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Periodismo como antiséptico eficaz contra los abusos del poder judicial
El nuevo periodismo especializado en el sistema penal acusatorio adquiere mayor fortaleza con la profesionalización de las coberturas informativas de las audiencias públicas que, por la función que cumple, es el mejor antiséptico contra con los excesos en la aplicación de las leyes en la justicia penal y la mejor plataforma de la rendición de cuentas.
Por Insyde
29 de diciembre, 2014
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Por: Emilio Carranza Gallardo

“Una prensa fuerte y libre es el gran aliado de las garantías de un proceso justo: los pueblos que no son capaces de leer sus crímenes en los periódicos están condenados a leerlos en sus libros de historia”. Esta frase de un magistrado español citado por el especialista en derecho a la información argentino, Damián Loreti, indica la potencia con que el nuevo periodismo especializado en el sistema penal acusatorio comienza a tener mayor protagonismo para combatir las prácticas opacas y los abusos de los operadores de la justicia penal en México.

Un ejemplo claro de periodismo libre y profesional es la nota del pasado 26 de diciembre de 2014 en El Diario de Ciudad Juárez: “Caso de lesiones enfrenta a juez y ministerio público”. En la nota encontramos cómo en la audiencia de control de detención (que es la primera de un proceso penal) el ministerio público fue incompetente para garantizar que la detención de tres presuntos culpables fuera legal y para clasificar jurídicamente de qué delito se les imputaba. Ante ello (y después de una acalorada discusión que llevó a que se sancionara a la fiscal), el juez tuvo que poner en libertad a las tres personas detenidas.

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La presencia de una periodista profesional en la audiencia pública (totalmente legal gracias al principio de publicidad establecido en la Constitución) y la publicación de este tipo de notas (congruente con el respaldo de las decisiones editoriales que promueven una cobertura informativa plural y democrática), dan luz sobre lo que anteriormente era total oscuridad: la actuación de los operadores en la justicia penal. Así, la publicidad de las audiencias públicas permite conocer las narrativas al interior de las audiencias: convertirlas en periodismo.

Dentro del número de modificaciones que el sistema acusatorio representa para la justicia en nuestro país, el cambio paradigmático más notable en el campo de la libertad de expresión y del derecho a la información lo integran el debido proceso y el principio de publicidad. El debido proceso se garantiza cuando el principio de publicidad es un medio para defender los derechos de la persona imputada y de la víctima, con el que es posible para un amplio público conocer las actuaciones de la policía ministerial y los peritos, del fiscal, del juez y de la defensa. Éstos, al verse bajo el escrutinio social, tendrán que manejarse de acuerdo al derecho procesal sin violar derechos humanos, haciendo del principio de publicidad en una garantía política para el colectivo social.

Esto pone al periodismo en el centro del debate, al convertirlo en el agente reproductor de la cultura del respeto a los derechos humanos, como lo establece Damián Loreti: “Definir la actuación de la justicia… como una cuestión de interés público, es lo que hace que el acceso de los medios de comunicación, los periodistas y hasta los ciudadanos a aquello que hace la justicia sea prevalente respecto de otros derechos” (El derecho a la Información. Relación entre medios, público y periodistas, 1995).

Conforme las audiencias públicas se extiendan en el sistema de justicia de nuestro país, los jueces, la policía y el ministerio público tendrán una curva de aprendizaje. La histórica opacidad del poder judicial no se quebrará tan sencillo, la experiencia de la autoridad va hacia la restricción de la publicidad, que tiene sus bases normativas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El debate entre lo público y lo privado comienza a surgir de nuevo, ahora en las salas de la justicia penal: para evitar difundir la faltas, abusos e incompetencias, los operadores querrán acarrear la opacidad del antiguo sistema, pero la curva de aprendizaje es también para el periodismo, que ya demuestra un alto grado de profesionalización para generar coberturas informativas de las audiencias públicas sin vulnerar derechos humanos, fundados en el derecho a la información que la sociedad tiene por conocer su sistema de justicia.

Desde el proyecto Violencia y Medios impulsamos una mayor participación ciudadana y del periodismo para evaluar el actuar de las instituciones judiciales. Una sociedad que participa activamente, evaluadora de cómo se ejerce la justicia penal. Por lo tanto, el sistema penal acusatorio deberá su eficacia a la forma en que la sociedad mexicana se apropie del mismo, como afirma el mismo magistrado español citado por Loreti: “Los medios de comunicación social son un antiséptico eficaz contra los excesos en la aplicación de las leyes y frente a posibles abusos del poder judicial”.

 

*Emilio Carranza Gallardo es investigador del proyecto Violencia y Medios de Insyde. Correo: [email protected]

 

 

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