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Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Prevención inteligente: la otra vía contra la pandemia de la violencia
Hacer efectivo el derecho humano a la prevención se traduce en la garantía que todas y todos debemos tener de no ser víctimas de la violencia y el delito. Hoy somos el país latinoamericano más letal para las mujeres, la juventud, la infancia e, incluso, para las policías.
Por Verónica Martínez-Solares y Óscar Aguilar Sánchez
13 de julio, 2020
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Mucho antes que el COVID-19, desde hace cuatro lustros México sufre una pandemia ascendente de violencia, sin solución aparente en el corto plazo. Los delitos violentos incluyen los de género, homicidio, secuestro, robo y graves violaciones a derechos humanos, entre muchos otros problemas de inseguridad que las personas padecemos habitualmente. Baste revisar las cifras del INEGI (2018): 33 millones de delitos asociados a 24.7 millones de víctimas, sin denuncia formal en un 93.2% con la impunidad que ello significa; 35,588 homicidios en 2019, de los cuales casi mil fueron feminicidios. Y 2020 continúa con las cifras del terror: masacres, confrontaciones y atentados en niveles propios de un conflicto armado. Somos el país latinoamericano más letal para las mujeres, la juventud, la infancia e, incluso, para las policías.

La última generación de mexicanas y mexicanos nació y ha crecido en un contexto donde el crimen común y de alto impacto es una realidad cotidiana, al tiempo que no sin miedo se pierde la capacidad de asombro. De un lado de la ecuación, la violencia de todo tipo se normaliza, neutraliza y naturaliza como instrumento para dirimir los conflictos en la convivencia interpersonal, familiar, laboral, comunitaria y social. En el otro extremo, varias regiones son campos de cruentas batallas entre organizaciones delictivas con gran capacidad de fuego que utilizan para controlar territorios, propulsar economías ilegales y agredir a las fuerzas del orden. El tráfico de armas es causa y consecuencia en la escalada del uso de la fuerza. En paralelo, la vida criminal se vuele una subcultura y un modelo aspiracional para una parte de la infancia y juventud.

Como respuesta, el Estado mexicano ha modificado a fondo su arreglo constitucional en materia de seguridad pública, proceso penal, reinserción social y colocado un nuevo actor en el tablero, la Guardia Nacional. La inversión económica tampoco ha sido menor: desde 1999, la Federación ha transferido a los Estados por conducto del FASP más de 133 mil millones de pesos para fortalecer las estrategias de profesionalización, equipamiento, tecnología e infraestructura de las instituciones de seguridad, procuración de justicia y penitenciaras.

De igual forma, se han multiplicado las fuentes estadísticas y los diagnósticos para analizar las razones detrás de fenómenos tan complejos. Mientras que las campañas electorales prometen paz y seguridad, los partidos de centro, derecha e izquierda se han alternado en los tres niveles de gobierno y las cosas siguen igual —o peor—. ¿Qué es lo que falta o qué ha fallado?

Las respuestas son múltiples como multifactoriales y multidimensionales son las causas que generan dichas problemáticas. Sin embargo, la experiencia internacional indica que, más allá de las debilidades institucionales, los gobiernos no pueden depender exclusivamente del sistema de seguridad y justicia penal porque su funcionamiento se activa cuando los delitos han sucedido -la mayor parte de ellos nunca se denuncia-, se obtienen modestos resultados y son altos los costos humanos, sociales y económicos. La fórmula más policías, armas, fiscalías, jueces o prisiones es necesaria en determinados contextos, pero insuficiente porque la naturaleza de sus atribuciones no se dirige a abordar los factores de riesgo y causas que generan violencia y conductas antisociales.

Tampoco sirve asociar categóricamente el crimen y la conducta humana a determinantes de maldad, bondad o a un albedrío sin condicionantes, posturas teóricas ya superadas. Pero el traspié más común es establecer una relación causal y directamente proporcional entre delito y política social, como Beliz (2002) apunta: “confundir la seguridad ciudadana con políticas sociales universales o hacerla depender exclusivamente de programas macroeconómicos entraña el riesgo no sólo de criminalizar la pobreza sino también de suponer que existe un piloto automático para resolver problemas complejos de violencia que requieren un abordaje específico de prevención”. Y aquí se desvanece nuestro aparente nudo gordiano.

Lo que hemos aprendido en casi medio siglo sobre cómo reducir la violencia y el delito se aparta de las fórmulas simplistas para confirmar la importancia de equilibrar las respuestas entre reacción y prevención, desde un enfoque inteligente o informado por evidencia. La noción de seguridad ciudadana refleja dicho compromiso y supone articular el trabajo conjunto y coordinado del aparato policial y de justicia penal, de las instancias y dependencias que administran programas de bienestar social —alimentación, educación, salud, cultura, vivienda, deporte, infraestructura urbana—, de las organizaciones de las sociedad civil y de la academia, así como de los propios actores de las comunidades, con el objetivo de construir, desde la base y desde lo local, soluciones específicas e integrales para abordar los factores de riesgo y causas sociales, comunitarias, psicosociales y de entorno físico que generan, facilitan o dinamizan la violencia y el crimen.

Paradójicamente, México fue pionero en América Latina en institucionalizar la prevención distinta a la penal con la creación del primer Centro de Prevención, la promulgación de una Ley General en la materia y en etiquetar presupuesto ex profeso (artículo 11 del PEF 2012 y subsecuentes). Pero los esfuerzos han sido efímeros e ineficaces como, por ejemplo, el Programa de Prevención del Delito 2014-2018 que, con un presupuesto propio y por pocos años, sin una teoría del cambio, sin una cadena de causalidad y sin metas claras, como un “formalismo mágico” —parafraseando a Poyatos— asumió que la simple invocación de la prevención social conllevaría a buenos resultados, siendo que estos fueron desastrosos y peores a los del sexenio que le antecedió.

La construcción de una vía alternativa al uso exclusivo de la reacción no requiere partir de cero. Los gobiernos necesitan herramientas que les permitan disminuir sus curvas de aprendizaje para tomar mejores decisiones, siempre con recursos que resultarán escasos. Aquí es donde la prevención inteligente adquiere relevancia en dos sentidos: el sustantivo o de las mejores respuestas y el de gestión o el de los mejores procedimientos para lograrlo.

En el primer supuesto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha construido una plataforma donde sistematiza el conocimiento para prevenir la violencia, con las siguientes propuestas: a) promover relaciones seguras, estables y enriquecedoras entre las/los niños y sus padres o cuidadores; b) desarrollar habilidades para la vida en niños y adolescentes; c) reducir la disponibilidad y el uso nocivo del alcohol; d) reducir el acceso a armas de fuego y punzo-cortantes; e) promover la igualdad de género para prevenir la violencia contra las mujeres; f) cambiar las normas culturales y sociales que promueven la violencia; y, g) implementar programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas.

Así vistas, parecerían estrategias generales; no obstante, la propia OMS las traduce en acciones. Verbigracia, por lo que hace a la primera propuesta, las visitas de enfermeras o profesionales sociales (trabajadoras/es sociales, psicólogas/os) a madres adolescentes u hogares con violencia familiar o en situación de pobreza, logran reducir, en el mediano plazo y en más de la mitad, el contacto de jóvenes con el sistema penal -arrestos, sentencias, reincidencia- y el consumo de drogas y alcohol; en el corto plazo, disminuyen a la mitad el abuso infantil, los embarazos no planificados y el consumo de drogas de las madres y facilitan su incorporación al trabajo remunerado, vital para romper con ciclos de violencia familiar y pobreza. Dichos efectos se han logrado en varios países, como Chile. Su fundamento es sencillo: prevención secundaria y social basada en el desarrollo temprano, en habilidades para la vida y con un componente de disuasión focalizada. Imaginemos el potencial de utilizarlo en las llamadas de mujeres al 911: ¡una acción de gobierno de precisión directa!

Otras plataformas que ofrecen buenas prácticas son CrimeSolutions, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los foros de seguridad, el Centro POP o proyectos como EMMIE. En próximas semanas, el INACIPE lanzará la edición en español del libro “Ciencia y secretos para acabar con el crimen violento”, de Irvin Waller, en el que encontraremos la síntesis del conocimiento acumulado para saber dónde buscar, cómo hacer y qué lograr.

En el segundo supuesto, el ciclo tradicional de política pública sigue siendo de gran utilidad, pero no alcanza a reflejar la complejidad sobre cómo elaborar y gobernar las políticas públicas de prevención que articulen una dimensión no punitiva o social con el sistema de seguridad y justicia penal.

Una solución la presentó el Programa EUROSocial para América Latina, en 2015, con el Modelo Regional de Política Integral para la Prevención de la Violencia y el Delito, construido desde la propia experiencia latinoamericana, el cual plantea que, para lograr resultados en prevención, debe partirse de dos condiciones de funcionalidad y construir las acciones de gobierno como procesos de sostenibilidad, articulados y en constante comunicación.

Las condiciones de funcionalidad son: a) la voluntad política que se traduzca en elementos objetivos y no declarativos, lo que incluye el compromiso del poder legislativo al ser coproductor de institucionalidad y de asignaciones presupuestales, así como un mecanismo de gobernanza que funcione, y b) el liderazgo técnico referido al talento humano, el fortalecimiento de los sistemas de datos e información y el uso de los mismos. Los procesos para la construcción del enfoque integral son: Institucionalización, Coordinación e Integración, Focalización, Inclusión y Participación, Equidad y Dignificación con Perspectiva de Género, Eticidad y Colaboración Regional. Cada proceso es un cimiento transversal sobre el que se construye la sostenibilidad a través de acciones interconectadas para transformar positivamente ciertos entornos -sociales, físicos y simbólicos- de las personas, las comunidades y las instituciones, para reducir la violencia y el delito, con la participación de múltiples niveles, actores, sectores y disciplinas.

El pasado 2 de julio, el gobierno federal de México publicó el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, cuyo Objetivo 2 es: “Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional, se orienta hacia la mejora en la coordinación interinstitucional, el involucramiento de los actores sociales en el ámbito comunitario y el ejercicio de la prevención como herramienta útil para la construcción de propuestas y acciones basadas en respuestas focalizadas y participativas y no exclusivamente en mecanismos policiales y reactivos”. Una declaración promisoria y necesaria, pero lejos de ser suficiente cuando aún no se publica el programa nacional respectivo.

Hacer efectivo el derecho humano a la prevención se traduce en la garantía que todas y todos debemos tener de no ser víctimas de la violencia y el delito. Para alcanzar tal ideal, es preciso construir una política de Estado al margen de disputas ideológicas y partidistas. Revertir sensiblemente esta pandemia de violencia y criminalidad requiere de una vacuna que ya existe: la ciencia de la prevención inteligente. Y es una vía mucho más eficaz y menos dolorosa.

* Verónica Martínez-Solares (@vmartinezsls) dirige el programa para América Latina de la International Organization for Victim Assistance y la dirección de investigación de la FESEGO. Óscar Aguilar Sánchez (@fesego_al) dirige la Fundación para el Estudio de la Seguridad y Gobernanza, A.C.

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