Para Consuelo. Abuela y hoy mamá cuidadora de la que era su nieta. Víctima indirecta del feminicidio de su hija. Luchadora incansable. Mujer sin justicia.

¡Es una trampa! Encerrar el tema de las violencias contra las mujeres en cuatro paredes, es una trampa reduccionista muy usada por las instituciones, el andamiaje administrativo y diversos actores políticos: “la violencia se vive en las casas, en donde no está la policía, donde no puede entrar”, “los hogares son los espacios más inseguros para las mujeres”. Desde el discurso de algunos espacios académicos y de opinión, se ha caído en esta trampa incluso metaforizándola: “el lugar en donde las mujeres deberían de estar más seguras, que es su casa, es el lugar que se vuelve un infierno y que es en donde las matan”. Como sociedad estamos atrapadxs en esa trampa que nos exime de nuestras propias responsabilidades con relación al enorme y profundo entramado de desigualdades y violencias que viven las mujeres en México.

Entre esas cuatro paredes no solo residen las violencias contra las mujeres y las niñas, sino también las desigualdades en las tareas del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado. En esas cuatro paredes es donde solo entre parejas se ponen de acuerdo para saber “cómo ayudan a las mujeres”, no sobre cómo se colabora de manera igualitaria. Cuatro paredes en donde lo íntimo se discute y armoniza muy poco con el erotismo y el diálogo socioafectivo, ese del que nunca hablamos por vergüenza o porque solo se trata de cumplir con ciertos mandatos sexuales impuestos por la cultura patriarcal. Esas cuatro paredes, se reducen numéricamente a “cosa de dos, de pareja”, y es así como de comenzar entre cuatro y quedarse entre dos, las mujeres terminan volviéndose solo una; una unidad en soledad, humilladas, atemorizadas, silenciadas y aisladas por las múltiples violencias y desigualdades que viven todos los días.

En México, las mujeres son reducidas a una y a un número: un expediente de una denuncia, una declaración ministerial, un caso de desaparición, una usuaria de un servicio de atención a la violencia, una víctima de un cúmulo de desigualdades y de injusticias que solo expresa dentro de su propio silencio; a la que nadie escucha y a quien socialmente tampoco quisimos ayudar. La expresión más violenta y reduccionista de las mujeres que las transforma en un número, se hace visible todos los días en la absoluta incapacidad de todas aquellas personas que conforman la cadena de justicia en los casos de violencias y de feminicidio. En el caso de los feminicidios, las mujeres se vuelven eso, solo un caso que acredita o no, elementos para tipificarlos como tal. Para las autoridades son cuerpos inertes, arrojados a la vía pública, a los basureros o a las brechas, “femeninas N” encontradas muertas en una casa; nunca asesinadas como en realidad es.

Basta con analizar las carpetas de investigación y las averiguaciones previas de los delitos de feminicidio para poder darse cuenta no solo de las fallas y las deficiencias con las que se integran las mismas, sino sobre todo, de las omisiones en torno a los principios de la debida diligencia, así como de las violaciones de derechos humanos que las y los operadores de justicia llevan a cabo por lo menos en 10 ocasiones al día en todo el territorio nacional. Lo anterior, haciendo referencia al dato de ONU Mujeres que indica que al menos 10 mujeres son asesinadas cada día por feminicidio en México.

Dentro de los indicadores de las Alertas de Género generados por la CONAVIM en diferentes estados del país, se instruía a las autoridades la elaboración de Diagnósticos de las carpetas de investigación y averiguaciones previas del delito de feminicidio con la finalidad de tener claras las deficiencias y debilidades de su integración y de esa manera, tener la posibilidad de generar un programa de capacitación, formación, especialización y profesionalización que permitiera que la cadena de operadores de justicia (comenzando por las policías municipales como primeros respondientes, las y los ministerios públicos, personal de ciencias forenses así como jueces) pudieran resarcir esas deficiencias para hacer una mejor acreditación del delito del feminicidio bajo los principios de la debida diligencia y con apego a las perspectivas de género y de derechos humanos. No se tiene un informe de cuántos de los estados llevaron a cabo ese estudio ya que existe en las Fiscalías y Procuradurías de los Estados, una resistencia a reservar los expedientes, las carpetas y las averiguaciones en total hermetismo y oscuridad. Existe más un miedo por reconocer sus deficiencias antes que identificarlas para mejorarlas. Incluso, esos expedientes nunca son mostrados a las y los familiares de las mujeres víctimas de feminicidio quienes difícilmente conocen el proceso y el estado de la investigación, mucho menos participan en su construcción.

Algunos estudios de organizaciones de la sociedad civil y universidades, han intentado analizar las características del feminicidio y los perfiles de sus víctimas, sin embargo lo han hecho a partir de la consulta y análisis de registros hemerográficos y con algunos datos obtenidos de las Fiscalías que se han hecho públicos. Los indicios de estos estudios nos arrojan algunos elementos de los perfiles de las mujeres víctimas del feminicidio, pero al no concentrarse en las carpetas de investigación de este delito, no tienen claridad sobre las deficiencias del proceso de investigación y por lo tanto de la impunidad que impera.

Organizaciones y colectivas feministas de este país han documentado algunas de las deficiencias y ausencias más presentes de las averiguaciones y las carpetas de investigación del delito de feminicidio en todo el país. Si bien, existen datos y deficiencias que pudieran ser comunes a nivel nacional, es importante señalar que las debilidades mostradas por quienes integran la cadena de justicia son diferentes en cada uno de los 32 estados de la república, ya que estas dependen de múltiples factores que van desde la conformación de Fiscalías y/o Unidades especializadas para atender este delito, hasta la inversión de dinero que se hace para fortalecer las capacidades de las y los servidores públicos que intervienen en el mismo. Algunas de las evidencias de las debilidades encontradas son:

1. La ausencia de un apartado específico que nos brinde más datos de identificación de las víctimas tales como edad, ocupación, escolaridad, estado civil, etcétera. Esto nos permitiría tener mayor claridad con relación a las vulnerabilidades y las desigualdades estructurales que podrían ser atendidas con políticas públicas tendientes a desarrollar no solo empoderamiento, sino sobre todo, autonomía de las mujeres.
2. No se da cuenta del tipo de relación afectiva que mantenía la víctima con su presunto victimario para abrir posibles líneas de investigación. Se ha calculado que al menos 5 de cada 10 carpetas no registran este dato.
3. No se registra la situación de maternidad de las mujeres que indica el número y sexo de los hijos e hijas así como sus edades. En el caso de Jalisco, el Programa de Apoyo Económico para Víctimas Directas, Huérfanas y Huérfanos del Feminicidio, tardó dos años en construirse desplegando equipos de visitas y búsquedas de campo a diferentes domicilios de las víctimas indirectas dado que en la mayoría de las carpetas y averiguaciones previas, no se tenía registrado si las mujeres eran madres o dónde estaban sus hijos e hijas. Nadine Gasman, Presidenta de INMUJERES en entrevista publicada en la revista Expansión, señaló en Diciembre de 2019 que existen estimaciones de que en México hay al menos 3 mil niñas y niños en situación de orfandad víctimas del feminicidio y que hasta el momento, solo han podido recabar datos de 20 de los 32 estados del país. El dato es mencionado por la titular de INMUJERES de acuerdo a estimaciones del promedio de hijos que tienen las mujeres calculado por la CONAPO, no por algún trabajo de revisión en las Fiscalías ni por visitas de campo. Pareciera entonces que la titular de INMUJERES, no tiene mucha claridad con respecto a la dimensión de esta realidad del país Aunado a la invisibilidad de las hijas e hijos de las mujeres asesinadas, no se ha analizado a profundidad el problema público y social tan grande que tienen las y los cuidadores de estos niños, en su mayoría adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad y desventaja.
4. La ausencia de un análisis claro del entorno y el contexto social y comunitario de las víctimas para poder hacer visibles sus condiciones de acceso y desigualdad a múltiples derechos. Estos datos permitirían acercarnos a la comprensión de las condiciones de la vivienda, los accesos, la movilidad y los entornos en los que viven las mujeres que son víctimas del feminicidio. No para estigmatizar, sino para ejercitar la comprensión profunda de las múltiples variables y condiciones de vulnerabilidad sobre las cuales tendrían que diseñarse políticas públicas de prevención en torno a este delito.
5. La falta de implicación de las y los familiares de las mujeres víctimas en el proceso de la investigación. Un elemento fundamental para construir las posibles líneas de investigación, para saber si las mujeres víctimas estaban aisladas, si tenían antecedentes de violencia, cómo manejaron su proceso y a qué instancias o personas acudieron. Ante la falta de registros unificados entre todas las dependencias de atención a las violencias contra las mujeres que den cuenta de si en algún momento las mujeres víctimas denunciaron o buscaron ayuda, es imprescindible involucrar en todo momento la participación de las y los familiares de las mujeres víctimas en todo el proceso de investigación del cual, en la mayoría de los casos son excluidos violando todos los principios de la debida diligencia.
6. La ausencia de un análisis de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas a partir de la solicitud de dictámenes elaborados con perspectiva de género y de derechos humanos.
7. Una deficiencia clara en la identificación de los tipos de violencia previos al feminicidio que vivía la víctima de manera cotidiana, ya que la gran mayoría de las carpetas y averiguaciones solo refieren violencia intrafamiliar (en el mejor de los casos). Se ha llegado a señalar que en 5 de cada 10 casos se ignora si hubo antecedentes de violencia por falta de investigación con apego al debido proceso y en la mayoría de los casos, las y los policías y ministerios públicos no tienen las capacidades para poder identificar los diferentes tipos de violencias de las que fueron objeto las mujeres por falta de conocimiento de esta tipología.

Sin un análisis de las carpetas de investigación y averiguaciones del delito de feminicidio, lo que sabemos es que a las mujeres las matan mayoritariamente en sus casas y que cada vez es mayor el uso de armas de fuego. Sabemos que las mujeres víctimas de feminicidio cada vez son más jóvenes y que se ubican mayoritariamente en un rango de edad de los 20 a los 49 años, en una edad productiva y reproductiva. Lo que sabemos es que en la mayoría de los casos, las y los vecinos sabían que la mujer vivía una situación de violencia pero nunca le ayudaron ni supieron como asesorarla o acompañarla en el proceso. En muchas de las ocasiones porque las mujeres que son reducidas a una (como número) y obligadas al aislamiento, se han visto forzadas a no hablar de su situación y tienen miedo de ser doblemente criminalizadas (por la autoridad y la comunidad que vive a su alrededor). Hoy sabemos que el silencio comunitario y que nuestro silencio como sociedad, también es cómplice y también las mata. Sabemos que no tenemos cuerpos policiales ni ministerios públicos especializados en el delito de feminicidio con habilidades y capacidades instaladas para seguir los estándares de debida diligencia y que cuando existen, tienen una sobrecarga y una rotación laboral que dificulta la continuidad. Sabemos que esos policías y ministerios públicos especializados, no tienen contención emocional ni alguien que les ayude a generar estrategias de autocuidado.

Resulta imprescindible realizar y/o conocer estos diagnósticos de las deficiencias institucionales en quienes participan en la cadena de justicia de un delito como el feminicidio. Con la generación de estos datos, podemos mejorar nuestro entendimiento y las instituciones podrían diseñar mejores políticas públicas para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida. Conocer nuestras carencias, es una gran oportunidad para mejorar nuestras capacidades y combatir la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

Hoy paramos las mujeres pensando en que al hacerlo, volvemos visibles a quienes ya no están con nosotros a causa de la violencia feminicida. Hoy también paramos para que la cadena de justicia entienda que las mujeres no son un número significado por la impunidad. Gritándole a la sociedad y a las comunidades que la violencia no es cosa de cuatro ni de dos. Exigiendo que dejemos de pensar que las mujeres tienen que reducirse al uno de sí mismas desde su silencio. Hoy las mujeres paramos por todas las mujeres, lo hacemos en colectivo, con la fuerza de lo que podemos ser juntas y unidas. Paramos por todas las mujeres vivas, pero silenciadas en la oscuridad de las violencias que viven todos los días. Paramos para decirles a esas mujeres que no conocen la justicia, que no están solas, que podemos ser su voz y que estamos comprometidas a caminar a su lado. Paramos para exigir que la justicia se otorgue en vida y no después de nuestra muerte.

Elija usted a nombre de que mujer para hoy. Pare no solo para visibilizar su ausencia individual, pare también para reflexionar sobre nuestra ausencia colectiva que hace visibles las innumerables desigualdades de las que somos objeto las mujeres. Pare y después de hoy deje de callar y atomizarse en el silencio social cómplice de la ausencia de las mujeres.

* Érika Loyo Beristáin (@ErikaLoyoB) es Doctora en Ciencias Sociales, Profesor Investigador del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y Catedrática del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara.