aquí se plantean seis propuestas que podrían contribuir a la materialización de una cultura paritaria en las policías y fuerzas armadas:

  1. Debe repensarse cómo se entiende y aplica la equidad y paridad de género al interior de las instituciones. Es necesario reconsiderar algunos aspectos formativos y no reducirlos a lo operativo, lo táctico, o lo jurídico, para hacerlos verdaderamente integrales, e incidir en el cambio institucional que se requiere. La capacitación y sensibilización a los temas de género deben constituir un eje transversal y no solo una asignatura de 40 horas totales para favorecer la transformación profunda de estas dependencias. No es menos importante profundizar sobre los roles masculinos, así como incentivar la incorporación de más varones en áreas tradicionalmente asignadas a las mujeres, como los grupos especiales que atienden violencia de género, familiar, o delitos relacionados con la niñez y las juventudes.
  2. Se requiere incrementar los mecanismos de protección para las servidoras públicas y reducir las manifestaciones violentas y discriminatorias que no son ajenas a las milicias y policías. No basta con que haya un Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Ejército y la Fuerza Aérea, una Oficina para la atención del hostigamiento y acoso sexual, o un Centro de capacitación en Derechos Humanos e Igualdad en la SEDENA, si sus aportaciones no se traducen en avances tangibles para sus integrantes, o si la distancia y centralización desincentiva las denuncias y el seguimiento a las mismas. La certificación de Igualdad Laboral y No discriminación en la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 no garantiza aún la igualdad de oportunidades laborales, ni la incorporación de perspectiva de género en las instituciones de corte castrense.
  3. Es importante idear y poner en marcha sistemas alternos que faciliten la participación de la mujer en labores de seguridad, como pueden ser guarderías, centros de tarea, o centros de cuidado con horarios ampliados, incluyendo fines de semana y días festivos. Si no hay una nueva conceptualización sobre los apoyo requeridos por el personal para poder combinar su desarrollo profesional con el ejercicio pleno de la maternidad/paternidad, se refuerzan estereotipos que a lo largo de la historia se han traducido en efectos negativos y violentos.
  4. Debe proponerse y ejecutarse una reforma policial profunda, integral y que abarque tanto temas administrativos, laborales y de prestaciones, como la formación inicial y continua, o los sistemas de carrera policial, militar o naval, entre otros rubros importantes. Además, debe contemplar estrategias que impacten directamente los desequilibrios directivos, salariales y apoyos para el personal femenino. Esto incidirá en la reducción de los retos que ellas enfrentan y podría favorecer una nueva y más armónica relación con la comunidad.
  5. Es apremiante alcanzar una mayor concientización y corresponsabilidad social. Las políticas públicas suelen avanzar de manera dispar en el país, pues se descuida el trabajo cotidiano y real con la ciudadanía, ya que el esfuerzo se concentra únicamente en el convencimiento de las élites políticas, periodísticas o empresariales. Un buen principio sería la obligatoriedad de las certificaciones ciudadanas, (que aún son pocas en el país), pues son un mecanismo efectivo no sólo para acabar con el “divorcio” policía-ciudadano, sino para transparentar la importante función policial , así como para visibilizar y reducir las complejidades de las funciones de seguridad para las mujeres.
  6. Se requiere que las policías, el Ejército y la Marina se conviertan en instituciones abiertas. Se debe promover una relación cercana con la población, así como la investigación aplicada y el debate académico y ciudadano sobre lo que acontece y debe ocurrir al interior en materia de equidad, paridad, violencia y perspectiva de género. En una nación democrática deben prevalecer la transparencia y una real rendición de cuentas de todas sus instituciones, así como el respeto a los derechos humanos de poblaciones históricamente vulneradas, como el caso de las mujeres.

Finalmente, a manera de reflexión, una mayor presencia femenina en la toma de decisiones, el diseño de políticas y la ejecución de estrategias en materia de seguridad pública, ciudadana o nacional es necesaria para la restitución de la confianza comunitaria y la contribución al cambio cultural profundo que requiere el país. Esto abonará no solo a la eliminación de diversas manifestaciones de violencia contra niñas y mujeres, sino a la consolidación de la paridad en todos los ámbitos públicos. Es labor de todas y todos colaborar desde diferentes espacios a la transformación positiva de instituciones tan prioritarias para el mantenimiento de la paz y armonía nacional.

* Norma Deirdré Bazán Mayagoitia (@DeirdreBazan) es profesora-investigadora adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

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