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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Retomar la prevención social de la violencia como una tarea prioritaria
La Comisión de Seguridad Pública tendrá que realizar una evaluación que indique o muestre evidencia que la estrategia del gobierno federal tiene un impacto significativo en contener las causas generadoras de la violencia y definir estrategias correctivas.
Por Sergio García García
2 de agosto, 2021
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Este primero de septiembre se instala la LXV legislatura federal, y con una composición más plural y sin que ningún grupo tenga mayoría calificada para impulsar cambios estructurales se abre la posibilidad de establecer negociaciones entre los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos que deroguen, modifiquen o establezcan nuevas leyes. En este proceso de negociación se puede hacer un balance de lo realizado hasta ahora en materia de prevención social de la violencia y reencausar las políticas públicas de acuerdo a Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (DOF24/01/2012) en su artículo segundo se define que “La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan”. En este marco, en los dos últimos gobiernos federales se establecieron subsidios dirigidos a los estados y municipios para desarrollar programas y proyectos a atender a víctimas de la violencia y sectores vulnerables, así como a reducir los factores de riesgo desde el ámbito local. Hacia finales del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se estableció el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y en el gobierno de Ernesto Peña Nieto (2012-2018) continua con el Programa Nacional de Prevención (PRONAPRED). Ambos programas centraron sus acciones en los municipios de mayor incidencia delictiva y en este esfuerzo se crearon y fortalecieron las áreas de prevención de los municipios, se desarrollaron metodologías y herramientas de intervención local y se profesionaliza a los actores de prevención.

A grosso modo, el actual gobierno considera que si se transfieren recursos a los jóvenes, se otorgan becas y se realizan campañas contra las drogas los jóvenes desistirán de entregarse a pandillas y grupos criminales. De la misma forma, si se asegura fertilizantes, precios de garantía a los productos del campo y programas como “Sembrando Vida” que subsidia la siembra de árboles frutales o maderables, las zonas de cultivo de mariguana y amapola se podrán reconvertir de tal forma que los campesinos no dependan de grupos criminales.

Las Comisiones legislativas que tienen que ver las políticas públicas de prevención social de las violencias tienen que considerar los peligros que conlleva otorgar transferencias directas  y que hay un proceso en marcha para transformar a las policías municipales: pasar de un modelo punitivo de seguridad a un modelo de policía de proximidad y justicia cívica.

Uno de los impactos más significativos de las políticas públicas es el empoderamiento de los sectores vulnerables. Las transferencias directas pueden ocasionar en los beneficiarios una idea falsa de que por su condición de pobreza o vulnerabilidad se les tiene que apoyar sin generar ningún compromiso de cambio personal y de su entorno. Las políticas públicas deben de ayudar a crear ciudadanos: conscientes de sus derechos y obligaciones y las ciudadanas y ciudadanos no nacen, se hacen en los espacios de socialización que les permita desarrollar habilidades para planear su vida, determinar sus marcos de valores y principios, saber debatir y comprometerse con su comunidad. Estos espacios son la escuela, el club, el sindicato, los grupos cívicos, las organizaciones ambientales.  Por lo anterior debe de tomarse en cuenta el fortalecimiento del mundo asociativo como un componente imprescindible de las políticas de prevención dirigidas a víctimas de la violencia, infancia, adolescentes y jóvenes.

No se puede dejar de lado en las estrategias, programas y acciones de prevención a las policías, en especial a las policías municipales, sobre todo cuando se está en un proceso muy complejo de cambio de modelo de policía. El Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica busca transitar de un modelo punitivo y penalista a un modelo de policía de proximidad que implica el desarrollo de nuevas funciones, como son las de mediación en conflictos vecinales, trabajo comunitario para infractores, atención a víctimas, tratamiento para adicciones, vinculación con escuelas, centros de trabajo, asociaciones civiles, todas las acciones en el marco de la justicia cívica.

Pensar en la trasformación de la policía en un país como México, que cuenta con 2,466 municipios heterogéneos, multiculturales, donde encontramos instituciones policiales en procesos de modernización e instituciones policiales con salarios ínfimos, mal equipados con funciones de control social, reactivo e ineficiente, nos pone ante una verdadera empresa compleja y de gran envergadura.

Cómo convencer a policías con  5, 10, 20, 30 años de servicio trabajando con referentes de una cultura policial tradicional, para que asuman una nueva función, y cómo inducir el cambio de estructuras, sistemas, procedimientos, criterios de operación, estrategias y metodologías sin que se cuenten con los recursos materiales y humanos, sobre todo cuando hay intereses, reticencias y obstáculos, ya que el Nuevo Modelo abre la posibilidad de plantear la constitución de una policía democrática, sujeta al escrutinio ciudadano.

La Comisión de Seguridad Pública tendrá que realizar una evaluación que indique o muestre evidencia que la estrategia del gobierno federal tiene un impacto significativo en contener las causas generadoras de la violencia y definir estrategias correctivas. En este mismo sentido se puede recuperar las buenas prácticas generadas en los programas del SUBSEMUN y PRONAPRED para tomarlas en cuenta en los 50 municipios establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador como prioritarios y establecer aprendizajes que marquen pautas de transformación institucional a ser tomadas por otros municipios.

Se tendrá que ver de que manera se apoya a los municipios del país para que tengan la asistencia técnica, se les proporcione las metodologías y herramientas para transitar el Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica. Esta tarea la puede llevar la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Comisión de Seguridad tendrá que recuperar los fondos que se dejaron de aplicar a los programas de prevención. Puede ser que hayan existido corrupción, pero esta no se dio de manera generalizada y se perdió de vista la continuidad. El éxito de la policía de Nezahualcóyotl en el Estado de México, Querétaro, Querétaro y  Escobedo en Nuevo León ha sido la permanecía y mejora de sus programas de prevención. Cuentan ahora con  áreas de prevención integradas en su estructura, equipos profesionales y experiencia que ahora ayuda a otros municipios. Una lección que dejan hasta ahora las policías de estos tres municipios es el manejo del tiempo, del tiempo social. Las tranformaciones se producen en un contexto político favorable al cambio y cuando se establecen condiciones para proyectar acciones a mediano y largo plazo. Debe de dejarse de pensar en el corto plazo y preocuparse por establecer entornos democráticos, generar compromiso de las autoridades municipales con sus instituciones policiales.

Como anécdota vale la pena mencionar que el Dr. Franz Vanderschueren, creador e impulsor del programa de Ciudades más Seguras de ONU/Hábitat, se encontraba en Ciudad Juárez cuando se dio la masacre de estudiantes en Villas de Salvárcar en enero de 2010 y ante la ola de violencia urgía al presidente municipal y organizaciones de la sociedad para establecer un programa integral de recuperación de la ciudad, con la consideración de que situaciones similares señalaban que la  recuperación de la ciudad podría tardar entre 25 y 30 años.

Desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se inicio la intervención en tierra caliente en Michoacán, en la sierra de Guerrero y la situación de violencia, violación de derechos humanos, corrupción e impunidad no ha cambiado. La Comisión de Seguridad podría pensar en términos del tiempo social y de las condiciones políticas, sociales, económicas, de gobernanza y seguridad que permita la recuperación de las zonas más violentas del país; pensando que entre el año 2040 y 2045 tendremos un país pacifico y civilizado.

* Sergio García García es Director de Seguridad Ciudadana por una Mejor Comunidad, A. C.

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