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Reclutamiento armado infantil: fracaso y responsabilidad del Estado y de AMLO
El reclutamiento forzado de menores por parte de un actor armado no estatal (como lo es un grupo de autodefensa) no está salvaguardado por el “respeto a usos y costumbres” comunitarias de los pueblos indígenas, como parece que de facto lo acepta el actual gobierno.
Por Erubiel Tirado
19 de abril, 2021
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En la definición originaria del sistema jurídico mexicano se consideran los derechos de los menores (niñas, niños y adolescentes NNA) como “interés supremo”. Bajo esa premisa prevalecen por sobre cualquier otro interés legal por tutelar o proteger en caso de disputa o dilema por parte de las autoridades del Estado (jurisdiccionales, administrativas y políticas). Importa tener presente este supuesto que no es un mero concepto o principio teórico, se trata del resultado de una larguísima batalla en el campo de los derechos humanos de gran valor universal que, como veremos, consecuentemente se encuentra en el conjunto de obligaciones ineludibles de los países que forman parte de su complejo sistema de protección a través de sendas convenciones, tratados y protocolos.

Reclutamiento forzado: niños soldados… para empezar. El diario El País, este año y el pasado (22 de enero de 2020 y 10 de abril de 2021), publicaron sendos reportajes sobre la aparición de niños entrenados y armados por un conglomerado de grupos de autodefensa, la llamada Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores (CRAC), en el sureste de Guerrero. Se trata de una grave situación que se engarza con el fenómeno de reconocimiento legal en el derecho constitucional mexicano que reconoce, en principio (sin negar la obligación del Estado, de cumplir con su obligación primaria de brindar seguridad a toda la población del país), de permitir a comunidades indígenas un esquema de organización autogestiva en materia de protección comunitaria.

Este reconocimiento que se da legalmente bajo el principio de respeto de “usos y costumbres” de los ahora llamados “pueblos originarios”, sin embargo, está necesariamente sometido a límites constitucionales y legales en lo que a seguridad pública se refiere. El primer tema ignorado en este tratamiento es que el reclutamiento forzado de menores por parte de un actor armado no estatal (como lo es un grupo de autodefensa) no está salvaguardado por el “respeto a usos y costumbres” comunitarias de los pueblos indígenas como parece que de facto lo acepta el actual gobierno.

Por el contrario, esta práctica es violatoria bajo cualquier modalidad. No se limita a tener niños-soldado portando armas de fuego para que se configure el reclutamiento forzado, sino basta que se encuentren desempeñando cualesquier tareas de apoyo para la organización armada. Esta aclaración no se establece con claridad en las notas de El País replicadas en otros diarios nacionales, ni se encuentra en las menciones oficiales sobre el tema en boca del presidente López Obrador.

La autoridades comunitarias que encabezan y organizan esta versión vernácula legalizada de autodefensas, justifican el reclutamiento infantil con el argumento del “abandono” social y presupuestal de los pueblos de la región que quedan expuestas y vulnerables a la acción de los grupos criminales que dominan y se disputan las zonas serranas de Guerrero. Añaden a este razonamiento, mas en tono de chantaje y presión política, el “incumplimiento” de promesas del actual gobierno (las referencia señalan la aparición de niños armados desde el último año de gestión del presidente Enrique Peña Nieto, 2018), en el sentido que no hay “becas” y se omite el énfasis a la falta de acciones específicas por combatir y controlar la violencia del crimen organizado y la inseguridad.

Desde la óptica del Derecho Internacional Humanitario (DIH) e incluso del Derecho Penal Internacional (de cuyos sistemas de aplicación y observancia México forma parte), de entre el material expuesto por los reportajes deben destacarse al menos tres aspectos: primero, el reconocimiento constitucional y legal de la autodefensa comunitaria indígena ha sido más una coartada para el abandono por parte del Estado mexicano, de proveer seguridad pública a los pueblos originarios de las zonas apartadas y de difícil acceso del país. El espíritu del reconocimiento de usos y costumbres en esta materia, hay que señalarlo, se concibió más bien con un carácter coadyuvante por parte de las comunidades y no que se asumieran plenamente con un carácter de autoridad subrogada, desplazando a las autoridades formalmente constituidas para cumplir con la obligación de servir y proteger a la población.

En segundo lugar, aparejado con este abandono acomodaticio de facto por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales, independiente de su signo partidista y desde hace cuando menos tres sexenios presidenciales, el vacío así generado dejó a las comunidades guerrerenses señaladas, expuestas y a merced de los grupos criminales vinculados a la producción, trasiego y comercialización de las drogas, en especial del cultivo de la amapola en la región (mercado que evoluciona hacia el fentanilo y elaboración de drogas sintéticas). Es decir, se trata de una región de comunidades indígenas atrapadas (desde hace casi dos décadas) por la violencia del crimen organizado y donde la ausencia del Estado (con sus tres niveles de gobierno) hace propicia y compleja una problemática donde el recurso de la “autodefensa” aparece como última y desesperada medida.

Antes del recrudecimiento de la violencia del narcotráfico ya había esfuerzos de organización de autodefensa en la región y se observaba en la dinámica coadyuvante (con el apoyo de la sociedad civil organizada) y de colaboración con los gobiernos estatal y municipales. De estas experiencias desde entonces, Insyde y otras organizaciones sociales han realizado varias observaciones importantes sobre su desarrollo y eventuales riesgos ante lo que ya se veía venir, además de la actividad criminal dominando el territorio y sus poblaciones dispersas, ante la creciente retórica de los gobiernos, la desviación de apoyos y recursos (que después simplemente desparecieron desde el Congreso tanto federal como local) para la seguridad pública desentendiéndose de su obligación. Este componente de responsabilidad estatal por la ausencia de autoridades formales de seguridad en la región, en medio de la cruenta disputa de organizaciones criminales y diversas subestructuras cómplices de sociedad y gobiernos, es parte del sustrato de la tragedia de Ayotzinapa en 2014, cuya lección este gobierno parece no entender.

El tercer aspecto, no menos importante en este entramado complejo y doloroso, es la asunción romántica y de falso heroísmo que se expone en la desesperación comunitaria de “ofrecer” a los menores de edad para la protección colectiva, presentándose así como el producto de una decisión “voluntaria”, tanto de los infantes como de sus padres o tutores (no debe olvidarse el fenómeno ignorado por los gobernantes de nuestros huérfanos de la violencia y de la guerra contra el narco). La expresión de tímida inconformidad de una madre por la integración de su menor hijo al grupo armado, se acompaña de inmediato con el tono resignado de que “así lo quieren” las autoridades comunitarias, muestra el drama y la gravedad de esta situación. No hay elementos de disculpas y se configura una grave responsabilidad por el reclutamiento forzado de los menores que, por cierto, van en aumento en el número que reportan de un año a otro por nuevos integrantes (diecinueve el año pasado y más de treinta y cinco en el presente).

Alcances de obligatoriedad internacional

En el ámbito del DIH, los Convenios de Ginebra (12 de agosto de 1949) protegen a las víctimas de conflictos armados de carácter no internacional. Sus protocolos, en particular el II, consagra las garantías de protección para la población civil, incluidos los niños en el que se prohíbe que menores de edad sean reclutados o participen de hostilidades por parte de fuerzas o grupos armados. Si bien este conjunto de protecciones se pensó en términos de conflictos armados internos de los países, la complejidad de la violencia y las respuestas que se observan en diversos niveles ha ido ensanchando la consideración y alcance de estas disposiciones protectoras. Ya propiamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), siguiendo la Convención de Ginebra, prohíbe el reclutamiento de NNA en los términos señalados. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Convenio 182 (1999) “Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación”, es claro al establecer en una de esas modalidades el reclutamiento forzoso u obligatorio de NNA. En un protocolo adicional a la Convención de los Derechos del Niño se impone la obligación para los Estados miembros de velar porque no se reclute obligatoriamente a menores de dieciocho año y se establece en forma clara que “los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un estado no deben, en ninguna circunstancia, reclutar, o utilizar a menores” en hostilidades. Esto ya es una obligación de derecho internacional y obliga a los Estados miembros o parte de la Convención a adoptar “todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con la inclusión de las acciones legales necesarias para prohibir y tipificar estas prácticas”.

Respuesta insuficiente y responsabilidad penal internacional. La reacción del gobierno se ha limitado, además de la retórica presidencial, a una presencia marginal y acciones insuficientes por parte de la Guardia Nacional y algunas del gobierno estatal sin resolver de fondo la cuestión. El punto nodal de estas consideraciones es la eventual responsabilidad del Estado mexicano y sus gobernantes que pueden ser llamados a cuentas e incluso ser juzgados por sus omisiones en esta materia bajo los parámetros del Derecho Penal Internacional en Ginebra.

* Erubiel Tirado es coordinador del Diplomado “Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos” de la Universidad Iberoamericana.

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