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Proceso penal abreviado y derechos de las víctimas
Si con el proceso penal abreviado se cubren los tres objetivos del sistema de justicia criminal que son: derecho a la verdad, acceso a la justicia y reparación del daño, éste es perfectamente válido como garantía de los derechos de las víctimas.
Por Insyde
28 de agosto, 2017
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Por: Héctor Alberto Pérez y Ernesto Cárdenas

¿Puede el proceso penal abreviado garantizar el acceso a la justicia en casos de delitos asociados con violaciones graves a los derechos humanos?

En la labor que desempeñamos desde Insyde hemos encontrado que el proceso penal abreviado se ha utilizado constantemente en distintas entidades del país como una forma de acercar la justicia a víctimas de delitos tan graves como el feminicidio y la trata de personas.

Para reflexionar adecuadamente sobre el cuestionamiento debemos tener presentes algunos principios fundamentales del sistema de justicia penal vigente en nuestro país.

En primer término, uno de los grandes mitos —difundido igualmente por partidarios y enemigos— del sistema penal acusatorio es que éste está diseñado para privilegiar los derechos del imputado como actor principal del proceso y que su elemento central es la presunción de inocencia. Esto es una mentira que de tanto ser repetida parece una verdad incontrovertible. Si nos atenemos a la letra del artículo 20 constitucional (piedra de toque del sistema penal) en su apartado “A” fracción I nos señala que el objeto del proceso penal es en esencia un catálogo de derecho victimal: verdad, justicia y reparación. Es decir, que cuando el proceso no cumple estos tres objetivos centrales de las víctimas del delito, éste no cumple con sus objetivos constitucionales y por lo tanto no debe subsistir. El verdadero protagonista de nuestro sistema penal es la víctima del delito.

Por otro lado, pocas cosas tan odiosas como escuchar a quienes se refieren al recién implementado sistema de justicia penal como “los juicios orales”, pues esto revela un absoluto desconocimiento de un mecanismo legal que precisamente fue diseñado para que el menor porcentaje de los asuntos sean los que —una vez agotados todos los mecanismos de solución de controversias—, lleguen a juicio. El juicio oral es un mecanismo costoso, complejo y desgastante para las partes, si bien no tanto como el juicio del sistema mixto, sí implica una preparación especial por parte de quienes intervengan y si se piensa que el grueso de los delitos serán atendidos por este medio se buscaría colapsar al sistema.

A pesar de que el marco normativo del proceso penal abreviado es adecuado y suficiente aún existen muchas dudas y controversias sobre sus alcances.

En algunos casos hay quienes cuestionan si no se trata de una vulneración del derecho fundamental de la persona imputada a no autoincriminarse. En este sentido, consideramos que no es así, ya que una de las funciones de la autoridad judicial es precisamente verificar que la aceptación de este mecanismo por parte del inculpado es inteligente e informada.

Aquí es donde la defensa debe ejercer un gran control y especial cuidado que no existan situaciones en las que se coaccione a las personas imputadas a aceptar sentencias injustas; también tendrán que actuar conforme a la debida diligencia y tener claridad en los casos que pueden o no controvertir los medios de prueba con que cuenta la Fiscalía, siempre brindando un servicio ético a sus clientes.

Otro elemento controvertido es la negociación de las penas; es decir, si el poder legislativo ha determinado ciertas sanciones para un delito, ¿es válido que las partes acuerden una pena diferente? En este sentido, me parece que implica trasladar la justicia a manos de las partes verdaderamente interesadas. En México tenemos penas absurdamente altas para muchos delitos, que son parte de un populismo penal que es la única respuesta que se ha dado a los fenómenos de criminalidad sin que ello implique que se hayan reducido los índices delictivos o que los crímenes se cometan con menor violencia por temor a la represión penal de penas inusitadas.

Es preferible para las víctimas y para el sistema de justicia, penas menores pero que efectivamente se apliquen a penas mayúsculas que sólo se queden en el papel y sirvan de bandera política a legisladores; esta amplitud de las sanciones se presenta como una oportunidad para que las Fiscalías que cuenten con evidencia suficiente en sus casos señalen a las personas imputadas que pueden ser acreedoras de una sanción enorme, pero que si deciden economizar en el proceso, ésta podrá ser menor; claro está, siempre que con ello se satisfaga el interés de justicia de la víctima del delito.

La pena no debe verse como una venganza social contra quien cometió un delito, sino como una sanción por una conducta que dañó a una persona que pertenece a esa misma sociedad y por ello debe tener la última palabra en la solicitud de esa sanción.

Asimismo para la víctima del delito, más cuando ésta ha sido gravemente afectada, el evitar el juicio representa la certeza de una sanción y evitar un proceso de victimización secundaria como consecuencia de revivir los hechos que sufrió, el estrés de rendir su testimonio y ser cuestionada por la defensa, escuchar alegatos que puedan cuestionarla (pensamos en víctimas de violencia sexual, principalmente) y la incertidumbre de poder recibir una sanción desfavorable.

La asesoría victimal deberá garantizar que con el reconocimiento de hechos que se haga por parte de la persona imputada garanticen el derecho a la verdad de la víctima del delito, por lo que tendrá que trabajar con cercanía a la Fiscalía en la determinación de los hechos, ya que es responsabilidad de ésta la garantía de este derecho fundamental.

Adicionalmente está el tema de la reparación del daño. Frente a penas privativas de la libertad, más cuando éstas son tan extensas como lo señalan nuestras leyes, lo más común es que la víctima se quede sin posibilidad de acceso a la reparación del daño; esta posibilidad aumenta en aquellos delitos que atentan contra el núcleo duro de los derechos (homicidio, feminicidio, trata de personas, explotación en todas sus modalidades, violación, secuestro, por señalar los más graves) ya que por diversos factores el sentenciado no suele cubrir los montos señalados. En este aspecto, también debe haber un trabajo de hilado fino por parte de la representación victimal y la Fiscalía para solicitar del Tribunal medidas reparatorias que puedan cumplirse efectivamente o incluso determinar con la defensa las garantías que se ofrecerán para cubrir este objetivo del proceso penal. Se puede establecer trabajo en favor de la víctima durante la estancia en prisión; la extinción de dominio en los términos que la ley establece.

Una alternativa explorada es que ante la insolvencia de las personas sentenciadas (qué solvencia puede tener alguien que pasará veinte años de su vida en prisión en un caso de feminicidio o trata de personas) es el recurrir a los fondos de apoyo a las víctimas que están (o deberían estar) a cargo de las Comisiones Ejecutivas creadas expresamente para la atención a éstas.

La efectiva aplicación de la reparación del daño es uno de los grandes pendientes de nuestro sistema de justicia.

Si con el proceso penal abreviado se cubren los tres objetivos del sistema de justicia criminal que son: derecho a la verdad, acceso a la justicia y reparación del daño, éste es perfectamente válido como garantía de los derechos de las víctimas, aún en los casos que mayor afectación les causen a éstas, como lo son delitos contra la vida, libertad e integridad de las personas; así lo hemos constatado en nuestra experiencia asesorando y brindando asistencia técnica a distintas Fiscalías, principalmente en materia de trata de personas y feminicidio.

Esta semana estaremos trabajando en el Estado de Coahuila con personal ministerial del país encargado de investigar y buscar la sanción de estos delitos y el tema de los procesos abreviados será uno de los aspectos principales en la discusión.

 

* Héctor Alberto Pérez es consultor de Insyde (@canibaldf), Ernesto Cárdenas es director de Justicia Penal y Derechos Humanos de Insyde.

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