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Reformar la policía para no reformar la política
Si la política del país no va a cambiar, por mucho que se reforme la policía ésta al final no tendrá otra solución que seguir defendiendo, a costa de lo que sea, un sistema injusto.
Por Francesc Guillén Lasierra                
22 de junio, 2021
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El domingo 6 de junio, el presidente colombiano Iván Duque anunciaba formalmente una “profunda transformación” de la Policía como medida para hacer frente a las protestas populares contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la institución policial, entre otras demandas. Las muertes provocadas oscilarían entre 20 y 75 según las fuentes a que nos atengamos. De entrada, después de las imágenes que hemos visto en todo el planeta, no parece desacertado introducir valores y parámetros de actuación que faciliten una gestión de los desórdenes públicos de manera más acorde con la dignidad y los derechos humanos. Difícilmente se pueden justificar algunas intervenciones policiales que dieron la vuelta al mundo.

Unas estrategias y técnicas de intervención en materia de orden público más modernas y humanizadas ofrecerían recursos para una gestión menos traumática de los desórdenes. No parece que el actual Escuadrón Militar Antidisturbios esté por utilizar ante las protestas agresivas estrategias y tácticas diferentes de las militares. A pesar de que tener en mente que no hay receta mágica que pueda garantizar que un incidente de orden público, siempre complejo y con multitud de actores, no acabe con grandes niveles de violencia (Guillén, 2019), hay mucho camino recorrido en esa dirección, que el citado escuadrón parece desconocer o ignorar. Bienvenida sea la Policía colombiana al mundo de la gestión del orden público, moderna y democrática. Igualmente es posible que los valores y principios de actuación de la Policía colombiana dejen traslucir una concepción de la policía como un órgano gubernamental para mantener el status quo político mucho más que para proteger a la ciudadanía. Bienvenida sea cualquier reforma en esa dirección.

Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta otros factores decisivos en el conflicto que ha convulsionado las calles de Colombia en los últimos meses. No fue la Policía la que llevó a la población a la calle, sino unas desigualdades sociales consideradas como muy graves e inadmisibles por las personas que enardecidamente se echaron a la calle. Los salarios de miseria, la inestabilidad laboral, las deficiencias de los servicios públicos, los altos grados de corrupción política y económica, la creciente pauperización de la población la mayoría de la cual no puede permitirse comprar en los múltiples malls que abundan en las grandes ciudades del país fueron factores que llevaron a la gente a la indignación, a la protesta y, en algunos casos, a usar la violencia contra la policía y los equipamientos públicos. Una vez que se produce este estallido de ira en las calles y plazas del país es cuando, entonces sí, se produce una reacción desmedida de la Policía (o de algunas de sus unidades) que se convierte también en el centro de las protestas.

Aunque sea difícil afirmarlo en estos momentos, la Policía colombiana no ocupa precisamente un eslabón muy bajo en el contexto policial latinoamericano. Aunque ciertamente militarizada y con algunas deficiencias innegables, han llevado a cabo, desde la época de los gobiernos del Frente Nacional (1958-1974), un proceso de profesionalización que les ha proporcionado unos cuadros y dirigentes con un buen nivel de formación (Ruiz Vásquez, 2012). Al mismo tiempo, los agentes de a pie no son vistos (no lo eran hasta hace poco) como enemigos, ya que por ejemplo se podía ver en las calles de cualquier ciudad personas que se dirigían a ellos en busca de informaciones de diverso signo. Es impensable en algunos países de la zona que el público se dirija a la policía de manera voluntaria en busca de información. Este razonamiento, que acepto que muchos consideran vergonzoso y que está traído a colación para defender la indefendible actuación de la policía colombiana en los últimos meses (que no es en absoluto la intención de este autor), pretende ir más allá y ahondar en el triste papel que le toca a la policía en contextos social y políticamente complicados.

Demasiada gente cree que el cumplimiento de las normas por parte de la población depende únicamente de la certeza de sanción, es decir de la consciencia de la existencia de unos mecanismos estructurales que, en caso de incumplir el mandato normativo, procederán contra ellos y les impondrán la pena legalmente prevista. Aunque, evidentemente, esta hipotética amenaza de sanción cumple una función en el seguimiento de las normas por parte de la ciudadanía, no es, ni de lejos, el más relevante. Como ya nos adelantaba Tyler (1996) hace algunas décadas -y posteriormente nos ha confirmado mucha investigación criminológica empírica- la mayoría de la gente cumple las normas si cree que el sistema actúa con justicia. En primer lugar, si creen que la norma busca el interés general, si las personas que la elaboran y aplican actúan de manera correcta, respetando al ciudadano en todas las fases de la intervención, actuando de manera neutral y escuchando sus argumentos. Es lo que algunos han calificado como justicia procedimental (procedural justice en su versión original inglesa). De hecho, parece razonable pensar que el cumplimiento efectivo de la norma necesita un componente voluntario alto. Es decir, difícilmente se cumplirán las normas si prácticamente nadie lo hace de manera voluntaria ya que es impensable que se puedan tener los recursos policiales necesarios para hacer presente la amenaza de sanción en todos los casos (circunstancia que, además, tampoco sería deseable).

Llegado este punto, hay que relacionar la problemática que nos ocupa con el creciente deterioro social y político de muchos países del planeta, con un aumento notable de las desigualdades sociales, la corrupción, la discriminación, la percepción de injusticia, etc. En estos contextos, el principio anglosajón de policing by consent, introducido por Robert Peel y su equipo en el momento de crear la Policía Metropolitana de Londres el año 1829, se convierte en papel mojado.

Este principio, central en la policía comunitaria o de proximidad, plantea como desiderátum que la policía ha de convencer a la ciudadanía de la necesidad de adoptar conductas normativas y sólo en casos de muchísima resistencia ha de recurrir al uso de la fuerza. Semejante situación sólo puede tener lugar en sociedades basadas en grandes consensos, con valores básicos compartidos por amplísimos sectores de la población. Las personas consienten en llevar a cabo conductas que consideran, como mínimo, razonables, pero nunca aquellas que considera directamente injustas y discriminatorias. En la medida en que nos encontremos en sociedades en procesos de fraccionamiento, desintegración, con grupos relativamente limitados controlando el status quo el cumplimiento voluntario de la normativa será una quimera.

De hecho, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un principio nacido en las Islas Británicas, constataremos que nunca fue aplicado en Irlanda del Norte, donde la Policía tradicionalmente se ha impuesto usando (de manera profusa) la fuerza. El conflicto entre lealistas y republicanos ha fraccionado y enfrentado de tal manera a la población que ha hecho imposible la creación de las bases consensuales mínimas que permitieran una aceptación de las intervenciones policiales. En el mismo contexto anglosajón, Reiner (2010) nos recuerda el papel que la policía jugó en la crisis de los mineros en los años ochenta del siglo pasado y cómo la progresiva exclusión de más grupos de los beneficios sociales del sistema ha incrementado los niveles de protesta y de violencia, provocando un aumento de los policías que trabajan con arma de fuego, contra los principios originarios que planteaban una policía desarmada. Este proceso de exclusión ha provocado el aumento del número de personas que no se consideran parte del colectivo social y, por tanto, no se sienten interpelados por sus normas y, en cambio, creen que la resistencia contra ellas es legítima.

En el contexto actual, en que la crisis financiera de la primera década del siglo más la crisis económica derivada de la actual pandemia han aumentado la fractura social en la mayoría de los países, especialmente en Latinoamérica, mucha más gente va a entrar en un grado de desesperación que la impulsará a lanzarse a la calle como mínimo a protestar. En la medida en que su desesperación llegue al punto de ver peligrar sus niveles de subsistencia, estas personas van a actuar con mayor o menor violencia que escenificarán contra aquellos que se les crucen en su camino. Si estamos hablando de desordenes políticos y sociales, será la Policía la que se cruzará en su camino, ya que es a ella a quien el sistema atribuye la función de mantener la paz en los espacios públicos. Efectivamente será muy positivo que esta Policía sea capaz de gobernar las protestas de la manera menos traumática posible, y que tenga una actitud respetuosa con la dignidad de los manifestantes. No hay ninguna duda al respecto, y en este sentido bienvenida sea cualquier reforma policial (incluida la colombiana). Ahora bien, si las condiciones de justicia social, si la corrupción no disminuyen, si cada vez hay más sectores excluidos del sistema de diversas maneras, la violencia no va a disminuir, sino todo lo contrario, y la Policía finalmente tendrá que utilizar métodos tan traumáticos como sean necesarios, al menos si sigue enmarcada en el modelo de policía gubernativa que parece defender el gobierno colombiano.

Es decir, volviendo al principio, en las declaraciones del presidente Duque planea la sospecha de que quiera centrar el conflicto actual en la policía y que una reforma de ésta sea el elemento crucial para su superación. Evidentemente, después de los acontecimientos de los últimos meses una reforma policial es absolutamente necesaria. Ahora bien, esto no va a acabar con el conflicto social subyacente. Si la Política en este país no varía, la reforma policial no va a solucionar prácticamente nada y sus enfrentamientos futuros con la ciudadanía indignada y desposeída no tardarán en llegar ya que, como nos constata Scheidel, los acontecimientos que han provocado un incremento de la igualdad entre las personas han tenido una característica común: una disrupción masiva y violenta del orden establecido. De hecho, los movimientos revolucionarios siempre fueron provocados por situaciones percibidas como tremendamente injustas que justificaron la muerte de personas, la quema de palacios y otros destrozos y atrocidades. Dicho de otra manera: si la política del país no va a cambiar, por mucho que se reforme la policía ésta al final no tendrá otra solución que seguir defendiendo, a costa de lo que sea, un sistema injusto y esto tiene muy poco que ver con el policing by consent, ya que el nivel de violencia en el otro lado lo hará imposible.

Obviamente, me gustaría aclararlo antes de acabar. No estamos ante un problema colombiano, estamos ante un problema muy generalizado: poner a la policía como único problema (aunque pueda constituir uno no menospreciable) para esconder una realidad de injusticia y desigualdad. Hace más de veinte años, en un evento dedicado a promover la democratización de las policías centroamericanas me preguntaron: “¿Qué piensa usted que deberíamos hacer para tener policías menos corruptas y violentas?”, a lo que yo respondí: “construir sociedades más justas y democráticas”, comentario que molestó gravemente a los organizadores que lo despacharon con “le hemos llamado como experto policial, no para que haga política”. Pues en eso estamos: no existen policías angelicales en países terroríficos. Hay una correlación demostrada entre niveles de desigualdad y de violencia (Wilkinson, 2004; Wilkinson y Pickett, 2009). Todo ello afecta a la policía porque forma parte del mismo contexto y sistema.

* Francesc Guillén Lasierra (@franguila) es responsable de Proyectos y Organización. Departamento de Interior. Generalitat de Catalunya. Doctor Honoris Causa por la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo de Nuevo León.

 

 

 

Bibliografía

Guillén, F. (2019). “El orden público en las grandes concentraciones de personas. Dinámicas y líneas de intervención” en Estudios de violencia, Editorial Flores, Ciudad de México, pp. 121-149

Ruíz Vásquez, J.C. (2012). “Community police in Colombia: an idle process” en Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, 22:1. Págs. 43-56.

Wilkinson RG and Pickett KE (2009) The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always

Do Better. London, New York: Allen Lane/Penguin Group UK.

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