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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Prevención, percepción y seguridad ciudadana en México
Bajar la incidencia delictiva es un avance, pero para lograr valor público tenemos que asumir la tarea de reorientar las acciones hacia la ciudadanía, generar espacios que fomenten la cohesión social y abonen a la cultura y promoción de paz en las ciudades.
Por Jane Cárdenas
19 de octubre, 2020
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Las políticas de seguridad ciudadana y los modelos gerenciales de policía se vislumbraban en años anteriores como un nuevo paradigma que influiría en el diseño de estrategias de las instituciones de seguridad en el país. Esta influencia latinoamericana se evidenció desde hace más de 10 años en México a partir de las directrices marcadas por los gobiernos federales hacia los estados y los municipios, con ordenamientos jurídicos que modificaron conceptual y operativamente las prácticas de las instituciones responsables de la seguridad pública. Además, el esquema de profesionalización policial basado en un modelo de formación y capacitación que se dirige a la certificación de competencias, permiten observar que el enfoque de seguridad ciudadana influyó en las políticas del país. Esta influencia se extiende a la necesidad de una reforma policial que incluye la incorporación de modelos de gerencia y administración que forman parte de las transformaciones que han sufrido en los últimos años las policías latinoamericanas en sus procesos de profesionalización.

En ese sentido, la base fundamental para la reforma policial debe planearse desde la seguridad ciudadana. Derivado del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos realizado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (2009), la seguridad ciudadana es una política pública con lineamientos que definen los Estados para alcanzar un objetivo determinado y que permiten transformar las condiciones en que se desarrollan los distintos grupos sociales. En el mismo informe se establece que una política de seguridad ciudadana no puede comprenderse cabalmente sin una referencia a los derechos humanos y que las políticas públicas deben abordar las causas de la criminalidad y la violencia. Pero ¿cuáles son las causas? Vale decir, que existe una relación directa entre las preconcepciones teóricas que un gobierno tiene respecto de la criminalidad y las acciones que establece para su abordaje.

A partir del escenario de inseguridad que vive nuestro país en los últimos años, del papel central que adquiere la delincuencia organizada en México con respecto a otros países de Latinoamérica y de los enormes costos en vidas humanas que trajo la denominada “lucha contra el narcotráfico”, surgió la necesidad de trabajar acciones o iniciativas de prevención. Fue así que se establecieron en nuestra legislación nacional nuevas formas de entender y abordar las iniciativas de prevención y el delito, que quedaron plasmadas en la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, misma que entró en vigor en 2012.

Al respecto, en la región, se han realizado aportes importantes a la definición de la prevención del delito desde distintos marcos teóricos. Para Crawford (1997), la prevención es un concepto complejo cuya construcción se fundamenta en teorías criminológicas.1

A finales de los años 80, mientras se consolidaban las estructuras institucionales de seguridad pública en el país, se realizaron los primeros programas de prevención del delito a partir de un enfoque epidemiológico que estuvo en auge en los años 90; la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se dirige a la población en general, la prevención secundaria se enfoca a grupos de riesgo y la terciaria a aquellos que ya han cometido un delito y su objetivo de disminuir la reincidencia.

Otros enfoques como el de Máximo Sozzo conceptualizan a la prevención del delito como aquella que tiene como fin realizar una intervención ex-ante que el delito ocurra. Las intervenciones posteriores al hecho delictivo son ex-post y su fin es reprimir el delito, pero desde esta óptica no podemos llamarle prevención del delito en sentido estricto; si la conducta delictiva ya se ha presentado, las estrategias que se implementen serán de represión de delito. A partir de este referente, la prevención es anteponerse al hecho delictivo y evitar que las situaciones en conflicto escalen y se conviertan en delito. El Modelo Nacional de Justicia Cívica que se propuso recientemente por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos colocarlo -desde la visión de Sozzo-, como una intervención ex-ante.

Cada tipo de prevención social, situacional, comunitaria y psicosocial que se establecen en la Ley General de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia (2012) se fundamentan en supuestos teóricos distintos respecto a los orígenes de la conducta delictiva, como se muestra en el siguiente cuadro:

Fuente: elaboración propia de acuerdo a Sozzo (2000) y Dammert (2004).

Como vemos, estas tácticas o iniciativas tienen una relación directa con la explicación causal de la delincuencia. En la prevención social se busca incidir en aspectos estructurales porque se asume que el sujeto es determinado por el sistema social y por lo tanto, la prevención del delito necesariamente tendrá que dirigirse a modificaciones en las estructuras sociales. En la prevención situacional se asume que la delincuencia siempre estará latente en todas las sociedades y en ese supuesto estas estrategias buscan insistentemente la protección de la víctima y el victimario es visto como un elemento siempre presente en la trilogía de la delincuencia, a saber; víctima, victimario y espacio geográfico.

En estas iniciativas se modifica lo que “puede modificarse” como el comportamiento de la víctima y el espacio urbano, lo que –se supone- disminuirá los riesgos para esa potencial víctima en ese espacio determinad. La prevención comunitaria parte del supuesto que la delincuencia tiene sus orígenes en factores sociales, básicamente por la falta de cohesión social y destaca la importancia de la participación comunitaria para la disminución de situaciones de riesgo. Este último tipo de prevención incluye los supuestos de la prevención social y la prevención situacional, es decir, se pretenden modificar factores sociales por medio de la participación ciudadana, fomentando la cohesión social de la comunidad como promotora y precursora de las acciones y al mismo tiempo implementar iniciativas de disminución de riesgos con cambios en el diseño ambiental y la autoprotección de las víctimas.2 Finalmente, la prevención psicosocial focaliza sus acciones en programas formativos y otras iniciativas de impacto individual y grupal, así como la atención inmediata y efectiva a las víctimas del delito y la reparación integral del daño.

Cabe preguntarse entonces: ¿cuáles son las preconcepciones teóricas a partir de las cuales se desarrollan las iniciativas de prevención y las acciones de seguridad ciudadana?

En el contexto actual tenemos una gran paradoja. Por un lado, el discurso a nivel federal difunde la implementación de acciones que podríamos catalogar dentro de la prevención social, como el otorgamiento de becas y apoyos asistenciales a la población. Por otro lado, se crean estructuras y se focalizan acciones que priorizan la política de seguridad nacional y seguridad pública para el diseño de estrategias de represión del delito, intentando armonizar esto con la promoción de paz, lo que resulta sumamente complicado, dado que la represión del delito afecta la percepción y aumenta la sensación de temor. De ahí que una política de seguridad ciudadana desde el ámbito nacional resulta necesaria para lograr no solo disminuir el delito, sino también mejorar la percepción de inseguridad.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, el 73.4% de la población se siente insegura en sus ciudades en términos de delincuencia. Como referente tenemos el caso de Jalisco, según los últimos resultados oficiales publicados con cierre al mes de septiembre por la Fiscalía del Estado, se redujo en este año un 23.4% la incidencia delictiva respecto del 2018 y un 20.5% respecto del 2019. La lógica podría indicar que a menor incidencia delictiva mayor percepción de seguridad. Sin embargo, ha sido ampliamente documentado que la sensación o percepción de inseguridad no se refleja en términos paralelos al comportamiento delictivo. Bajar la incidencia delictiva es un avance, pero para lograr valor público tenemos que asumir la tarea de reorientar las acciones hacia la ciudadanía, generar espacios que fomenten la cohesión social y abonen a la cultura y promoción de paz en las ciudades. La seguridad ciudadana requiere además, de una actuación policial basada en la proximidad social, entendida como un método para facilitar la solución pacífica de conflictos, con estrategias claras, congruentes y específicas.

El Modelo Homologado de Justicia Cívica es una ventana de oportunidad para modificar los escenarios urbanos, si logramos incidir en la actuación policial in situ y logramos que las policías sean facilitadoras en la resolución de conflictos. El Modelo sienta las bases para que “vigilar y castigar” deje de ser objetivo de las estrategias operativas y el propósito se transforme en “facilitar y solucionar”.

Parece utópico pensar que podemos transformar nuestra realidad urbana, mientras las noticias nos revelan de cuando en cuando un capítulo más de corrupción a gran escala y las políticas de seguridad obedecen a las grandes alianzas con la delincuencia organizada. Yo prefiero quedarme con mi trozo de esperanza y como decía Galeano: “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”.

* Jane Cárdenas (@janeecf) es académica de la Universidad de Guadalajara y Secretaria Técnica de la Policía Metropolitana de Guadalajara.

 

 

1 Crawford, A., (1998). Crime Prevention and Community Safety: Politics, Policies and Practices, Londres, Longman.

2 Rico J. M. y Chinchilla L., (2006). Las Reformas Policiales en América Latina: Situación, Problemas y Perspectivas, Instituto de Defensa Legal, Lima, Perú.

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