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Por una supervisión externa, independiente e imparcial de las policías en México
Se debe encomendar a órganos de control externos, independientes e imparciales, la investigación de al menos los incidentes más graves en los que intervengan instituciones policiales.
Por Edith Olivares Ferreto   
3 de mayo, 2021
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El 28 de marzo pasado Victoria Salazar, una mujer migrante centroamericana, murió víctima del uso excesivo de la fuerza por parte de policías municipales en Tulum, Quintana Roo. Desde Amnistía Internacional nos comunicamos directamente con la madre de Victoria en El Salvador e hicimos de inmediato un llamado al Estado mexicano a garantizar los derechos de la familia a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, así como la repatriación digna de su cuerpo.

Cabe aclarar que nuestra intervención en el caso de Victoria Salazar se dio poco después de que habíamos hecho público en el informe La Era de las Mujeres. Estigma y violencia contra las mujeres que protestan. Este informe documenta violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres que protestaron durante 2020.

La selección de las manifestaciones obedeció a dos factores. El primero, aquellas en que Amnistía Internacional recibió información sobre la existencia de indicadores comunes de violencia de género, o de violaciones de derechos humanos que solo, o principalmente, afectaban a mujeres. El segundo, y ante la diversidad de lugares donde se dieron las manifestaciones, se intentó dar un panorama geográfico más allá de la Ciudad de México donde se realizan una gran cantidad de manifestaciones.

El informe documenta cinco eventos. La manifestación del 22 de agosto, entre el Arco de los Héroes y la Plaza Expiatorio en León, Guanajuato, convocada para exigir justicia en el caso de Evelyn, una mujer que denunció ser víctima de violencia sexual por parte de policías en los alrededores de la mencionada Plaza. El intento de manifestación en Palacio Municipal de Culiacán, Sinaloa, convocada para el 10 de septiembre, cuyo objetivo era pronunciarse en contra de las declaraciones estigmatizantes y revictimizantes de una funcionaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Culiacán frente a los feminicidios de dos adolescentes. La ocupación pacífica de la sede de la CODHEM en Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 10 de septiembre, para pedir el avance en las investigaciones relativas a la denuncia de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarias, que se señalaban como responsables de negligencia en casos de violencia contra niñas y niños. La manifestación subsecuente del 11 de septiembre en las oficinas del Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, para exigir la liberación de personas detenidas tras el desalojo forzoso de la CODHEM. La manifestación del 28 de septiembre por la despenalización del aborto, realizada en la Ciudad de México. Así como la manifestación de 9 de noviembre frente al Palacio Municipal de Benito Juárez, Quinta Roo, municipio conocido por albergar la zona turística de Cancún, para exigir justicia en el feminicidio de Alexis.

En este informe concluimos que distintos cuerpos policiales infringieron los derechos de las mujeres y las niñas, incluyendo los derechos a la reunión pacífica, a la libertad, a la integridad personal, a estar libres de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a vivir una vida libre de violencia. Encontramos que las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género contra las mujeres con excesivo e innecesario uso de la fuerza, con detenciones ilegales y arbitrarias, con abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual.

También señalamos que, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, las manifestaciones feministas y en contra de la violencia de género contra mujeres, han comenzado a ser estigmatizadas como violentas. Esta caracterización por parte de las autoridades y por varios medios de comunicación, genera un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitima su activismo y facilita que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra.

Volviendo al caso de Victoria Salazar, después de una amplia cobertura mediática, posiblemente ya nadie tenga dudas respecto a las violaciones a derechos humanos cometidas por las cuatro personas integrantes de la institución policial. El estado de Quintana Roo velozmente procesó a esas cuatro personas, el cuerpo de Victoria fue dignamente repatriado y sus dos hijas fueron localizadas. Sin embargo, para quienes realizamos labores de defensa y promoción de los derechos humanos este caso no puede darse por cerrado porque nos faltan las garantías de no repetición.

¿Qué está haciendo el Estado para garantizar que estos hechos no se repitan?

Las garantías de no repetición son una forma de reparación para las víctimas, pero también constituyen uno de los principios generales de la responsabilidad de los Estados.  Se trata de garantías que no se dirigen directamente a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto, con el propósito de que no se repita la vulneración de los derechos cometida.  Para ello, es necesario que los Estados generen condiciones que permitan cambiar las causas por las que se incurrió en la violación a derechos humanos en cuestión.

El 12 de abril la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo hizo dos anuncios “en virtud de los constantes e intolerantes actos de abuso de procedimientos y protocolos mal aplicados” de la Policía Municipal de Tulum:

  1. Que un Mando Único del estado tomará el control de la institución policial.
  2. Que un grupo de 30 policías municipales de Tulum fueron enviados a la Academia Estatal de Seguridad Pública, en Chetumal, a efecto de recibir un curso de especialización denominado “Actuación legal y técnica policial”, con una estructura curricular de disciplina policial y acondicionamiento físico.

Tomando en cuenta lo señalado sobre las garantías de no repetición, podríamos interpretar que el gobierno del estado de Quintana Roo considera que estas dos medidas impedirán que otra persona muera por uso excesivo de la fuerza.

Respecto del primer anuncio, es importante recordar las múltiples críticas que ha recibido el Mando Único, no solamente no hay evidencia alguna de que reduzca la incidencia delictiva sino que contribuye al debilitamiento de las instituciones policiales municipales. Este segundo asunto no es menor: especialistas en temas policiales reconocen la importancia de policías de proximidad que tienen conocimiento de primera mano de las dinámicas sociales y delictivas locales. Este conocimiento, lejos de ser desdeñado o incluso estigmatizado, debe ser aprovechado para el diseño e implementación de políticas de seguridad hechas “a la medida” de las realidades municipales lo cual puede permitir responder a problemáticas específicas, cambios de contexto y coyunturales.

Sobre el segundo punto, hay que señalar que cada vez que instituciones policiales cometen abusos y violaciones a derechos humanos, la capacitación vuelve a emerger como la solución casi mágica.  La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) de 2017, indica que 80.5% de los agentes policiales a nivel nacional recibieron al menos un curso de formación inicial al ingresar a la institución, pero 98% desearía recibir al menos un  curso de capacitación para mejorar su desempeño. Los temas que las y los propios policías sugieren varían desde funcionamiento del nuevo sistema penal acusatorio (82.4%), pasando por reglamentos y protocolos de actuación (74.7%) y tácticas de arresto, control y uso de la fuerza (69.3%) hasta ortografía y redacción (67.2%).

Pero como bien señalan especialistas en actuación policial, la capacitación es necesaria pero no suficiente. Para tener policías que puedan realizar adecuadamente su trabajo y respetar los derechos humanos de todas las personas, es ya urgente una trasformación profunda de todas nuestras instituciones policiales. Y en esta transformación, tenemos mucho que hacer y aportar las organizaciones de derechos humanos como bien lo ha señalado recientemente Ernesto López Portillo.

Una transformación de las policías mexicanas debe pasar por hacerlas mucho más abiertas a la ciudadanía.  Las policías no pueden seguir siendo instituciones opacas en las que ni siquiera sus agentes conocen la forma en que se toman decisiones, se diseñan, implementan y evalúan operativos, o se determinan sanciones.

Es por ello que desde Amnistía Internacional México estamos convencidas de la necesidad de encomendar a órganos de control externos, independientes e imparciales, la investigación de al menos los incidentes más graves en los que intervengan instituciones policiales. En las directrices para la aplicación de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, nuestra organización señala con claridad que este órgano debería tener el mandato no sólo de llevar a cabo su propia investigación, sino también de supervisar el desarrollo de investigaciones disciplinarias y vigilar el de investigaciones criminales, así como del proceso penal.

Como parte de nuestra labor en México, estaremos trabajando para que los gobiernos de al menos las cinco entidades federativas en que documentamos manifestaciones reprimidas durante 2020, retomen esta recomendación. Esperamos que organizaciones, colectivas y personas feministas, defensoras de derechos humanos, de la libertad de expresión y reunión pacífica, se sumen a esta exigencia, porque solo todas juntas podremos lograrlo.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México.

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