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Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Seguridad en las escuelas, ¿una prioridad de la agenda pública?
En sólo 4 meses se registraron 174 incidentes violentos en escuelas del país, de los cuales 10 fueron muy graves como violación, secuestro, robo con violencia o tiroteo dentro de la escuela.
Por Alejandro Fontecilla y Edgar Mohar
20 de enero, 2020
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Todos los días hay incidentes en las escuelas que comprometen el bienestar de sus alumnos/as y el desarrollo pleno de todo su potencial. Algunos se hacen públicos; muchos otros solo los conocen los involucrados directamente. Todos, en mayor o menor medida, están teniendo un impacto en las niñas y los niños. Una recopilación a través de búsquedas simples en internet sobre noticias de incidentes en escuelas da cuenta de 174 eventos en tan sólo 4 meses, de los cuales 10 fueron incidentes muy graves como violación, secuestro, robo con violencia o tiroteo dentro de la escuela.

Fuente: elaboración propia.

La seguridad en los centros educativos debería ser prioridad para todas las autoridades educativas y los directivos de las escuelas. En primer lugar, porque las escuelas no pueden aspirar a cumplir con su deber constitucional de educar con calidad (Artículo 3o. CPEUM) sin ofrecer un ambiente propicio para el aprendizaje, que pasa por ser seguro y libre de violencia. Además, tienen la responsabilidad legal de proteger los derechos de sus estudiantes, empezando por la protección a su integridad física y emocional. Ciertamente, a través de los años, hemos sido testigos de medidas de todo tipo que buscan ofrecer mayor protección a las niñas y niños ante las distintas amenazas que se presentan en las escuelas. En muchos casos, como suele suceder en otros ámbitos de la agenda pública, estas medidas han sido la respuesta a una crisis y no parte de una política integral específicamente sobre la seguridad en las escuelas.

Después del terremoto del 1985 en la Ciudad de México se creó el Sistema Nacional de Protección Civil y su desarrollo permitió, entre muchas otras cosas, un avance significativo en las especificaciones de construcción para hacer más resistentes a los edificios de las escuelas ante las distintas amenazas, tales como sismos, huracanes, etc.1 Sin embargo, los más de 30 alumnos y profesores que perdieron la vida por los derrumbes en el Colegio Enrique Rébsamen y el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017, hicieron evidente que lo avanzado aún no es suficiente para la protección efectiva de los/as estudiantes ante este tipo de fenómenos.

En las últimas décadas múltiples escándalos a nivel nacional e internacional han visibilizado un problema que permaneció muchos años oculto: la violencia sexual infantil en el entorno escolar. Un aumento de denuncias en este sentido llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a emitir en 2014 la Recomendación General Nº 21, dirigida al Secretario de Educación y a los gobernadores, con el fin de que se tomaran medidas urgentes y de distinta naturaleza para proteger a los/as estudiantes de la violencia sexual. A partir de esta recomendación se publicaron nuevas leyes en la materia y se desarrollaron protocolos especializados para guiar la actuación de las escuelas ante casos de violencia sexual. Se podría argumentar que algo se ha avanzado, pero se siguen presentando nuevos casos que nos indican con toda claridad que estamos muy lejos como país de ofrecer una protección efectiva contra la violencia sexual en las escuelas.

El acoso escolar (bullying), pese a no ser tampoco un fenómeno nuevo, tiene relativamente poco tiempo de entenderse como un problema serio en la tarea de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las nuevas tecnologías, y en particular el uso de las redes sociales, han creado nuevas modalidades de este problema y aumentado su potencial de causar daños graves a la integridad física y emocional de los estudiantes. Numerosos casos de suicidios y homicidios culposos relacionados con casos de acoso escolar fueron el impulso en años recientes para la publicación de nuevas leyes y la puesta en marcha de programas para su atención. Algunos ejemplos son la Ley para la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios de 2013; la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y sus Municipios de San Luis Potosí, y la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas de 2013. A pesar de ello, la información disponible no es muy alentadora. Una publicación del gobierno mexicano en internet de 2016 menciona que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone a México como el país con más casos de acoso escolar en educación básica y cita datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que señalan que 7 de cada 10 niños ha sufrido este tipo de violencia. Internacional Bullying Sin Fronteras, una organización no gubernamental, señala que estas cifras llegan hasta el 82% cuando la niña o el niño tiene alguna discapacidad y hasta el 90% cuando han manifestado una orientación sexual distinta.

Los terribles hechos violentos ocurridos en una escuela primaria de Torreón hace apenas unos días, donde perdieron la vida una maestra y el niño de 11 años que disparó el arma de fuego, han tenido ya efectos inmediatos en la seguridad de las escuelas de todo el país. El “operativo mochila”, que busca detectar armas y sustancias ilegales en las mochilas de los estudiantes, está siendo retomado o impulsado con más fuerza por autoridades educativas, directivos de escuela y padres de familia, a pesar de la falta de evidencia sobre su efectividad y los amplios cuestionamientos en materia de derechos humanos. A pesar de que en México se han presentado relativamente pocos eventos de esta naturaleza, de no construir soluciones más integrales y de largo plazo podrían venir otro tipo de medidas, como las que se han implementado en nuestro vecino del norte (oficiales armados dentro de la escuela, detectores de armas en los accesos, cuartos de seguridad dentro de los salones, mecanismos de seguridad en todas las puertas, etc.) y que han sido cuestionadas por generar toda una industria sin tener hasta el momento un impacto positivo en el control de este fenómeno. De acuerdo con un conteo de la cadena de noticias de Estados Unidos CNN, entre 2009 y 2018 habrían ocurrido 8 eventos de tiroteos en escuelas de nuestro país, lo que pondría a México en un segundo lugar a nivel mundial por número total de incidentes (sin considerar número de población). Este número está muy por debajo de los 288 incidentes que en el mismo periodo se presentaron en Estados Unidos, el país que ocupa el primer lugar en la lista.

Los riesgos no se limitan a fenómenos naturales, la violencia sexual, el acoso escolar o los disparos de armas de fuego en las escuelas. La lista es larga y creciente, pero los riesgos no son los mismos para todas las escuelas. Existen variaciones importantes de una región a otra e, incluso, de una escuela a otra. Por eso, más que fórmulas mágicas, se requiere el desarrollo de capacidades para la gestión efectiva del riesgo en las escuelas. Hay que hacer más con menos y eso nos obliga a ser más estratégicos. La responsabilidad es de todos, pero la iniciativa y el liderazgo es de los gobiernos. El problema de fondo es que no hay una política integral para hacer de las escuelas espacios seguros y libres de violencia. Hay, como dijimos, esfuerzos desarticulados.

No existe un liderazgo claro, sino que las distintas dependencias de los gobiernos federal y estatales toman medidas dentro de sus respectivos ámbitos de responsabilidad. En la mayoría de las estructuras de las secretarías de educación pública (federal y estatales) no existe un puesto de alto nivel con la responsabilidad directa de coordinar todos los esfuerzos bajo el marco de una política integral para la seguridad en las escuelas.

Muchos de los programas o medidas implementadas no tienen una base de conocimiento en su diseño y carecen de mecanismos efectivos de evaluación. Como ejemplo, la evaluación que realizó la Auditoría Superior de la Federación al Programa Escuela Segura -el principal programa en esta materia que la Secretaría de Educación (SEP) implementó en años recientes-, determinó que este carecía de indicadores para medir la contribución del programa en la consolidación de las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros.

Hay muy poca información (o está poco disponible), a pesar de existir mandatos legales para generar registros, estadísticas y estudios que permitan conocer las dimensiones del problema y su comportamiento a lo largo del tiempo. La Encuesta de Exclusión, Intolerancia y Violencia en la Educación Media Superior que realizaba la SEP se llevó a cabo solo en 3 ocasiones y su última versión es del año 2013.

Si no hay estructuras directamente responsables, si no hay presupuestos etiquetados, si no hay la información necesaria para conocer mejor el problema y evaluar los esfuerzos emprendidos, entonces la seguridad en las escuelas seguirá siendo prioridad solo en el discurso y en los instrumentos legales.

 * Alejandro Fontecilla es consultor en temas de seguridad y justicia, reforma penal y reforma policial. Actualmente trabaja en la iniciativa de Red de Escuelas Seguras, en materia de prevención y gestión de riesgos. Edgar Mohar  (@RedEscuelasSeg) es consultor en prevención del delito y reforma democrática de la policía. Colaborador en la iniciativa Red de escuelas seguras (RedES).

 

Referencias

En septiembre de 2019 se eliminó la Ley General de Infraestructura Educativa y con ello desapareció el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), que estaba facultado para supervisar el cumplimiento de las normas en materia de infraestructura y equipamiento en escuelas públicas y privadas.

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