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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
¿Quién controla a los espías mexicanos?
Desde los primeros años del México postrevolucionario hasta el día de hoy, las instancias encargadas de llevar a cabo labores de espionaje han estado integradas a la Secretaría de Gobernación y han operado con absoluta ausencia de contrapesos institucionales y bajo un marco legal ambiguo. La coyuntura crítica dentro del país obliga a readecuar por completo los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de inteligencia.
Por Insyde
23 de junio, 2014
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Por: Adán Bustamante

Desde tiempos inmemorables, los estrategas militares han considerado que el flujo constante de información es un factor clave que permite obtener conocimiento estratégico durante la fase de planeación y delinear el factor táctico-operacional para alcanzar la victoria en el campo de batalla. Sun Tzu en su famosa obra El Arte de la Guerra decía que “…la razón por la que el soberano y el buen general vencen al enemigo cada vez que se lanzan al combate es porque poseen información previa”.

En la actualidad, la inteligencia es fundamental para implementar producción en cualquier estructura. A nivel gubernamental, la función de las agencias de inteligencia continúa siendo vital  ya que facilitan la toma de decisiones a nivel doméstico y permiten orientar el rumbo de la política exterior y de defensa al identificar retos y vulnerabilidades. Sin embargo, pese a su innegable importancia, estos organismos al ser un instrumento del Estado muchas veces han caído en excesos que van desde la violación del derecho a la privacidad de las personas hasta prácticas de tortura y desapariciones forzadas. Esta distorsión de funciones fue evidente durante la década de 1970 en América Latina en el marco de la Guerra Fría, cuando los regímenes dictatoriales persiguieron a grupos disidentes considerados como “subversivos”.

Inclusive en países con un sistema democrático sólido se han presentado casos en los que las actividades secretas de los servicios de inteligencia se han usado en contra de la población que en teoría tendrían que proteger. Hay que recordar que a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 se generaron cambios jurídicos y burocráticos en las áreas de seguridad que permitieron al gobierno estadounidense asignar abultados presupuestos y medios tecnológicos para ampliar las capacidades operativas de sus órganos de espionaje, los cuales se avocaron hacia la vigilancia interior. En este sentido, los ciudadanos norteamericanos posibilitaron a su gobierno –a través del Acta Patriótica (patriot act)– a que vulnerara sus derechos fundamentales a cambio de mayor seguridad, lo cual se tradujo en medidas excepcionales que permitieron la intercepción de llamadas, el monitoreo de movimientos bancarios y la vigilancia electrónica.

Es por ello que hoy en día uno de los principales retos de los gobiernos es regular bajo principios democráticos una actividad que depende de la discrecionalidad y el sigilo. En este sentido, resulta esencial que las agencias de información operen con responsabilidad bajo un marco de supervisión amplio que permita establecer límites y equilibrios de control parlamentario, para así evitar caer en la tentación de explotar la agenda de seguridad nacional en beneficio de la clase gobernante.

Los excesos y escándalos han motivado a algunos gobiernos a replantear los patrones de control sobre sus organismos de inteligencia. Para ello han aplicado al campo de la seguridad nacional el término “accountability”, concepto anglosajón que en términos generales se refiere al control –a través de la transparencia y rendición de cuentas– del poder político y de la administración; es decir, se trata de un mecanismo dentro de una estructura jerárquica que implica cooperar con actores externos (que llevan a cabo funciones de auditoría y emisión de informes que detallen la eficiencia administrativa y operativa) al mismo tiempo que permite dar a conocer información de relevancia pública como el gasto del presupuesto asignado.

En el contexto de la seguridad nacional, el concepto de la rendición de cuentas ha comenzado a aplicarse en los últimos años pese a las divergencias entre secrecía versus transparencia. Cabe destacar que existen dos tipos de control, el primero es de carácter parlamentario el cual opera a través de un comité de inteligencia (Australia, Canadá, Noruega y Estados Unidos lo aplican). El segundo es una reforma constitucional derivada de un proceso de transición democrática que implica cambios legales que conllevan la subordinación del aparato de defensa y seguridad al poder civil y el establecimiento de leyes para sujetar a principios democráticos las labores de inteligencia.

Uno de los mejores ejemplos de accountability de los servicios de información a nivel mundial es sin duda el modelo australiano, el cual establece claros contrapesos institucionales en el control de los organismos de inteligencia tanto civiles como militares. Este esquema favorece el monitoreo de funciones por parte del Parlamento y su comité especializado pero, sobre todo, permite que un auditor externo (Inspector-General of Intelligence and Security) sea parte de la estructura de seguridad nacional y al mismo tiempo vigile sus funciones.

Respecto al caso de nuestro país, la naturaleza de su propia estructura de espionaje no le ha permitido adoptarse a un modelo de rendición de cuentas. Basta observar los antecedentes de los organismos civiles de inteligencia que se remontan a 1918 cuando Carranza creó el Departamento Confidencial, cuyo principal objetivo fue identificar enemigos políticos, desactivar conspiraciones, monitorear levantamientos agrarios y sindicales y llevar a cabo tareas de inmigración.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la estructura de inteligencia trató de recomponerse pero heredó las inercias del órgano que le antecedió e incluso se convirtió a la entonces Dirección Federal de Seguridad en policía política partidizada al servicio del presidente (un instrumento muy útil para preservar el régimen y ante los ojos de Estados Unidos muy eficaz para frenar la expansión comunista).

Desde los primeros años del México postrevolucionario hasta el día de hoy, las instancias encargadas de llevar a cabo labores de espionaje han estado integradas a la Secretaría de Gobernación y han operado con absoluta ausencia de contrapesos institucionales y bajo un marco legal ambiguo. Esta mezcla entre centralismo y una pobre reglamentación ha permitido que las instancias de seguridad e inteligencia actúen con total discrecionalidad, la cual ha germinado la semilla de la corrupción y el asentamiento de viejas elites al interior de los órganos de inteligencia civiles.

Uno de los desafíos en la reingeniería de los servicios de inteligencia propuestos tras la alternancia ha sido sin lugar a duda el democratizar la función de la inteligencia con la finalidad de establecer contrapesos, vigilar su desempeño, crear una cultura de la inteligencia en los espacios gubernamentales y sobre todo vigilar los mecanismos de cooperación en materia de intercambio de información con otros países.

La coyuntura crítica dentro del país obliga a readecuar por completo los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de inteligencia. El país requiere de un órgano de inteligencia eficaz, con cuadros profesionales que lleven sus funciones bajo vigilancia legislativa y social; pero sobre todo se requieren equilibrios institucionales que borren las pugnas inter-burocráticas y les consoliden institucionalmente para hacer frente a los desafíos del país sin la necesidad de depender de sus contrapartes norteamericanas.

 

* Adán Bustamante es colaborador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal de Insyde.

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