Seguridad ciudadana, prevención y estrategias de colaboración en Jalisco - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Seguridad 180°
Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Seguridad ciudadana, prevención y estrategias de colaboración en Jalisco
Los resultados de los foros por la paz y la seguridad en Jalisco nos hacen preguntarnos si el camino hacia la seguridad ciudadana esta siendo atendido de manera contundente o se encuentra en el ámbito del discurso y acuerdos políticos no vinculantes para así continuar con un modelo punitivo.
Por Emmanuel Rojas Botello
26 de julio, 2021
Comparte

Los modelos de seguridad pública aplicados en los países de Latinoamérica siguen siendo eminentemente punitivos, están basados en el control de las violencias y el delito a partir de un marco legal que pone al centro la protección de las instituciones y los mecanismos de sanción; así pues, la conclusión de esta premisa es que la reducción de las violencias está relacionada con el castigo y, en último término, con la disuasión por medio de penas “duras” o prolongadas (Mezquita, 2008, p.52).

Por su parte, la seguridad ciudadana pone al centro a las personas y a su bienestar como premisa para evitar que se presenten comportamientos violentos o delictivos, desarrollando acciones que deriven en la reducción de los factores de riesgo, que aumentan las posibilidades de comportamientos ilegales o antisociales, lo que en esencia se traduce en acciones de prevención social de las violencias y el delito.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que existe un vínculo cercano entre la seguridad ciudadana y la convivencia democracia, pues ésta no se limita a lucha contra la delincuencia sino a la construcción de ambientes que hagan posible la convivencia pacífica entre las personas (CIDH, 2009).

La pregunta que queda en el aire tras la definición de estos dos modelos de seguridad es ¿por qué es necesario transitar de un modelo punitivo a uno de prevención? La respuesta está en que a pesar del endurecimiento de los castigos, estos no garantizaron la reducción de los delitos ni de las violencias. Por otro lado, el endurecimiento de las penas y los mecanismos para “castigar” culpables contravienen regularmente los derechos humanos de los imputados y de sus familias.

En lo que respecta a México, la transición de estos modelos ha sido ambigua y en ciertos momentos contradictoria. Es cierto que a partir del año 2000 la retórica sobre el respeto a los derechos humanos, prevención y seguridad ciudadana tuvo un ascenso importante en los discursos de las figuras políticas, pero paralelamente se desarrollaron acciones que iban en el sentido opuesto. Basta recordar el “Operativo Conjunto Michoacán”, que consistió en el envío a Michoacán de 4,260 militares y 200 vehículos (Pérez Lara, 2011, p.219). La misma estrategia se emprendió al poco tiempo en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, todo el Golfo de México y Chihuahua.

Se calcula que del año 2006 al año 2012 se invirtieron 826 mil millones de pesos (Betancourt, 2015) en “seguridad pública”, aunque básicamente se trató de un esfuerzo inusitado para desplazar a las instituciones policiales locales de seguridad en lugar de fortalecerlas.

Por otro lado y de manera paralela, en enero de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las bases para la elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, conocido como SUBSEMUN (que después mudaría de nombre a FORTASEG). El objetivo de este subsidio fue “llevar a cabo la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública en (diversos) municipios (de la República) y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, avanzando hacia un nuevo modelo de operación policial” (DOF, 2008. p. 3) donde, por nuevo modelo, se entiende que va encaminado hacia la prevención pues justamente este programa ponía especial énfasis en capacitación en modelos de prevención y proximidad ciudadana.

A su vez, el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que fue instaurado a partir de 2010, transformó el sistema legal y con ello los procedimientos, delitos y penas con el objetivo de despresurizar las cárceles y generar mecanismos para garantizar procesos de justicia eficaces y expeditos, del cual se desprendieron modelos de justicia alternativa para la resolución de conflictos.

En enero de 2012 se publicó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de cuyo ordenamiento nació el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), con un importante fondo económico que ascendió a los 3,196 millones de pesos apenas en su primer año de ejecución (Castillo Hernández, 2019), así como fincó la obligatoriedad de que cada entidad federativa contara con un Centro Estatal desde el cual se coordinaran todas las acciones.

En 2015 se publicó la Ley local de prevención para Jalisco y en 2016 se instaló al Centro de Prevención Social, lo cual era el principal indicio de esfuerzos institucionales de cierto calado para la transformación del modelo de seguridad. Lo que este escenario nos permite observar es que ciertamente se sentaron algunas bases institucionales y legales para transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana, sin embargo las acciones de militarización de las instituciones de seguridad no cedieron, ni las estrategias de operación policial eminentemente reactivas; por tanto lo que en el papel parecía un cambio de paradigma, en la realidad era una negación tajante.

Varias dudas quedan sobre la eficacia y eficiencia de los recursos ejercidos durante los años que PRONAPRED operó, sobre todo porque no queda claro si los cientos de proyectos generados están desarrollados con modelos basados en evidencia, tampoco sabemos si se crearon mecanismos para medir su eficiencia y si, en última instancia, ayudaron a generar comunidades más pacíficas.

Para el caso jalisciense también quedan muchas dudas sobre la capacidad del Centro Estatal para fungir como un ente articulador para las acciones desarrolladas por los ayuntamientos y organizaciones de la sociedad civil o si se desarrollaron como acciones asiladas.

Lo que sí sabemos, y que significó un golpe de realidad, es que lo sucedido el 4, 5 y 6 de junio de 2020 retrató de cuerpo enteró el accionar de las instancias de seguridad en la entidad y de los mecanismos de prevención. Durante estas jornadas de protestas que se prolongaron durante 3 días, decenas de jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria y varios de ellos sufrieron episodios de desaparición forzada; fueron incomunicados, introducidos a celdas no institucionales y llevados a lugares remotos. Las denuncias en redes sociales, los testimonios de los agredidos, las fotos y videos en la prensa, así como la colaboración de los distintos colectivos presionó a las autoridades para conocer el paradero de las personas.

Tras lo sucedido, el titular del ejecutivo estatal se comprometió a esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables. De un repertorio de acciones prometido (acciones judiciales, investigaciones ministeriales, evaluación policial, entre otras), se comprometió a generar espacios de diálogo entre los servidores públicos y la ciudadanía para, de manera conjunta, construir una ruta de mejora policial y de las prácticas dentro de las instituciones públicas de seguridad y justicia. Derivado de estos compromisos, se crearon los “Foros por la Paz y la Seguridad”, organizados y coordinados a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco.

Sin embargo, los resultados de estos foros nos hacen preguntarnos si el camino hacia la seguridad ciudadana esta siendo atendido de manera contundente o se encuentra en el ámbito del discurso y acuerdos políticos no vinculantes para así continuar con un modelo punitivo; por ello, hay al menos 3 acotaciones sustanciales que realizar:

  1. Hubo al menos dos dependencias prácticamente ausentes: nos referimos a la Fiscalía General del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales debieron estar al frente de la discusión, pues su articulación y compromiso es nodal para lograr acciones efectivas sobre seguridad en la entidad.
  2. La convocatoria de actores relevantes, si bien fue rica en su diversidad, hizo que las discusiones tendieran a llegar a puntos comunes: mayor formación policial ¿pero en qué, para qué, cómo y quienes son los involucrados?, buscar mecanismos para la justicia y la verdad ¿cómo lograrlo si los actores relevantes no estuvieron obligados a tomar parte activa y central en los foros de discusión?
  3. Si bien se construyeron acuerdos y una agenda de trabajo con meta a 100 y 1000 días, no existen instrumentos vinculantes, y tendríamos que poner especial atención a los mecanismos ciudadanos de participación y evaluación de los mismos para garantizar calidad en la evaluación y difusión de los resultados.

Como ya se ha referido en este texto, la participación ciudadana es fundamental en los procesos de seguridad, en ese sentido se tiene que reconocer el trabajo que desde la Secretaría de Planeación se ha impulsado para hacerlo realidad; sin embargo, es importante ser estratégicos en su ejecución para que esto no se preste a ejercicios metodológicamente robustos, pero sin instrumentos reales para su implementación.

Resulta importante remarcar la importancia de ser claros en lo que entendemos por participación ciudadana como componente esencial para transformar la relación que las personas mantenemos con el Estado, lo que implica, por un lado, generar condiciones para el empoderamiento de los ciudadanos y, por otro lado, generar acciones que garanticen el Estado de Derecho para no crear solamente espacios de coyuntura o emergencia política. De ello depende el tránsito hacia un nuevo paradigma de seguridad en nuestra entidad y en nuestro país.

* Emmanuel Rojas Botello (@EmmanuelRojasBo) es Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de Guadalajara. Presidente de Delibera A. C., asociación que desarrolla proyectos de investigación, intervención y evaluación en materia de prevención social de las violencias y el delito.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.