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Por Insyde
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Ser policía municipal en La Montaña de Guerrero
Los policías de La Montaña tienen un rol difícil, de catalizador, que filtra las carencias y vicios institucionales y en tal sentido la ciudadanía los ubica como “sujetos de cuidado” a los que se debe temer, desconfiar o mantener a una sana distancia bajo la conciencia de que tienen la facultad de la fuerza y que frente a situaciones de inseguridad, obedecerán a intereses de mayor poder o influencia política antes que a los suyos (a los del ciudadano común).
Por Insyde
27 de octubre, 2014
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Los sucesos de Iguala, Guerrero, en donde 26 policías municipales fueron utilizados como vasallos a la orden de los señores locales feudales y de la guerra (élites políticas y del crimen organizado local) para desaparecer a 43 estudiantes de una escuela rural formadora de profesores en Ayotzinapa, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de repensar qué modelo de policía queremos en México: una institución policial que desde los niveles locales debiera ser lo suficientemente fuerte y democrática para no actuar en función de los poderes fácticos locales, sino a favor de los intereses ciudadanos. Pero este ideal dista mucho del contexto complejo que hoy en día prevalece en muchos municipios del país, donde las desigualdades y vulnerabilidades sociales y étnicas, la cultura política caciquil y la diseminación del crimen organizado han permeado hasta los ideales del ser: aspirar a ser alguien en este orden para sobrevivir.

Varios países en América Latina y el mundo han emprendido acciones de fortalecimiento municipal para dotar a sus instituciones policiales de fuertes capacidades técnicas, profesionales, así como de ejercicios colaborativos con la ciudadanía para ir creando la cultura de la coproducción de la seguridad, es decir, de una real institucionalización que fortalece y disuade del uso político y de otros intereses a esta institución.

Durante el sexenio anterior se privilegió una política de contención, confrontación y control que contribuyó muy poco a la definición de una agenda para la reforma policial democrática. Ésta hizo prevalecer condiciones de retraso, abandono y descomposición institucional policial, especialmente en los ámbitos municipales rurales de algunas zonas del país, como lo es la Montaña de Guerrero. Los recientes hechos de Ayotzinapa tienden a valorar incentivos para el control central de los cuerpos policiales, como una reacción desesperada del gobierno federal para responder frente esta crisis -que tiende a traducirse en déficits a sus intereses políticos-. Por lo tanto, una vez más se alisa el valle para dejar al margen la discusión sobre un verdadero modelo de policía en democracia, que en un país federal como el nuestro tendría que pensarse desde la subsidiariedad, es decir, desde un enfoque de política más cercana al ciudadano y menos centralizada.

El mecanismo denominado Subsidios a la Seguridad Municipal (Subsemun), que buscaría un fortalecimiento local, ha sido determinado por una situación de emergencia en un ciclo de violencia acentuado que el país vivió en años recientes. De tal manera que estas medidas se focalizaron en municipios grandes desde la perspectiva demográfica: lugares donde los delitos de alto impacto son más frecuentes y visibles desde el aspecto político y mediático, olvidando o dejando al margen aquellos municipios o regiones del país fundamentalmente con características de dispersión poblacional en donde encajan contextos rurales como La Montaña de Guerrero, marcados por complejidades sociales como la pobreza y la desigualdad; la emigración como alternativa de una mejor vida; las condiciones deplorables de acceso a necesidades básicas y de servicios fundamentales como salud y educación; además, muchos de ellos habitados por distintos grupos étnicos de pueblos originarios que presentan dificultades para desenvolverse, marcados por las desventajas sociales ya mencionadas.

Lo anterior, y frente a la cruda realidad que nos ha despertado en días recientes de saber que Ayotzinapa no es una pesadilla de los setentas, sino una estampa del México pre moderno que se niega a morir, nos lleva a preguntarnos ¿cómo pueden impulsarse estos procesos de reforma en contextos municipales rurales? ¿Cómo podrían articularse iniciativas en condiciones de fuerte debilidad institucional, de insuficiencia de recursos para el fortalecimiento policial, así como de alta vulnerabilidad social de la población y de amenazas a su cohesión? ¿Cuáles serían los desafíos políticos, institucionales, sociales y culturales para contribuir a una labor policial más profesional, cercana y transparente, en estos territorios?

La investigación del Instituto para la Seguridad y la Democracia Insyde y el Monitor Civil de las Policías y los Cuerpos de Seguridad de la Montaña (Mocipol) en el marco de una red colaborativa con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Fundar Centro de Análisis e Investigación, realizada entre los años 2012 y 2013 en Alcozauca, un municipio de la Montaña de Guerrero Alcozauca: ser policía municipal en la Montaña de Guerrero, tuvo como objetivo el visibilizar el abandono institucional que prevalece por parte de los tres niveles de gobierno hacia la gestión de la seguridad no sólo en este municipio, sino en general en La Montaña, que sumado a las condiciones de desigualdad y conflictividad social en un contexto rural con carencias de desarrollo ya históricas entre sus poblaciones (principalmente pueblos indígenas), fortalecen un complejo de inseguridades en donde la institución policial y concretamente el policía municipal viene a constituirse como una especie de “chivo expiatorio” que tiene la encomienda de hacer prevalecer la tranquilidad, en un marco de orden tradicional autoritario pero al mismo tiempo portador en su uniforme, de las mismas carencias sociales, institucionales y organizacionales que determinan la condición de desarrollo en las instancias de gobierno municipal como en los ámbitos comunitarios de la región.

Los resultados del estudio nos dicen que las instancias policiales de los municipios de esta región son pues herederas de esta descomposición y disfuncionalidad social. Instituciones de seguridad municipal que se reinician cada 3 años y que funcionan en el día a día con recursos limitados tanto en personas como en equipo; con una infinidad de tareas que van desde las propias de vigilancia de la seguridad, las de protección civil con el apagado de incendios forestales, apoyo en fenómenos climáticos adversos, resguardo de personal de los programas sociales de transferencias federales y estatales (Oportunidades y otros), mantenimiento y limpieza de espacios públicos. Además de ello, con prácticamente un inexistente proceso de formación, poco conocimiento de la normatividad clave para la actuación, debilidad técnica-operativa y un nulo respaldo social (salud y seguridad social) y legal a sus agentes, quienes a su vez tienen que enfrentar el dilema de portar un uniforme que los hace representar una institución y por otro, ser también parte de la comunidad carente de condiciones y opciones para ejercer muchos de sus derechos individuales y colectivos.

Por otra parte, el tráfico de influencias, las detenciones injustificadas que algunas veces son ordenados a ejecutar y el desvío del presupuesto de seguridad municipal -para solventar otro tipo de gastos en el municipio- son parte de las condiciones y de la manera de hacer policía en este contexto. Así, las policías municipales de esta región de Guerrero, son vulnerables y han sido utilizadas también políticamente. Agentes son enviados en situaciones de tensiones graves entre comunidades y sus gobernantes locales, con la responsabilidad del orden, que en esas circunstancias, puede materializarse entre la contención, la represión o incluso la victimización (los castigos populares, algunos linchamientos). Los policías de La Montaña tienen un rol difícil, de catalizador, que filtra las carencias y vicios institucionales y en tal sentido la ciudadanía los ubica como “sujetos de cuidado” a los que se debe temer, desconfiar o mantener a una sana distancia bajo la conciencia de que tienen la facultad de la fuerza y que frente a situaciones de inseguridad, obedecerán a intereses de mayor poder o influencia política antes que a los suyos (a los del ciudadano común).

Con lo anterior se desencadenan una serie de situaciones en donde la corrupción, el abuso, la violación de derechos humanos de los ciudadanos y la degradación material e inseguridad laboral en las cuales los policías realizan su labor, favorecen a una distorsión y adulación de lo que debería ser la convergencia entre el gobierno municipal, la institución policial y los ciudadanos: la seguridad ciudadana, la cual, paradójicamente, decanta en una prolongación de ambientes de inseguridad y una brecha acentuada entre ciudadano y sus instituciones de seguridad local.

Es importante impulsar a nivel federal y de los estados, la necesidad de una política integral de alerta temprana de estos espacios sociales vulnerables y donde se apueste al fortalecimiento de las instituciones de seguridad municipal, no sólo de las ciudades medias y regiones metropolitanas, sino de estos territorios que pueden conformarse en oferentes de servicios y mano de obra a la delincuencia y al crimen organizado.

De ahí que en contextos tan singulares como La Montaña de Guerrero no sea viable ni la homogeneización de procesos impulsados desde el gobierno federal, ni una absorción de las policías municipales preventivas por la instancia de seguridad estatal. Tampoco la militarización de la seguridad es una estrategia sustentable en La Montaña de Guerrero. Es claro que la verdadera construcción de comunidades seguras y libres de violencia, no radica en la presencia militar, sino en el desarrollo de vínculos colaborativos y alianzas entre liderazgos políticos y sociales y las comunidades locales.

Sin duda, es una tarea difícil, porque la reforma a las instituciones locales de seguridad, debería soportarse con procesos paralelos de germinación y afianzamiento de la gobernabilidad democrática local y para ello se requiere también una real voluntad política en todos los actores sociales locales: presidencias municipales, partidos políticos presentes, grupos gremiales, e incluso organizaciones comunitarias e indígenas. Sin esto como un marco amplio, cualquier esfuerzo en materia de seguridad ciudadana, puede quedar atomizado con pocas posibilidades de expandirse, sostenerse e impactar.

 

* Análisis elaborado por la Dirección de Investigación Aplicada en Policía y Justicia Penal @InsydeMx

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